Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 124607
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.607, "L., C. F. Determinación de la capacidad jurídica (legajo de apelación)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
La Sala II de la Cámara Segunda de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de La Plata revocó parcialmente lo decidido en primera instancia y, por lo tanto, dispuso que se debía estar a la designación de la señora Curadora Oficial como apoyo provisorio del señor L. hasta tanto se resolviera en forma definitiva acerca de su capacidad y el sistema de apoyo que se implementara en pos de su concreta protección y ejercicio de sus derechos (v. sent. de 18-XI-2020).
Se interpuso, por la señora Curadora Oficial, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 9-XII-2020).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El Juzgado de Familia n° 8 del Departamento Judicial de La Plata, en lo que aquí interesa destacar, atento a un pedido realizado por la señora Curadora Oficial (en su dictamen de 16-V-2020 de los autos "L., C. F. Determinación de la capacidad jurídica", expte. LP 36255/2019), ordenó dar intervención a la Defensoría General departamental para que proceda a designarle una Defensoría Patrimonial al causante a los efectos de la promoción de las acciones necesarias tendientes a la protección de su patrimonio (art. 34 inc. 5, CPCC; v. pto. "b" del proveído de 22-VI-2020, expte. cit.).
Frente a ello, la doctora Andrea García -titular de la Unidad Funcional de Defensa n° 13 departamental- interpuso revocatoria y apelación en subsidio, en el entendimiento de que la designación de una Defensoría al señor L. le causaría un gravamen irreparable (v. escrito de 29-VI-2020, expte. cit.).
A su turno, la Sala II de la Cámara Segunda departamental revocó el punto en cuestión del auto de fecha 22 de junio de 2020 y, por ello, ordenó que se debía estar a la designación como apoyo provisorio a tal fin de la señora Curadora Oficial, hasta tanto se resolviera en forma definitiva acerca de la capacidad del señor L. y el sistema de apoyo que se implementase en pos de su concreta protección y ejercicio de sus derechos (v. sent. de 18-XI-2020 del expte. "L., C. F. Determinación de la capacidad jurídica (legajo de apelación)", expte. LP 36255/2019).
II. Frente a esa decisión, Natalia Fernanda Vecchioli -en su carácter de Curadora Oficial departamental- interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual denuncia errónea aplicación de los arts. 10, 11, 12, 15, 168 y 171 de la Constitución provincial; 16, 17, 18, 28 y 75 inc. 22 de su par nacional; 23, 31, 32, 35, 36, 43, 706 y 707 del Código Civil y Comercial de la Nación; 12, 13 y concordantes de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, aprobada por ley 26.378, con jerarquía constitucional a partir de la sanción de la ley 27.044 y la Ac. 1989/91 a la luz de la reforma constitucional y las resoluciones de la Procuración General 127/06 y 242/93. Asimismo, alega absurdo (v. escrito de 9-XII-2020).
Sostiene que "La decisión en crisis genera un gravamen irreparable a la suscripta, en el carácter de Titular de la Curaduría Oficial, por cuanto se asignan funciones ajenas al marco de actuación del organismo, en clara confusión de los roles procesales de asistencia de las personas con capacidad restringida por decisión judicial..." (pág. 1, escrito cit.).
Aduce que la sentencia del Tribunal de Alzada realiza una "...errónea interpretación de la figura del apoyo judicial, desconociendo sus modalidades y formas de actuación, como así también su intervención cuando el mismo es designado por sentencia para asistir a la persona al momento de intervenir en algún proceso judicial. Ello, sumado al hecho de que, se ha interpretado que por recaer la designación del APOYO en un organismo oficial -Curaduría Oficial Departamental-, tal función a su vez implica asumir la representación legal del interesado, privándolo así de su derecho constitucional a contar con el debido patrocinio letrado" (pág. 2, escrito cit.).
III. El recurso prospera.
Comparto y hago propios los fundamentos vertidos por el señor Procurador General en el dictamen del día 3 de febrero de 2022, en cuanto señala -luego de analizar las circunstancias fácticas y el rol de la Curaduría Oficial en las causas que versan sobre la determinación de la capacidad jurídica- que "...en el sub lite de acuerdo con la modalidad de apoyo decidida -de asistencia- la curadora no tiene facultad de representar al señor L. en los procesos judiciales donde este sea parte, sino que debe asistirlo de acuerdo al alcance establecido por el magistrado de familia -para promover la autonomía y facilitar la comunicación, la comprensión y la manifestación de su voluntad-, hecho que difiere del patrocinio jurídico en las causas judiciales (conf. incs. c) y h) Preámbulo, art. 2, 3° párrafo, art. 4 inc. b, art. 5 y art. 13, inc. 1 CDPD, Reglas 28 a 30 de las '100 Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad' establecidas en oportunidad de celebrarse la 'IX Edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana'-Ac. CSJN 5/2009)" (pág. 16, dictamen cit.).
A lo cual agregó que "...no puede obviarse que ha cesado la actuación de la curadora oficial como apoyo provisional -para los actos que fueron estipulados en su oportunidad-, sin embargo fue designada apoyo permanente del señor L. con facultad de asistencia (en la sentencia del 26-6-2021), con lo cual persisten los agravios denunciados en su queja. Por consiguiente, corresponde subsanar la errada hermenéutica de la sentencia impugnada, a efectos de validar la reconocida capacidad procesal del señor L. -según la sentencia del 26-6-2021 que goza de firmeza-; y asimismo restaurar las facultades que ejerció el Ministerio Público (art. 32 ley 14.442)" (pág. cit.).
IV. Por lo expuesto, conforme lo dictaminado por el señor Procurador General, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido y, en consecuencia, dejar sin efecto el fallo del Tribunal de Alzada y mantener el auto de primera instancia de fecha 22 de junio de 2020 (art. 289, CPCC).
En atención a la índole de la cuestión debatida, las costas se impondrán por su orden (arts. 68 segundo párrafo y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso prospera.
I.1. En cuanto a la relación de antecedentes relevantes para abastecer la presente propuesta decisoria, he de remitirme a la reseña efectuada por el distinguido colega que abre el acuerdo y a la completa descripción que a este respecto ha realizado el señor Procurador General en el dictamen de fecha 3 de febrero de 2022 (v. apdo. III), sin perjuicio de detenerme en algunos extremos que encuentro pertinentes, cuestión a la que me abocaré en el apartado siguiente.
I.2. En esta particular especie, la doctora Natalia Fernanda Vecchioli, Curadora Oficial del Departamento Judicial de La Plata, fue designada a instancias de lo peticionado por la Unidad Funcional de Defensa n° 13, a cargo de la doctora Andrea García -que ya venía interviniendo en este proceso-, para desempeñar el rol de "apoyo" del señor L. "con función de brindarle asistencia, para efectuar actos de administración y disposición patrimonial, hasta tanto fuera dirimido el objeto del presente proceso", que versa sobre la determinación de la capacidad de este último.
Al aceptar dicho cargo solicitó que al evaluarse la capacidad jurídica del señor L. los expertos estimaran si podía por sí mismo tomar decisiones en el marco de un proceso judicial. Ello dado que el causante de autos había manifestado su intención de iniciar acciones judiciales con motivo de una presunta maniobra fraudulenta que lo habría perjudicado en el marco de una operación inmobiliaria. Como consecuencia de tal requerimiento, el equipo interdisciplinario estableció: "en base a lo evaluado en la entrevista con el Sr. L., no se evidencia capacidad para intervenir en juicios. Si bien, ha podido iniciar por sí mismo su propia demanda de determinación de la capacidad jurídica, la toma de decisiones en la tramitación de un proceso judicial por parte del actor se encuentra limitada, requiriendo un apoyo para tal fin".
En miras del resultado de esa evaluación, mientras la señora Curadora Oficial solicitó al juzgador la urgente intervención de la Unidad Funcional de Defensa n° 13 a los efectos de que se tomara conocimiento y se informasen las medidas a seguir en relación a las acciones judiciales de recomposición patrimonial del caso, la titular de esta última dependencia pidió que se amplíe la designación de la Curaduría Oficial como apoyo provisorio "a fin de que represente al Sr. L. en el juicio que corresponda iniciar".
Fue así que el órgano jurisdiccional decidió ampliar la prístina designación de la Curadora Oficial, disponiendo así que también se requeriría su actuación "para intervenir en juicio en defensa de los intereses del titular de autos y en aquellos procesos en los que este resultare parte".
La citada funcionaria manifestó "aceptar el cargo de apoyo provisorio para asistir al Sr. L. al momento de tener que intervenir en algún proceso judicial".
No obstante lo señalado, y siendo que en dicha pieza procesal puntualizó que "la existencia de un apoyo no reemplaza el derecho constitucional de toda persona de contar con un patrocinante letrado que lo asesore y lleve adelante los procesos judiciales donde sea parte", pidió "se libre oficio a la Defensoría General de La Plata a efectos de que proceda a designar una Defensoría Patrimonial al accionado a efectos de la promoción de las acciones necesarias tendientes a la protección de su patrimonio [en relación al bien inmueble objeto del mentado negocio jurídico] [...] con la asistencia de esta Dependencia para con el nombrado".
El titular del órgano jurisdiccional de origen dio curso favorable a dicho pedido y ordenó se diera intervención a la Defensoría General departamental para que designe una Defensoría Patrimonial al accionado a efectos de las acciones necesarias tendientes a la protección de su patrimonio. En respuesta a esta requisitoria, la Defensoría General designaría luego para obrar en tal carácter a la mencionada Unidad Funcional de Defensa n° 13.
Aquella última resolución judicial -en cuanto dio intervención a la Defensoría General de La Plata para que procediera a designarle a L. una Defensoría Patrimonial- es la que, recurrida por la titular de la Unidad Funcional de Defensa n° 13, fue luego revocada por la decisión objeto del recurso extraordinario en tratamiento.
I.3. Para decidir como lo hizo, el tribunal a quo liminarmente trazó los límites de su competencia estableciendo que la cuestión debatida no radicaría en dilucidar quién debe asumir la "representación" en juicio del señor L.
Dejó así en claro que tal cuestión su ubicaría fuera del ámbito de decisión de ese Tribunal de Alzada (arts. 266 y 272, CPCC). No obstante ello, deslizó allí una primera y equivocada afirmación sobre el tópico que previamente había excluido de su conocimiento, pues con una evidente imprecisión en el uso de los conceptos involucrados -en consideración a lo resuelto por el juez de primera instancia-, afirmó que "la Curadora Oficial ya ha aceptado el cargo y es, provisionalmente, su representante legal", afirmación esta que no se ajusta a la encomienda judicial que fijó los perfiles de la intervención de esa Curaduría. Como ya se reseñó, el juez de origen le atribuyó el rol de "apoyo" del señor L. "con función de brindarle asistencia, para efectuar actos de administración y disposición patrimonial, hasta tanto fuera dirimido el objeto del presente proceso", ampliando luego esa competencia "para intervenir en juicio en defensa de los intereses del titular de autos y en aquellos procesos en los que este resultare parte", pero siempre dentro de los lindes de la figura del apoyo con fines de asistencia y sin atribuirle representación alguna.
Despejada aquella primera cuestión, estableció el ámbito sobre el que efectivamente recaería su pronunciamiento, en estos términos:
"Lo planteado deriva de la necesidad, en resguardo del patrimonio del señor L., de iniciar un proceso de índole patrimonial en virtud de un supuesto boleto de compraventa suscripto en favor de terceras personas. Por ende, lo que aquí se discute es si la Curadora Oficial se encuentra facultada a requerir el patrocinio letrado de un Defensor Oficial -atento a que el señor L. goza del beneficio provisional que establece el artículo 83 del Código Procesal- o bien, al ser abogada, corresponde que sea ella quien lleve adelante los procesos que en adelante requiera su asistido para preservar su patrimonio".
En ese contexto señaló que "no arriba discutida a esta instancia revisora la decisión en que se designó a la señora Curadora Oficial como apoyo provisorio para intervenir en juicio en defensa de los intereses del señor L. en aquellos procesos en los que este resultare parte". Advirtió en relación a la naturaleza de la Curaduría Oficial que "al tratarse de un organismo público a cargo de un funcionario letrado, no requiere del auxilio de otra dependencia del Ministerio Público Fiscal para intervenir en juicio y asumir la defensa técnica en resguardo de los intereses de su asistido. Ambos organismos -afirmó- poseen funciones diferenciadas que, en el presente caso y a los fines referidos, lejos de complementarse, se superponen (conf. art. 622, CPCC; arts. 108, 109, ley 14.442; Res. 127/06, P.G.; Ac. 1989/81, modificado por Ac. 3126/04, P.G. y SCBA)".
Sobre esa base, estimó que no existía "óbice alguno para que la titular de la Curaduría Oficial de Alienados, además de representar en juicio al señor L., sea quien intervenga en el mismo garantizando el derecho de toda persona a contar con asistencia letrada (conf. art. 622, CPCC; arts. 108, 109, ley 14.442; Res. 127/06, P.G.; Ac. 1989/81, modificado por Ac. 3126/04, P.G. y SCBA)" (el destacado me pertenece).
En consecuencia, resolvió "revocar la decisión apelada, dejándose sin efecto la designación de la Unidad Funcional de Defensa N° 13 para el inicio y prosecución de la acción en resguardo de los derechos patrimoniales del señor L., debiendo estarse a la designación como apoyo provisorio a tal fin de la señora Curadora Oficial, hasta tanto se resuelva en forma definitiva acerca de la capacidad del señor L. y el sistema de apoyo que se implemente en pos de su concreta protección y ejercicio de sus derechos".
I.4. Dos son los agravios que -habiendo sido suficientemente postulados en el recurso extraordinario en tratamiento (art. 279, CPCC)- merecen favorable acogida, lo que ha de conducir a la revocación del fallo impugnado (art. 289 inc. 1, CPCC).
I.4.a. Una de las críticas desarrollada en la pieza recursiva repara en la errónea calificación que deslizó el fallo en crisis, en cuanto inmotivadamente y sin mayores fundamentos refirió a la pretendida "representación" que ostentaría el rol desempeñado por la señora Curadora Oficial respecto de la persona del señor L. Esa mención del pronunciamiento, a la luz del alcance de la función de "apoyo" establecida en la instancia de origen (v. resols. de 25-IX-2019 y 12-V-2020), es claramente desacertada.
Cierto es que el desafortunado pasaje de mentas (me refiero al tramo de la sentencia que alude a la posibilidad de la Curaduría de "representar en juicio" al asistido, que -por lo demás- ya había sido insinuada en la parte final del primer párrafo del apartado III conforme señalé líneas arriba) podría ser considerado un mero error de comprensión en cuanto al cariz de la intervención conferida en la ocasión por el juez de origen a esa dependencia del Ministerio Público, pues no le atribuyó rasgos de representación (como podría haber ocurrido, de subsumir el caso en la hipótesis prevista en el art. 101 inc. "c", Cód. Civ. y Com.) sino de simple asistencia. También lo es que esa determinación era decididamente irrelevante para la construcción de lo resuelto por el Tribunal de Alzada, pues de tal afirmación no dedujo consecuencia alguna a los fines de cuanto hubo de resolver.
Es más, como ya lo he reseñado, al introducirse en el análisis de los agravios llevados a su conocimiento, expresamente dejó fuera del objeto de su decisión la cuestión atinente a la representación del señor L. Era este un extremo que no llegó a esa instancia como controvertido, algo que el propio pronunciamiento impugnado se encargó de señalar al puntualizar que "no arriba discutida a esta instancia revisora la decisión en que se designó a la señora Curadora Oficial como apoyo provisorio para intervenir en juicio".
Es fácil colegir que, en la estructura del razonamiento desarrollado por la Cámara, que la función desempeñada por la Curadora Oficial tuviera o no la investidura de la representación del causante constituía un dato intrascendente, pues -con esa atribución o sin ella- lo que intentó dilucidar fue una cuestión diferente: si aquella funcionaria -insisto, representándolo o bien ejerciendo solo el rol de asistencia- necesitaba para estar en juicio del patrocinio de la Defensoría o si, por el contrario, también podría ella asumir el mencionado rol de asistencia técnica en el proceso judicial a iniciarse.
No obstante lo referido, expedirse de tal modo importó en los hechos reconocer en dicho funcionario un carácter que no le fue asignado en el acto de nombramiento.
Ahora bien, con ser correcto lo señalado, también lo es que las eventuales proyecciones futuras de esta errónea calificación justifican el alzamiento del recurrente en relación a este tramo del pronunciamiento en crisis (conf. doctr. CSJN "D.L.V., A.M. s/ determinación de la capacidad", sent. de 22-III-2018, Fallos: 341:266, dictamen del señor Procurador General al que remite el Tribunal). Es que la falta de impugnación de dicho extremo podría haber conducido a que esa precisión adquiriese los ribetes propios de la firmeza de las decisiones judiciales y ocasionar un gravamen injustificado al señor L. en franco desmedro del principio de presunción de capacidad, pues implicaría una implícita e inconsulta declaración limitativa de sus facultades de obrar.
Sobre esta última cuestión me permitiré recordar que, como lo expresara el doctor Genoud en voto al que adherí en la causa C. 115.346 ("Z., A.M. Insania", sent. de 7-V-2014), la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad, incorporadas a nuestro derecho interno por las leyes 26.378 y 25.280, han venido a marcar un cambio de paradigma respecto de la concepción de las personas con discapacidad, basado en la autonomía y la dignidad.
Así, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad tiene como propósito "promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente" (art. 1).
En su art. 3, establece como "Principio de la Convención": "el respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas" (inc. "a").
Regula expresamente que: "Los Estados Partes se comprometen a asegurar y promover el pleno ejercic
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