Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 122929
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 122.929, "Ortega, Stella Maris y otro contra El Cóndor Empresa Transporte S.A. y otro. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres.
La Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó la sentencia de primera instancia que había estimado procedente la acción y, en consecuencia, rechazó la demanda. Impuso las costas de ambas instancias a los accionantes vencidos (v. fs. 623/626).
Se interpuso, por la actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 636/646).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La señora Stella Maris Ortega y los señores Arnaldo Agustín Abalos y Mauricio Recofsky promovieron la presente acción resarcitoria contra El Cóndor Empresa de Transportes S.A. y el señor Antonio Moros, en virtud de los daños y perjuicios sufridos a raíz del accidente de tránsito acaecido el 18 de agosto de 2002 en la ciudad de Pringles, Provincia de Buenos Aires.
Relataron que el siniestro se produjo en oportunidad en que los actores circulaban por la Avenida 25 de Mayo a bordo de un Ford Falcon, dominio B552837, cuando en la intersección con el Boulevard 1 fueron embestidos sobre el lateral izquierdo por la unidad n° 94 de la empresa accionada, conducida por el señor Antonio Moros, a causa de lo cual sufrieron lesiones de diversa magnitud (v. demanda, fs. 8/9).
Corrido el traslado de ley se presentaron a contestar demanda el apoderado de El Cóndor Empresa de Transportes S.A. (v. fs. 24/28 vta.) y de la citada en garantía Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajeros (v. fs. 67/68), todos repeliendo la acción.
A fs. 33 los actores desistieron de la pretensión entablada contra el señor Antonio Moros.
El magistrado de primera instancia hizo lugar a la demanda, condenando a la empresa accionada al pago de la suma de setecientos quince mil ciento treinta pesos ($715.130), con más los intereses allí establecidos, haciendo extensiva la condena a la aseguradora Mutual de Seguros de Transporte Público de Pasajeros (v. fs. 570/578 vta.).
Para así decidir, tras enmarcar el caso de autos en el art. 1.113 del Código Civil, advirtió que las manifestaciones de las partes si bien eran congruentes en cuanto a la existencia del accidente, horario de la colisión, rodados y sujetos intervinientes, diferían en torno a la mecánica del hecho. Así, señaló que mientras la pretensión actoral se asentaba en un accionar negligente del conductor del vehículo de mayor porte -quien mediante una maniobra de giro e invasión de carril los embistió en su lado izquierdo- la demandada erigía como causa del siniestro la elevada velocidad del automóvil Ford que invadió el sentido de circulación del colectivo y a la inobservancia de la prioridad de paso que le otorgaba la rotonda que separaba a las dos avenidas, siendo por consiguiente su intrepidez y la violación de una regla de conducción lo que determinó el acaecimiento del accidente, interrumpiendo el nexo causal (v. fs. 571/572).
Ante la disparidad de las versiones esbozadas por las partes y luego de examinar las constancias de la presente causa y del expediente punitivo (cuyas copias se encuentran agregadas a estas actuaciones -v. causa penal n° 51.614, "Ortega, Estella Maris s/ lesiones culposas", fs. 89/156-) juzgó que dado que el monolito que se encontraba en la intersección de ambas calles no le otorgaba a la encrucijada la calidad de rotonda, habiéndose acreditado que el colectivo cruzó la Avenida 25 de Mayo desde la Avenida Frondizi, rodeó el monolito para luego retomar la misma calle en dirección contraria y se encontró al finalizar su giro con la presencia del Ford Falcon, cabía concluir -viendo la posición final de los vehículos y los daños de cada uno- que el ómnibus había embestido al automóvil de los actores, vulnerando su deber de conducción prudente y diligente (conf. arts. 51, 53, 55, 59 y concs., ley 11.430; v. fs. 572/573).
Por fin, examinó la procedencia de los rubros indemnizatorios reclamados y estableció su cuantía (v. fs. 573 vta./578).
II. Apelado dicho pronunciamiento por las partes, la Cámara Primera de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Bahía Blanca revocó la decisión y, en consecuencia, rechazó la demanda instaurada, imponiendo las costas de ambas instancias a los accionantes vencidos (v. fs. 623/626).
III. Ante este fallo, los actores Stella Maris Ortega y Mauricio Recofsky interponen recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley mediante el cual denuncian la infracción de los arts. 34 inc. 5 apartado "c", 36 inc. 2, 163 inc. 6, 272, 374, 375, 471 inc. 1, 474, 477 inc. 1, 482 y 456 del Código Procesal Civil y Comercial; 1.113 del Código Civil; 16, 17, 18, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; XVIII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Alegan absurdo en la apreciación de la prueba. Finalmente, hacen reserva del caso federal (v. fs. 636/646).
Comienzan su impugnación denunciando el vicio valorativo del pronunciamiento hoy puesto en crisis. En tal sentido, afirman que el fallo desestimó la acción entablada por considerar que en el lugar del siniestro había una rotonda, conclusión que resulta contraria a la totalidad de las constancias existentes en la causa y que se fundó en la sorpresiva prueba colectada por el Tribunal de Alzada del programa Street View de Google Earth, producida de oficio por la Sala, quebrantando las garantías del debido proceso legal y defensa en juicio (v. fs. 636 vta./638 vta.).
Aducen que dicha actividad probatoria oficiosa -y sin control de las partes- vino a suplir la tarea que le correspondía a la demandada, alterando así el onus probandi toda vez que recaía sobre los accionados la acreditación de alguno de los eximentes previstos en el art. 1.113 del Código Civil (v. fs. 638 vta.).
Asimismo, esgrimen que no solo dichas imágenes digitales se contraponen con toda la prueba colectada en autos -habida cuenta de que no hay elemento alguno del cual pueda inferirse que en la encrucijada había una rotonda, siendo una mera intersección de calles- sino que las fotos a las que la Cámara hizo referencia fueron tomadas más de diez años después del siniestro, careciendo de valor probatorio en la especie (v. fs. 639 vta./646).
IV. El recurso no puede recibir favorable acogida, dado que los agravios traídos no resultan idóneos para rebatir las conclusiones del pronunciamiento del Tribunal de Alzada (conf. doctr. art. 279, CPCC).
IV.1. De manera liminar, cabe recordar que resulta ineficaz el recurso de inaplicabilidad de ley que se limita a oponer a la valoración de la prueba efectuada por el juzgador, en función que en principio se le reconoce como privativa, argumentaciones basadas en el propio criterio del recurrente y que no traducen más que meras discrepancias subjetivas del interesado, insuficientes para conducir en la instancia extraordinaria a la revisión de conclusiones derivadas de la apreciación de circunstancias de hecho y prueba (conf. doctr. causas C. 120.616, "Cárdenas", sent. de 7-II-2018; C. 121.645, "Agro Ramabe S.A.", sent. de 26-IX-2018; entre muchas).
Es que al recurrente no le alcanza con argumentar que los hechos, la valoración de la prueba o la interpretación de las conductas involucradas pudieron ocurrir de otra forma, como hace aquí, sino que le era indispensable demostrar que de la manera sostenida en la sentencia no pudo ser (conf. doctr. causas C. 116.677, "Andrada", sent. de 25-X-2017; C. 121.687, "Bardengo", sent. de 7-III-2018; e.o.), extremo que no han logrado acreditar los quejosos con la actividad impugnativa desplegada (doctr. art. 279, CPCC).
IV.2. En efecto, para juzgar como lo hizo, el Tribunal de Alzada destacó que los actores en su libelo de inicio señalaron que el accidente se produjo en la encrucijada de las arterias donde "existe un monolito que hace las veces de rotonda" (fs. 8 vta., último párr.; fs. 624), circunstancia fáctica que resultaba incontrastable a la luz de las imágenes observadas a través de Google Earth y de la aplicación Street View, que la Sala recabó como medida de "inspección ocular virtual" (fs. 624).
Por otra parte, resaltó que el lugar del hecho satisfacía puntualmente la definición de "rotonda" dada por la ley 11.430, en tanto dicho plexo normativo disponía que debía considerarse como tal a "todo emplazamiento vial circular, para la distribución del tránsito, que se encuentra en la encrucijada de dos o más vías públicas y que permite la circulación giratoria" (fs. 624 vta.).
Aclarado ello, entendió que del examen del croquis elaborado por la instrucción penal (v. fs. 116) y del propio relato de las partes, surgía que el colectivo estaba girando hacia la izquierda desde la Avenida 25 de Mayo hacia la Avenida Frondizi -en dirección a la terminal de ómnibus ubicada en esta última arteria- por lo que estaba circulando en derredor de la rotonda -y próximo a egresar de ella- cuando se interpuso el Ford Falcon ilegítimamente, en su línea de marcha, a tenor de la prioridad de paso específicamente prescripta en los arts. 53 inc. 5 y 57 inc. 2 apartado "e" de la Ley de Tránsito n° 11.430 (v. fs. cit.).
Además, agregó que al no encontrarse acreditada ninguna infracción por parte del conductor del colectivo que desplazase la relevancia de la violación infringida por los actores, se erigía esta última en el factor idóneo para interrumpir el nexo causal entre los daños experimentados por los accionantes y el riesgo puesto en juego por la circulación del vehículo demandado (v. fs. 624 vta. y 625).
Por fin, desechó el endilgado exceso de velocidad atribuido al colectivo de la empresa accionada por entender que no había sido sino la solitaria y subjetiva apreciación del único testigo presencial que dijo que "venia ingresando [...] a bastante velocidad" (declaración, fs. 253), con lo cual la circunstancia de que los actores resultaran embestidos solo patentizaba la temeraria conducta en la que ellos incurrieron (v. fs. 625).
IV.3. Tal como puede apreciarse, la Cámara examinó las constancias de la causa y concluyó -a los fines de juzgar las reglas de tránsito y las prioridades de paso que debían ponderarse en el sub lite- que debía considerarse que el monolito existente en el lugar del siniestro hacía las veces de una rotonda, no solo en virtud de la prueba colectada en las presentes actuaciones y en la causa penal sino en atención a los propios dichos de la actora en su demanda.
Adviértase que a fs. 8 vta., último párrafo del escrito inicial, los accionantes al describir la encrucijada donde se produjo el accidente expresaron: "Vale la pena aclarar que tanto el Boulevard 1 Arturo Frondizi como la Avenida 25 de Mayo son de doble mano, y que en el lugar del accidente existe un monolito que hace las veces de rotonda en el cruce de ambas arterias, circunstancia esta que obliga a extremar la precaución al llegar a este lugar..." (el destacado me pertenece).
A la par, el apoderado de El Cóndor Empresa de Transportes S.A. al contestar la demanda -de manera congruente con la descripción efectuada por los accionantes- señaló que: "la colisión se produjo sobre la rotonda existente en el lugar indicado [...] el ómnibus tenía prioridad de paso, encontrándose habilitado a proseguir la marcha por circular por una rotonda y haber iniciado la maniobra tendiente a salir de ella y continuar por la Avenida Presidente Dr. Arturo Frondizi" (el destacado me pertenece).
Si bien los impugnantes insisten en la arbitrariedad de la conclusión a la que arribó la Cámara fundada en las imágenes tomadas de la aplicación de Google Earth, lo cierto es que la presencia del monolito en la encrucijada se apreciaba claramente de las constancias que ya se encontraban incorporadas en autos (v. croquis, fs. 116; copia del expediente punitivo referenciado), de modo tal que la alusión del Tribunal de Alzada a las imágenes digitales no ha sido más que un argumento corroborante, pues de los propios dichos de las partes surge sin hesitación la función que desempeñaba dicho emplazamiento en el lugar del hecho, el cual -tal como subrayó el Tribunal de Alzada (v. fs. 624 y vta.)- reunía a su vez los requisitos exigidos por la Ley de Tránsito n° 11.430 para ser considerado una "rotonda".
Lo expuesto descarta la violación de la garantía del debido proceso legal y defensa en juicio alegada por los recurrentes, así como la alteración de la carga de la prueba denunciada (v. fs. 638 vta.). Se está en presencia de un elemento sobre el cual las partes fueron contestes al afirmar sus posiciones en los escritos constitutivos de la litis -no solo en lo que respecta a la existencia del monolito sino fundamentalmente en lo que hace a la función que cumplía en relación al tráfico del lugar al momento del hecho-, siendo tales consideraciones ponderadas por la Cámara dentro de los límites de su competencia (conf. art. 272, CPCC), aunque en sentido contrario a sus intereses.
IV.4. En cuanto al alegado absurdo en la valoración de la prueba testimonial, en tanto aducen los quejosos que los testigos "todos hablan solo de una intersección de calles" (fs. 639), resta decir que dicha afirmación no descarta per se que en dicha intersección existiera un objeto que funcionara en los hechos como una rotonda, circunstancia que -por lo demás, y en lo que respecta a su propia existencia al momento del hecho- no se encuentra controvertida, más allá de discrepancias en torno a su calificación a los fines de la subsunción del hecho en la norma jurídica aplicable al caso. Ello así pues, postular que el accidente se produjo en la intersección de las mencionadas avenidas no importa necesariamente decir que no existiera una rotonda, ya que precisamente ese tipo de construcción vial se encuentra ubicado en el cruce de dos o más arterias o caminos.
En consecuencia, no es posible tener por configurado el denunciado vicio lógico, en tanto la actora no logra demostrar que el fundamento dado por el Tribunal de Alzada padezca de algún desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación material de la prueba producida (conf. doctr. causas C. 119.767, "Bustos", sent. de 15-XI-2016; C. 121.244, "Casanova", sent. de 6-XII-2017; etc.).
Esta Corte ha expresado que a los fines de desarrollar la tarea valorativa de las probanzas arrimadas a la causa los jueces de grado cuentan con amplias facultades de selección y ponderación, actividad censurable por la Corte solo en los casos en que se acredite acabadamente la presencia de absurdo (conf. doctr. causas C. 119.767, "Bustos", sent. de 15-XI-2016 y C. 121.938, "De Lóizaga", sent. de 7-XI-2018); extremo que -como he explicitado- no ha sido demostrado en la especie.
El análisis que hizo la Cámara de las circunstancias fácticas de la causa no ha sido rebatido idóneamente por los impugnantes, quienes con su prédica no logran evidenciar el desvío lógico del razonamiento invocado, lo que demuestra la insuficiencia del intento revisor y sella definitivamente la suerte adversa del recurso (art. 279, CPCC).
IV.5. Por fin, en lo que hace a las transgresiones a preceptos constitucionales, tiene dicho este Tribunal que resulta estéril la generalizada denuncia acerca de su quebrantamiento, cuando -como en el caso- queda subordinada a una no probada violación de normas de derecho común sin que se haya acreditado la errónea aplicación de estas (conf. doctr. causas C. 120.693, "Arias", sent. de 11-IV-2018; C. 121.614, "Aparicio", sent. de 26-II-2021; entre muchas).
V. Por lo expuesto, si mi opinión es compartida, deberá rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto, con costas a los recurrentes vencidos (conf. arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/08/2023 10:35:06 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/08/2023 11:48:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/08/2023 09:05:53 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 15:49:26 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/09/2023 16:00:54 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 02/10/2023 12:11:18 hs. bajo el número RS-29-2023 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia