Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128642
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano contra Pérez Arturo Ambrosio. Exclusión tutela sindical (sumarísimo)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 1-XII-2021).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-II-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar a la acción de exclusión de tutela sindical iniciada por la Municipalidad de San Cayetano contra el señor Arturo Ambrosio Pérez, a fin de que aquella pueda dictar el acto administrativo final con relación al sumario disciplinario que involucra al demandado, aplicando la sanción de cesantía.
Para así decidir, tuvo por acreditado que el señor Pérez presta servicios de planta permanente para el municipio actor, en el ámbito de la dirección vial, a cargo del señor Lucio Iván Cinalli -superior jerárquico directo del accionado-, y que detenta el cargo gremial de Secretario de Vivienda del Sindicato de Trabajadores Municipales, con mandato vigente a la fecha de la sentencia.
En lo que resulta de interés, mediante la prueba oral producida en la audiencia de vista de la causa -absolución del accionado y declaraciones testimoniales, así como las constancias documentales obrantes en la causa penal identificada como "Pérez Arturo Ambrosio s/ Amenazas" (IPP PP-11-00-002098-20/00), tuvo por probado que en la noche del día 21 de marzo de 2020, luego de un intercambio telefónico entre el director vial municipal -Lucio Iván Cinalli- y el demandado, este último se dirigió al domicilio particular de aquel para increparlo por un reclamo de horas extras, habiéndolo agredido verbal y físicamente, profiriéndole frases intimidatorias y amenazantes (v. vered., págs. 5/10).
Observó que de la causa penal antes referenciada surge el resumen de historia clínica del señor Cinalli -glosada también al sumario administrativo disciplinario acompañado por la parte actora- de fecha 21 de marzo de 2020, donde consta que el nombrado "...presenta lesión a nivel de la articulación radiocarpiana de miembro superior derecho de leve intensidad, el cual refiere dolor a nivel occipital izquierdo sin lesión, resto del cuerpo indemne" (vered., pág. 9).
Ponderó -también- las constancias de la mencionada Investigación Penal Preparatoria (IPP), de la que emerge la intervención de la Oficina de Resolución Alternativa de Conflictos (ORAC), donde consta "...que de lo expresado por el Sr. Pérez Arturo [...] mostrándose arrepentido y dispuesto a ofrecer las disculpas que sean necesarias, entendiendo que se trata de un hecho circunstancial" y que a fs. 103 la defensora solicita en favor de su pupilo la concesión del beneficio de suspensión del proceso a prueba por un año, sometiéndose al contralor del patronato de liberados y ofreciendo en concepto de reparación por el presunto daño causado la suma de mil pesos ($1.000; v. vered., págs. 9/10).
Por otro lado, declaró probado -esencialmente a través de testimonios- que los hechos que originaron el inicio de las presentes actuaciones no guardan relación alguna con la actividad sindical del dependiente, ni encubre una maniobra o ardid persecutorio por su cargo gremial (v. vered., pág. 11).
Ya en la etapa de sentencia, sostuvo que se acreditó con la prueba oral que las razones del conflicto fueron de índole laboral individual, derivadas de un reclamo personal por horas extras.
En lo atingente al planteo de nulidad del procedimiento sumarial introducido por el demandado como cuestión preliminar en el conteste, declaró que -en el caso- se cumplimentaron todos los recaudos y etapas del procedimiento establecidos en los arts. 88 a 96 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano: la instrucción estuvo a cargo de la asesora letrada municipal, conforme las facultades establecidas en el citado art. 88, y en el marco de la resolución 1/20 emitida por el Intendente, decreto de designación y resolución acompañados por la parte actora en el archivo adjunto a su presentación electrónica de fecha 27 de abril de 2021. Estimó resguardado el derecho de defensa del sumariado, quien citado a declarar se abstuvo de hacerlo, presentó escrito con patrocinio letrado denunciando persecución por actividad sindical sin ofrecer ninguna prueba de descargo; se le dio vista de las actuaciones y -conferido traslado para alegar sobre el mérito de la prueba- no hizo uso de tal derecho.
Mencionó que tras la intervención de la Junta de Disciplina y clausurada la etapa probatoria, la instrucción emitió dictamen (v. fs. 186/189 del sumario disciplinario) aconsejando aplicar la sanción expulsiva prevista en el art. 75 inc. 2. apartado "d" por haberse configurado las conductas descriptas en los incs. "c" y "n" del art. 77 de la norma estatuaria.
En base a lo antedicho, juzgó no verificados los vicios invalidantes denunciados por el accionado respecto de las actuaciones administrativas.
Sentado ello, determinó que la conducta antes descripta puso en crisis la transparencia, legalidad y moralidad de los superiores del actor y del gobierno municipal en el cumplimiento de las obligaciones inherentes a la función pública; por lo que la juzgó encuadrable -de acuerdo con lo dictaminado en sede administrativa- en el mencionado art. 77 incs. "c" -"inconducta notoria dentro y fuera del horario de trabajo" y "n" -"emplear intimidación o fuerza contra un superior y otro empleado municipal"- del Estatuto para el Personal municipal local.
Puesto a analizar la legitimidad y proporcionalidad de la sanción peticionada por la empleadora, memoró que a la luz del precedente de esta Corte que identificó como causa L. 114.451, "Fate" -entre otros-, la sentencia a dictarse en el proceso de exclusión de la tutela del representante sindical deber resolver, con base en las circunstancias fácticas acreditadas, la definición concerniente a la necesidad de privarlo de la garantía, juzgando -también- la legitimidad de la decisión que la patronal procura adoptar.
En estos lindes, determinó que la calificación y encuadramiento normativo de la conducta reprochada al agente por el municipio actor resultó legítima, y que la sanción individualizada no aparece arbitraria, irrazonable, ni desproporcionada.
Destacó que, frente a la gravedad de los hechos acreditados, no tiene relevancia la alegada ausencia de antecedentes disciplinarios del trabajador, desde que la agresión, intimidación y la violencia como método o estilo de comunicación con un superior, no debe tolerarse.
Finalmente, descartó el planteo de prejudicialidad introducido por la demandada. Ello así -sostuvo- toda vez que el art. 105 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano establece que "La sustanciación del sumario administrativo por hechos que puedan constituir delitos y la aplicación de las sanciones administrativas correspondientes, serán independientes de la causa criminal que pudiere sustanciarse paralelamente. La resolución que se dicte en ésta última no influirá en las decisiones que adopte o haya adoptado la Administración Municipal. Sin embargo, pendiente la causa criminal no podrá aplicarse resolución absolutoria en sede administrativa".
En suma, a la luz de los hechos denunciados en el escrito de demanda que juzgó debidamente probados -sin que se hubiera demostrado que los mismos guarden relación con la actividad sindical del señor Pérez- dispuso acoger la acción de exclusión de la tutela sindical, entendiendo que la sanción de cesantía resulta ajustada a derecho y proporcionada a la gravedad de la falta.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 17, 18, 28 y 75 inc. 22 de la Constitución nacional; 11 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 15 y 103 inc. 12 de la Constitución provincial; 7 inc. "f" de la ley 19.549; 103 in fine del decreto ley 7.647/70; 108 inc. 18 (incorporado por ley 14.491) y 181 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (decreto ley 6.769/58); 3 y 14 de la ley 13.433; 88 a 96 del Estatuto para el Personal de la Municipalidad de San Cayetano (ordenanza municipal 2.589/16) y de la doctrina legal que cita.
II.1. Se agravia de la sentencia de grado en cuanto estableció que el sumario administrativo llevado a cabo por la empleadora resultó ajustado de derecho. Expone que en el escrito de contestación de demanda su parte planteó como cuestión preliminar la nulidad de dichas actuaciones por presentar -en su criterio- dos vicios que afectan gravemente el debido proceso.
II.1.a. El primero -sostiene- motivado en que la instrucción estuvo a cargo de una funcionaria -doctora Benítez- que no resulta ser la persona designada a tal fin por el intendente municipal (v. fs. 2/3 del sumario). Afirma que la resolución 1/20 -mediante la cual se intentó justificar la sustitución del funcionario instructor- es inoponible al accionado por no haberse acompañado copia de la misma a la investigación sumarial. Añade que la mencionada letrada jamás aceptó el cargo de instructora en el expediente administrativo, por lo que carecía de potestad para intervenir en la investigación. Alega que la norma en cuestión tampoco fue publicada en el Boletín Oficial -conforme lo ordena el art. 108 inc. 18 de la Ley Orgánica de las Municipalidades, ni refrendada por el secretario del departamento ejecutivo (art. 181, ley cit.)- todo lo cual acarrea su ineficacia.
II.1.b. Expone que la segunda irregularidad denunciada consistió en que la misma funcionaria que instruyó el sumario fue quien -posteriormente- emitió el dictamen previsto en el art. 95 del Estatuto municipal, pese a existir una clara incompatibilidad entre ambas funciones. Alega que ello constituye una violación a la ley de ética de la función pública -ley 25.188-, causante de nulidad absoluta del acto, pues la objetividad del órgano consultor es una garantía del derecho de defensa del agente (cita arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
Asevera que la decisión del órgano de la instancia de grado de tener por no acreditados los vicios denunciados por el accionado en el conteste, y afirmar la plena validez del procedimiento administrativo, se opone a las constancias objetivas de la causa, deviniendo una conclusión absurda.
II.2. Refuta la sentencia de mérito en cuanto tuvo por demostrado que el día 21 de marzo de 2020 el señor Pérez se dirigió al domicilio particular de su superior jerárquico para increparlo por un reclamo de horas extras, agrediéndolo verbal y físicamente (v. vered., segunda cuestión, pág. 10).
Asevera que tal afirmación se contradice con lo declarado por el testigo Casella -que el propio juzgador trascribió en el veredicto- quien manifestó haber escuchado insultos y visto intentos de agresión por parte de Pérez, empero "no vio que le pegara" (vered. pág. 7).
Con base en ello entiende que el tribunal incurrió en absurdo por haber juzgado acreditada la existencia de agresión física y verbal; y que -en todo caso- debió privilegiar lo declarado por el testigo de referencia, por sobre los dichos de Cinalli y Gonard, en razón de encontrarse estos últimos involucrados en el altercado, tener interés directo en el pleito y encontrarse comprendidos -a criterio del quejoso- en las generales de la ley.
II.3. Cuestiona que a los fines de tener por acredita la supuesta agresión, el órgano de grado haya valorado especialmente las constancias de la causa penal iniciada a raíz del hecho, y, en particular, las vinculadas con el proceso voluntario de mediación (v. segunda cuestión del vered., pág. 10).
Entiende que habiéndose valorado en perjuicio del trabajador las actuaciones llevadas en la referida mediación, se violaron los principios de confidencialidad (arts. 3 y 14, ley 13.433) y prohibición de autoincriminación (art. 18, Const. nac.) evidenciándose la utilización de una prueba ilícita.
Destaca que no es posible aprovechar los elementos obtenidos con desconocimiento de garantías constitucionales (CSJN Fallos: 303:1938; 306:1752; 311:2045; e.o.), por lo que la conclusión a la que arribó el tribunal queda desprovista de sustento fáctico.
II.4. Arguye que la sentencia de grado incurrió en violación del principio de congruencia.
Expone que del relato de los hechos expuestos en el escrito inaugural no surge que el supuesto altercado hubiera acontecido en el ámbito laboral, ni en días u horarios en el que el trabajador prestara servicios; tampoco se invocó que se haya producido con motivo o en ocasión de sus funciones, ni que exista causa laboral alguna que eventualmente los haya generado.
En razón de ello -luego de citar doctrina legal de esta Corte- sostiene que la circunstancia de que el órgano de la instancia de grado haya introducido sorpresivamente la connotación laboral del conflicto para justificar la exoneración del dependiente, importa una grave violación del mencionado postulado.
II.5. Denuncia "irracionabilidad, ilegitimidad e improporcionabilidad" de la sanción a aplicarse.
Argumenta, con cita de diversos precedentes de esta Corte, que existe un exceso entre lo que el acto decide y los hechos motivantes.
Destaca que conforme surge del legajo, el trabajador tiene una larga trayectoria en el municipio, sin haber recibido jamás una sanción disciplinaria.
Entiende que en razón de la entidad del altercado (en donde el principal testigo descartó la existencia de agresión física), la pena impuesta al dependiente aparece totalmente desproporcionada.
II.6. Finalmente, invoca la existencia de una cuestión prejudicial.
Al respecto, tras citar doctrina legal, cuestiona que los magistrados no hayan valorado que el proceso penal fue suspendido a prueba en el año 2021 por el término de un año de conformidad con el art. 76 bis y concordantes del Código Penal. Afirma que dicha circunstancia genera la arbitrariedad de la sentencia en crisis.
Alega que resulta indiscutible que el órgano de grado, al haber tenido por acreditada la existencia de agresión física y verbal (así como amenazas) por parte del señor Pérez -sin que exista sentencia penal alguna que confirme tales ilícitos- ha excedido groseramente sus competencias, violando las reglas de prejudicialidad e invadiendo la jurisdicción propia del fuero penal.
III. El recurso no prospera.
III.1. Al articular el remedio extraordinario, la demandada sostiene -en primer lugar- que el tribunal de grado incurrió en absurdo en la valoración de las circunstancias objetivas de la causa, al expedirse por la validez del procedimiento administrativo llevado a cabo por el municipio empleador, en detrimento -dice- de las garantías constitucionales del debido proceso (arts. 18, Const. nac. y 15, Const. prov.).
III.1.a. Empero, el quejoso no logra acreditar la configuración de la mencionada anomalía.
III.1.a.i. El tribunal detalló en el fallo los motivos por los cuales juzgó no verificados en las actuaciones sumariales la existencia de vicios que las invaliden.
Meritó -en prieta síntesis- que la instrucción estuvo a cargo de la asesora letrada municipal, en un todo de acuerdo con las facultades que establece el art. 88 del Estatuto del Empleado Municipal y en el marco de la resolución 1/20 emitida por el Intendente municipal, conforme decreto de designación y resolución acompañados.
Destacó que se resguardó plenamente el derecho de defensa del agente sumariado; quien citado a prestar declaración se abstuvo de hacerlo, presentó escrito con patrocinio letrado denunciando persecución por actividad sindical, sin ofrecer ninguna prueba de descargo, se le dio vista de las actuaciones y conferido traslado para alegar sobre el mérito de la prueba colectada, no hizo uso de tal derecho.
Puntualizó que tras la intervención de la Junta de Disciplina y clausurada la etapa probatoria, la instrucción sumarial aconsejó al Ejecutivo aplicar la sanción expulsiva de cesantía prevista en el art. 75 inc. 2 apartado "d", por encontrarse configuradas las conductas tipificadas en el art. 77 incs. "c" -"inconducta notoria dentro y fuera del horario de trabajo"- y "n" -"emplear intimidación o fuerza contra un superior u otro empleado municipal"- de la norma estatutaria.
III.1.a.ii. Es pertinente recordar que el concepto de absurdo hace referencia a la existencia, en la sentencia atacada, de un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica, o a una grosera desinterpretación material de la prueba producida, recalcando que no se configura por cualquier error, o una apreciación opinable, ni ante la posibilidad de otras interpretaciones. Al recurrente que pretenda articular este excepcional mecanismo no le ha de alcanzar con sostener que los hechos pudieron ocurrir de otra manera, o que la prueba debió ser apreciada de una forma distinta, más probable o aceptable. En cambio, es indispensable dejar claramente demostrado que, de la manera en que se valoró en la sentencia, no pudo ser (causas L. 120.742, "Giribuela", sent. de 21-XII-2020 y L. 125.734, "Rost", sent. de 6-II-2023; e.o.).
Relacionado con ello, es dable apuntar que esta Corte ha puesto de relieve que no cualquier irregularidad que se cometa en un procedimiento disciplinario "...por intrascendente que fuere, habrá de proyectar la nulidad absoluta de toda decisión ulterior y en manera inexorable", pues se "...requiere la inobservancia o el quebrantamiento por la Administración Pública de trámites esenciales, que ello se traduzca en perjuicio para alguna de las partes o la coloque en estado de indefensión" (causa B. 63.609, "Catena", sent. de 29-IV-2020 y sus citas).
De tal modo, y frente el análisis global del procedimiento sumarial efectuado por el órgano de grado a efectos de concluir en que no se advertía conculcado el derecho de defensa del aquí demandado, el impugnante no logra poner en evidencia absurdo en tal conclusión, pues -en su discurrir- se contenta con indicar algunas contingencias del procedimiento disciplinario que aduce irregulares (en esencia, falta de aceptación expresa del cargo de instructora por parte de la doctora Benítez, así como la emisión de un dictamen en su rol de asesora letrada de la comuna) pero que, en la mejor hipótesis para el quejoso, se presentan como menores en orden a provocar, por sí solas, la nulidad del procedimiento.
III.1.b. A todo evento y aun dejando de lado que en este embate se denuncia la infracción de una norma que no resulta de aplicación a la Administración Pública municipal (ley 25.188; v., por ej., considerandos del decreto 164/99), cabe todavía indicar que el quejoso reitera en buena medida la tesitura que hubo de exponer en oportunidad de contestar la demanda, más sin efectuar una crítica eficaz al concreto razonamiento del juzgador, articulado a partir de considerar -por los argumentos que antes detallé- debidamente resguardado el derecho de defensa del agente sumariado.
Sobre el particular, tiene dicho esta Corte que es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que, a través de la mera reiteración de los argumentos esgrimidos en la instancia anterior, no logra concretar una réplica adecuada y eficaz de lo decidido (causas L. 122.152, "Romero", sent. de 9-III-2021; L. 122.645, "Asociación de Profesionales del Hos
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