Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127771
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.771, "Barcos, Germán Alberto contra Asociart ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
El Tribunal de Trabajo de la ciudad de Tandil, perteneciente al Departamento Judicial de Azul, hizo lugar a la excepción de cosa juzgada administrativa, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento electrónico de fecha 13-XI-2020).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 2-XII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente declaró operada la cosa juzgada con relación a la pretensión deducida por el señor Germán Alberto Barcos contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en procura del cobro de diferencias en las prestaciones de la ley 24.557 -y sus modificatorias-, vinculadas al accidente de trabajo acaecido el día 3 de diciembre de 2018. Finalmente, impuso las costas en el orden causado, otorgándole a la parte actora el beneficio establecido en el art. 22 de la ley 11.653 (v. pronunciamiento electrónico de fecha 13-XI-2020).
Para así decidir, sostuvo que, en atención a la fecha de ocurrencia del accidente de trabajo y de la presentación de la demanda, y teniendo en cuenta la adhesión provincial dispuesta por ley 14.997, la decisión debía ceñirse a lo previsto no solamente en la ley 24.557, sino esencialmente en los arts. 1, 2, 3, 4 y 14 de la ley 27.348 y su Anexo I; en las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) 298/17 y 899-E/1; y en los decretos 717/96, 1.475/15 y sus modificatorias.
Sobre esa base, comenzó destacando que en las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs" (sents. de 28-V-2020), esta Suprema Corte ya se había pronunciado sobre la constitucionalidad del procedimiento administrativo establecido por la ley 27.348.
Luego, a partir del análisis de las constancias de la causa, en primer lugar, subrayó que el trabajador era el que había dado inicio al trámite administrativo con el fin de determinar su incapacidad laboral derivada del infortunio laboral sufrido, y no -como denunció en su escrito de inicio- la aseguradora demandada.
Por otro lado, agregó que en el caso resultaba evidente que el señor Barcos, en conocimiento de la incapacidad dictaminada por la comisión médica y del cálculo indemnizatorio efectuado por el área técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, había comparecido ante el funcionario autorizado del servicio de homologación, asistido por una profesional del derecho matriculada y en presencia del representante de la aseguradora, y prestado conformidad con lo actuado en dicha instancia, acordando el importe de la indemnización en la suma de dos millones de pesos ($2.000.000), así como también el ejercicio de la opción prevista en el art. 4 de ley 26.773 en favor del sistema de reparación especial. A su vez, consintió que dicho acuerdo se encontraba condicionado a la previa resolución del servicio de homologación, cuyo acto asumía autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, conforme el art. 4 del Anexo I de la ley 27.348.
Asimismo, refirió que el funcionario autorizado se dirigió al trabajador y éste respondió afirmativamente, con carácter de declaración jurada, que: a) era libre de prestar su consentimiento; b) había comprendido la información que le fuera expresada, así como las implicancias del acuerdo y del ejercicio de la opción prevista en el art. 4 de ley 26.773, y -finalmente- también las consecuencias de que el acto asumiera autoridad de cosa juzgada.
Por último, tuvo por comprobado que el día 16 de diciembre de 2019, el titular del servicio de homologación dispuso aprobar el procedimiento llevado a cabo, y que el 23 de diciembre del mismo año la aseguradora transfirió en favor del trabajador damnificado el importe convenido.
A partir de ello, expresó que el trámite dado al expediente administrativo por las autoridades intervinientes había respetado las disposiciones de la normativa aplicable.
En ese marco, advirtió que el trabajador damnificado había tenido a su disposición distintas oportunidades para manifestar su disconformidad, tanto con relación al porcentaje de la incapacidad laboral determinada por la comisión médica, como con el monto de las prestaciones dinerarias calculadas por el área técnica de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Sin embargo, -sostuvo- lejos de seguir tal conducta, aceptó lo allí dispuesto, arribó a un acuerdo con la aseguradora, que fue homologado por la autoridad administrativa competente, y percibió el monto convenido.
Finalmente, valorando los términos en que se celebró dicho convenio, el porcentaje de incapacidad, el valor del ingreso base mensual y la edad del trabajador a la fecha del infortunio laboral, consideró que se había alcanzado una justa composición de los derechos e intereses de las partes conforme lo establecido en el art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Bajo esos lindes, concluyó que el referido acuerdo homologado asumía autoridad de cosa juzgada administrativa (conf. arts. 2 y 4, Anexo I, ley 27.348; 13, resol. 298/17 y 2 inc. "j", ley 15.057), por lo que resolvió hacer lugar a la excepción planteada por la legitimada pasiva y, en consecuencia, disponer el archivo de las actuaciones.
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 1, 5, 14 bis, 16, 18, 109 y 116 de la Constitución nacional; 12 de la Ley de Contrato de Trabajo; y de la doctrina legal que cita (v. escrito electrónico de fecha 2-XII-2020).
En lo sustancial, se agravia de la decisión del tribunal de origen en cuanto hizo lugar a la defensa de cosa juzgada administrativa planteada por la demandada.
Al respecto, realiza una crítica al sistema procedimental de tránsito previo y obligatorio previsto por la ley 27.348 y normas complementarias, para que el trabajador pueda acceder a la reparación de su incapacidad.
En tal sentido, sostiene que se limita el derecho de acceso irrestricto a la justicia con una exigencia innecesaria y dilatoria, como lo es el agotamiento de la vía administrativa.
Alega que, si bien puede válidamente existir un procedimiento administrativo que tenga por objetivo efectivizar derechos "...como fue el caso, que se utilizó con el fin de formalizar un preacuerdo ya establecido entre partes..." (recurso, pág. 6), en modo alguno aquel debe estar orientado a restringirlos.
Manifiesta que la Corte nacional ha admitido la validez de la actuación de órganos administrativos, siempre que se asegure un control judicial suficiente, extremo que -señala- no se verifica en el caso.
Afirma que la ley resulta extorsiva por cuanto, ante el estado de necesidad del trabajador, en caso de no estar de acuerdo con lo determinado por la comisión médica central debe interponer recurso ante la justicia sin poder percibir el monto reconocido en la instancia administrativa. De esta manera, sostiene, el damnificado se ve obligado a aceptar un acuerdo en detrimento de sus intereses, vulnerándose el principio protectorio y generándose un ilegal renunciamiento de derechos.
Aduce que el trabajador, que se encuentra recuperándose de un accidente laboral, no tiene posibilidad de sostener la larga espera que importa la resolución de un recurso judicial sin cobrar nada a cuenta.
Manifiesta que la instancia judicial no puede constituir alzada de la instancia administrativa.
Añade que, tanto el título I de la ley 27.348 como el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 resultan violatorios del art. 15 de la Constitución provincial en cuanto garantiza el acceso irrestricto a la justicia y la tutela judicial continua y efectiva.
Expresa que la homologación que se establece en el Anexo I de la primera de las leyes citadas sólo exige constatar la libre emisión del consentimiento por parte del trabajador o de sus derechohabientes, aspecto que -considera- en el ámbito del Derecho del Trabajo debe entenderse nulo cuando importe suprimir o reducir los derechos previstos en la ley, los estatutos profesionales, las convenciones colectivas o los contratos individuales.
Refiere que cosa juzgada en sentido estricto es solo la que se produce respecto de las sentencias judiciales, mientras que la cosa juzgada administrativa implica solamente una limitación para que la propia Administración revoque, modifique o sustituya el acto, pero no impide que éste sea impugnado y -eventualmente- anulado en el ámbito judicial.
III. El recurso no prospera.
III.1. Más allá de otras consideraciones que pudieran formularse, me permito anticipar que, para dar respuesta al embate ensayado, habré de reproducir -en lo pertinente- los conceptos que expresé al emitir mi voto en la causa L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024).
III.2. Con el objeto de ingresar en el examen del remedio traído, conviene poner de resalto que en el presente caso no se encuentra controvertido que las partes recorrieron la etapa administrativa previa y obligatoria, de lo que da cuenta el expediente 326.893/19, iniciado el día 2 de octubre de 2019; y que con fecha 2 de diciembre del mismo año, la Comisión Médica n° 12, Delegación de Azul, emitió el correspondiente dictamen, en el cual, tras analizar las dolencias derivadas de la contingencia denunciada, determinó la incapacidad que afecta al trabajador.
Luego, tampoco se halla en discusión que el día 12 de diciembre de ese año, el señor Barcos y la aseguradora aquí demandada, encontrándose ambas partes debidamente representadas por sus respectivos letrados, prestaron conformidad con lo actuado y plasmaron un acuerdo destinado a reparar la minusvalía sufrida por el dependiente mediante el pago de una prestación dineraria por la suma de dos millones de pesos ($2.000.000). El convenio arribado fue homologado por el titular del servicio de homologación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo con fecha 16 de diciembre de 2019.
Finalmente, tampoco existe discrepancia entre los contendientes acerca de que el monto indicado fue efectivamente abonado por la aseguradora.
III.3. Sentadas las circunstancias fácticas que estructuran la litis, habré de realizar -como en la citada causa "Lescano"- un repaso de la normativa aplicable y gravitante para dilucidar la cuestión a definir.
III.3.a. El art. 1 de la ley 27.348 establece que producida una contingencia reparable en el marco del sistema de riesgos del trabajo "Será competente la comisión médica jurisdiccional correspondiente al domicilio del trabajador, al lugar de efectiva prestación de servicios por el trabajador o, en su defecto, al domicilio donde habitualmente aquel se reporta, a opción del trabajador y su resolución agotará la instancia administrativa...".
Por otro lado, el art. 2 (cuyas definiciones se reiteran en el art. 14) expresa que "Una vez agotada la instancia prevista en el artículo precedente las partes podrán solicitar la revisión de la resolución ante la Comisión Médica Central..."; y que "Los decisorios que dicten las comisiones médicas jurisdiccionales o la Comisión Médica Central que no fueren motivo de recurso alguno por las partes, así como las resoluciones homologatorias, pasarán en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la ley 20.744 (t.o. 1976)".
A esos fines, el art. 3 establece la creación del servicio de homologación, el cual opera según el procedimiento establecido en el Anexo I de la citada ley.
Este último establece en su art. 2 que los dictámenes de la comisión médica jurisdiccional que determinen un porcentaje de incapacidad laboral permanente definitiva o el fallecimiento por causas laborales, en oportunidad de la notificación a las partes y al empleador, se los citará a una audiencia a celebrarse ante el servicio de homologación, en la que se informará el importe de la prestación que correspondiere recibir al trabajador o a sus derechohabientes. Expresa que la misma estará presidida por un funcionario letrado designado a tal efecto por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, siendo obligatoria la concurrencia de la aseguradora de riesgos del trabajo, del trabajador, sus derechohabientes o sus representantes legales.
La norma dispone que como resultado de ese acto pueden presentarse las siguientes situaciones, a saber: a) en el caso de que el damnificado preste conformidad, el servicio de homologación debe emitir el pertinente acto de homologación; b) en el supuesto de existir disconformidad con el porcentaje de incapacidad determinado, se debe labrar acta en la que se deje constancia de ello, quedando expedita la vía recursiva prevista en el art. 2 de la ley 27.348 y, finalmente, c) en la hipótesis de que el desacuerdo esté referido al importe de la prestación, las partes pueden acordar un monto superior, que deberá ser homologado, o bien, en caso contrario, también queda expedita la vía recursiva señalada con anterioridad.
III.3.b. La resolución 298/17 reitera en los arts. 14, 15 y 16 los conceptos vertidos en el referido Anexo, y agrega en el art. 13 que el agente del servicio de referencia debe constatar la libre emisión del consentimiento por parte del trabajador o derechohabientes, y su discernimiento sobre los alcances del acuerdo.
III.3.c. Por último, puntualmente en el ámbito local, el art. 2, inc. "j" de la ley 15.057 establece que los órganos jurisdiccionales conocerán en la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales, de acuerdo a lo establecido en el art. 2, segundo párrafo de la ley 27.348, la cual "...deberá ser interpuesta [...] a través de una acción laboral ordinaria...".
Asimismo, expresa que dicha acción "...podrá iniciarse prescindiendo de la obligatoriedad de interponer el recurso administrativo ante la Comisión Médica Central", y que si las partes "...consintieran los términos de la decisión emanada de las Comisiones Médicas jurisdiccionales, tal resolución hará cosa juzgada administrativa en los términos del artículo 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, quedando definitivamente concluida la controversia...".
III.3.d. La exposición realizada resulta ilustrativa para concluir que la hipótesis de la cosa juzgada administrativa se presentaría, según las regulaciones legal y reglamentaria, ante dos situaciones definidas: a) la homologación del acuerdo arribado en la instancia administrativa por parte de la autoridad competente; b) la no iniciación de acción judicial ordinaria dentro del plazo establecido en la ley 15.057 para procurar la revisión de las decisiones de las comisiones médicas, prescindiendo de las vías recursivas previstas en el régimen de riesgos del trabajo.
III.4. Expuestos los antecedentes normativos del caso, toca ahora ingresar al núcleo del asunto traído, en tanto la situación de autos se encuentra configurada por la primera de las hipótesis descriptas.
III.4.a. Cabe recordar que esta Corte tiene dicho que el diseño contenido en el título liminar de la mencionada ley 27.348 no impide al trabajador el acceso a la jurisdicción, sino que supedita su llegada a que se agote una tramitación administrativa previa y de carácter obligatorio, circunstancia que se inspira en la finalidad protectora del régimen, desde que tiende a asegurar al afectado o sus derechohabientes una más rápida percepción de sus acreencias (art. 14 bis, Const. nac.; causas L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020; L. 124.309, "Delgadillo" y L. 123.792, "Szakacs", sents. de 2-VI-2020).
Lo propio ha establecido la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en la causa CNT 14.604/2018/1/RH1 "Pogonza, Jonathan Jesús c/ Galeno ART S.A. s/ accidente - ley especial" (sent. de 2-IX-2021), respecto a que esa regulación del sistema no resulta reñida con la Constitución nacional.
III.4.b.i. Recordé en la causa "Lescano", que en oportunidad de emitir mi voto en el evocado precedente "Marchetti", expuse distintos antecedentes normativos que implementaron sistemas similares al de la ley 27.348.
En tal sentido, en lo que aquí interesa señalar, destaqué que en la causa L. 53.299, "Bentos" (sent. de 26-VII-1994), este Tribunal sostuvo que la resolución de la autoridad administrativa nacional del trabajo dictada en el marco del decreto 1.005/49, seguida de la percepción del depósito por el interesado, es definitiva y tiene por consecuencia autoridad de cosa juzgada que se proyecta sobre los presupuestos de la reparación: incapacidad del dependiente, presunción de responsabilidad patronal y extensión del crédito (arts. 2, 6, 7, 12, 17 y 18, dec. cit.), y que ninguna garantía en orden a la defensa resulta afectada si voluntariamente se prosiguió este procedimiento hasta su conclusión con el cobro (causas L. 52.367, "Onufrovich", sent. de 6-XII-1994 y L. 78.130, "Carreiro Rodríguez", sent. de 1-X-2003).
También memoré que la ley 10.149 instauró en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, un procedimiento administrativo previo -aunque voluntario- a la intervención jurisdiccional para resolver, entre otras cuestiones, aquellas vinculadas con accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. En ese marco, esta Suprema Corte dictó reiteradas sentencias en el contexto de ese trámite (causas L. 43.032, "Goicoechea", sent. de 17-XII-1989; L. 56.608, "Pippo", sent. de 19-XII-1995 y L. 58.015, "Ramundo", sent. de 20-VIII-1996; e.o.).
III.4.b.ii. Por otro lado, aunque sobre bases normativas disímiles este Tribunal ha declarado que el acuerdo conciliatorio suscripto en sede administrativa, homologado por la autoridad competente, debe asimilarse en sus efectos al de una sentencia judicial firme que adquiere el valor de cosa juzgada (causas L. 83.992, "Coria", sent. de 5-IV-2006; L. 87.579, "Rodríguez", sent. de 5-III-2008; L. 116.828, "Altamirano", sent. de 26-II-2014 y L. 117.867, "Vigliero", sent. de 17-V-2017).
Ello es así siempre y cuando se verifiquen los presupuestos que hacen a la existencia de la cosa juzgada administrativa, es decir, cuando se pretenda reclamar en sede judicial sobre lo que fue objeto de resolución en sede administrativa, de manera tal ante la comparación los reclamos no pudieran coexistir sin incurrir en el riesgo de arribar a soluciones contradictorias entre sí (causa L. 83.992, "Coria", cit.).
En este sentido, la doctrina legal establece que ante la necesidad de establecer cuáles son los elementos que permitan determinar si, efectivamente, en un caso se pretende volver sobre algo ya resuelto por la jurisdicción o si se trata en verdad de una controversia distinta conforme a la teoría de la identidad de cuestión, el juez no se encuentra atado a fórmulas legales que definan los requisitos de la cosa juzgada; previo examen integral de las dos contiendas, debe estar facultado para determinar si por tratarse del mismo asunto o si, por existir conexión, continencia, accesoriedad o subsidiaridad, la jurisdicción no deba correr el riesgo de ser inducida a contradicción: no hay cosa juzgada si ambas contiendas pudieran coexistir; la hay, en caso contrario (causas L. 83.992, "Coria", cit.; L. 111.164, "Giménez", sent. de 19-IX-2012; L. 109.685, "Scantamburlo", sent. de 19-XII-2012 y L. 114.130, " K., G. M. y otros", sent. de 30-X-2013).
III.4.c. Sobre estas premisas, entiendo que no le asiste razón al impugnante.
En mi opin
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.