Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127487
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado decretó su falta de aptitud jurisdiccional para conocer en la presente causa, cuya competencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen para que continúe el trámite según su estado.
Sin costas, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.487, "Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos y Otro contra Redguard S.A. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Kogan, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 7 del Departamento Judicial de San Isidro con asiento en la ciudad de Pilar, se declaró incompetente para conocer en las presentes actuaciones y rechazó la medida cautelar reclamada por la parte actora, sin costas (v. resolución de fecha 30-III-2021).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 19-IV-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen se declaró -de oficio y sin correr traslado a la demandada- incompetente para entender en la acción de amparo sindical deducida -en los términos del art. 47 de la ley 23.551- por el Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos (SUTCA) y Ricardo Walter Navarro, contra Redguard S.A; tendiente a que se ordene a esta última actuar como agente de retención de los importes que en concepto de cuota sindical tributen los dependientes de la firma demandada afiliados a la asociación actora, declarándose, eventualmente, la inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 23.551, y se condene a la accionada al pago de la indemnización por daño moral motivado en la conducta inconstitucional en que habría incurrido.
Apoyó su decisión en la interpretación restrictiva que -sostuvo- corresponde efectuar de las normas que regulan la competencia, y en esta línea, destacó que el inc. "b" del art. 2 de la ley 11.653 prevé el conocimiento de los tribunales locales solo en acciones de las asociaciones sindicales con personalidad gremial (atributo, precisó, del que carece el sindicato actor) por cobro de aportes (aspecto este último -señaló- que no se compadece con lo solicitado en el escrito de demanda, donde se reclama un paso previo, esto es: el reconocimiento de un derecho y, en base al mismo, la retención), contribuciones y demás beneficios que resulten de convenciones colectivas de trabajo; y en aquellas acciones respecto de las cuales el régimen de las asociaciones sindicales establezca la competencia local.
Destacó, por otro lado, que el art. 47 de la ley 23.551 limita las posibilidades de decisión de los tribunales provinciales al cese inmediato del comportamiento antisindical, estipulando -luego- en su art. 63, inc. "c" que los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las respectivas jurisdicciones conocerán, entre otros supuestos, en las acciones previstas en aquella normativa.
Apuntó, con mención de precedentes de este Tribunal que individualizó, que el procedimiento de amparo previsto en la norma antes citada, se agota en la adopción de medidas judiciales útiles que garanticen el ejercicio regular de los principios y derechos sindicales comprometidos (citó la causa L. 89.631, "Abdala", del 25-IV-2007; e.o.).
Indicó que el Ministerio de Trabajo de la Nación es la autoridad de aplicación de la ley de asociaciones sindicales (art. 56, ley 23.551) y, en su caso, la justicia nacional del trabajo la competente para el conocimiento de los recursos y acciones que regula la propia ley 23.551 para su control, sin que los jueces locales tengan jurisdicción para entender en este tipo de actuaciones (citó en este punto las causas L. 80.136, "Buschmann", sent. de 1-III-2004; L. 113.387, "Inguanta", del 29-IV- 2015; e.o.).
Luego, en oportunidad de resolver la viabilidad de la medida cautelar solicitada en el escrito de inicio -cuya denegación, cabe aclarar, no constituye materia de agravio- manifestó que el tema bajo discusión configura un conflicto intersindical entre SUTCA y la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina (UPSRA) -esta última con personería gremial- temática que se encuentra regulada en el art. 28 de la ley 23.551, y que excede el marco de actuación de la jurisdicción del tribunal (v. sent. pág. 9).
En suma, concluyó que el reclamo de autos resulta de competencia de la justicia nacional del trabajo y no de la jurisdicción de los tribunales de la Provincia de Buenos Aires (arts. 38, ley 23.551 y 24, decreto 467/88).
En lo referente al reclamo por el eventual daño moral, juzgó que excedía el marco de la especialísima vía intentada (v. sent. pág. 10).
Por último, expuso que el caso de autos no resulta asimilable a la causa L. 123.263, "Mendoza" (sent. de 30-XII-2020), ya que -argumentó- en el ámbito del sector público no rige el esquema previsto en la ley 23.551 que contempla una sola asociación con personería gremial (con los privilegios que ello conlleva); sino que se admite la coexistencia y actuación de varios sindicatos portadores de dicho atributo, razón por la cual la acción de amparo iniciada en dicho expediente bien pudo continuar ante el tribunal de trabajo de Dolores, puesto que allí no podría darse el supuesto del conflicto intersindical (contemplado por el art. 28 de ley 23.551) y luego, la ulterior intervención por parte de esta Casación (v. sent. pág. 11/12).
Con todo declaró su incompetencia para intervenir en los presentes actuados, con fundamento -entre otros- en los arts. 58 y 60 de la ley 23.551.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de la doctrina legal que cita.
II.1. Se agravia -en sustancia- de la declaración oficiosa de incompetencia dispuesta por el tribunal de origen, quien concluyó que la acción de amparo sindical promovida en el escrito de inicio (art. 47, ley 23.551) debía tramitar ante la Justicia nacional del Trabajo y no en la jurisdicción provincial.
II.2. Alega que el órgano de la instancia de grado arribó a dicha conclusión a partir de una errónea interpretación del art. 2 de la ley 11.653. En este sentido, sostiene que el tema en debate se encuentra comprendido en la última parte de la norma citada, donde se prevé expresamente que los tribunales locales conocerán en aquellas acciones respecto de las cuales el régimen de asociaciones sindicales establezca la competencia local, tal como acontece en la especie, en virtud de lo normado en el art. 63, inc. "c" de la ley 23.551 (v. rec. pág. 5).
II.3. Afirma que el juzgador de mérito aplicó erróneamente la legislación y la doctrina legal emanada de esta Corte, a partir de la transcripción parcial y caprichosa de precedentes que identificó en el fallo, trocando -de este modo- radicalmente su verdadero alcance (v. rec. pág. 6/8).
II.3.a. Así, con relación al precedente L. 80.136, "Buschmann", (sent. de 1-III-2004), sostiene que el tribunal de grado omitió reproducir la parte del pronunciamiento en la que se hace expresa referencia a los arts. 59 y 60 de la ley 23.551, que regulan específicamente el procedimiento de "encuadramiento sindical" y los "diferendos intrasindicales e intersindicales", supuestos que no se verifican en el amparo ventilado en autos (art. 47, ley 23.551; v. rec. pags. 6/7).
Añade que el tema en discusión en dicha causa -a diferencia de la presente- giraba en torno a la aptitud jurisdiccional del tribunal de trabajo para ponderar la existencia -o no- de irregularidades en el proceso eleccionario del delegado sindical (v. rec. pág. 7).
II.3.b. Respecto del antecedente L. 113.387, "Inguanta", (sent. de 29-IV-2015) citado también por el juzgador para apuntalar su decisión, sostiene que tampoco es asimilable al sub lite , desde que allí se abordó la incompetencia del tribunal de trabajo para intervenir en un conflicto relativo a la expulsión de un conjunto de trabajadores afiliados a la organización gremial, cuestión que nada tiene que ver con el tema debatido en autos (v. rec. pág. 7).
II.4. Expone que el yerro del tribunal consiste en interpretar que en el caso corresponde resolver un conflicto intersindical generado entre la asociación gremial actora -Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos- y la Unión del Personal de Seguridad de la República Argentina; supuesto que -asevera el quejoso- no se verifica en la especie, desde que la pretensión actoral está dirigida -en lo principal- a que se ordene a la empresa demandada retener en concepto de cuota sindical las sumas que los trabajadores decidan voluntariamente destinar a dichos efectos, tal como lo resolvió esta Casación -argumenta el compareciente- en la causa L. 123.263, "Mendoza" (sent. de 30-XII-2020), citada por el órgano de grado, aunque para arribar -a partir de una interpretación que el interesado entiende equivocada- a una conclusión adversa a lo reclamado.
En suma, afirma que en el sub lite , la competencia del tribunal local está determinada de manera exclusiva y específica por los arts. 47 y 63 inc. "c" de la ley 23.551; por lo que solicita se revoque la sentencia de grado en aquello que constituye materia de agravio.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente, es dable recordar que cuando se controvierte la aptitud jurisdiccional del fuero provincial para entender en el pleito, hallándose en juego la posible atribución de competencia a un juez extraprovincial, el pronunciamiento atacado debe ser asimilado a definitivo en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 120.325, "Pérez", sent. de 29-V-2019; L. 126.075, "Correa", sent. de 27-III-2023; e.o).
III.2. Efectuada esa aclaración, acierta la compareciente en cuanto alega que, al haberse declarado incompetente para intervenir en la causa, el tribunal del trabajo incurrió en absurdo, interpretación errónea de la normativa aplicable y violación de la doctrina legal que individualiza.
III.3.a. Del escrito de inicio surge que los actores - Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos y el señor Ricardo Walter Navarro- dedujeron acción de amparo sindical (art. 47, ley 23.551), tendiente a que se ordene la actuación de la firma Redguard S.A. como agente de retención de los importes que, en concepto de cuota sindical, deban cotizar los trabajadores de la firma demandada, afiliados a la mencionada entidad gremial -con inscripción gremial otorgada por resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 9.221/11, de 25 de agosto de 2011-, con la debida consignación de tal descuento en el recibo de haberes de los dependientes que expresamente manifiesten su voluntad de afiliarse, y se declare -eventualmente- la inconstitucionalidad del art. 38 de la ley 23.551. Asimismo, solicitaron se condene a la accionada al pago de la suma indicada en concepto de daño moral derivado, en su opinión, de la inconstitucionalidad de su proceder.
III.3.b. Conforme lo expuesto se colige sin hesitación -como eficazmente lo expone el recurrente- que la afirmación del tribunal, relativa a que la cuestión sometida a decisión judicial en la especie constituye "un conflicto intersindical" entre el Sindicato Unidos Trabajadores Custodios Argentinos y la Unión Personal de Seguridad de la República Argentina -sindicato con personería gremial- (v. sent. pág. 9), no se ajusta a las constancias objetivas de la causa.
Lo relevante para evidenciar tal desacierto de la decisión en crisis reside en que los hechos descriptos en el escrito de inicio (v. presentación electrónica de 4-III-2021), en modo alguno autorizan a catalogar el tema de debate como un conflicto intersindical.
En tal sentido, es dable memorar que dichas controversias involucran -por definición- a dos o más asociaciones sindicales entre sí, y que, de acuerdo con el derecho positivo vigente, adquiere específica relevancia debido a su emplazamiento en un régimen de personería gremial con derechos exclusivos y excluyentes (conf. causa L. 83.377, "Chaves", sent. de 21-XI-2007 y L. 116.783, "Sindicato de Luz y Fuerza Gral. Pueyrredon", sent. de 11-IX-2013).
III.3.c. El marco fáctico en el que se funda la presente acción de amparo, por el contrario, da cuenta de una disputa diferente, enderezada -insisto- a que se condene a la empleadora accionada a actuar como agente de retención de la cuota sindical que tributen los trabajadores afiliados a la entidad gremial actora. En este contexto, se denunció expresamente en el escrito de demanda la violación del principio de libertad sindical, junto con la existencia de un comportamiento discriminatorio y antisindical por parte de la sociedad demandada; y no respecto de la asociación sindical con personería gremial, que no fue demandada y a la que ninguna conducta antijurídica se le endilgó en el escrito de inicio (v. demanda págs. 9/10 y 17).
III.3.d. A esta altura, se impone señalar -como con acierto lo refiere el recurrente- que la acción de amparo sindical, dirigida a obtener el cese de los comportamientos antisindicales (art. 47, ley 23.551), debe ser tramitada ante "los jueces o tribunales con competencia en lo laboral en las respectivas jurisdicciones" (art. 63, inc. "c", ley cit.). No cabe duda, por consiguiente, que la aptitud jurisdiccional para intervenir en casos como el presente corresponde a los tribunales del trabajo de la Provincia de Buenos Aires, toda vez que se trata de una de las "acciones respecto de las cuales el régimen de las asociaciones sindicales establezca la competencia local", conforme lo establece el art. 2, inc. "b", ley 11.653.
En ese sentido, ha declarado esta Corte que la acción de amparo promovida en los términos del art. 47 de la ley 23.551 es de competencia de los tribunales del trabajo, de acuerdo con lo establecido en el art. 2, inc. "b" de la ley 11.653 (conf. causas L. 104.668, "Bravo", sent. de 21-XII-2011 y L. 119.357, "Vera", sent. de 28-IX-2016), sin perjuicio de lo que en su oportunidad se resuelva con relación a la viabilidad de la pretensión deducida por su conducto.
III.4. No obstante resultar suficiente lo expresado a fin de resolver la procedencia de la impugnación bajo análisis, cabe advertir que también asiste razón a los impugnantes cuando aducen que los precedentes invocados por el tribunal de grado para fundar la decisión en crisis no resultan aplicables al sub lite.
III.4.a. En la causa L. 80.136, "Buschmann", (sent. de 1-III-2004), esta Corte declaró, en el marco de un proceso en el que se reclamó a la empleadora el pago de las indemnizaciones derivadas del despido y por estabilidad gremial -entre otros rubros- que los tribunales laborales locales carecen de competencia para ponderar la existencia -o no- de irregularidades en el acto eleccionario sindical, materia cuyo conocimiento -se aclaró- corresponde al Ministerio de Trabajo de la Nación, y -en su caso- a la justicia nacional del trabajo (arts. 56, 59 y 60, ley 23.551); circunstancias que -tal como lo expone el recurrente- no se compadecen con el marco fáctico jurídico que se ventila en autos .
III.4.b. En el caso L. 113.387, "Inguanta" (sent. de 29-IV-2015), el tribunal de grado había resuelto su incompetencia -de oficio- respecto del reclamo iniciado contra la Asociación Gremial de Empleados de Escribanía de la Provincia de Buenos Aires por haber dispuesto la expulsión de los actores como afiliados a dicha entidad, conflicto de naturaleza intrasindical, de la que no participa la especie.
III.4.c. Cabe agregar que en el antecedente L 123.263, "Mendoza", (sent. de 30-XII-2020), aludido por el a quo para respaldar su decisión, no se abordó cuestión alguna vinculada a la competencia del tribunal de trabajo que intervino, por lo que su cita a los fines de resolver ese extremo carece de la relevancia que pretende atribuírsele.
III.5. Con todo, corresponde revocar la sentencia del tribunal del trabajo en cuanto se declaró incompetente para intervenir en la causa con sustento -entre otros- en los arts. 59 y 60 de la ley 23.551, toda vez que, si bien es cierto que con arreglo a los citados preceptos la justicia provincial no resulta competente para intervenir en los conflictos intra o intersindicales (conf. causas L. 107.411, "Godoy", sent. de 24-VIII-2011 y L.116.783, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón", sent. de 11-IX-2013), no lo es menos que -contrariamente a lo que resolvió el a quo- la controversia sometida a su decisión, en la especie, no puede ser encuadrada en ninguna de esas categorías.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario traído y revocar la sentencia del tribunal del trabajo en cuanto decretó su incompetencia para intervenir en la acción de amparo sindical deducida en la demanda en los términos del art. 47 de la ley 23.551, cuya aptitud jurisdiccional se declara.
Los autos deberán remitirse al tribunal de grado a fin de que prosiga con el trámite de las actuaciones según su estado.
Sin costas, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68 y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Torres , la señora Juez doctora Kogan y el señor Juez doctor Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado decretó su falta de aptitud jurisdiccional para conocer en la presente causa, cuya competencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen para que continúe el trámite según su estado.
Sin costas, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. art. 1 acápite 3 "c", resol. Presidencia SCBA 10/20) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia