Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78155
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.155, "Dell, Oscar Alfredo contra Gas Natural Ban S.A. sobre Pretensión declarativa de certeza - Otros juicios. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó los recursos deducidos por Gas Natural Ban S.A. y por el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar a la acción declarativa de certeza promovida por el señor Oscar Alfredo Dell, estableciendo la inexigibilidad del visado colegial en cuestión para su caso concreto (v. sent. de 17-VI-2021).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la parte demandada interpuso recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 6-VII-2021, 09:59:51 hs.), siendo denegado el primero y concedido el segundo por la Cámara interviniente (v. resol. de 29-III-2022).
Asimismo, contra dicho pronunciamiento, el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires -interviniente como tercero- dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 6-VII-2021, 10:34:59 hs.), el que fue concedido por el Tribunal de Alzada (v. resol. de 23-VI-2022).
Dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada?
2ª) ¿Lo es el interpuesto por el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires interviniente como tercero?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. El señor Oscar Alfredo Dell promovió acción declarativa de certeza contra Gas Natural Ban S.A., con el objeto de hacer cesar el estado de incertidumbre acerca de la obligación de pago de un visado colegial para la aprobación de las obras que llevare a cabo como gasista matriculado de segunda categoría (v. demanda a fs. 172/176).
Explicó que al 1 de enero de 2014 se hallaba registrado como profesional gasista de la primera categoría, rigiendo su actividad y ejercicio conforme a las estipulaciones de la distribuidora.
Dijo verse agraviado ya que, a partir de la fecha indicada, esa empresa les exigió a todos los matriculados de primera categoría el visado sobre sus contratos y su pago previo por ante el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, a efectos de la aprobación de las obras respectivas.
Reputó como algo discriminatorio que la demandada le hiciera semejante requerimiento para cualquier tipo de obra, sin matices.
Frente a ello y con el afán de sortear la imposición, pidió que se lo encasillara en la categoría inmediata inferior, renunciando a realizar tareas de competencia exclusiva de los matriculados de la primera categoría.
Ante la negativa de la empresa, el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS) avaló su petición mediante el dictado de la resolución I/648. No obstante lo cual, dice que Gas Natural Ban continuó exigiéndole el visado por entender que la nueva categoría asignada (la segunda) no lo eximía de tener que cumplir con las normas colegiales y previsionales correspondientes a su profesión de técnico mecánico, reconocida por título nacional, por tareas desarrolladas en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires.
I.2. Consecuentemente, en sede judicial la distribuidora resistió la pretensión con el argumento de que el actor, siendo técnico mecánico, indudablemente se hallaba alcanzado por las leyes 10.411 y 12.490, motivo por el cual debía cumplir con el visado establecido por la resolución 805/12 del Colegio de Técnicos, estando ella además legalmente obligada a exigírselo (conf. arts. 31 y 32, ley 12.490; v. fs. 383 vta. y 384).
I.3. El magistrado a cargo del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la demanda, declarando que el actor no debía dar cumplimiento con dicha obligación (v. sent. de 16-V-2019).
Inmediatamente luego, admitió al Colegio de Técnicos en calidad de tercero voluntario (conf. art. 90 inc. 1, CPCC; v. fs. 446 y vta.).
I.4. Contra el pronunciamiento de grado, la parte demandada (actualmente Naturgy Ban S.A.) y el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (adhiriendo a los argumentos expuestos por la demandada) incoaron sendos recursos de apelación (v. presentaciones electrónicas de 4-VI-2019, 13:57:58 hs. y 4-VI-2019, 15:50:11 hs., respectivamente), pretendiendo que se revoque dicho decisorio y se rechace la demanda entablada.
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, por mayoría, rechazó las apelaciones y confirmó el pronunciamiento de grado.
Para así decidir, reseñó la normativa aplicable al caso, compuesta por el reglamento denominado "Normas Argentina Gas 200" (en adelante: NAG 200) sobre Disposiciones y Normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de gas (cap. VIII, conf. art. 86, ley 24.076), la ley 10.411 de ejercicio profesional de técnicos de la Provincia de Buenos Aires (arts. 1, 2, 3 y 7) y la ley 12.490 de la Caja de Previsión Social para Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires (arts. 2, 26, 31 y 32).
Puntualizó que el NAG 200 permitía inferir que la distinción entre las categorías de gasistas allí previstas se encontraba motivada por la diferente magnitud y complejidad de las obras que la pertenencia en cada una de ellas habilitaba a ejecutar (ptos. 8.2 a 8.4).
En esa línea, sostuvo que la registración como instalador en la primera categoría (pto. 8.2.1) ineludiblemente requiere contar con alguno de los títulos habilitantes contemplados en la reglamentación citada, aspecto que no resulta exigible para los enlistados en la segunda y tercera categoría; en las cuales, para la ejecución de las tareas técnicas que les son propias, la idoneidad se atestigua mediante la aprobación de un examen teórico-práctico ante la empresa distribuidora (pto. 8.3.2) o realizando determinados cursos (pto. 8.4.2). Entendió así que los gasistas de segunda y tercera categoría no necesitaban contar con una formación universitaria o técnica especial.
Aseveró que no estaba controvertido que el señor Dell, en su hora, estuvo inscripto en la primera categoría, contando con título de técnico mecánico expedido por la Escuela Nacional de Enseñanza Técnica y alguna vez matriculado ante el Colegio de Técnicos provincial. Por lo que en ese contexto pasado le resultaban exigibles todos los recaudos previstos en la legislación provincial para los profesionales matriculados (leyes 10.411 y 12.490). En la especie: la acreditación del pago del visado en discusión para la aprobación de sus trabajos u obras (conf. resol. 805/12, CTPBA), además de los aportes previsionales (conf. art. 26, ley 12.490).
Sin embargo, refirió que -a solicitud del propio actor- el ENARGAS lo reubicó en la segunda categoría, habilitándolo a realizar trabajos que solo se correspondieran con las instalaciones de segunda y tercera categoría, sin que bajo tales condiciones sea menester contar con título técnico o universitario (pto. 8.3.2, NAG 200). A la par que, conforme surgía de las probanzas de la causa, el señor Dell ya no se encontraba matriculado ante el Colegio de Técnicos y, por lo tanto, no obraba en su registro pago alguno correspondiente a visados (v. fs. 396 y 411).
Siendo así, concluyó que ante esas circunstancias (gasista de segunda categoría desafiliado del colegio) no le era exigible por parte de la distribuidora demandada el ingreso de aportes previsionales, como tampoco el pago del visado (conf. art. 31, ley 12.490 y resol. 805/12, CTPBA), extremos que sí debían observarse para los gasistas de primera categoría puesto que estos forzosamente debían contar con credenciales habilitantes y, por ende, estar matriculados ante el correspondiente colegio profesional.
Finalmente, advirtió que el Colegio de Técnicos fue admitido como tercero voluntario con posterioridad al pronunciamiento de primera instancia, siendo ajeno a la presente litis el planteo articulado por la institución vinculado a una eventual obligatoriedad de matriculación del actor ante los hechos admitidos.
III. Contra el fallo la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 6-VII-2021, 9:59:51 hs.), en el que denuncia la violación y/o errónea aplicación de lo dispuesto en los arts. 1, 2, 3 y concordantes de la ley 10.411 y 31, 32 y concordantes de la ley 12.490, además de arbitrariedad.
III.1. En primer lugar, aduce que la sentencia de la Cámara, al omitir expedirse y así esclarecer si resultaba obligatoria o no la matriculación del actor en el Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires, olvidó o aplicó incorrectamente la normativa provincial vigente (leyes 10.411 y 12.490).
Explica que no es algo controvertido que el actor obtuvo su título profesional en la Escuela Nacional de Educación Técnica de Haedo, por lo que se encuentra alcanzado por la ley 10.411 de ejercicio profesional de técnicos que, en tales casos, dispone que la matriculación ante el Colegio de Técnicos provincial resulta obligatoria. Por lo tanto, afirma que el a quo yerra al concluir que el demandante no debe pagar el visado colegial cuestionado por el simple hecho de no estar matriculado en la referida entidad provincial o haber pedido un descenso de categoría como gasista ante el ENARGAS.
Transcribe las disposiciones sobre el ejercicio de la profesión de técnico de la ley 10.411 (arts. 1, 2 y 3) que considera vulneradas por el pronunciamiento y cita la causa B. 61.742, "Colegio de Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales de la Provincia de Buenos Aires", sentencia de 18-VI-2008, donde se alude a la colegiación obligatoria.
III.2. En paralelo, se agravia de la interpretación errónea del art. 31 de la ley previsional 12.490, en cuanto dispone sobre el control de la documentación vinculada al ejercicio de las profesiones matriculadas en los entes de la colegiación que atañe a todo organismo público, mixto, privado y empresas en general.
Al respecto, considera que tal dispositivo normativo constituye el fundamento legal para el requerimiento del visado colegial reglamentado por la resolución 805/12, ya que en su carácter de licenciataria Gas Natural Ban se encontraba comprendida por la mentada legislación.
Señala que el art. 32 de la misma ley contempla la responsabilidad por evasión o elusión y que, a fin de evitar tener que responder solidariamente por el señor Dell, la empresa lo intimó a cumplir con las obligaciones legales que invariablemente tenía frente a la colegiatura provincial.
III.3. Tilda de arbitraria la decisión impugnada en tanto ignoró que la condición de técnico mecánico es independiente a la categoría en la que el actor pudiera hallarse inscripto conforme las normas NAG 200.
En ese sentido, pone de relieve que el ENARGAS, al aceptar la recategorización del demandante permitiéndole el cambio de primera a segunda categoría, aclaró que lo hacía sin perjuicio de las obligaciones que, por su condición de técnico mecánico, le impusieren las normas sobre colegiación y/o previsionales (conf. resolución M.J. I/648, ENARGAS).
IV. El recurso prospera.
IV.1. No se discute que el señor Oscar Alfredo Dell, quien se desempeñó como instalador de gas matriculado de primera categoría (conf. pto. 8.2.1, NAG 200) hasta que se le otorgó la recategorización por él solicitada -matrícula de segunda categoría-, obtuvo su título de técnico mecánico en la Escuela Nacional de Educación de Haedo; que presentó éste a fin de acreditar su idoneidad ante la Distribuidora, ejerciendo su profesión en el ámbito provincial.
Ahora bien, de conformidad con el art. 42 de la Constitución de la Provincia, la regulación de todo lo concerniente al ejercicio de las profesiones liberales es facultad de la Legislatura, sin otra limitación que la que se deriva del art. 28 de la Constitución nacional (doctr. causa I. 73.005, "Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 26-V-2021 y sus citas).
Bajo esa premisa, los enunciados normativos relevantes de la ley 10.411 (B.O. de 10-VII-1986) vinculados a los requisitos del ejercicio profesional de los técnicos en la Provincia de Buenos Aires, cuya violación aquí se alega, preceptúan en lo medular que:
(i) El ejercicio de la profesión de técnico en sus diversas especialidades en el territorio de la Provincia de Buenos Aires, queda sujeto a las disposiciones de esa ley y a las reglamentaciones que en su consecuencia se dicten (art. 1);
(ii) Las especialidades incluidas requieren, para su ejecución, diploma de Maestro Mayor de Obras, Constructor y demás especialidades técnicas afines a la Ingeniería expedido por institutos o escuelas de enseñanza técnica autorizadas (art. 2 inc. 1);
(iii) Es obligatoria la inscripción en la matrícula del Colegio y el pago de las cuotas (art. 2 inc. 4); y
(iv) Se considera ejercicio profesional a toda actividad técnica, pública o privada que importe, conforme a las incumbencias pertinentes, atribuciones para desempeñar las siguientes tareas (art. 3): el ofrecimiento, la contratación y la prestación de servicios que impliquen o requieran los conocimientos de los técnicos incluidos en la presente ley (art. 3 inc. 1); además de la presentación ante las autoridades o reparticiones de cualquier documento, proyecto, plano, estudio o informe pericial sobre asuntos que les sean requeridos (art. 3 inc. 3).
IV.2. En el sub lite la Cámara admitió que, en un primer momento, el señor Dell estuvo obligado a cumplir con lo que Gas Natural Ban le requería. Esto mismo, en la inteligencia de que se trataba de un gasista de la primera categoría (que para serlo debía contar con título técnico o universitario especial, conforme el NAG 200, siendo aquel técnico mecánico) y que, además, estaba matriculado ante el Colegio de Técnicos.
Mas luego, consideró que, a partir del descenso voluntario de categoría (pasando a ocupar una que no requería contar con título habilitante, sino que la podía ejercer cualquier persona evaluada y autorizada por la distribuidora de gas), sumado a la constancia de que no estaba afiliado a dicha corporación profesional, se había producido la sustracción del señor Dell del ámbito de control de dicha entidad intermedia.
Adelanto que esta lectura ha confundido indebidamente regímenes normativos de distinto orden y prescindido de las obligaciones legales -cuya constitucionalidad no se controvierte- que le venían impuestas tanto al señor Dell como a Gas Natural Ban, frente a las leyes que en la Provincia gobiernan el ejercicio profesional de los técnicos.
IV.3. En atención a las constancias administrativas glosadas a la causa (v. expte. adm. 23.805/14), una lectura de la resolución I/648 emitida por el ENARGAS (la cual concedió la recategorización como instalador matriculado de segunda categoría solicitada por el señor Dell) permite aseverar que la actividad profesional del demandante como técnico mecánico dedicado a las instalaciones de gas transita por un doble régimen jurídico conformado, de un lado, por la legislación provincial para el ejercicio profesional de técnicos y su sistema previsional (leyes 10.411 y 12.490) y, de otro, por la reglamentación nacional NAG 200 (Disposiciones y Normas mínimas para la ejecución de instalaciones domiciliarias de Gas) emanada del ente regulador nacional.
Fue precisamente en esa inteligencia que el ENARGAS hizo lugar a la solicitud efectuada por el instalador y, consecuentemente: (i) Instruyó a Gas Natural Ban a que lo recategorice como gasista matriculado de segunda categoría; (ii) Lo habilitó únicamente a desarrollar los trabajos que correspondan a los instaladores de segunda y tercera categoría; y (iii) En lo que es más relevante, declaró que esa recategorización no implicaba eximirlo de tener que cumplir con las obligaciones pasadas, presentes o futuras que, por su condición de técnico mecánico, le impusieren las normas sobre colegiación y/o previsionales (v. fs. 26, expte. adm. 23.805).
Es decir, autorizó la recategorización a pesar de no estar previsto semejante trámite en el NAG 200, dado que su título y la categoría que ocupaba por aquel entonces a fortiori le permitían realizar trabajos de menor envergadura (conf. ptos. 8.3.1 y 8.4.1, NAG 200). Al mismo tiempo que dejó suficientemente en claro que su decisión no tenía injerencia alguna en el campo de las obligaciones colegiales o previsionales a nivel de las jurisdicciones locales, absteniéndose rotundamente a dirimir lo que el actor denunció como un aparente conflicto normativo insalvable (v. resol. M.J. I/712, ENARGAS).
Prueba de lo antedicho es posiblemente la propia reglamentación NAG 200, cuando al referirse a la "renovación de matrícula" ante la compañía distribuidora, sin distinción de categorías, establece que "Todos los instaladores al renovar su matrícula deberán tener actualizado, de corresponder, el pago de la matrícula del Consejo Profesional respectivo" (conf. pto. 8.5.1, NAG 200).
Y como se introdujo, para el control de la profesión implicada en la especie la Legislatura bonaerense -en cumplimiento del art. 42 de la carta local- creó el Colegio de Técnicos por ley 10.411 con carácter de ente público no estatal, encomendándole el gobierno de la matrícula (arts. 25 y 26 inc. 1), el contralor de la actividad profesional (art. 26 inc. 2), la fiscalización y promoción del correcto ejercicio de la profesión (arts. 15 y 44 inc. 3), el dictado de sus propias reglamentaciones (art. 26 inc. 5), la misión de hacer cumplir esa ley y toda norma reglamentaria que en su consecuencia se dicte (art. 44 inc. 4), además de otras tantas competencias allí consagradas.
En ese marco, independientemente de si en los hechos el señor Dell estaba o no inscripto ante el Colegio de Técnicos, la obligatoriedad en la colegiación era algo que le venía legalmente impuesto (arts. 1, 2 inc. 4, 3 y concs., ley 10.411; conf. doctr. causa B. 61.742, "Colegio de Asistentes Sociales y/o Trabajadores Sociales de la provincia de Buenos Aires", sent. de 18-VI-2008). Lo anterior pues, como expresó el propio legislador al sancionar dicha ley, ella "...deriva en la necesidad de asegurar al comitente las calidades y condiciones profesionales mínimas requeridas para la obra intelectual a cumplimentar que originó la contratación", de modo tal que "...el colegio o consejo avala a través de la matriculación que el profesional posee, al menos la mínima idoneidad como para asumir la responsabilidad de la obra que al comitente promete, originándose en caso de ocasionar perjuicios las respectivas responsabilidades tanto hacia el comitente, como respecto de terceros" (v. fundamentos de la ley 10.411).
Así las cosas, aquello mismo se proyectaba correlativamente hacia Gas Natural Ban quien, en su condición de licenciataria del servicio público de distribución de gas natural, debía actuar como agente del ente profesional en lo que respecta a la observancia de sus disposiciones y el ingreso de determinados aportes para su sostén (art. 31, ley 12.490).
Ello así en la medida en que fue el propio actor quien, a fin de inscribirse ante la Distribuidora y de este modo poder realizar sus actividades, ha acreditado su idoneidad -al margen de las categorías en particular- a través de la presentación de su título profesional, circunstancia que trajo aparejada necesariamente las obligaciones que el régimen legal aplicable le imp
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