Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76170
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.170, "Sociedad de Fomento 'Rincón del Cielo' contra Municipalidad de Junín. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Genoud, Kogan, Maidana.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás resolvió, por mayoría, hacer lugar a los recursos de apelación interpuestos por la parte demandada y el tercero adquirente, revocar la sentencia de primera instancia y rechazar la pretensión anulatoria deducida, imponiendo las costas de ambas instancias en el orden causado (v. fs. 703/720).
Disconforme con dicho pronunciamiento la parte actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 779/802 y vta.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. fs. 810/811).
Agregado el dictamen del señor Procurador General (v. fs. 828/844), dictada la providencia de autos para resolver, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la parte actora?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El juez de grado hizo lugar a la pretensión anulatoria entablada por la Sociedad de Fomento "Rincón del Cielo" y declaró la nulidad de la enajenación de los inmuebles del dominio de la Municipalidad de Junín ubicados en calle Onas y Tehuelches, Barrio Rincón del Cielo de Junín, Nomenclatura Catastral Circunscripción IV, Sección B, Fracción 4, Parcelas 1 y 2, Partidas 35.406 y 35.407, dispuesta por la ordenanza 6.446/13 del Concejo Deliberante de Junín, así como de los actos dictados como consecuencia de aquella, verbigracia: decreto 3.635/13 y licitación pública 8/14, emanados del departamento ejecutivo del municipio accionado. Y también hizo extensivos los efectos de la nulidad al tercero coadyuvante e impuso las costas por su orden.
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás, por mayoría, revocó el pronunciamiento impugnado y rechazó la pretensión anulatoria interpuesta.
Para así decidir estimó que más allá de la discusión respecto de la calidad dominial de las parcelas en cuestión -esto es, si son de dominio público o privado-, no está en debate que al realizarse el fraccionamiento original se les asignó el carácter de reserva fiscal.
Señaló que, en el caso concreto, el municipio realizó una licitación pública (n° 8/14) con el fin de vender en bloque dos inmuebles ubicados en las calles Onas y Tehuelches "Barrio Rincón del Cielo" de Junín ejecutando una decisión adoptada por el Concejo Deliberante a través de ordenanza 6.446 de 5 de diciembre de 2013, promulgada por decreto del Departamento Ejecutivo n° 3.635 de 9 de diciembre de 2013. Dicho proceso licitatorio tuvo como resultado la adjudicación de los inmuebles por decreto 2.181 de 15 de julio de 2014 y luego boleto de compraventa del 22 de julio de 2014 entre la Municipalidad y Ángel Luis Milone.
Puntualizó que debido al hecho de que los terrenos son reservas fiscales cedidas al Estado como consecuencia de un fraccionamiento, de acuerdo a lo establecido por los arts. 55 del decreto ley 6.769/58 y 7 del decreto ley 9.533/80, para ser enajenados, en primer lugar, debe justificarse la imposibilidad o inconveniencia de asignarles el destino previsto u otro compatible y, en segundo lugar, establecer el destino de los fondos que se obtengan, previendo la norma que, prioritariamente, deberá asignarse a la adquisición de fracciones destinadas a obras o servicios de equipamiento comunitario o para espacios libres o verdes públicos. Sostuvo que tales exigencias deben estar reflejadas en la motivación o fundamentación del acto que dispone transferir los inmuebles, en el caso, el Concejo Deliberante al cumplir con la exigencia prevista en el art. 55 de la Ley Orgánica Municipal.
Consideró que, en el supuesto de autos, las reservas fiscales no tenían un destino asignado; aún más, entendió que tampoco era posible definir un destino actual de uso público de acuerdo con las posiciones expuestas por las partes en la causa.
Ponderó que el municipio claramente no cumplió con lo legalmente exigido, empero, que esto no era una exigencia insalvable, ya que está en manos de la comuna subsanar la disposición del bien cumpliendo con las exigencias de fundamentación requeridas por la norma, ello a través del mismo mecanismo institucional utilizado para disponer su venta (v. fs. 715 vta.).
Agregó que la realidad no se corresponde con el diseño formal normativo (zona rural intensiva) ni se cuenta con una afectación concreta que permita definir el destino de las parcelas vendidas, que -por otra parte- tuvieron su origen en un parcelamiento realizado hace más de cincuenta años, esto es, con anterioridad a la normativa rectora en materia dominical, urbanística, ordenamiento territorial y uso de suelos provinciales y el ordenamiento urbano municipal.
Por último, la Cámara entendió que tampoco los actores habían logrado demostrar el perjuicio concreto, actual o potencial que, como vecinos, supondría la desafectación de la reserva fiscal.
III. Contra dicho pronunciamiento la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
La impugnante alega que la sentencia de la Cámara es violatoria de los arts. 60 y concordantes del decreto ley 8.912/77; 1, 3, 7 y concordantes del decreto ley 9.533/80; 1.044, 1.047 y concordantes del Código Civil; 13 del Código Contencioso Administrativo; 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires y 2, 4, 6 y concordantes de la ley 25.675.
Plantea absurdo y arbitrariedad del fallo por advertir un desvío notorio de la aplicación del raciocinio a los fines de arribar a sus conclusiones.
Sostiene que el tribunal no aplica correctamente el derecho que el conflicto en debate requería. Entiende que la sentencia en crisis queda descalificada como acto razonado.
Agrega que tal descalificación se desprende de la existencia de vicios de razonamiento, tanto en los mecanismos lógicos de evaluación del derecho, doctrina y jurisprudencia aplicable, como así también de los hechos, tomados estos como base de subsunción de las normas jurídicas en juego.
Puntualmente arguye que el voto de la mayoría parte de la premisa de que los lotes objeto de los actos administrativos constituyen una reserva fiscal y, a partir de allí, sienta erróneamente que por ello no se encuentra sometida al régimen de dominio público.
Alega que la Cámara continúa su desarrollo argumental sosteniendo que las exigencias del art. 7 del decreto ley 9.533/80 deben estar reflejadas en la motivación o fundamentación del acto que dispone transferir los inmuebles y concluye que si bien el municipio no cumplió con esta exigencia, dicha omisión no es insalvable ya que la comuna puede subsanar la disposición del bien.
Estima que es absurdo el razonamiento expuesto por el tribunal en cuanto a que los lotes -en su calidad de reserva fiscal- no tengan un uso originariamente definido, en tanto si se los califica de reserva fiscal, conforme al art. 2 del decreto ley 9.533/80, necesariamente desde el origen están destinados al uso público; y dado su estado, que en el caso perduró más de cincuenta años, sería indudable que tenían destino de espacio verde o espacio libre público.
Alega también que no se advierte la relevancia de que la reserva fiscal se encuentre en una zona que no le corresponde (Rural Intensiva); contrariamente, si como se expresa, la que le correspondería es la Residencial Extraurbano 1, con mayor razón sería necesario preservarla.
Reitera que las parcelas sub litem tienen destino de espacio verde de uso comunitario y como tales se trata de bienes de dominio público. Y el incumplimiento de la normativa vigente respecto a su desafectación constituye un supuesto de nulidad absoluta.
Pone de resalto que el vicio lógico que exhibe la sentencia impugnada es manifiesto.
Sostiene que resulta erróneo aplicar al derecho administrativo las categorías nulidad absoluta y nulidad relativa del derecho civil.
Explicita que, si en el sentir de los magistrados el acto padece de nulidad relativa, subsanable, mediante una nueva ordenanza, se viola el principio lógico de no contradicción cuando después en la conclusión se propicia la desestimación de la pretensión anulatoria, lo cual supone que el acto atacado es válido.
Afirma que quedó sentado en la sentencia que el acto carece de la motivación exigida y que el vicio, si bien convalidable, no ha sido subsanado, por lo que vulneraría el art. 108 de la ordenanza general 267/80, y la doctrina del Superior Tribunal por consagrar una conclusión contraria.
Señala que resulta inexacta la afirmación en cuanto a que no se ha demostrado el perjuicio actual o potencial derivado de la enajenación de los inmuebles, en tanto se trata de la enajenación de "espacios libres públicos" (art. 7, segundo párrafo, dec. ley 9.533/80), que por ser tales, se relacionan directamente con el derecho al "ambiente sano" como derecho individual de incidencia colectiva, reconocido expresamente por el art. 9 de la norma citada, al referirse a los intereses de la comunidad.
Agrega que la necesidad de preservación de los espacios verdes surge explícita de la normativa de la Ley General del Ambiente (ley 25.675) y es un imperativo a favor de las generaciones actuales y futuras; esta es la motivación -refiere- de la Sociedad de Fomento para impulsar la acción y también la demostración cabal del daño potencial que genera la enajenación por la Municipalidad de Junín de las parcelas que forman la "reserva fiscal".
Invoca, por último, que la sentencia vulnera la doctrina legal que emana de la jurisprudencia expuesta en el recurso extraordinario y el pensamiento doctrinario que refieren los juristas sobre lo que es materia de impugnación en autos.
Formula reserva del derecho a interponer recurso extraordinario federal (art. 14, ley 48).
IV. El recurso prospera.
IV.1. El tribunal a quo considera que más allá de la discusión respecto de la calidad dominical de las parcelas en cuestión -esto es, si son de dominio público o privado- no se encuentra en debate que, al realizarse el fraccionamiento original, se les asignó el carácter de "reserva fiscal".
Con transcripción del art. 7 del decreto ley 9.533/80, "Régimen de los inmuebles del dominio municipal y provincial", los magistrados que conforman la mayoría, afirman que la reserva fiscal -conceptualmente- no se encuentra sometida al régimen jurídico de dominio público, ello debido a que su uso es potencial y por ende no existe "afectación" o incorporación efectiva del bien al uso público, requisito fundamental para considerarlo tal.
Sin perjuicio de ello y luego de analizar los requisitos que establece el art. 7 para la venta de las reservas fiscales, consideran que la fundamentación exigida por la primera parte de dicha norma resulta inaplicable al caso atento a que la reserva fiscal objeto de autos no tuvo un uso originariamente definido y que el destino de los fondos puede ser subsanado con posterioridad, a través del mismo mecanismo que se dispone para la venta.
Considero que asiste razón al recurrente cuando afirma que el razonamiento de la Cámara se aparta de la correcta interpretación de las normas que rigen el caso. Veamos.
Del juego armónico de los arts. 2 y 7 del decreto ley 9.533/80 se desprende con claridad que las reservas fiscales de uso público solo podrán ser enajenadas en caso de justificarse la imposibilidad o inconveniencia de asignarles el destino previsto y otro compatible, y que en el supuesto de disponerse su venta, los fondos que se obtengan deberán aplicarse prioritariamente a la adquisición de fracciones destinadas a obras o servicios de equipamiento comunitario o para espacios libres o verdes públicos.
El art. 2 de la norma citada, textualmente expresa que:
" Constituyen bienes del dominio municipal las reservas fiscales de uso público que se hubieren cedido a la Provincia en cumplimiento de normas sobre fraccionamiento y creación de pueblos como también las que se constituyan para equipamiento comunitario de acuerdo a la Ley 8912."
Y en efecto el art. 7 dispone que: "Las Municipalidades deberán disponer la venta de todos aquellos inmuebles de su dominio privado que no fueren necesarios para el cumplimiento de fines estatales.
Las reservas fiscales cedidas al Estado en cumplimiento de normas sobre fraccionamiento sólo podrán ser enajenadas en caso de justificarse la imposibilidad o inconveniencia de asignarles el destino previsto u otro compatible. En el supuesto de disponerse su venta, los fondos que se obtengan deberán aplicarse prioritariamente a la adquisición de fracciones destinadas a obras o servicios de equipamiento comunitario o para espacios libres o verdes públicos".
Por lo tanto, en el supuesto de las reservas fiscales la comuna solo puede realizar la venta de los lotes siempre y cuando hubiese justificado la imposibilidad o inconveniencia de otorgarle al bien el fin público previsto. Por otra parte, la norma exige que los fondos obtenidos de la venta deban aplicarse prioritariamente a la adquisición de fracciones destinadas a obras o servicios de equipamiento comunitario o para espacios libres o verdes públicos.
El incumplimiento de estos recaudos legales es el objeto principal del pleito. No obstante, la Cámara, luego de tener por acreditada dicha falencia -al señalar que el municipio no cumplió con las exigencias legales-, redireccionó su razonamiento, concluyendo que, en este caso, dicha carencia resultaba subsanable por el propio municipio, a través del mismo mecanismo utilizado para la venta. En refuerzo de esta argumentación señaló que, en el caso, la actora no logró demostrar el perjuicio concreto que le provocaría la venta de la reserva fiscal.
Es sobre esta fundamentación por la cual resuelve revocar el pronunciamiento de primera instancia y desestimar la demanda.
A su turno, la recurrente señala como una contradicción en el razonamiento de la Cámara el hecho de que, advertido el vicio en la motivación de los actos, por no cumplir con la normativa específica, concluyó en que aquel era subsanable, rechazando la demanda.
Considero que asiste razón al recurrente: en el caso, el vicio atribuido a los actos impugnados no es subsanable y en consecuencia estos son nulos.
Ello pues, en primer lugar, estamos ante un acto administrativo complejo, reglado en forma específica.
La omisión señalada por la recurrente y advertida por el tribunal -reitero- no es subsanable, pues la norma que regula el supuesto bajo análisis exige el cumplimiento de determinados requisitos que no fueron satisfechos por la comuna; por lo tanto, opera sistemáticamente la nulidad, en tanto se ha vulnerado la legalidad y lo dispuesto en el art. 108 de la ordenanza general 267, máxime teniendo en cuenta -tal como invoca la actora- que la motivación insuficiente acarrea la afectación de derechos de incidencia colectiva.
En concreto, la ordenanza 6.446 es nula por omitir un requisito específico que, como señalé, consiste en la justificación de que a dichos lotes no era posible o conveniente otorgarles el fin público previsto, exigido expresamente por el segundo párrafo del art. 7 del decreto 9.533/80. El principio de legalidad ha sido vulnerado.
Cabe señalar que la nulidad no reside solo en el vicio de sus elementos sino también en la magnitud del defecto en función del agravio que ocasione al orden jurídico. Que, en este caso, se advierte con la detracción sin más de un espacio público sin justificación alguna revelada.
Cuando el acto es infundado, malinterpreta, desvirtúa u omite los motivos determinantes comprobados o aducidos, procede, entonces, el control anulatorio de la actuación administrativa enjuiciada (conf. causa B. 66.421, "R ., A . M .", sent. de 22-V-2013; e.o.).
Este Tribunal tiene dicho que la deficiencia en la motivación torna irrazonable al acto administrativo y, por tanto, tal vicio conlleva su nulidad (arts. 103, 108 y concs. dec. ley 7.647/70; causas B. 55.490, "Arrambide", sent. de 21-VI-2000; B. 55.957, "Menéndez", sent. de 12-IX-2001; B. 62.308, "Clemeno", sent. de 3-XII-2003; B. 63.367, "Cavaliere", sent. de 14-VII-2010; e.o.).
Entonces, considero que, dadas las particularidades del caso, el acto es invalido pues el defecto legal observado es ostensible y asiste- por tanto- razón a la impugnante en esta parcela.
IV.2. También estimo que es de recibo el absurdo denunciado por la actora con relación a la valoración de la prueba y la calificación jurídica de los bienes objeto de tutela ambiental.
Los vicios en que se ha incurrido al emitir la ordenanza 6.446 y los actos dictados en consecuencia no son pasibles de subsanación, en tanto además de haberse incumplido la ley aplicable, de las constancias agregadas en autos (v. oficio de la Dirección Provincial de Ordenamiento Urbano y Territorial, que adjunta el plano respectivo; fs. 465/474) surge que los bienes inmuebles en cuestión constituyen reserva fiscal y también que se trata de espacios libres o verdes comprometidos al uso público.
A ese respecto, el Tribunal de Alzada puntualizó que la realidad no se corresponde con el diseño formal normativo (zona rural intensiva), remarcando que los inmuebles se encuentran en una zona que -de acuerdo con la norma comunal de ordenamiento urbanístico- no respondería a ese fin (v. fs. 716).
Tales afirmaciones no restan fuerza a la conclusión expuesta en el punto anterior, por cuanto la reserva fiscal merece la misma consideración legal, así se encuentre en una zona rural intensiva o residencial extraurbano 1 (pericia en ingeniería, v. fs. 487 vta.; punto 7.2. de la ordenanza 4.516/03).
En orden a lo dicho considero que la sentencia debe ser revocada.
IV.3. Sentado lo que antecede, estimo necesario abordar un agravio de peso reiterado por el recurrente vinculado a la preservación de espacios verdes, que en mi opinión, no fue debidamente atendido por la Cámara, la cual descartó su tratamiento en la errónea consideración de que no se habría acreditado daño alguno con la venta de los lotes.
Adelanto que la decisión adoptada en esta parcela debe ser también descalificada puesto que revela un apartamiento o desconocimiento del régimen ambiental vigente, que como mencioné gravita en el tratamiento de las actuaciones.
La actora argumenta que las consecuencias del acto de detraer del dominio estatal, sin justificar razonablemente, acarrea la pérdida de espacios verdes, infringiendo el principio de prevención ambiental dispuesto en la Ley General de Ambiente -ley 25.675-, la cual irradia en toda la normativa ambiental que rige en los distintos estamentos del Estado; y lo dispuesto en el art. 28 de la Constitución provincial.
Sentado lo que antecede, y tal como señalé en mi voto en la causa A. 75.978, "Fraga", sentencia de 23-XII-2020, estimo que en esta materia el orden de prelación de las acciones es de orden público, de modo que no puede soslayarse por parte de la judicatura su preeminencia y su transversalidad. Ello, pues el bien que se tutela es colectivo, no individual. En ese entendimiento, el Tribunal no puede apartarse de la aplicación de los principios y normas ambientales, sin reparar en la obligación de asumir un rol activo, que le fue conferido -entre otros- por el art. 32 de la ley 25.675. Se exige mayor atención en este supuesto entonces si, además, las cuestiones ambientales fueron expuestas por las partes intervinientes en el proceso.
A la luz de lo expuesto, considero que la decisión de la Cámara revela un riguroso tecnicismo que no puede pri
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