Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 122160
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 122.160, "Reggiani, Rubén Daniel contra La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro. Cobro de seguro", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca hizo lugar parcialmente a la demanda, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 9-VI-2022).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 28-VI-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa destacar por ser materia de agravio, el tribunal de trabajo interviniente admitió parcialmente la demanda promovida por Rubén Daniel Reggiani y condenó a La Estrella S.A. Compañía de Seguros de Retiro a abonar la suma que especificó en concepto de diferencias correspondiente al rescate de la póliza de seguro de retiro colectivo, con más intereses. Por otro lado, rechazó el reclamo en concepto de reparación por lucro cesante.
Para así decidir, en primer lugar, rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 4, 9 y 10 de la disposición DNRT 4.701/91 (modif. 5.883/91) respecto al modo de cálculo del rescate y la retención del 50% de los aportes realizados, en tanto no encontró evidenciada violación al derecho de propiedad ni a la tutela preferente del trabajador (v. sent., págs. 9/10).
Sin embargo, entendió que el referido sistema de rescate contiene una fórmula desnaturalizada en su utilidad y, además, afectaba el esfuerzo económico realizado por el empleador.
Sentado ello, a raíz de los procesos inflacionarios y el deterioro de los salarios, consideró justo y equitativo componer los valores, ya que -expresó- lo contrario implicaría vaciar el derecho en expectativa del beneficiario.
Merced a tales directrices, con apoyo de lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020), con el solo fin de llevar a valores acordes los aportes a la fecha del rescate, y teniendo en cuenta -a su vez- que al accionante ya se le había abonado "sobre el 50% que integraba la cuenta individual", ordenó cuantificar un nuevo capital tomando como base de cálculo el 50% del aporte del 3,5% del último salario devengado, con más una alícuota del 213,99%, propuesta por el reclamante y elaborada por la Superintendencia de Seguros de La Nación (v. sent., págs. 10/11).
Luego, en tanto el legitimado activo no había sido privado del sistema de aportes ni tampoco se había cometido ningún ilícito que ameritara su reparación, desestimó el reclamo por lucro cesante (conf. art. 726, Cód. Civ. y Com; v. sent., últ. pág. cit.).
En virtud de todo ello, concluyó que, por razones de equidad, devenía necesario hacer lugar al pago de la diferencia desde la fecha en que se abonó el rescate por un total de ciento veintinueve mil ochocientos noventa y tres pesos con setenta y cuatro centavos ($129.893,74), suma a la que aplicó intereses a la tasa del sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., págs. 12/13).
II. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 14, 14 bis, 17 y 28 de la Constitución nacional; 10 y 31 de la Constitución provincial; 3 del Código Civil y Comercial de la Nación; 4, 9 y 10 de la disposición DNRT 4.701/91 (y su modificación por disposición 5.883/91); y doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 28-VI-2022).
Los argumentos sobre los que se apoya la impugnación pueden agruparse del siguiente modo.
II.1. Liminarmente, objeta la aplicación al caso de la disposición DNRT 4.701/91 -en especial sus arts. 4, 9 y 10- porque afirma que es confiscatoria.
Respecto del referido art. 4, señala que aun cuando el aporte del 3,5% es realizado por el empleador, ha sido pergeñado para beneficiar al trabajador, y -por lo tanto- es de propiedad de este último, independientemente de cómo y quién lo ingrese.
Critica el argumento dado por el tribunal en lo referido a que el 50% de lo aportado sería una especie de fondo solidario, ya que -destaca- ni el actor asertivamente, ni el resto de los beneficiarios presuntivamente, firmaron para que se disponga de ese porcentaje, por lo que -aduce- les pertenece, careciendo así de facultades la compañía de seguros para apropiarse de ese importe. Más aún -resalta- cuando los motivos que inspiraron la norma atacada fueron mejorar la vida pasiva del trabajador, y no el patrimonio de la administradora del seguro.
Remarca que esta Corte, al momento de resolver el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley -ante la incompetencia declarada de oficio por el órgano de grado-, dejó sentado que el planteo versaba sobre la constitucionalidad de la norma atacada, habilitando así su eventual declaración de inconstitucionalidad.
II.2. Se agravia del rechazo del reclamo por el cobro del lucro cesante.
Considera que el sentenciante se equivoca cuando manifiesta que el actor nunca pudo disponer de dicho capital, es decir, que nunca fue de su propiedad.
Sostiene que el tribunal se contradice entre los fundamentos que utilizó para rechazar dicho rubro y los mencionados para admitir el pago de la diferencia desde la fecha en que se verificó el cumplimiento del rescate.
Señala que los propios términos de la sentencia dan lugar al reclamo de lucro cesante atento el trascurso del tiempo y la imposibilidad de disponer del capital con su consecuente desvalorización, por lo que -indica- no tomar el reclamo como deuda de valor implica pulverizar la utilidad que debió tener el crédito.
Sobre este punto, recuerda lo resuelto por esta Corte en la ya mencionada causa L. 119.914, "A., D. A.", cuyos argumentos -destaca- son válidos para este caso, ya que ponen el acento en la cuantificación a valor real en el momento de dictar sentencia.
II.3. Denuncia que el órgano de grado incurrió en absurdo al practicar la liquidación.
Afirma que los magistrados no explicaron cómo calcularon la misma, lo que la torna arbitraria, violentando el art. 3 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Alega que, a pesar de resaltar que los aportes fueron realizados durante un plazo continuo de veinticuatro años, al momento de liquidar y actualizar dichos montos se cometió un error material, al multiplicar el último aporte por veinticuatro y no -como debió haberse hecho- por la cantidad de meses que transcurrieron en ese período (es decir, 288).
Advierte que ese error implica una disminución sustancial en la liquidación practicada.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. En cuanto al primer agravio, cabe señalar que la crítica que trae el interesado no alcanza a satisfacer los recaudos mínimos e insoslayables previstos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no cumple con la carga de rebatir frontal y eficazmente los fundamentos que llevaron al tribunal de grado a rechazar la descalificación constitucional de los arts. 4, 9 y 10 de la disposición DNRT 4.701/91.
Inicialmente, remarco que, con base en diversos elementos obrantes en autos, el órgano de grado tuvo por acreditado que: a) el actor trabajó por veinticuatro años bajo las órdenes de Cooperativa Obrera Limitada de Consumo y Vivienda en el marco del convenio 130/75, y que dejó de prestar servicios el 30 de junio de 2016, solicitando el rescate total de la póliza n° 134 de la cual es beneficiario en ejercicio de la facultad conferida por el art. 9 de la disposición DNRT 4.701/91; b) la última contribución patronal con destino al Seguro de Retiro "La Estrella" correspondiente al mes de junio de 2016, ascendió a suma de mil ciento cuarenta y tres pesos con noventa y siete centavos ($1.143,97) y quinientos ochenta y cinco pesos con dieciocho centavos ($585,18) sobre la base del primer sueldo anual complementario de 2016; c) el 12 de agosto de 2016, por intermedio del Banco Credicoop, la aseguradora depositó la suma de cuarenta y cuatro mil ciento noventa y seis pesos con ochenta y cinco centavos ($44.196,85), que correspondía veintiocho mil ciento ochenta y dos pesos con setenta y cuatro centavos ($28.182,74) a primas, veintidós mil once pesos con noventa centavos ($22.011,90) a intereses, ciento veintidós pesos con cuarenta y ocho centavos ($122,48) a fondo de excedentes y mil quinientos pesos con cuarenta y tres centavos ($1.500,43) al último mes de relación laboral (v. vered., págs. 1/4).
Luego, en cuanto al planteo sobre la detracción del 50%, definió que no se trataba de un descuento propiamente dicho en ocasión del rescate peticionado, sino que, conforme lo previsto en el art. 4 mencionado, la cuenta individual a nombre del empleado se constituyó desde el inicio a partir del 50% del aporte (3,5% del salario liquidado), neto de los conceptos enumerados en el art. 7, la cual -luego- se incrementa con los rendimientos que correspondiere en virtud de lo dispuesto en el art 10, teniendo cada afiliado vigente un certificado individual (v. vered., pág. 5).
En la etapa de sentencia, el tribunal de origen definió que la finalidad del régimen previsto en la disposición DNRT 4.701/91 (y modif.) fue la implementación de una jubilación privada que incremente los magros ingresos del sistema previsional, la cual, a partir de la homologación del Ministerio de Trabajo de la Nación, formaba parte del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 (v. sent., pág. 8).
Continuó expresando que también resultaba clara la naturaleza de beneficiario del actor, inmerso por su actividad dentro del ámbito de aplicación personal del citado convenio colectivo, encontrándose sujeto a las cláusulas y elección de la entidad administradora que, en su representación, había ejercido el ente colectivo, agregando que, conforme el art. 3 de dicha disposición, las sumas que integran el mentado fondo son aportes exclusivos del empleador (v. sent., págs. 8/9).
Respecto de esto último, sostuvo que, a pesar de la existencia de una cuenta individual a su favor, no es el trabajador quién habría podido disponer del mismo en el sistema financiero, pues los fondos fueron aportados total y exclusivamente por el empleador con destino diferente, resaltando que el sistema vinculado con los beneficios previsionales ameritan tener presente los principios de solidaridad y la sustentabilidad de los fondos, condiciones motivadoras del órgano colectivo (v. sent., pág. 9).
Puesto a analizar el agravio constitucional, señaló, con apoyo en jurisprudencia de la Corte Suprema nacional y de este Tribunal, que en principio la declaración de inconstitucionalidad de una disposición emanada de una ley, decreto o norma de rango inferior, constituye un acto de suma gravedad institucional que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico, por lo que, para que proceda se requiere el reconocimiento de algún derecho concreto a cuya efectividad obsten las normas cuya validez se impugna (v. sent., págs. 9/10).
En tal sentido, prosiguió, las leyes son susceptibles de cuestionamiento cuando no se adecuan a los fines cuya realización procuran o cuando consagran una manifiesta inequidad, y el principio de razonabilidad se vulnera en cuanto debe cuidarse especialmente que las normas legales mantengan coherencia con las reglas constitucionales.
En virtud de ello, y de lo señalado en el veredicto, entendió que no existía afectación al derecho de propiedad ni a la tutela preferente del trabajador (arts. 14, 14 bis y 17, Const. nac.), ya que el demandante no había sido aportante; es decir, no dispuso de dinero propio más allá de que resulte beneficiario, pues los aportes fueron impuestos con exclusividad al empleador, y constituida la cuenta individual con el porcentaje que colectivamente se acordó, el sistema previó para el caso de rescate, que la base de cálculo lo sea por la cantidad de años de servicios, pero computando el último aporte devengado (v. sent., pág. 10).
Asimismo, advirtió que tampoco había prueba que demostrara que la aseguradora demandada diera cuenta de ganancias extraordinarias.
III.1.b.i. Los propios términos de la impugnación deducida confrontados con las motivaciones del pronunciamiento en crisis revelan la ineficacia del intento revisor, en tanto la crítica que formula el interesado no se ocupa de rebatir -como es menester- todas y cada una de las razones que condujeron al tribunal de grado a resolver este aspecto de la controversia y denegar la descalificación constitucional solicitada, dejándolas en pie.
De tal modo, queda al desnudo la insuficiencia técnica del embate, habida cuenta de que, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que denota un desencuentro con los argumentos del pronunciamiento apelado, evidenciando un ataque parcial a los fundamentos del fallo y soslayando la referencia a otros que, siendo esenciales por sí mismos, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022; L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023; e.o.).
Por lo demás, esta Corte al dictar la sentencia de fecha 21 de octubre de 2020 en la presente causa, se limitó a resolver sobre la aptitud jurisdiccional del órgano de grado para conocer en autos, mas no se pronunció -como parece predicar el ahora recurrente- en torno a una plausible declaración de invalidez constitucional de las normas cuestionadas.
III.1.b.ii. Definida la ausencia de eficacia del embate para conmover las motivaciones que constituyeron factores esenciales de la decisión de grado, no resulta ocioso recordar que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como última ratio del orden jurídico (causas Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006; L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014 y L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.). De allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto por contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 125.941, "Silva", sent. de 27-X-2022 y L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022).
III.1.b.iii. Así las cosas, la insuficiencia en la fundamentación de esta parcela del medio de impugnación traído sella su suerte adversa, no quedando margen para que en esta Sede casatoria pueda ingresarse en el análisis vinculado con el acierto sustancial de lo decidido por el órgano inferior en grado.
III.2. Tampoco ha de tener éxito el cuestionamiento orientado a rebatir el rechazo del rubro lucro cesante.
III.2.a. En primer lugar, cabe recordar que determinar si en un caso concreto concurren las circunstancias configurativas del lucro cesante, constituye una cuestión de hecho no revisable en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas C. 102.889, "Ciocchini", sent. de 13-VII-2011; C. 117.762, "Giommarini", sent. de 1-VII-2015 y C. 119.453, "Hugo Santiago e Hijos S.A.", sent. de 2-III-2016).
Desde esta perspectiva, la omisa denuncia por parte del interesado de tal vicio invalidante en este tramo de la impugnación, conduce -sin más- a su desestimación, desde que -sabido es- esta Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 125.751, "Bortel", sent. de 15-IX-2022; L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; e.o.).
III.2.b. Sin perjuicio de que lo dicho abastece la respuesta a la réplica traída, me permito señalar -para más- que el cuestionamiento está signado por expresiones genéricas que -como tales- carecen de un adecuado análisis, centrado en las concretas circunstancias valoradas en el caso. En otras palabras, no se observa en este pasaje del recurso, una crítica atenta al examen que desplegó el tribunal de grado en la sentencia objetada.
III.3. En otro orden, también corresponde confirmar la decisión atacada respecto a la liquidación realizada.
III.3.a. Interesa resaltar que, en el caso, el sentenciante, luego de confirmar la validez constitucional de las normas cuestionadas, entendió que el sistema de rescate contenía una fórmula mediante la cual se desnaturalizó su propia utilidad, y -con ello- el esfuerzo económico del empleador.
En tal sentido, luego de definir los términos de deuda dineraria y de valor, expresó que si bien el accionante había optado por el rescate -y por ende no podría valorizarse un complemento previsional a los fines comparativos y valorativos-, aquel no podía carecer de utilidad y vinculación adecuada con los fines para los que fue previsto.
En este marco, y apelando expresamente a "razones de justicia y equidad" estimó razonable admitir una composición de los valores, cuando resultaba innegable que, por causa de los procesos inflacionarios, el deterioro de los salarios a largo plazo, pulverizaron la utilidad que debió tener el esfuerzo económico del empleador.
En ese contexto, con apoyo en lo resuelto por esta Corte en la causa L. 119.914, "A., D. A.", sostuvo que no se trataba solamente de ajustar determinados elementos a una fórmula, sino de justipreciar y tener en cuenta la realidad económica, para lo cual debía propenderse a obtener un resultado que no excediera la expectativa razonable de conservación patrimonial, en virtud del porcentaje que representaron los aportes y el destino a que estaban afectados, de tal modo que reproduzca guarismos proporcionados y congruentes con la naturaleza del crédito.
Con ello, teniendo en cuenta el cumplimiento de la liquidación sobre el 50% que integraba la cuenta individual, propuso cuantificar una composición de la deuda dineraria a cuyos efectos estimó apropiado tomar como base de cálculo "el valor del 50% del aporte calculado sobre la base del último salario devengado, más el interés propuesto por el reclamante del 213,99%" (sent., pág. 11).
Así, al determinar el monto de la aludida "composición de equidad", incluyó ambos datos -último salario, con más el interés acumulado- en una fórmula matemática en la que también se añadió la cantidad de años de aportes del empleador.
III.3.b. Más allá del acierto o error del tribunal de mérito, advierto que el compareciente exterioriza un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento, sin objetar idóneamente las consideraciones brindadas para apuntalar la decisión que pone bajo censura.
En efecto, y más allá de entender en forma muy genérica -aunque sin denunciarlo expresamente de tal modo- que el pronunciamiento sería dogmático, el quejoso sustenta su impugnación en que el sentenciante habría cometido un error material al practicar la liquidación, ya que, en su particular entender, debió hacerlo por doscientos ochenta y ocho (meses) y no por veinticuatro (años), lo cual, como es evidente, solo refleja su opinión contraria con lo resuelto, sin atacar frontalmente aquellas argumentaciones que contiene la sentencia con relación a que "constituída la cuenta individual con e
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.