Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127240
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe declara parcialmente nula de oficio la sentencia de fs. 258/269, con los alcances expuestos. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que debidamente integrado renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.240, "Banegas, Fabián Omar contra Berkley Internacional ART S.A. Diferencia indemnización", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres .
El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial de Junín con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. fs. 255/269).
La parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 271/286 vta.).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular parcialmente de oficio la sentencia de fs. 258/269)?
En su caso:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente, si bien rechazó la acción promovida por el señor Fabián Omar Banegas por la que perseguía el pago de las diferencias de las prestaciones dinerarias de la Ley de Riesgos del Trabajo (con las modificaciones introducidas por el dec. 1.694/09, reajustadas por el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables -RIPTE-previsto en la ley 26.773 y el adicional contemplado en el art. 3 de esa misma ley), hizo lugar a la demanda por la suma que detalló en concepto de intereses (v. fs. 255/269).
Para así decidir, en el veredicto juzgó acreditado que el día 27 de agosto de 2009 el actor sufrió un accidente de trabajo; que a raíz de ello la Comisión Médica n° 14 de Junín dictaminó que era portador de un 90% de incapacidad permanente total y definitiva; y que el 19 de febrero de 2016 percibió por parte de la aseguradora demandada la suma de $177.598,05 en concepto de prestaciones dinerarias previstas en el régimen de riesgos del trabajo.
En la sentencia, con sustento en la doctrina legal de esta Corte forjada en los precedentes L. 118.695 "Staroni", L. 118.532, "Godón" y L. 121.064, "G., J. M", rechazó los planteos de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17, incs. 5 y 6 de la ley 26.773, solicitados por la parte actora, considerando que las normas atacadas fueron dictadas "...con posterioridad a que sucedieran las circunstancias fácticas respectivas".
En ese marco, cuantificó el importe de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 15 apartado 2 y 11, apartado 4, inc. "b" de la ley 24.557, con arreglo a las modificaciones introducidas por el decreto 1.278/00, vigente a la fecha en que ocurriera el infortunio. Luego, y toda vez que el resultado del cálculo efectuado era inferior al importe abonado por la aseguradora por el mismo infortunio y grado de incapacidad, rechazó la pretensión por la que perseguía el pago de las diferencias indemnizatorias reclamadas.
Como se dijo en párrafos anteriores, finalmente hizo lugar a la demanda únicamente en concepto de intereses adeudados entre la fecha del accidente y la fecha de pago aplicados a la "Tasa Bip del Banco de la Provincia de Buenos Aires".
II. Las actuaciones llegan a este Tribunal con motivo del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la actora (v. fs. 271/286 vta.). No obstante, una liminar lectura del pronunciamiento impugnado conduce a responder afirmativamente al primer interrogante planteado en este acuerdo y a anular de oficio con un alcance parcial la sentencia de grado.
Es preciso recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de la Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021; L. 127.061, "Moya", sent. de 21-XII-2022; e. o.).
III.1.a. Estos graves defectos concurren en el caso bajo examen y justifican la solución propuesta.
Surge de la sentencia de grado, que, al dar respuesta al primer interrogante allí planteado, el juez Ortega -quien sufragó inicialmente-, luego de juzgar aplicable al caso la ley 24.557 conforme el decreto 1.278/00, concluyó que no encontraba "...diferencia de prestaciones dinerarias" a favor del actor atento el monto que oportunamente le hubo de abonar la aseguradora demandada. Con ello, entendió que devenía abstracto el tratamiento de la inconstitucionalidad pretendida vinculada con la modalidad de pago en renta periódica prevista en el art. 15 de la Ley de Riesgos del Trabajo y -en lo que ahora interesa- los intereses reclamados, estos últimos, en razón de carecer de objeto principal del cual pudiesen devengarse.
Seguidamente, la magistrada De Tomaso -en lo que luce relevante- principió por destacar que al actor no se le abonó suma alguna en concepto de intereses. Luego, expresó que "...el origen de los acrecidos era compensatorio, no moratorio..." porque claramente "no había mora cuando aún no se había determinado la incapacidad...". En tales condiciones, con explícito fundamento en el art. 767 del Código Civil y Comercial, sostuvo que la reparación debía ser integral e incluir la compensación por el tiempo transcurrido entre el evento dañoso y el efectivo pago. Propició así, que la demanda debía prosperar por la suma que indicó en concepto de intereses a la "...Tasa Bip [...] del Banco de la Provincia de Buenos Aires".
Ya en último término, la jueza Rodríguez Traversa, inauguró su opinión señalando que adhería "a la solución" propuesta por su colega De Tomaso. Sin embargo, arribó a tal definición, juzgando que era procedente la condena a la demandada en concepto de "...intereses devengados entre la fecha del infortunio y la del pago del monto abonado, considerando que dichos accesorios revisten el carácter de intereses moratorios e integran su indemnización, que debe ser íntegra y total...".
III.1.b. No es difícil advertir que no existe mayoría de opiniones en relación a los fundamentos esgrimidos a la hora de abordar la cuestión que gira sobre los intereses reclamados.
Mientras el magistrado que sufragó en primer lugar entendió que no cabía receptar el reclamo en materia de intereses por devenir abstracta la cuestión, las juezas que seguidamente sufragaron discreparon con ello y acogieron en este aspecto la pretensión, pero aquella jueza que votó en segundo término lo hizo en el entendimiento de que los intereses eran de carácter compensatorio cuando la que opinó en tercer lugar hubo de reputar a los accesorios como moratorios.
La anomalía configura una violación de lo preceptuado por el art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que requiere que las decisiones sean adoptadas por mayoría de opiniones expuestas en los votos de los integrantes del tribunal de trabajo (causas L. 119.719, "Lertora", sent. de 6-IX-2017 y L. 121.034, "Pinto", sent. de 14-VIII-2019).
No ha de soslayarse que procede la anulación de oficio del fallo recurrido por vía extraordinaria de inaplicabilidad de ley aun cuando no medie denuncia de infracción de las normas de los arts. 168 y 171 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, pues nada exime a la Suprema Corte de la responsabilidad que le incumbe por la estricta observancia de las formas instituidas en procura de la mejor administración de justicia (causas L. 126.282, "Ascona", sent. de 19-IX-2022 y L. 128.705, "Beltrán", sent. de 27-VI-2023).
La nulidad propuesta únicamente ha de proyectarse sobre lo decidido por el tribunal del trabajo en materia de intereses. En este sentido, vale memorar que este Tribunal tiene dicho que la circunstancia de que algún aspecto de la sentencia se encuentre viciado por un defecto de gravedad tal que justifique su anulación, no implica que resulte necesario declarar la nulidad de aquellos fragmentos del decisorio que componen las restantes controversias, lo que configuraría un dispendio jurisdiccional, cuando sus términos no han provocado agravios, o bien, si los hay, nada impide que la Suprema Corte ejerza, a su respecto, la función revisora, satisfaciendo los fines de la casación (causas L. 80.137, "Garín", sent. de 6-IX-2006; L. 121.471, "Villabriga", sent. de 12-II-2020 y L. 122.102, "González", sent. de 7-IX-2020).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde declarar de oficio la anulación parcial de la sentencia de fs. 258/269 exclusivamente en lo que concierne a la decisión vinculada con los intereses.
Los autos deberán volver al tribunal de origen a fin de que, con distinta integración, dicte el pronunciamiento que corresponda sobre la cuestión recién mencionada.
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte actora denuncia la violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 19 y 28 de la Constitución nacional; 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica); 31 inc. "b" de la Carta Interamericana de Garantías Sociales; 11 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 865, 867, 879 y 880 del Código Civil y Comercial de la Nación; 3 inc. 4 y 163 incs. 5 y 6 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 inc. "d", 47 y 48 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
I.1. Concretamente, en su liminar agravio, objeta que el tribunal de origen -en lo sustancial- no haya aplicado al caso los mecanismos de ajuste previstos en el decreto 1.694/09 y en la ley 26.773 en cuanto arrojan una sustancial mejora en relación a las prestaciones.
Postula la aplicación inmediata de los preceptos pertinentes. Así, expresa que en el ámbito de la ley 24.557 "es factible la aplicación de la norma vigente al momento de cada etapa prevista por la normativa en relación al daño, más allá de la fecha de la verificación de la contingencia".
Manifiesta que el envilecimiento del valor mensual del ingreso base durante el período contemplado desde su fijación hasta el momento de la liquidación y pago de las prestaciones colisiona con las garantías previstas por los arts. 14, 14 bis, 17 y 19 de la Constitución nacional, debiéndose ajustar por el índice RIPTE, o un mecanismo equivalente.
Acompañando su discurso con referencias a valoraciones plasmadas en la doctrina de los autores, dice que el fundamento de las inconstitucionalidades oportunamente planteadas es el principio protectorio que emerge del art. 14 bis de la Constitución nacional, en tanto que las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo pertenecen a la seguridad social. Con esa línea argumental invoca la aplicación al caso de la jurisprudencia que refiere emanada de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
En la estructura de la impugnación, cita en apoyo de su postura ciertas opiniones vertidas -principalmente- en las sentencias dictadas por esta Suprema Corte en las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018); asimismo, invoca lo decidido en el precedente L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018).
Con esas consideraciones, concluye en que el fallo omite respetar lo decidido por la Corte en casos similares, es decir -según textualmente alega- la doctrina legal imperante, soslayando efectuar el requerido control de razonabilidad del monto resarcitorio. En esa línea, resalta que los planteos y argumentos actorales esgrimidos en los escritos constitutivos del proceso y la plataforma del caso "...coinciden y se asemejan..." al precedente "Espínola".
I.2. Por otro lado, controvierte la definición de grado que aplicó intereses por el período comprendido entre la fecha del infortunio y la del pago efectuado por la aseguradora de riesgos del trabajo.
Con fundamental apoyo en precedentes de este Tribunal, aduce -en lo cardinal- que los accesorios deben fijarse hasta la fecha de la sentencia emitida por el tribunal de origen, en tanto dicho pronunciamiento otorga al actor el derecho a la percepción de las sumas liquidadas por dicho concepto.
II. El recurso no prospera.
II.1. No es de recibo el agravio que trae el interesado contra lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto rechazó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 16 del decreto 1.694/09 y 17, incs. 5 y 6 de la ley 26.773 y declaró improcedente la pretensión pergeñada en torno a la cuantificación de las prestaciones dinerarias del caso.
Es que con el objeto de neutralizar la definición del a quo el impugnante asegura que en el caso se ha violado la doctrina legal vigente. Sin embargo, no evidencia la concurrencia de tal infracción.
En efecto, entre otros pasajes, la inhabilidad del embate puede verse cuando el recurrente aboga por la aplicación inmediata de la nueva ley individualizando a tales fines el precedente de este Tribunal Ac. 50.610, "Quiroga Moss" (sent de 25-II-1997), cuya decisión -sin embargo- se observa totalmente desconectada de las normas cuya aplicación se debate en estas actuaciones.
Y ya en lo que constituye el eje del embate, otro tanto puede decirse de la argumentación que intenta el quejoso vinculada con las causas L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016) y L. 117.890, "Venerus" (sent. de 22-VIII-2018), en tanto las referencias que efectúa corresponden a la opinión personal de algunos de los jueces que votaron en dichas oportunidades y que no integraron el criterio mayoritario de esta Suprema Corte, no constituyendo -de suyo- su doctrina legal (causas L. 118.068, "Gudiño", resol. de 20-XI-2014 y L. 120.473, "Sotelo", sent. de 19-IX-2018). Idénticas conclusiones amerita la mención relacionada con la causa C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016) presente en otras líneas del embate.
Por cierto, tampoco resulta útil la cita del precedente L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), ya que no es exacto lo afirmado por el recurrente, ello, pues además que lo allí juzgado lo fue bajo una plataforma disímil, el contenido de la decisión adoptada por esta Corte en dicha oportunidad halló sustento en la ineficacia del recurso allí deducido, sin que logre evidenciar el quejoso de qué modo lo allí juzgado podría tener su aplicación en este caso. No refuerza la impugnación la invocación de la causa L. 108.796, "F., M. A." (sent. de 6-IV-2011), rodeada de análogos yerros.
En lo demás, es sabido que la opinión que emana de los autores o los fallos de otros tribunales de justicia -incluso los de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- no constituyen doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial provincial (causas L. 124.796, "Hurtado", sent. de 22-IX-2021 y L. 124.142, "Bermúdez", sent. de 6-II-2023), deviniendo por ende ineficaz para sustentar la réplica.
En fin, más allá de la opinión que pueda merecer la motivación inserta en el fallo, la impugnación no ha de prosperar en razón de la deficiencia técnica que porta su trazo argumental (art. 279, antes cit.).
II.2. Finalmente, dable es señalar que a tenor de lo resuelto en la anterior cuestión planteada en este acuerdo donde se anula parcialmente la sentencia y se dispone la remisión de las actuaciones a la instancia ordinaria para que se dicte un nuevo pronunciamiento en materia de intereses; no corresponde pronunciarse sobre el restante agravio que contiene el presente medio de impugnación.
III. En virtud de lo expuesto, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado en los términos antes expuestos, con costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se declara parcialmente nula de oficio la sentencia de fs. 258/269, con los alcances expuestos. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que debidamente integrado renueve los actos procesales necesarios y dicte el pronunciamiento que corresponda.
Asimismo, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Fin de la sentencia