Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128318
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.318, "Papada, Marcos Juan contra Detall S.A. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de Chacabuco, perteneciente al Departamento Judicial de Junín, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 11-XI-2021).
Se interpusieron, por la codemandada Detall S.A., recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-XI-2021).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 22-IV-2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal interviniente hizo lugar a la demanda promovida por el señor Marcos Juan Papada y, en consecuencia, condenó a Detall S.A. al pago de las indemnizaciones por antigüedad y sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido, sueldo anual complementario y vacaciones proporcionales, con más los resarcimientos previstos en los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo y 1 y 2 de la ley 25.323.
Rechazó, en cambio, la reparación fundada en el art. 52 de la ley 23.551, como también el reclamo tendiente a obtener la extensión de la responsabilidad solidaria respecto de Sociedad Anónima Importadora y Explotadora de la Patagonia, por considerar no demostrados los presupuestos invocados para su procedencia.
Para así decidir, en el veredicto estableció que no resultó materia de controversia la existencia de un vínculo laboral entre el actor y Detall S.A., y que el contrato de trabajo se extinguió el día 20 de marzo de 2017, mediante pieza postal CD 792708300, a través de la cual la patronal efectivizó el apercibimiento previamente consignado y comunicó al dependiente su despido invocando como causal rescisoria el abandono de trabajo.
Reseñó el juzgador de origen que tal desenlace estuvo precedido por un profuso intercambio epistolar iniciado por el trabajador el día 31 de enero de 2017 (CD 786621754), oportunidad en que comunicó a la empleadora que, habiendo sido designado para ocupar un cargo político en el municipio de Chacabuco, haría uso de la licencia automática prevista en el art. 48 de la ley 23.551 a partir del día 1 de febrero de 2017. Refirió que, si bien dicha pieza no fue entregada al destinatario por el Correo Oficial, fue cursada al domicilio que la patronal consignó en los recibos de haberes, por lo que cumplió efectos plenos.
Puntualizó que, con posterioridad, la accionada intimó al señor Papada para que, en razón de sus ausencias sin aviso y sin justificación desde el día 2 de febrero de 2017, retomara tareas en el plazo de cuarenta y ocho horas, bajo apercibimiento de considerarlo incurso en abandono de trabajo (conf. art. 244, LCT; CD 815166944 de 6-II-2017); epístola que aquel replicó el 10 de febrero de 2017, transcribiendo su anterior misiva del día 31 de enero de 2017, y negando -en consecuencia- las ausencias sin aviso ni justificación endilgadas.
En este contexto , afirmó el órgano de grado que la causal invocada para desvincular al operario -abandono de trabajo, art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo- requiere necesariamente la intención de éste de no reintegrarse al empleo, guardando silencio ante la intimación de su empleadora; extremo que -aseveró el sentenciante- no se verificó en la especie, toda vez que el dependiente no sólo respondió a la intimación que le fuera cursada, sino que -con antelación a ella- informó de manera fehaciente que haría uso de la licencia establecida en al art. 48 de la ley 23.551.
Concluyó que el despido dispuesto por la patronal careció de justa causa, por lo que dispuso hacer lugar a las indemnizaciones derivadas del distracto. Además, condenó a la accionada a pagar otros rubros reclamados.
En lo atingente a la fecha de ingreso refirió que, si bien la empresa Detall S.A. alegó que aquella ocurrió el día 1 de agosto de 2007, los testigos que depusieron en la audiencia de vista de la causa -compañeros de labor del reclamante- coincidieron en afirmar que el señor Papada comenzó a trabajar a finales del año 2006 en el depósito que Sociedad Anónima Importadora y Explotadora de la Patagonia explotaba sobre la ruta nacional n° 7 (km 205), y que para el año 2007 sus recibos de sueldo empezaron a registrar como empleador a Detall S.A., no obstante que el lugar de prestación de servicios, las tareas cumplidas, los encargados de la empresa y los elementos de trabajo siempre fueron los mismos. En razón de ello -y con sustento en el principio de primacía de la realidad- tuvo por cierta la fecha de inicio denunciada por el actor en la demanda: esto es, diciembre de 2006 (v. vered. segunda cuestión).
Luego, constatada la deficiente registración del contrato de trabajo al momento del distracto, hizo lugar al agravamiento normado en el art. 1 de la ley 25.323. Asimismo, toda vez que -sostuvo- la patronal no abonó al señor Papada las indemnizaciones de los arts. 232 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, obligándolo a iniciar acciones judiciales, acogió -también- la indemnización que la normativa antes citada determina en su art. 2.
Por otro lado, declaró procedente la multa establecida en el art. 80 de la citada Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345) . Aclaró que si bien la empleadora manifestó haber puesto las certificaciones de ley a disposición del dependiente, las que adjuntó luego con el escrito de contestación de la demanda, aquellas -destacó- no reflejan la realidad del vínculo en cuanto a su fecha de inicio. Citó -en sustento- la doctrina legal que individualizó como L. 108.023, "Segui" (sent. de 1-XII-2014) y L. 120.819, "Guerra" (sent. de 4-IX-2019).
Sobre esa base, liquidó los rubros que declaró procedentes teniendo en cuenta la remuneración percibida por el trabajador al momento del distracto.
Puesto a analizar la naturaleza jurídica de los créditos laborales, sentenció que constituían deudas de valor. En este sentido, memoró que las leyes 23.928 y 25.561 fueron declaradas constitucionales tanto por este Superior Tribunal como por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, lo que -a su juicio- obstaba la utilización de mecanismos de indexación para ajustar deudas dinerarias.
Sostuvo que el principio nominalista sólo rige para un crédito salarial cuando la obligación es cancelada en término, debiendo ser distinto el tratamiento cuando opera el incumplimiento y la consiguiente mora, no pudiendo ser el salario a considerar inferior al mínimo vital y móvil, que sería el piso presumido de suficiencia.
Destacó -con cita de los arts. 14 bis de la Constitución nacional y 116 de la Ley de Contrato de Trabajo- que los créditos laborales tienen naturaleza alimentaria, y que, en virtud del principio de suficiencia, el monto a abonarse debe ser apto para cubrir dichas necesidades al momento del pago.
Fincó su postura, además, en el postulado de la reparación plena. Señaló que la mora en el cumplimiento de las obligaciones, así como también la depreciación monetaria, causan en el acreedor un daño que debe ser reparado (art. 19, Const. nac.).
Adujo que, desde esa perspectiva, tanto el acreedor como el deudor perciben o abonan -respectivamente- el mismo valor real que hubiera correspondido a cada uno al momento del distracto.
Aseveró que la solución propuesta encontraba amparo en el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación; y anidaba -además- en el criterio del "realismo económico".
Refirió que en la causa A. 73.454, "Arguilla" (sent. de 13-XI-2019), este Tribunal reconoció -por mayoría- el carácter de deuda de valor de una indemnización tarifada derivada de una cesantía ilegítima, en el marco de un contrato de empleo público.
Por todo lo expuesto, juzgó pertinente calcular los rubros reclamados en la demanda a valores actuales.
Añadió que el resultado obtenido debía compararse con la liquidación efectuada según valores históricos, y que si llegase a superar -como corroboró en la especie, en base a los cálculos que efectuó- el límite fijado por la Corte federal en el fallo "Vizzoti" -que en un evidente error de tipeo, identificó como "Viscozzi"- (33%), correspondía declarar -tal como lo hizo- la inconstitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto establece que a los efectos del cálculo de la tarifa indemnizatoria debe tomarse como base la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada "...durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si éste fuera menor". Juzgó extensiva tal descalificación constitucional a los arts. 80 -texto según ley 25.345-, 123, 155 y 232 de dicho cuerpo normativo.
Apuntó que la solución contraria importaría una disminución inadmisible en el contexto del orden público laboral de la reparación estipulada legalmente, además de un enriquecimiento sin causa para el deudor, en perjuicio de los derechos constitucionales de propiedad, de acceso a una reparación plena y al salario justo y suficiente por parte del trabajador (arts. 14 bis, 17 y 19, Const. nac.).
Finalmente, dispuso la aplicación de intereses sobre el capital de condena, desde el día en que operó el distracto y hasta el efectivo pago, calculados según una tasa pura del 6% anual.
II. Se interpuso, por la codemandada Detall S.A., recurso extraordinario de nulidad, en el que denuncia violación de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial.
Afirma que el tribunal de grado omitió analizar y resolver una cuestión esencial, que es -a su modo de ver- el alcance de la licencia prevista en el art. 48 de la ley 23.551, y -en consecuencia- si el actor se encontraba amparado -o no- por dicha normativa.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General, considero que el recurso no puede prosperar.
III.1. Inicialmente, cabe recordar que el remedio extraordinario de nulidad sólo puede fundarse en la omisión de tratamiento de alguna cuestión esencial, falta de fundamentación legal, incumplimiento de la formalidad del acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de la mayoría de opiniones (arts. 168 y 171, Const. cit.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 125.753, "Rey", resol. de 8-II-2021 y L. 125.039, "Peralta", resol. de 12-II-2021).
III.2.a. Desde ese esquema de análisis, la improcedencia del embate se advierte nítida en tanto -contrariamente a lo indicado por el interesado- el planteo cuya preterición se denuncia mereció consideración en el fallo, ocasión en que los magistrados intervinientes expusieron que la "...digresión en derredor de la licencia especial consagrada en los arts. 215 y 48 LAS no es materia de decisión..." (sent., pág. 5).
De lo antedicho se evidencia que medió una decisión deliberada del tribunal de origen de no abordar el asunto que se pretende omitido, circunstancia que -sin ingresar a analizar su acierto- resulta suficiente para descartar la réplica traída.
Pues, tiene dicho esta Suprema Corte, la omisión en el tratamiento de cuestiones esenciales que genera la nulidad del pronunciamiento, por transgresión de la exigencia prevista en el art. 168 de la Constitución provincial, es aquella en la que incurre el tribunal de trabajo por descuido o inadvertencia, pero no la que deriva de la convicción -acertada o no, pero exteriorizada en el fallo- de que una o más de esas cuestiones no deben o no pueden ser tratadas (causas L. 117.604, "Barragán Pardo", sent. de 26-III-2015; L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020 y L. 124.718, "Dilascio", sent. de 10-VIII-2021).
III.2.b. Finalmente, sin perjuicio de que el interesado no se ocupa de brindar argumentos que avalen la aludida falta de fundamentación legal que atribuye al pronunciamiento de grado, es dable destacar que no se observa transgredido -en el caso- el art. 171 de la Constitución provincial.
Téngase en cuenta que dicho precepto constitucional sólo se infringe cuando el fallo carece de toda fundamentación jurídica, de suerte que aquel aparezca sin otro sustento válido que el mero arbitrio del juzgador (causas L. 117.337, "Cabrera", resol. de 31-VII-2013; L. 122.156, "Godio", sent. de 9-XI-2020 y L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022), hipótesis que no concurre en la especie toda vez que las citas legales efectuadas en la sentencia objetada abastecen la exigencia constitucional.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad interpuesto, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan.
Sobre el tópico que se aduce preterido, interesa resaltar que, a partir del intercambio telegráfico y el contenido de la demanda, el tribunal interviniente delimitó el thema decidendum a partir de la pretensión de cobro por despido injustificado, señalando que la parte actora no había peticionado que se condene a la empleadora a reconocer el derecho a una licencia mientras dure el cargo político para el cual había sido designado por decreto municipal -y por tanto la vigencia del contrato de trabajo-, sino que se la indemnice por el despido arbitrario dispuesto. En consecuencia, resolvió que lo atinente a las hipótesis aprehendidas en los arts. 215 de la Ley de Contrato de Trabajo y 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales no era materia de decisión.
Se sigue de ello, como ha explicitado la colega ponente a lo largo de su exposición, que no se configura la transgresión de los arts. 168 y 171 de la Constitución provincial denunciada en el recurso.
Las costas se imponen a la vencida (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la codemandada Detall S.A. denuncia absurdo y violación de los arts. 16 y 18 de la Constitución nacional; 48 de la ley 23.551; 244 y 245 de la Ley de Contrato de Trabajo y 34 inc. 4 y 163 inc. 6 del Código Procesal Civil y Comercial.
I.1. Se agravia de la sentencia de grado en cuanto resolvió que el análisis de las licencias previstas en los arts. 215 de la Ley de Contrato de Trabajo y 48 de la ley 23.551 no era relevante para resolver la litis; cuando precisamente -apunta- el actor intentó fundar sus injustificadas ausencias en la última de las disposiciones citadas, la cual -según expone el quejoso- no le era aplicable. Puntualiza que determinar la operatividad de esa norma resultaba definitorio para resolver respecto de la configuración de la causal invocada por la empleadora -abandono de trabajo, art. 244 de la Ley de Contrato de Trabajo- para despedir al dependiente.
Argumenta que el tribunal de origen sólo consideró las misivas sobre las que fundó su decisión, dejando de lado aquellas otras invocadas por el accionado en su defensa, que enuncia (a saber: CD 820047233; CD 750427135 y CD 792708300).
Añade que al haber omitido abordar el alcance de la licencia normada en el art. 48 de la ley 23.551, el tribunal vulneró el principio de congruencia, así como la normativa y la doctrina legal elaborada a su respecto .
En suma, entiende que, contrariamente a lo resuelto en el fallo de grado, se verificó -en la especie- la causal de abandono de trabajo invocada para despedir al dependiente (art. 244, ley 20.744 -t.o.-).
I.2. Objeta también la decisión en crisis porque declaró de oficio -y sin sustanciación alguna- la inconstitucionalidad del art. 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, conculcando de este modo el principio de congruencia y las garantías constitucionales del debido proceso y defensa en juicio.
En este sentido, apunta que el órgano de grado se extralimitó en sus facultades jurisdiccionales, expidiéndose respecto de cuestiones que los justiciables no sometieron a su consideración, máxime cuando dicho precepto en ningún momento fue puesto en tela de juicio por la parte actora.
I.3. Relacionado con la anterior crítica, cuestiona que el judicante haya atribuido a los créditos reclamados en la demanda la naturaleza de deudas de valor. Alega que dicha definición, traída por el juzgador de la instancia ordinaria como fruto de su propia cosecha, violenta severamente la garantía del debido proceso. Aduce que aplicar un principio propio del derecho de daños -como lo es el de reparación integral- al ámbito de los créditos derivados del despido resulta absurdo. Considera que tales acreencias constituyen obligaciones de dar sumas de dinero, alcanzadas por la prohibición de indexar prevista en el art. 7 de la ley 23.928 -y modificatorias-.
Reitera que al resolver del modo en que lo hizo, el tribunal de origen mutó indebidamente la temática a decidir.
Argumenta que liquidar los rubros objeto de autos tomando como base salarios convencionales vigentes al momento de la sentencia -y no del distracto- genera un enriquecimiento indebido al actor.
Añade que no debió adicionarse a la base de cálculo repotenciada por el juzgador -a partir de la cual arribó al "desproporcionado y abusivo" monto de condena-, los rubros presentismo y productividad, en razón de las ausencias en que había incurrido el dependiente.
Destaca que la ley 24.283, cuya aplicación propicia, opera como un correctivo que ampara al deudor que al momento del pago debe afrontar un importe que se ha tornado irrazonable.
I.4. Cuestiona el acogimiento de la sanción prevista en el art. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según ley 25.345). Argumenta que Detall S.A. puso a disposición del actor la certificación de servicios en tiempo y forma, quien -no obstante ello- jamás concurrió a retirarla. Cita jurisprudencia que dice emanada de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
Refiere que el juzgador condenó a la empleadora a abonar ese rubro a partir de presuntas diferencias en la fecha de ingreso, apoyándose para ello -exclusivamente- en la prueba testimonial producida en la audiencia de vista de la causa, soslayando la pericia contable, de la cual surge -a criterio del quejoso- la veracidad de la fecha consignada en los recibos de haberes.
Aduce que la empleadora nunca desconoció la antigüedad anterior que el señor Papada tenía con la codemandada Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, empresa esta última -explica- que cedió el contrato del actor a la accionada. Ello se comprueba -argumenta- con los recibos de sueldo acompañados al expediente, de los que emerge el reconocimiento de su antigüedad a partir del mes de diciembre de 2006.
Afirma que no existió -en el caso- deficiente registración de la fecha de ingreso, toda vez que la inscripción del accionante en los libros de la firma traída a juicio, se compadece con el momento en que operó el traspaso, esto es, el día 1 de agosto de 2007.
I.5. Solicita, también, que se revoque la sentencia dictada en la instancia de grado en cuanto condenó a abonar las indemnizaciones normadas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323. Aduce que el despido fue directo y plenamente justificado y reitera que no existió deficiente registración del inicio del vínculo.
Por otro lado, recuerda que el citado art. 2 establece, en su parte pertinente, que "...si hubieren existido causas que justificaren la conducta del empleador, los jueces, mediante resolución fundada, podrán reducir prudencialmente el incre
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