Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73615
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.615, "Mendi Agrícola Ganadera S.A. Comercial y Forestal c/ Provincia de Buenos Aires. Expropiación Inversa. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y confirmó la sentencia de primera instancia que, a su turno, hizo parcialmente lugar a la pretensión de expropiación inversa promovida por la parte actora y fijó el monto indemnizatorio de la tierra expropiada con criterio de actualidad, más intereses desde la desposesión. Las costas de la instancia de apelación fueron impuestas por el Tribunal de Alzada al Fisco perdidoso (arts. 68, CPCC y 52, ley 5.708; v. fs. 344/348 vta.).
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 353/362), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 363 y vta.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 371) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El juez de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de Junín, hizo parcialmente lugar a la pretensión de expropiación inversa promovida por la firma Mendi Agrícola Ganadera S.A. contra el Fisco de la Provincia de Buenos Aires, con motivo de la afectación parcial de dos parcelas pertenecientes a su capital social, a raíz de la "Obra de Regulación de la Laguna Mar Chiquita" y, en consecuencia, declaró expropiada a favor de la demandada las fracciones de las parcelas objeto de autos y fijó el monto indemnizatorio -teniendo en cuenta el valor de la tierra expropiada a la época de la sentencia- en la suma de un millón novecientos setenta y cinco mil quinientos setenta y dos pesos con ochenta centavos ($1.975.572,80); más intereses a calcularse a tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la fecha de la desposesión -junio de 2004- hasta el efectivo pago.
Por su parte, desestimó el rubro indemnizatorio solicitado en concepto de depreciación del remanente y actualización e impuso las costas al Estado expropiante por aplicación del art. 37 primer párrafo de la ley 5.708 (v. fs. 302/306 vta.).
II. Disconforme con ese pronunciamiento, el Fisco demandado interpuso recurso de apelación agraviándose de: a) la determinación del monto indemnizatorio a un momento distinto del de la desposesión y con ello violación al art. 8 de la ley 5.708; b) la condena a pagar intereses desde la desposesión y; c) la fijación del monto en moneda extranjera (v. fs. 318/323 vta.).
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Nicolás rechazó el recurso de apelación interpuesto por el Fisco de la Provincia de Buenos Aires y confirmó la sentencia de primera instancia, en cuanto fue materia de agravios.
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, consideró que los argumentos expuestos por el recurrente no resultaron aptos para contrarrestar los fundamentos dados por el juez de primera instancia, al establecer el valor indemnizatorio del bien expropiado a la época de la sentencia atacada; los intereses compensatorios desde la desposesión del bien -junio de 2004- y la consideración del dólar estadounidense para fijar el valor de la tierra expropiada.
III.1. En efecto, la Cámara rechazó la objeción del apelante referida a la inobservancia de las pautas fijadas en el art. 8 de la ley 5.708 ("Justo Valor") por haberse fijado la indemnización a valor actual, al considerar que el valor impuesto por el juez de grado (dentro de las facultades y a través del análisis de la prueba producida) representa el valor objetivo del bien, en tanto aplica valores actuales, es decir, valores reales, de mercado, concordantes con la realidad económica a la época del dictado de la sentencia, de conformidad a la manda establecida en el art. 17 de la Constitución nacional.
III.2. Por su parte, descartó que la sentencia impugnada incurra en contradicción por la circunstancia de fijar el valor de la tierra con criterio de actualidad más intereses desde la desposesión, teniendo en cuenta el carácter compensatorio de estos últimos.
III.3. Finalmente, en punto a la fijación del valor de una unidad en moneda extranjera, observó que este es un parámetro aceptado en la materia y un modo de establecer una indemnización justa (arts. 17, Const. nac.; 4, ley 25.561 y 35, ley 5.708).
Descartó que ello implique una actualización, reajuste o indexación, en tanto no se están aplicando índices o coeficientes sobre una suma preexistente -actualmente prohibido por ley-, sino que se está procediendo a la cuantificación del justiprecio de la tierra (arts. 17, Const. nac.; 2.511, Cód. Civ. y doctr. causa C. 101.107, "Arbizu", sent. de 23-III-2010).
Asimismo, señaló que el juez de grado -a los efectos de la compensación- fijó el valor de la tierra en pesos, al momento de la sentencia, reflejando el valor actual, en cumplimiento de la manda constitucional que así lo determina.
IV. Contra dicho pronunciamiento el Fisco demandado dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. fs. 353/362), en el que reitera argumentos ya vertidos en sus anteriores presentaciones y denuncia violación de los arts. 8, 9 y 35 de la ley 5.708; 163 incs. 5 y 6, 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial; 17 y 18 de la Constitución nacional y ley 25.561; vulneración de la doctrina legal que cita y absurdo valorativo.
IV.1. Denuncia la falta de aplicación del art. 8 de la ley 5.708 y su doctrina, al haberse fijado el monto indemnizatorio teniendo en cuenta el valor del bien en fecha próxima a la sentencia y no al momento de la desposesión.
Se agravia de las razones dadas por el Tribunal de Alzada para dejar de lado la norma en cuestión, sin declarar su inconstitucionalidad y, argumenta que ello violenta el derecho de defensa en juicio de la Provincia al haberse dictado una sentencia sin fundamento e impedirle defender su validez constitucional (art. 18, Const. nac.).
Señala, que la decisión de la Cámara vulnera además los arts. 9 de la ley 5.708 y 17 de la Constitución nacional.
Estima que la fijación del valor del bien a la época de la desposesión, lejos de alterar su valor objetivo, es requisito indispensable para el cumplimiento de este fin.
IV.2. Sostiene que otra manifestación del absurdo en que ha incurrido el Tribunal de Alzada se evidencia cuando, por un lado, aplica el art. 8 para fijar la fecha en que comienzan a correr los intereses, estableciéndolos a partir de la desposesión y, por otro, lo inaplica al determinar el valor de la tierra a la época de la sentencia, lo que amén de ser contradictorio, configura una doble indemnización, pues los primeros responden a la privación de uso y la fijación del valor a la fecha actual cumple igual función.
Señala que ello conlleva una actualización violatoria de lo establecido por la ley 25.561, que mantuvo la redacción de los arts. 7 y 10 de la ley 23.928.
IV.3. Por otro lado, destaca que el valor de la tierra -de acuerdo con la Ley de Expropiaciones- debe ser expresado en pesos, moneda de curso legal, y no en dólares como lo determina la sentencia en crisis. Asimismo, señala que el a quo se contradice al fijar el interés con tasa del Banco Provincia y no de otro país como la moneda, resultando claro que la tasa de interés como la cuenta que se ordena abrir es en pesos.
IV.4. Por último, plantea absurdo en la decisión del a quo en cuanto confirma la imposición de costas efectuada por el juez de primera instancia, con cita del art. 37 de la ley 5.708.
Al respecto, alega que la procedencia del presente remedio extraordinario importará un replanteo de la ecuación prevista en la citada norma, con lo cual las costas de todas las instancias deberán ser impuestas a la expropiada. A tal fin, destaca que el Fisco fue la única parte que hizo una estimación del valor del bien expropiado al tiempo de la desposesión; en tanto la actora la hizo al tiempo de su demanda y solicitó otros rubros -depreciación del remanente- que fueron rechazados y no son mensurados numéricamente.
V. El recurso prospera con el alcance que surge de los párrafos siguientes.
V.1. Los agravios esgrimidos por el Fisco recurrente, referidos a la violación del art. 8 de la ley 5.708 por haberse fijado en las instancias de grado un monto indemnizatorio en un momento distinto al de la desposesión, como así también a la procedencia de la adición de intereses y, eventualmente, a qué tasa, son temas que han sido resueltos recientemente por este Tribunal, en dos causas en las que se debatían cuestiones sustancialmente análogas a las planteadas en el sub lite , circunstancia que resulta suficiente para dar respuesta al presente (cfr. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto, en las causas A. 74.634, "Loggia, María y otros c/ Dirección de Hidráulica s/ Expropiación inversa" y A. 73.677, "Alvarez, Diego Antonio c/ Fiscalía de Estado (Prov. de Bs. As.) s/ Expropiación inversa", sentencias dictadas el 24-II-2021, esta Suprema Corte, por mayoría y en lo que aquí interesa destacar, resolvió respecto al primer tópico, que la circunstancia de que el valor se fije en un momento distinto al de la desposesión y más cercano a la sentencia, no importaba violación a ese precepto, disponiendo por ello el rechazo de este agravio y la confirmación de la indemnización establecida en la sentencia de primera instancia.
Por su parte, con referencia a la procedencia de los intereses decidió que estos debían calcularse sobre dicho monto pero a una tasa diferenciada: una tasa pura del 6% desde el momento de la desposesión y hasta la fijación del valor de la porción expropiada y desde allí en adelante la tasa de interés establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" (sents. de 21-X-2009) y C. 119.176, "Cabrera" (sent. de 15-VI-2016).
Siendo ello así, y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, corresponde fijar un interés puro del 6% anual al crédito indemnizatorio en cuestión desde la fecha de la desposesión (junio de 2004) hasta la fijación del valor de la porción expropiada (febrero de 2014, sentencia de primera instancia, v. fs. 302/306), y de allí en más resultará aplicable hasta el efectivo pago la tasa de interés establecida en las causas L. 94.446, C. 101.774 y C. 119.176, citadas (cfr. art. 31 bis, ley 5.827).
V.2. Se queja también el recurrente por el hecho de que la indemnización haya sido fijada en dólares estadounidenses, pues tal moneda -dice- no puede ni debe ser utilizada judicialmente como pauta para actualizar o indexar sumas dinerarias.
Tal agravio no es de recibo, pues, una atenta lectura de la sentencia de fs. 302/306, confirmada en sus montos por el Tribunal de Alzada, permite advertir que las sumas a cuyo pago se condena son expresadas en pesos.
Pero más allá de ello, que por sí solo genera el rechazo de tal queja, la circunstancia de que el valor de los inmuebles haya sido justipreciado en su momento en dólares estadounidenses por todas las partes, responde al hecho público y notorio de que los inmuebles cotizan en el mercado también en dicha moneda.
Por otra parte, tanto la valoración de un bien con criterio de actualidad y su oportuna mensura en moneda sin curso legal no son cuestiones extrañas en nuestro sistema, pues idéntica noción ha sido incorporada por el codificador en el Código Civil y Comercial, disponiendo en su art. 772 que "Cuantificación de un valor: Si la deuda consiste en cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento que corresponda tomar en cuenta para la evaluación de la deuda. Puede ser expresada en una moneda sin curso legal que sea usada habitualmente en el tráfico. Una vez que el valor es cuantificado en dinero se aplican las disposiciones de esta Sección" ("Obligaciones de dar dinero").
V.3. Finalmente, en cuanto a la imposición de costas, con relación a las de primera instancia advierto que el recurrente las ha consentido al expresar agravios contra la sentencia de primera instancia y, en lo relativo a las de la alzada y de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, soy de la opinión que las mismas deben ser impuestas en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la actora (cfr. arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68, 274 y 289 in fine , CPCC).
VI. En mérito de lo expuesto y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el Fisco demandado y revocar la sentencia apelada en lo que a los intereses respecta, correspondiendo su fijación en un interés puro del 6% anual sobre el monto del crédito indemnizatorio en cuestión, desde la fecha de la desposesión (junio de 2004) hasta la fijación del valor de la porción expropiada (febrero de 2014, sentencia de primera instancia, v. fs. 302/306); de allí en adelante resultará aplicable la tasa de interés establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce" -sentencias de 21-X-2009- y C. 119.176, "Cabrera" -sentencia de 15-VI-2016- (cfr. art. 31 bis, ley 5.827).
Las costas de la alzada y de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la parte actora (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68, 274 y 289 in fine , CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa .
El señor Juez doctor Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la afirmativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero al voto del colega que abre este acuerdo con las siguientes consideraciones adicionales:
I. En primer lugar se advierte que el agravio esgrimido por el Fisco recurrente, referido a la violación del art. 8 de la ley 5.708 por haberse fijado en las instancias de grado un monto indemnizatorio en un momento distinto al de la desposesión, es un tema que ya ha sido resuelto por este Tribunal, y recientemente confirmado, en causas en las que se debatían cuestiones sustancialmente análogas a la planteada en el caso, circunstancia que resulta suficiente para dar respuesta al presente (cfr. art. 31 bis, ley 5.827, modif. por ley 13.812).
En efecto en las causas C. 101.107, "Arbizu", sentencia de 23-X-2010; C. 100.908, "Ormaechea", sentencia de 14-VII-2010; C. 98.321, "Larrosa", sentencia de 5-X-2011 y C. 99.285, "Peralta Ramos", sentencia de 17-IV-2013, entre otras, a cuyos argumentos remito en honor a la brevedad, esta Suprema Corte resolvió, por mayoría y en lo que aquí interesa destacar, que la circunstancia de que el valor se fije en un momento distinto al de la desposesión y más cercano a la sentencia, no importaba violación a ese precepto. Dicho criterio fue ratificado en las causas A. 74.634, "Loggia" y A. 73.677, "Alvarez", sentencias dictadas el 24-II-2021.
Ello implica, en el caso, mantener la decisión del juez de grado -confirmada por la Cámara- que fijó el monto indemnizatorio de la tierra expropiada a valores cercanos al dictado de la sentencia.
II. Por otro lado, el agravio dirigido a cuestionar la fijación de intereses sobre el precio actual, es de recibo.
II.1. Al respecto, cabe recordar que esta Corte dictó sentencia en la causa C. 102.963, "Sabalette" (sent. de 7-IX-2016 y su aclaratoria de fecha 28-IX-2016) en la que resolvió, por mayoría, que los intereses en las expropiaciones serían calculados sobre el capital indemnizatorio, determinado a la fecha de la desposesión, con la tasa pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días desde ese momento -desposesión- y hasta el efectivo pago.
Es así que, desde ese fallo y hasta la actualidad, en lo que respecta a los accesorios he aplicado esa posición.
II.2. Sin embargo, con posterioridad, una nueva mayoría de este Tribunal, reeditó la cuestión e impuso una fórmula diferente para calcular los intereses en las expropiaciones. Las causas A. 74.634, "Loggia" y A. 73.677, "Alvarez", ya citadas, así lo reflejan.
La solución allí establecida resulta análoga a la que, en materias ajenas a la acción expropiatoria, ha resuelto esta Corte desde el dictado de las causas C. 120.536, "Vera" y C. 121.134, "Nidera", una postura que hoy se encuentra plenamente consolidada (v.gr. causas C. 123.090, "Paredes", sent. de 18-IX-2020; C. 123.367, "Sandobal", sent. de 21-X-2020; C. 123.334, "González", sent. de 4-XI-2020; C. 122.451, "Goyena", sent. de 12-XI-2020; e.o.) reiterada en causa A. 73.043, "Fisco", sentencia de 5-III-2021 y a la cual me he plegado en diversas actuaciones (conf. mis votos en C. 122.661, "M., J. L.", sent. de 10-VI-2022; C. 123.476, "Monch", sent. de 29-XII-2021; e.o.).
Así, con base en la doctrina legal vigente y en los derechos constitucionales implicados, propicio -a través de una nueva reflexión- que dicha solución también se extienda a las expropiaciones, pues la misma resulta superadora a lo decidido en la causa "Sabalette".
Además, entiendo que, en supuestos como el presente, en los que se han ponderado valores actuales para determinar la cuantificación de la indemnización expropiatoria, razones de seguridad jurídica y economía procesal, que aseguren una tutela judicial efectiva así lo aconsejan (conf. arts. 15, Const. prov. y 31 bis, ley 5.827).
II.3. Por todo lo expuesto, he de acompañar la posición mayoritaria adoptada en las causas "Loggia" y "Alvarez" de modo que, cuando el monto indemnizatorio fuera estimado en valores posteriores a la fecha de exigibilidad del crédito (en la especie, cuando se fije en un momento distinto al de la desposesión y más cercano a la sentencia, tal como sucede en este caso), los intereses devengados se calcularán sobre dicho monto pero a una tasa diferenciada: una tasa pura del 6% desde el momento de la desposesión y hasta la fijación del valor "actual" del bien expropiado y, de allí en adelante, la tasa de interés pasiva más alta establecida en las causas L. 94.446, "Ginossi" y C. 101.774, "Ponce", sentencias de 21-X-2009; C. 119.176, "Cabrera", sentencia de 15-VI-2016; B. 64.488, "Ubertalli", sentencia de 18-V-2016; entre muchas otras.
III. Por su parte, con relación al agravio por el que la Fiscalía de Estado cuestiona la utilización de la moneda extranjera para determinar la valuación de las hectáreas expropiadas, coincido en que corresponde desestimarlo conforme lo expone el doctor Genoud en los tres primeros párrafos del pto. V.2. de su voto.
IV. En cuanto al cuestionamiento relativo a la imposición de las costas, en relación con las de primera instancia, advierto, al igual que el colega que inicia este acuerdo, que el recurrente las ha consentido al expresar agravios contra la sentencia de primera instancia y, en lo relativo a las de la alzada y de esta instancia extraordinaria, en atención al acogimiento parcial del recurso, se imponen en un 80% al Fisco recurrente y el 20% restante a la actora (cfr. arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68, 274 y 289 in fine, CPCC).
Por los fundamentos expuestos y en virtud de los argumentos brindados en los precedentes citados, corresponde hacer lugar parcialmente al recurso extraordinario de inaplicabi
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