Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127466
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.466, "Heredia, Silvia Liliana contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de Trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de General San Martín, con asiento en dicha ciudad, admitió la excepción de incompetencia opuesta por la demandada y dispuso el archivo de las actuaciones, sin costas (v. pronunciamiento de fecha 3-II-2021).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 20-II-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1.a. La señora Silvia Liliana Heredia promovió demanda contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo-, a los fines de solicitar la revisión de la resolución dictada -en el expediente administrativo 397.827/19- por la Comisión Médica de General San Martín n° 38, por la muerte de su concubino, el señor Juan Francisco Saavedra, con motivo del infortunio de trabajo que denunció acaecido el día 16 de julio de 2019. En su presentación planteó la inconstitucionalidad de los arts. 1 de la ley 14.997; 1, 2, 3, 14 y 15 de la ley 27.348; 21, 22 y 46 de la ley 24.557, entre otras normas.
Relató que el trabajador fallecido comenzó laborando como peón general (efectuando tareas de limpieza) para la empresa Bodegas y Viñedos Santa Elena S.R.L. de modo ininterrumpido -desde el día 1 de agosto de 2014- hasta el momento de su deceso.
Mencionó que, en ocasión de encontrarse realizando las tareas habituales para su empleadora, el dependiente sufrió un accidente de trabajo al empujar un carro cargado de residuos. En ese momento sintió un fuerte dolor punzante en la pantorrilla derecha que le impidió seguir laborando. Por esa razón, debió ser derivado inmediatamente a un centro médico (Corporación Médica Laboral S.A.), en el cual, tras efectuarse el estudio correspondiente, determinaron que la lesión del gemelo "podría tratarse de una ruptura parcial leve". Con motivo de ello, le prescribieron la realización de diez sesiones de kinesiología, controles traumatológicos (los días 18-VIII-2019 y 23-VII-2019), crioterapia, y la ingesta de medicación. Destacó que, en base a dicho diagnóstico, fue "dado de baja laboral" por diez días por el infortunio de trabajo reconocido por la aseguradora.
Refirió que, pese a que los dolores persistían, recibió el alta médica el día 8 de agosto de 2019 (con el siguiente diagnóstico: "pierna derecha leve molestia...") y retornó a cumplir con sus labores.
Sostuvo que el día 16 de agosto de 2019, tras haber permanecido en reposo durante tres días, el señor Saavedra comenzó con dificultades respiratorias, teniendo que ser ingresado a la mentada institución médica el día 20 de agosto de 2019, como consecuencia de dicha dificultad y por los mareos que padecía al caminar. Manifestó que, finalmente, el trabajador falleció en esa misma fecha, a raíz de un tromboembolismo pulmonar, que le ocasionó una insuficiencia ventilatoria y un posterior paro cardíaco. Vinculó este cuadro directamente con el infortunio ya detallado.
Argumentó que, al informar mediante carta documento (en fecha 1-X-2019) a la aseguradora correspondiente del deceso ocurrido; esta lo rechazó, alegando la falta de causalidad con el accidente laboral denunciado, de modo que -sostuvo- no iniciaría el trámite ante la comisión médica correspondiente.
Ante esta circunstancia, argumentó que -por recomendación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) ante la consulta que efectuó respecto al procedimiento a seguir- se dirigió ante la Comisión Médica n° 38 de General San Martín, y presentó el trámite por "divergencia en la determinación de la incapacidad", a fin de agotar el procedimiento administrativo. La petición fue rechazada en virtud de no haber sido iniciado por el propio trabajador, sino por su conviviente (art. 3, resol. 298/17 de la SRT).
I.1.b. A su turno, la demandada -en lo que interesa- opuso excepción de incompetencia material, solicitando el rechazo de la acción en todas sus partes. Basó su defensa en que la parte actora no había agotado la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente, prevista en los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 (modificatorio del art. 46, ley 24.557) y en la resolución 298/17 de la SRT.
I.2. Mediante presentación electrónica de fecha 26 de octubre de 2020, obra en formato digital la contestación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, acompañando las actuaciones administrativas vinculadas con la contingencia reclamada en autos.
I.3. Pasados los autos al acuerdo, el órgano jurisdiccional interviniente acogió la excepción, se inhibió para entender en la acción deducida y dispuso el archivo de la presente causa.
Para así decidir, consideró que la parte actora no logró acreditar el agotamiento -en debida forma- del procedimiento administrativo previo que le correspondía transitar, instaurado por las leyes 14.997 y 27.348 y la resolución 298/17 de la SRT.
Sostuvo, en su análisis de la normativa en juego, que la ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018), estableció su entrada en vigor a partir del primer día hábil del mes de febrero de 2020 (art. 104), con la salvedad de lo dispuesto en el art. 2 inc. "j" de dicho cuerpo legal (art. 103), el cual estimó operativo de modo inmediato, aún respecto de las contingencias ocurridas con anterioridad a su sanción.
Precisó que, como consecuencia de ello, una vez agotada la vía administrativa ante las comisiones médicas jurisdiccionales o -eventualmente- ante la comisión médica central, correspondía a ese colegiado el entendimiento y resolución de las pretensiones deducidas en el marco de la ley 24.557 y sus modificatorias. Agregó que las mencionadas comisiones médicas locales (creadas por el art. 51 de la ley 24.241 y sus modificatorias), "constituyen la instancia administrativa previa, de carácter obligatorio y excluyente de toda otra intervención para que el trabajador afectado, contando con el debido patrocinio letrado, solicite la determinación del carácter profesional de su enfermedad o contingencia, así como de su incapacidad y las correspondientes prestaciones dinerarias previstas de la Ley de Riesgos del Trabajo" (pronunciamiento, págs. 3 y 4). Señaló que dichos organismos emiten resoluciones de alcance individual (dictadas por el servicio de homologación de los respectivos entes), que -de ordinario- clausuran su actuación y resultan -en definitiva- recurribles ante los tribunales de trabajo (arts. 2, ley 27.348; 2 inc. "j", ley 15.057; 14 y 16, resol. 298/17 de la SRT).
En lo atingente al caso en estudio, señaló que el art. 16 de la resolución precitada (en la cual se regulan los procedimientos entre las comisiones médicas jurisdiccionales, la comisión médica central y el servicio de homologación), estableció que los recursos de apelación previstos en el art. 2 de la ley 27.348, deben interponerse "contra los actos del Titular del Servicio de Homologación de la Comisión Médica, que concluyan el procedimiento sin que las partes arriben a un acuerdo" (pronunciamiento, pág. 4), bajo apercibimiento de declararse configurada la cosa juzgada administrativa, en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Apontocado en los fundamentos que expuso, tras valorar el expediente administrativo -397.827/19- adunado en formato digital a la causa, precisó que no surgían constancias de que el servicio de homologación de la comisión médica interviniente se hubiera expedido y dictado una resolución de alcance individual que clausurara el procedimiento administrativo.
En esa línea, meritó que el trámite iniciado en el mencionado expediente por "divergencia en la determinación de la incapacidad" había sido rechazado en dicha sede administrativa (mediante la decisión dictada en fecha 9-XII-2019), con fundamento en la falta de legitimación de la derechohabiente para iniciar ese tipo de reclamo.
En ese marco, sostuvo que esa resolución no habilitaba a tener por agotada la vía administrativa previa dispuesta en la normativa de aplicación, de modo tal que la justicia del trabajo no se encontraba habilitada para tratar la petición de la actora (arts. 2 inc. "j" y 103, ley 15.057; 63, ley 11.653 y 4, CPCC).
Por otra parte, sostuvo que la obligación de transitar previamente ante las comisiones médicas no constituía per se un daño que habilitara la declaración de inconstitucionalidad de una norma, máxime cuando -como en el caso- la propia accionante había instado el procedimiento administrativo instituido por la legislación atacada. Por esta razón, desestimó los planteos de invalidez constitucional formulados respecto de los arts. 1 de la ley 14.997; 1, 2, 3, 14 y 15 de la ley 27.348 y de la resolución 298/17 de la SRT. En este orden, reprodujo la doctrina legal sentada por esta Suprema Corte en las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020).
II. Frente a lo así resuelto, la legitimada activa dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 17, 18, 19, 28, 75 inc. 22 y concordantes de la Constitución nacional; 1, 8 inc. 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 8 y 11 del Convenio 17 de la Organización Internacional del Trabajo; 8 y 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 11, 12 inc. 3, 15, 18, 39 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y la errónea aplicación de las restantes normas y doctrina legal que invoca (v. escrito electrónico de fecha 20-II-2021).
En su presentación, controvierte la desestimación de la acción por falta de agotamiento de la vía administrativa previa y obligatoria. A tal fin, sostiene que la actora dio cumplimiento con la normativa pertinente y concurrió a la comisión médica jurisdiccional correspondiente -de conformidad con lo normado en el art. 1 de la ley 27.348- a los efectos de obtener una reparación por el deceso de su conviviente, ocurrido -según alegó- como consecuencia del infortunio laboral acaecido el 16 de julio de 2019.
Argumenta que el sitio web oficial de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo establece que, en el supuesto de muerte del trabajador, el expediente deberá ser iniciado por la aseguradora de riesgos del trabajo "mediante el Sistema de Ventanilla Electrónica (V.E.) establecido por las Resoluciones SRT N° 635/08 y N° 365/09" (pág. 8). En este contexto, manifiesta que, conforme la misiva enviada por la accionada en respuesta al telegrama remitido por la reclamante, aquella negó la relación entre el fallecimiento del trabajador y el mencionado siniestro, de manera tal que -aduce- tampoco habría de iniciar el respectivo expediente por esa causa ante la comisión médica correspondiente.
Expone que, dada la situación antes descripta, la accionante se dirigió al organismo público mencionado a fin de informarse acerca del modo a proceder para sortear dicho "encierro" procedimental. Alega que allí recibió la recomendación de iniciar la tramitación por "divergencia en la determinación de la incapacidad aun sabiendo que dicho trámite no era acorde con la pretensión de la actora" (pág. 9). Explica que, pese a efectuar la diligencia tal cual lo sugerido, la Comisión Médica n° 38 de General San Martín desestimó la petición y ordenó el archivo de las actuaciones, con sustento en que "el trámite había sido iniciado por su conviviente y no cumplía con los requisitos establecidos en el art. 3 de la res. SRT 298/2017, debiendo ser el trabajador el titular de la acción" (pág. cit.); ello -aduce- aun conociendo dicha comisión médica -al momento de recibir el trámite- que aquel ya había fallecido.
Sobre esa base, denuncia errónea aplicación de los arts. 14 y 16 de la resolución 298/17 de la SRT; 2 y 46 de la ley 27.348; 2 inc. "j" y 103 de la ley 15.057; 63 de la ley 11.653 y 4 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto -dice- al exigir el previo dictamen del titular del servicio de homologación para declarar su competencia, el sentenciante de grado incurrió en un exceso ritual manifiesto, renunciando a la averiguación de la verdad jurídica objetiva, dados los acontecimientos descriptos.
Sostiene que en el citado art. 2 inc. "j" de la referida ley 15.057, el legislador instituyó un proceso concreto de revisión amplia y plena del procedimiento administrativo previo, cuya operatividad resulta inmediata (art. 103, ley cit.). Explica que en el art. 3 de la mencionada ley 27.348 se estableció un plazo perentorio de sesenta días para que la comisión médica se expida (el cual solo admite prórrogas en casos excepcionales y fundados), y que, ante la disconformidad con el resultado obtenido en aquella etapa, el interesado puede optar por peticionar la revisión de lo actuado ante los tribunales de trabajo provinciales.
Por último, manifiesta vulneradas las mandas constitucionales de defensa en juicio, debido proceso y tutela judicial continua y efectiva; así como también la doctrina legal de esta Suprema Corte sentada en las ya evocadas causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), en cuanto en dichos precedentes -alega- se estableció que frente a las resoluciones de las comisiones médicas (cualesquiera fueren) debe quedar garantizada la revisión judicial plena.
III. El recurso prospera.
III.1. De modo preliminar, se impone memorar que -reiteradamente- ha declarado esta Suprema Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no resultan definitivas en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 124.442, "Iriarte", sent. de 14-III-2022; L. 125.249, "Torrez", sent. de 25-XI-2021 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023).
También ha dicho, en el marco de decisiones de esa naturaleza dictadas dentro del régimen de riesgos del trabajo, que revisten la nota de definitividad a fin de ser equiparadas a las sentencias definitivas, aquellas en las cuales los tribunales de trabajo se pronuncian sobre la validez constitucional o no aplicabilidad de disposiciones de dicho sistema especial (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019 y L. 123.193, "Galeano", resol. de 19-IV-2021).
Sentado ello, dado el particular contexto reseñado, considero que -en el caso- la decisión de grado que clausuró la vía procesal promovida debe ser equiparada a definitiva, en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653), toda vez que los agravios desplegados por la recurrente aportan argumentos aptos a los fines de evidenciar que la decisión puesta en tela de juicio es susceptible de generar un agravio de imposible o muy dificultosa reparación posterior, en la medida que -aunque sin definir la cuestión sustancial debatida- anticipan la suerte adversa de la revisión intentada.
III.2.a. Establecido lo que antecede, estimo que la crítica central que exhibe la queja, vinculada a la declaración de incompetencia por parte del órgano de origen, debe tener andamiaje, dadas las especiales particularidades del caso bajo estudio.
III.2.b. Cabe efectuar una breve introducción de los antecedentes y constancias obrantes en la causa, que -en la especie- cobran relevancia para arribar a la solución que propicio.
Tal como surge de las pruebas adunadas y, del propio reconocimiento efectuado por ambas partes, acontecido el deceso (con fecha 20-VIII-2019) del señor Saavedra, su concubina informó el fatal suceso a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. mediante carta documento, vinculándolo causalmente con el accidente de trabajo acontecido el día 16 de julio de 2019, por el cual recibió atención y prestaciones médicas por parte de aquella y fue dado de alta.
Por su parte, la aseguradora contestó la misiva negando y desconociendo que la muerte del trabajador tuviera relación causal con el referido siniestro.
Ante esta respuesta, la interesada reparó en que la aseguradora no iniciaría la denuncia del infortunio ante la comisión médica correspondiente, de modo tal que inició el reclamo administrativo -según adujo, por recomendación de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo- por "divergencia en la determinación de la incapacidad".
Efectuada dicha presentación, esta fue desestimada por la Comisión Médica n° 38 de General San Martín, con sustento -únicamente- en la falta de legitimación activa de la señora Heredia para incoarla (a la luz de lo prescripto en el art. 3, resol. SRT 298/17), dado que tal reclamación solamente podía ser iniciada por el trabajador.
Frente a ello, la aquí reclamante dedujo la presente acción ante el fuero del trabajo provincial, en la cual relató detalladamente las circunstancias que -a su juicio- llevaron al fallecimiento de su concubino, así como también los pasos que transitó previamente al inicio de este juicio. Manifestó que procedía de este modo en razón de las respuestas recibidas por parte de la aseguradora y de la comisión médica interviniente.
A su turno, el Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de General San Martín circunscribió su decisión -exclusivamente- a analizar la cuestión según los requisitos formales de la normativa que consideró aplicable, y se declaró incompetente.
III.3. Lo reseñado resulta revelador de que las particularidades del caso ameritan atender el reclamo de la recurrente desde la perspectiva del resguardo de la tutela judicial continua y efectiva, el acceso a la justicia y el debido proceso, garantías constitucionales cuya violación denuncia, y -al mismo tiempo- desde la necesidad de aventar definiciones ritualistas.
Como puede observarse, la acción judicial iniciada en estos obrados por la parte actora tuvo como antecedentes, por un lado, el rechazo de la denuncia de la contingencia efectuada a aquella por parte de la aseguradora mediante carta documento, a partir de la negativa de la vinculación causal denunciada entre el infortunio laboral y la muerte del trabajador; y, por el otro, la existencia de un trámite administrativo iniciado y, finalmente, desestimado con fundamento en la falta de legitimación activa de la concubina, siendo que -según expresó el órgano administrativo- únicamente podía realizarlo el trabajador, quien -como podía desprenderse- había fallecido.
En estas condiciones, la solución brindada por el tribunal de grado con arreglo a la cual declaró su incompetencia para intervenir en el caso, seguida de la orden de archivo de las actuaciones y fundada en la inexistencia de un acto administrativo de clausura apelable, desoyó la argumentación que la actora puso a su consideración. Pues, la reclamante planteó la revisión judicial del caso, motivada -precisamente- en la necesidad de hacer valer sus eventuales derechos, desoídos mediante la respuesta brindada por el organismo interviniente en la instancia administrativa previa.
Más allá de la ausencia de idoneidad del trámite seguido por la interesada, la desatención de la denuncia de fallecimiento del trabajador -cuya relación causal se atribuyó al accidente de trabajo- ante el rechazo fehaciente de la contingencia por parte de la as
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