Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129769
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.769, "Meiras, José Néstor contra Pepsico de Argentina S.R.L. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres .
El Tribunal del Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, rechazó la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte actora (v. sent. de fecha 29-VIII-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 14-IX-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente desestimó la demanda promovida por José Néstor Meiras contra Pepsico de Argentina S.R.L., mediante la cual perseguía el cobro de diferencias salariales, remuneraciones adeudadas, sueldo anual complementario y vacaciones no gozadas; así como las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva del preaviso, integración del mes de despido; y las penalidades previstas por los arts. 80 de la Ley de Contrato de Trabajo; 8 y 15 de la ley 24.013 y 2 de la ley 25.323 (v. demanda de fecha 9-IX-2020).
Para así resolver, luego de valorar la prueba producida, juzgó que, ante la negativa formulada por la accionada en el escrito de contestación de la demanda, la actora no había acreditado la existencia de la relación laboral invocada.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la transgresión de los arts. 5, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 31, 32, 33, 72 inc. 22, 75 incs. 12, 19 y 32, 116 y 122 de la Constitución nacional; 1, 10, 11, 15, 25, 26, 27, 31, 39, 56, 57, 116, 168 y 171 de la Constitución provincial; 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 5 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 29 de la Convención Americana de Derechos Humanos; 39, 44 inc. "d", 47 y 63 de la ley 11.653; 34 inc. 4, 165 inc. 5 y 375 del Código Procesal Civil y Comercial; 1, 2, 3, 15 y 16 del Código Civil y Comercial; 9, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 37, 50, 55, 60, 115, 242, 243 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo y 2 de la ley 25.323; violación de la doctrina legal y absurdo en la valoración de la prueba (v. presentación electrónica de fecha 14-IX-2022).
II.1. Con fundamental sustento en la denuncia de quebranto del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y su doctrina, refiere que toda vez que en el escrito de contestación de la demanda la accionada alegó la configuración entre las partes de otro tipo de vinculación -distinta a la laboral- era a ella a quien le incumbía acreditar la inexistencia de un contrato de trabajo. Sostiene así, que se ha alterado la regla de la carga de la prueba aplicable al caso, toda vez que la prestación de servicios -que afirma, además acreditada- hace presumir la existencia de un contrato de trabajo.
En esta línea, expone que en el pronunciamiento de grado no se sostuvo que la demandada haya acreditado extremos que desactiven la presunción iuris tantum consagrada en la norma citada, pero tampoco se concluyó que se haya acreditado la existencia de servicios a favor de esta para que la mencionada presunción se torne aplicable.
II.2. Asimismo, califica de absurda la valoración de la prueba efectuada por el tribunal de origen, cuestionando -fundamentalmente- la interpretación realizada de la documental e informativa, así como de la testimonial.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. El hipotético apartamiento del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y de su doctrina legal, se asienta en la visión que el propio quejoso efectúa del escrito de contestación de la demanda, adviértase que a su juicio en dicha pieza procesal la contraria habría reconocido la "prestación de servicios" a los que la mentada norma subordina la operatividad de su presunción en el marco de un vínculo jurídico entre las partes.
Sin embargo, tal ponderación del contenido de aquella pieza procesal con las aristas que propone el interesado no ha sido receptada en el razonamiento del tribunal de grado, quien sin perjuicio sí hubo de valorar que la accionada manifestó haber donado (precisó: en el sentido de "regalar") materiales de desecho al actor. De allí que el sentenciante haya considerado que era carga del demandante demostrar la relación laboral invocada.
Y pueda o no compartirse, lo cierto es que aquella valoración de los alcances de la defensa ensayada por la demandada al presentarse en autos, fruto del ejercicio de potestades por regla privativas del a quo (causas L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021 y L. 126.682, "Mocherniuk", sent. de 11-VII-2023), debió ser atacada por medio de la denuncia y demostración del absurdo, que en este aspecto del fallo no ha sido blandido en la impugnación.
Luego, son aplicables al caso las directrices de este Tribunal que tachan de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite efectuar una réplica concreta y eficaz de la motivación esencial del fallo (causas L. 123.921, "Cimalando", sent. de 15-II-2022; L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022 y L. 124.690, "FATE S.A.I.C.I.", sent. de 26-IV-2022).
III.1.b. Lo expuesto le resta vigor entonces a aquel discurso que gira en torno al mentado art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
En el contexto de la inhabilidad de este segmento del recurso, no se verifica entonces el presupuesto fáctico al que se haya sujeta la operatividad de la presunción pergeñada por el legislador en el referido precepto legal, esto es: el hecho de la prestación de servicios; con lo cual, desde ese mirador, constituye carga de la parte actora demostrar el vínculo laboral alegado como fundamento de la pretensión (conf. art. 375, CPCC, causas L. 103.825, "Benitez", sent. de 18-IV-2011; L. 106.248, "Castillo", sent. de 25-IV-2012 y L. 109.742, "Cassino", sent. de 05-XII-2012).
III.2. Por su lado, el agravio dirigido a objetar la valoración de la prueba no luce apto para neutralizar lo resuelto.
III.2.a. Es que el quejoso enfoca la crítica partiendo de su concepción inicial centrada en que admitida la prestación de servicios era carga de la accionada acreditar la configuración de un vínculo jurídico ajeno al laboral. Empero, en el punto anterior se ha desestimado la objeción que contenía aquel criterio.
III.2.b. En una hipótesis más favorable para el recurrente, si así pudiese considerarse, tampoco lo expuesto en la impugnación evidenciaría la presencia de un razonamiento absurdo por parte de los magistrados de la instancia a la hora de verificar no acreditado el vínculo laboral denunciado.
Es doctrina inveterada de esta Suprema Corte que la evaluación del material probatorio, como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren para establecer si entre las partes medió -o no- un contrato de trabajo, corresponde privativamente a los magistrados de los tribunales de trabajo, y su decisión al respecto no es revisable en esta sede extraordinaria salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 108.349, "Britos", sent. de 3-V-2012; L. 103.558, "Cecconi", sent. de 5-III-2014 y L. 116.274, "Durán", sent. de 15-VII-2015).
El compareciente se limita a oponer a las conclusiones sentadas por el a quo su propia interpretación sobre los hechos y las pruebas de la causa, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal no constituyen un método idóneo para demostrar el mentado vicio (causas L. 113.301, "O., V. A.", sent. de 3-VII-2013; L. 118.470, "Castro", sent. de 24-VIII-2016 y L. 122.965, "Juarez", sent. de 23-II-2021), que aquí sí ha sido denunciado.
Cabe señalar a esta altura, que más allá que la solución adoptada por el tribunal de grado pudiese resultar opinable, discutible, o pasible de otras interpretaciones, ello no alcanza para patentizar el absurdo, pues no cualquier equívoco lo representa, antes bien, es necesario que se configure un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 125.637, "Barragán", sent. de 3-XI-2022 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023.).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Adhiero a lo expuesto por el doctor Soria en el punto III.1.a. de su voto en cuanto describe la insuficiencia técnica que exhibe el recurso en lo tocante a la omisa denuncia del vicio de absurdo que permitiría -eventualmente- ingresar en el análisis de los términos en que fue diseñada la contestación de la demanda.
Desde ese prisma, coincido con mi colega en cuanto postula que la firmeza que adquiere la conclusión en torno a la falta de reconocimiento de cualquier tipo de prestación, torna innecesario ingresar en el tópico concerniente a la presunción prevista en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, en tanto esta última -en dicho esquema- no se tornó operativa en mi opinión.
I.2. Luego, también comparto las consideraciones formuladas por el ponente en el punto III.2. de su propuesta.
II. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 25/03/2024 11:56:56 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 26/03/2024 09:04:10 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/04/2024 12:01:57 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 07/04/2024 20:53:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/04/2024 08:14:59 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 08/04/2024 10:33:50 hs. bajo el número RS-21-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia