Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125135
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado declaró su incompetencia para intervenir en la presente causa, cuya aptitud jurisdiccional se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen a fin de que continúe el trámite según su estado.
Sin costas en ambas instancias, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.135, "Romero, Ramón Ricardo Andrés contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Recurso contra decisión Comisión Médica Jurisdiccional. Ley 14.997", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, declaró su incompetencia de oficio para entender en las presentes actuaciones y dispuso su archivo, sin costas (v. fs. 28/30).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 35/39).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de grado pronunció -de oficio- su incompetencia para intervenir en la presente causa, iniciada por Ramón Ricardo Andrés Romero contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., con motivo de un recurso de apelación por divergencia en la determinación de la incapacidad establecida por la Comisión Médica Jurisdiccional n° 37 de Quilmes, en el marco del expediente administrativo n° 276.119/18, con sustento en lo establecido en los arts. 2 de la ley 27.348 y 16 de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. fs. 28/30).
Para así decidir, consideró que los recursos previstos en la norma legal citada deben interponerse -indefectiblemente- por escrito ante el servicio de homologación y presentarse en la sede de la comisión médica jurisdiccional interviniente, para que la autoridad administrativa, una vez sustanciado, eleve la causa al órgano judicial competente para su tratamiento.
Sobre esa base, señaló que, en el caso, la vía de apelación escogida por la parte actora como fundamento de su presentación -esto es, el art. 2 de la ley 27.348- difería de lo establecido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, en tanto -sostuvo- no puede instarse de manera directa ante los tribunales del fuero del trabajo sin antes haber sido sustanciado por el órgano administrativo actuante.
Con pie en ello, concluyó que correspondía declarar su falta de aptitud jurisdiccional para entender en el recurso de apelación incoado de modo directo ante los estrados judiciales y, en consecuencia, ordenó el archivo de los autos iniciados (v. fs. 28/30).
II. Contra dicho pronunciamiento, el legitimado activo interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y errónea aplicación de las normas que cita (v. fs. 35/39).
Concretamente, objeta la decisión del tribunal de grado porque -según alega- impide la revisión judicial de lo actuado por ante la comisión médica jurisdiccional.
Señala que el trabajador dio cumplimiento con el procedimiento establecido en la ley 27.348 y la referida resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, pues presentó recurso de apelación. Sin embargo, explica que, hasta el momento del inicio de los presentes autos, dicho escrito no se sustanció ni el expediente fue elevado al tribunal de trabajo competente. En ese contexto, expresa que al haberse excedido holgadamente por la autoridad administrativa los plazos previstos en el marco del procedimiento, con el fin de resguardar sus derechos, compareció directamente ante la justicia.
De este modo, aduce que el incorrecto accionar de la administración no puede serle imputable, por lo que el órgano de la instancia de origen debió asumir plena aptitud jurisdiccional para entender en las presentes actuaciones.
Manifiesta que la vía elegida no difiere, en lo sustancial, de lo normado -luego- por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 (art. 103, ley cit.).
Plantea que el archivo de la causa, conforme fue dispuesto en la decisión atacada, importa la supresión del derecho del trabajador damnificado de solicitar la revisión de lo decidido por la comisión médica jurisdiccional, quedando vulnerados -de ese modo- el derecho de acceso a la justicia y la garantía del debido proceso adjetivo (art. 18, Const. nac. y tratados internacionales con jerarquía constitucional).
III. El recurso prospera.
III.1. De modo preliminar, se impone memorar que reiteradamente ha declarado esta Suprema Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no resultan definitivas en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 125.249, "Torrez", sent. de 25-XI-2021; L. 124.442, "Iriarte", sent. de 14-III-2022 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023).
También ha dicho, en el marco de decisiones de esa naturaleza dictadas dentro del régimen de riesgos del trabajo, que revisten la nota de definitividad a fin de ser consideradas equiparables, aquellas en las cuales los tribunales de trabajo se pronuncian sobre la validez constitucional o no aplicabilidad de disposiciones de dicho sistema especial (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019 y L. 123.193, "Galeano", resol. de 19-IV-2021).
Sentado ello, bajo esos lindes y dado el particular contexto reseñado, considero que -en el caso- la decisión de grado que clausuró la vía procesal promovida debe ser equiparada a definitiva, en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653), toda vez que los agravios desplegados por el recurrente aportan argumentos aptos a los fines de evidenciar que la decisión puesta en tela de juicio es susceptible de generar un agravio de imposible o muy dificultosa reparación posterior en la medida que -aunque sin definir la cuestión sustancial debatida- anticipan la suerte adversa de la revisión intentada.
III.2. Establecido lo que antecede, adentrándome en el análisis del remedio extraordinario interpuesto, estimo que acierta el interesado al impugnar las conclusiones a las que arribó el tribunal de la instancia ordinaria.
Veamos.
III.2.a. En el escrito de inicio presentado el 15 de octubre de 2019, el accionante manifestó que con fecha 3 de abril del mismo año dedujo ante la comisión médica jurisdiccional interviniente un recurso de apelación para ser tratado por el fuero laboral competente -en los términos de la ley 27.348- contra lo dispuesto por dicho órgano administrativo (v. fs. 19 in fine ).
En ese orden, manifestó que, en razón del tiempo transcurrido sin que este último diera cumplimiento con el trámite establecido en la normativa aplicable, con la finalidad de que no se vieran vulnerados sus derechos y garantías constitucionales, acudía de modo directo ante la justicia laboral (v. fs. 19 vta.).
Sobre esa base, relató los hechos, fundó la impugnación del dictamen emitido en la instancia administrativa, practicó liquidación y ofreció prueba (v. fs. 19/27).
III.2.b. A su turno, tal como se desprende del relato de antecedentes, el tribunal de grado no evaluó el argumento central contenido en la presentación del reclamante, vinculado con la inacción o demora puesta de manifiesto con relación a la tramitación administrativa previa. Antes bien, circunscribió su decisión -exclusivamente- al análisis de los requisitos formales de la normativa que consideró aplicable.
III.2.c. Así las cosas, encuentro que el pronunciamiento atacado -tal como denuncia y logra demostrar la aquí recurrente- resulta absurdo, en tanto -entiendo- el a quo ha llevado a cabo una apreciación sesgada del escrito de inicio, que lo condujo a un claro y evidente desacierto interpretativo.
En este orden, cabe aquí recordar que dicho vicio denota la existencia de un error grave y grosero, concretado en una conclusión del sentenciante visiblemente incoherente y contradictoria con el orden lógico formal e incompatible con las constancias objetivas que resultan de la litis (causas L. 121.667, "Tula", sent. de 10-VIII-2020; L. 124.045, "Olivera", sent. de 13-VII-2021; L. 121.334, "Mano", sent. de 30-VIII-2021; e.o.).
Se sigue de lo dicho, que el recurso merece acogerse -sin más- y revocarse la decisión objetada por haberse verificado el yerro imputado al tribunal de grado.
Ello así, toda vez que -como se ha visto- el órgano interviniente se limitó a juzgar incumplidos los recaudos formales para el inicio de la presente causa, desoyendo la argumentación del actor con arreglo a la cual planteó que no podía sino acudir ante los estrados judiciales para hacer valer sus derechos, dada la inacción o demora del órgano administrativo ante el cual, con anterioridad y siguiendo lo dispuesto en la ley 27.348, reclamó de modo previo.
III.2.d. Luego, y a esta altura, corresponde que esta Suprema Corte asuma competencia positiva, en ejercicio de su función casatoria, para componer la cuestión (art. 289, CPCC).
Teniendo en consideración la falta de respuesta por parte del órgano administrativo interviniente en el marco del trámite de la vía recursiva articulada respecto del dictamen de la comisión médica jurisdiccional que, conforme lo expresado por el propio tribunal de grado en la resolución de fs. 34 y vta. hasta el dictado de la misma (esto es, el 8 de noviembre de 2019) se encontraba "...aún pendiente de sustanciación y elevación."; y que, tanto en el escrito de inicio como en el remedio extraordinario bajo análisis, el interesado ha dejado planteado que lo que -en definitiva- pretende es la revisión de lo decidido en la instancia administrativa previa mediante la apelación articulada, la actuación de las garantías constitucionales que procura el agraviado relativas al aseguramiento de la tutela judicial continua y efectiva y el debido proceso adjetivo (arts. 18, Const. nac.; 8, CADH y 15, Const. prov.) resultan indicativas de que el órgano jurisdiccional del fuero especializado es el encargado de dar la respuesta que aquí persigue el trabajador, sujeto de preferente tutela constitucional (causas L. 80.735, "Abaca", sent. de 7-III-2005; L. 90.656, "Lescano", sent. de 23-III-2010; L. 87.788, "Sala", sent. de 28-V-2010; e.o.), según los estrictos lindes de la petición, dirigida -reitero- a que se revise la decisión administrativa, dando tratamiento al recurso de apelación.
Por ello, corresponde declarar la competencia del tribunal de trabajo para que entienda en la presente causa, debiendo remitírsele para que continúe el trámite según su estado.
III.2.e. Finalmente, me permito señalar que la solución que aquí propicio no obsta a lo decidido por esta Suprema Corte en la causa L. 124.285, "Bustos Torres", sentencia de 27-II-2023, toda vez que -al igual que en el presente caso- en dicho precedente la línea directriz de la solución se ajustó a la tutela y prevalencia de idénticos derechos constitucionales que los que aquí se han puesto en juego.
IV. Por lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la decisión impugnada en cuanto el órgano de grado decretó su incompetencia para intervenir en la causa, cuya aptitud jurisdiccional se declara. En consecuencia, los autos deberán remitirse al tribunal de origen para que continúe el trámite de la causa según su estado.
Sin costas en ambas instancias, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68, segundo párr., y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
A excepción de lo expuesto en el punto III.2.e., adhiero al sufragio emitido por mi distinguido colega doctor Torres.
Sin costas en ambas instancias, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68, segundo párr., y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votó también por la afirmativa.
El señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votó también por la afirmativa.
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal de grado declaró su incompetencia para intervenir en la presente causa, cuya aptitud jurisdiccional se declara. En consecuencia, se remiten los autos a la instancia de origen a fin de que continúe el trámite según su estado.
Sin costas en ambas instancias, atento la ausencia de contradicción y la índole de la cuestión resuelta (arts. 68, segundo párr. y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2024 19:37:09 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:15:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:41:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 19:19:34 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2024 08:27:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 10:00:13 hs. bajo el número RS-23-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia