Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127248
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.248, "Gómez, Anselmo José contra Morelli, María del Carmen Paladini e Hijos S.H. y otros. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 246/258).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 17-III-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y admitió la demanda promovida por Anselmo José Gómez contra Morelli, María del Carmen Paladini e Hijos S.H., María del Carmen Morelli, Anabela Morelli, Javier Morelli y Guillermo Morelli, por la que pretendía -con fundamento en las disposiciones del anterior Código Civil- la reparación integral de los daños y perjuicios derivados del accidente de trabajo que protagonizó el día 2 de junio de 2007.
Tuvo por acreditado que, en la fecha señalada, el actor volcó una camioneta Ford Ranger -propiedad de los codemandados- mientras conducía por un camino de tierra ubicado entre la ruta n° 188 y el campo donde prestaba tareas (v. fs. 246 vta.). Asimismo, concluyó que, debido al infortunio, el trabajador padeció lesiones en su pierna izquierda, que le provocaron una incapacidad equivalente al 29,98% de la total obrera, tal como se estableciera en las actuaciones promovidas contra la aseguradora de riesgos del trabajo, que fueran ofrecidas como prueba por la demandada en este juicio (v. fs. 249).
También, corroboró que el accionante tenía un ingreso base mensual de $899,76, treinta y cinco años de edad al momento del siniestro, y había suscripto un acuerdo conciliatorio con la compañía Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. por la suma de $27.000 -atento al importe de $12.394 antes percibido- que fue homologado por el mismo órgano jurisdiccional en el trámite de la causa n° 29.625, caratulada: "Gómez, Anselmo José c/ Asociart ART. SA. s/ Accidente de trabajo - Acción especial" (v. fs. 248 vta.).
De modo previo, expresó que las actuaciones debían juzgarse al amparo del anterior Código Civil, puesto que los hechos y circunstancias debatidas habían quedado consumadas con anterioridad a la novel legislación sustantiva (art. 7, Cód. Civ. y Com.).
Sentado ello, y en torno al suceso, el juzgador tuvo por verificados los presupuestos configurativos de la responsabilidad civil de los coaccionados en lo que concierne al factor de atribución objetivo (art. 1.113, anterior Cód. Civ.) al considerar que el daño había sido producido por la acción directa de una cosa, vehículo automotor, que revestía el carácter de riesgosa -en los términos de la norma legal indicada-; destacando que su peligrosidad se evidenciaba por la modalidad en que debía ser utilizada por el demandante para realizar las tareas encomendadas (v. fs. 252 vta.).
En este marco, tras descartar -por falta de prueba- la culpa e impericia del trabajador alegada por los empleadores y puesto a analizar el planteo de invalidez constitucional del art. 39 de la ley 24.557 articulado en la demanda, el sentenciante señaló -con apoyo en la doctrina legal de esta Corte- la necesidad de comparar las cuantías resarcitorias a las que accedería Gómez, según se atienda a su reclamo conforme a las previsiones de dicha ley especial o en el marco del régimen de responsabilidad del anterior Código Civil (v. fs. 253).
En esa faena, recordó que este ya había percibido de la aseguradora de riegos del trabajo las sumas de $12.394,28 y $27.000 -con fechas 5 de agosto de 2008 y 27 de febrero de 2015, respectivamente-, es decir, $39.394,28 en concepto de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557 (v. fs. 253 vta.).
Por otro lado, efectuó el cálculo de la indemnización que -de conformidad al derecho común- obtendría el actor en concepto de daño material (comprensivo de los rubros "lesión a la indemnidad psicofísica" e "incapacidad laboral"), indicando las pautas que -a tal fin- consideró pertinentes, esto es: el porcentaje de incapacidad, la edad al momento del siniestro, la función que desempeñaba, el ingreso salarial, el resto de la vida laboral activa y los lineamientos de la Cámara Primera de Apelaciones departamental (v. fs. 253 vta.). Arribó de este modo al monto de $66.000, al que adicionó, luego, las sumas de $16.500 y $700 en concepto de "daño moral" y "daño emergente" (v. fs. 254).
A partir del cotejo de los importes obtenidos en concepto de reparación integral proveniente de la aplicación de las normas civiles ($83.200) y el resarcimiento sistémico ($39.394,28), el tribunal declaró la inconstitucionalidad del mentado art. 39 (v. fs. 254 y vta.).
Dispuso que al capital de condena ($83.200) se le adicionen intereses, desde la exigibilidad de la obligación (2 de junio de 2007) hasta el 19 de agosto de 2008, a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días vigentes en los distinto períodos de aplicación, y a partir de allí y hasta su efectivo pago, a la misma tasa pero en su variante digital, "debiendo descontarse las sumas de $12.394,28 y $27.000 -percibidas por el trabajador en concepto de prestación dineraria de la LRT en fechas 5/8/08 y 27/2/15, respectivamente-, con imputación primeramente a intereses y después a capital" (fs. 256 y vta.).
Finalmente, desestimó el planteo de inconstitucionalidad de los arts. 7, 8 y 10 de la ley 23.928 (texto según ley 25.561), articulado en la demanda.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14 bis, 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 168 y 171 de la Constitución provincial; 772, 1.716, 1.737, 1.738, 1.739, 1.740, 1.741 y 1.746 del Código Civil y Comercial; 34 incs. 3 y 4, y 165 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 y 47 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica (v. escrito electrónico de fecha 17-III-2021).
Cuestiona el monto indemnizatorio que estableció el tribunal de grado en la sentencia por exiguo.
Postula violación de la doctrina legal y transcribe, a tal efecto, pasajes del antecedente C. 123.367, "Sandobal".
Aduce infracción de las disposiciones del Código Civil y Comercial más arriba individualizadas, en razón de no haber sido consideradas por el tribunal de origen. En ese discurrir alega que, con la utilización de valores históricos, se consumaría la infracción del art. 772 del mencionado cuerpo normativo, al igual que los arts. 1.716 y 1.737 -entre otras disposiciones-, por no mediar un resultado valioso ni adecuada mensura de la incidencia patrimonial que irrogó el daño.
Denuncia apartamiento del propio tribunal actuante del mecanismo empleado en otra causa y compara los valores allí alcanzados.
Reprocha al juzgador haber considerado "el salario que devengó", cuando -en su opinión- debió ponderar la categoría laboral ostentada (peón rural) para definir ese parámetro a valores actuales.
Con esa premisa postula un nuevo cómputo de la indemnización mediante la utilización de una fórmula diferente, que considera apropiada: la disminución proporcional de la remuneración de peón de campo multiplicada por la cantidad de meses contados desde la fecha del accidente hasta que el trabajador alcance los sesenta y cinco años de edad ($40.000 x 29,98% x 352); operatoria que arroja un resultado de $4.221.184.
Concluye que este valor se incrementaría aún más con el daño moral, afirmando que la sentencia debe ser revocada.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Ante todo, corresponde destacar que -más allá de las sumas reclamadas en la demanda y reconocidas en la sentencia- el recurrente expresó los importes que pretende percibir en caso que prospere su impugnación.
En consecuencia y según la tesis expresada, el valor de lo cuestionado supera el umbral fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, para acceder ante esta instancia extraordinaria, quedando en la especie satisfecho el imperativo de acreditar el extremo referido a la cuantía económica (v. págs. 22 y 23, escrito electrónico de fecha 17-III-2021; causas L. 96.737, "Coccioli", sent. de 1-X-2008; L. 100.898, "Olazar", sent. de 3-III-2010; L. 115.072, "Cipolletti", sent. de 28-VIII-2013; L. 116.898, "Pereyra", sent. de 2-VII-2014 y L. 124.683, "Notti", sent. de 15-IX-2022).
Se impone concluir entonces que el recurso sub examine reúne los requisitos esenciales de admisibilidad.
III.2.a. Aclarado ello y conforme surge del relato de antecedentes, el trabajador promovió, con motivo del infortunio laboral protagonizado el 2 de junio de 2007, dos reclamos radicados ante el mismo órgano jurisdiccional.
El dirigido a la aseguradora de riesgos del trabajo culminó mediante un acuerdo conciliatorio que fue homologado el 28 de noviembre de 2014, por los valores y con los alcances más arriba detallados.
En el presente, procuró el cobro de los daños y perjuicios que, en exceso de las prestaciones sistémicas, imputó a cargo del empleador.
III.2.b. Previo planteo de inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557, la parte actora fundó su pretensión al amparo de los arts. 1.113 y 1.109 del anterior Código Civil, reclamando por una minusvalía del orden del 100% (v. fs. 38 vta.) con relación a sus tareas habituales.
Mensuró cada uno de los ítems pretendidos (daño emergente, indemnidad psicofísica, incapacidad laboral y daño moral) por un total de $190.700.
Solicitó reajuste del crédito, por conducto de la inconstitucionalidad de los arts. 7, 8 y 10 de la ley 23.928, modificados por la ley 25.561.
A su turno, la demandada replicó los hechos fundantes de la acción instaurada, esgrimiendo culpa e imprudencia de la víctima en la conducción del vehículo.
Cuestionó los valores estimados por su falta de justificación (v. fs. 97 vta.).
III.2.c. Planteada la litis en esos términos, el tribunal interviniente declaró procedente la demanda promovida, con los fundamentos más arriba explicados.
III.3.a. De modo previo, corresponde destacar que el éxito del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley depende de la suficiencia técnica de los agravios ventilados en la instancia extraordinaria, siendo insoslayable analizar -de modo previo- el sentido y el alcance con que estos han sido desarrollados en el libelo recursivo. Ello exige una crítica concreta y razonada, que abarque los fundamentos del pronunciamiento atacado y que apunte a la totalidad de las normas en que aquel se apoya (causas L. 87.948, "Alvarez", sent. de 8-VIII-2007; L. 116.768, "Luguercho", sent. de 13-VIII-2014; L. 118.434, "Virgili", sent. de 12-IV-2017 y L. 121.225, "Corani", sent. de 27-VII-2020).
Bajo esas directrices, corresponde examinar la impugnación.
III.3.b. En primer lugar, corresponde advertir que el tribunal de origen precisó que la cuestión aquí ventilada debía juzgarse conforme las disposiciones del anterior Código Civil.
Esta inicial aclaración en cuanto al marco normativo aplicable, que signó el posterior desarrollo argumental del pronunciamiento, fue soslayada por completo por el agraviado.
En efecto, el diseño de la crítica se estructura en la falta de aplicación de las normas del Código Civil y Comercial. Y a partir de la denuncia de infracción de sus disposiciones, -expresamente desplazadas de antemano por el a quo - la interesada propugna, a su vez, apartamiento de la doctrina legal.
Con relación a esto último, bajo el título "doctrina violada" (v. punto IV, escrito de impugnación), el interesado cita el precedente C. 123.367, "Sandobal", plasmando -sin advertencia alguna- la transcripción textual de pasajes de la opinión de uno de los ministros que votó en esa oportunidad.
III.3.c. Se colige de lo señalado que la crítica no satisface la carga impuesta por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
En tal sentido y en forma invariable, se ha sostenido que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley resulta insuficiente si carece de la indispensable denuncia de infracción de las normas actuadas en el pronunciamiento de origen -en la especie, referidas al anterior Código Civil- concernientes a los agravios que en él se exponen, sin que esta Corte pueda suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse por el recurrente (causas L. 116.646, "M., I. A.", sent. de 4-XII-2013; L. 116.759, "Chalfon", sent. de 6-VIII-2014; L. 117.895, "Salvo", sent. de 17-VI-2015 y L. 121.373, "Ankudowicz", sent. de 18-VIII-2020).
En esta línea cabe advertir que en la sentencia se juzgó el asunto conforme las disposiciones invocadas en la demanda, sin que el interesado hiciera observación alguna al respecto.
Según las posiciones relevantes del caso, emerge sin cavilaciones que, en el marco de la estrategia procesal desplegada y ante el resultado obtenido en este expediente, el recurrente efectúa un desarrollo completamente diferente al esbozado en su postulación inicial. Pretende, pues, rediseñar en casación su original planteo sustituyéndolo por un nuevo enfoque mediante alegaciones que -fruto de una reflexión tardía- no resultan susceptibles de ser evaluadas ante la instancia extraordinaria (causas L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 122.059, "Lazzaro", sent. de 16-IX-2020; L. 123.865, "R. M., P. A.", sent. de 13-VII-2021; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021 y L. 126.214, "Roldan", sent. de 29-XI-2022).
Y en ese discurrir, acude a argumentos sometidos a consideración del a quo para cimentar el planteo de inconstitucionalidad de la ley 25.561, cuyo rechazo en la instancia de origen arriba firme.
Tampoco resulta eficaz la denuncia de violación de doctrina legal.
Si bien a lo largo de la pieza recursiva se enuncian algunos precedentes, el recurrente se afirma, al cabo, en la opinión de un ministro esbozada en el antecedente más arriba individualizado.
En el contexto descripto, la propuesta así efectuada no puede tener cabida.
Cabe advertir, en primer lugar, que las expresiones de los magistrados de la Suprema Corte que no han concitado la adhesión de los otros miembros del Tribunal, no configuran "doctrina legal" en los términos previstos en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas L. 100.723, "Fernández", sent. de 9-XII-2010; L. 117.648, "Serantes", sent. de 15-VII-2015; L. 120.052, "V., C.", sent. de 19-IX-2018; e.o.).
Luego, que en el antecedente indicado se debatió la tasa de interés que correspondía aplicar ante una deuda cuya naturaleza fue definida previamente como "de valor" en la instancia precedente. Se sigue de ello que no media identidad en los presupuestos con los del caso bajo juzgamiento (causa L. 117.665, "Escobedo", sent. de 10-VI-2015; e.o.).
III.4. Conforme el desarrollo que antecede, el recurso resulta técnicamente insuficiente y por tanto se impone su desestimación (art. 279, CPCC).
IV. Por todo lo expuesto, considero que corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votó también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
II. Como lo señala mi distinguido colega doctor Genoud, con un planteo que estuvo ausente en la instancia, el recurrente pretende estructurar su impugnación situándola en los lindes del actual Código Civil y Comercial de la Nación; además, al hacerlo, omite toda consideración tendiente a objetar lo juzgado por el a quo en cuanto entendió aplicable al caso las normas del Código Civil de Vélez Sarsfield. Tales deficiencias revelan la insuficiencia del medio de impugnación, que se ve reforzada por la infructuosa denuncia de violación de doctrina legal, que, al cabo, tampoco demuestra acudiendo al precedente que identifica.
Bajo estas breves reflexiones, adhiero al voto del ponente, incluso en materia de costas (art. 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
El señor Juez doctor Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud , votó también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 04/04/2024 19:37:11 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/04/2024 09:15:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 11/04/2024 14:41:02 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 12/04/2024 19:19:36 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/04/2024 08:27:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 15/04/2024 10:00:14 hs. bajo el número RS-24-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia