Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127653
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.653, "Ibarra, Héctor Luis contra Cantera La Ponderosa S.A. y otro/a. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Torres, Soria, Kogan.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Azul, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar parcialmente a la acción instaurada, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento electrónico de 18-XII-2020).
Se dedujeron, por la parte actora, recursos extraordinarios de inconstitucionalidad y de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 18-II-2021); y, por la aseguradora codemandada, recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de 12-II-2021).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen electrónico de 18-II-2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido por la parte actora?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
En su caso:
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por la aseguradora codemandada?
En su caso:
4ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen, en lo que interesa, hizo lugar a la demanda promovida por Héctor Luis Ibarra y condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11, inc. 4, 15 inc. 2 y 17 incs. 1 y 2 de la ley 24.557, así como de la compensación adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de las enfermedades profesionales contraídas durante el cumplimiento de las tareas prestadas a órdenes de su empleadora. Por otro lado, rechazó la acción deducida contra Cantera La Ponderosa S.A. en cuanto reclamaba una reparación integral con sustento en el derecho común (v. pronunciamiento electrónico del 18-XII-2020).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inconstitucionalidad (v. presentación electrónica de fecha 18-II-2021).
III. El recurso no prospera.
Sabido es que la nota característica de esta instancia extraordinaria es la mayor exigencia en cuanto a las cargas procesales que deben ser idóneamente abastecidas para transitar con éxito la casación (causas L. 122.631, " G., O. A.", sent. de 30-XII-2021; L. 124.079, "Nicolini", sent. de 1-IV-2022 y L. 125.917, "López", sent. de 27-X-2022), labor que no ha sido cumplida por el impugnante.
Oído el señor Procurador General, considero que, en efecto, como surge de la lectura de la presentación en examen, los recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley deducidos y presentados en forma conjunta, contienen un mismo desarrollo argumental (concerniente a la valoración del principio de congruencia y de la validez constitucional del art. 4 de la ley 26.773) del cual -más allá de otras consideraciones que podrían formularse- no es posible deslindar aquellos argumentos referidos a uno u otro medio de impugnación.
Esto implica que el interesado hizo caso omiso del principio de especialidad de las vías recursivas y de la doctrina de esta Corte que sostiene que, por ser distintas las fuentes de impugnación a que se refieren los arts. 278 y 299 del Código Procesal Civil y Comercial, la pretensión de fundar los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley y de inconstitucionalidad de manera conjunta, con los mismos argumentos o entrelazándolos, incumpliendo de tal manera con la exigencia legal de deducirlos en términos claros y concretos, resulta improcedente, salvo supuestos excepcionales que, en la especie, no encuentro configurados (causas L. 115.885, "Ríos", sent. de 26-VI-2013 y L. 116.161, "Salto", sent. de 23-XII-2014).
Siendo ello así, corresponde el rechazo de los recursos cuya promiscuidad argumental genera una confusión en la que no es posible desentrañar dónde comienza o finaliza uno u otro (causas L. 121.027, "Sánchez", sent. de 17-VI-2020; L. 122.044, "López", sent. de 9-II-2021; L. 124.037, "López", sent. de 31-V-2021; e.o.) pues tal insuficiencia de fundamentación pone en evidencia la deficiente técnica recursiva que no corresponde sea suplida por esta Corte.
IV. En este marco, entiendo que no corresponde formular otras consideraciones a fin de rechazar el recurso extraordinario de inconstitucionalidad deducido, con costas (art. 303, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Atento lo expuesto respecto de la primera cuestión, corresponde -por idénticos motivos- desestimar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora, en tanto se ha fundado promiscuamente con el de inconstitucionalidad (conf. arts. 279, CPCC y 31 bis, ley 5.827 y modificatorias).
Con costas (arts. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Contra el fallo de grado, la aseguradora vencida interpuso recurso extraordinario de nulidad en el que denuncia la transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires (v. presentación electrónica de fecha 12-II-2021).
Sostiene que el juzgador de grado omitió pronunciarse sobre el inicio del cómputo de los intereses aplicados, tópico que considera esencial, teniendo en cuenta que los créditos por los que prosperó la acción poseen fechas de mora sustancialmente disímiles.
En tal sentido, afirma que, al tratar la segunda cuestión de la sentencia, el a quo determinó la tasa de interés aplicable, limitándose a cuantificar los accesorios en la suma de $3.526.431, sin indicación concreta y pormenorizada de las fechas de inicio en el cómputo de los intereses, o desde cuando comenzó la actualización de cada crédito. Ello -manifiesta- genera que dicho tópico no sea susceptible de ser revisado por su parte.
II. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 18-II-2022), opino que el recurso no puede prosperar.
II.1. Dable es recordar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 123.216, "Bravo", sent. de 9-IX-2021; L. 124.860, "Mayotti", sent. de 19-IX-2022; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.).
II.2. Toda vez que en la segunda cuestión planteada en la sentencia el a quo calculó las sumas por las que prosperó la demanda adicionando intereses moratorios "...desde que son debidos...", circunstancia que fue precisada en la primera cuestión del pronunciamiento, se advierte que lejos de haberse configurado el vicio omisivo denunciado, la acusación de transgresión del art. 168 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, remite a la imputación de eventuales errores de juzgamiento, resultando, por lo tanto, ajeno al acotado ámbito del recurso en análisis y propio del de inaplicabilidad de ley (causas L. 128.401, "Marino", resol. de 21-X-2022; L. 127.674, "Geri", resol. de 15-II-2023; L. 127.035, "Quiroz", sent. de 17-IV-2023; L. 130.046, "Beron", resol. de 29-V-2023; e.o.).
III. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa .
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Kogan , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la tercera cuestión también por la negativa.
A la cuarta cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Tal como se expuso, el tribunal de origen condenó a Federación Patronal Seguros S.A. al pago de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 inc. 4, 15 inc. 2 y 1 incs. 1 y 2 de la ley 24.557, así como de la compensación adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773, como consecuencia de las enfermedades profesionales contraídas durante el cumplimiento de las tareas prestadas a órdenes de su empleadora (v. pronunciamiento electrónico de fecha 18-XII-2020).
En lo que aquí interesa, para así decidir, tras analizar las constancias de la causa, tuvo por probado: a) que el causante trabajó para Cantera La Ponderosa S.A. desde el 2 de junio del año 2014; b) que su horario de trabajo era de lunes a viernes de 07:00 a 17:00 hs. y los sábados de 7:00 a 13:00 hs.; c) que el 21 de abril de 2016 se produjo la primera manifestación invalidante, momento en el que el trabajador denunció la dolencia ante la aseguradora codemandada; d) que las dolencias padecidas (neumoconiosis, EPOC y tuberculosis) tienen relación causal con las tareas que desarrollaba para su empleadora, las cuales le generaron una incapacidad permanente, total y definitiva del 90% de la total obrera; y e) que el señor Ibarra, en su actual estado de salud y su inevitable agravamiento, necesita asistencia en forma permanente para desenvolverse en su vida cotidiana (v. vered. de fecha 17-XII-2020).
Luego, en la etapa de sentencia, tras rechazar el planteo de inconstitucionalidad "de la opción excluyente" prevista en el art. 4 de la ley 26.773 (en su versión anterior a la modificación de la ley 27.348) deducido por la parte actora, desestimó la pretensión de resarcimiento en los términos de las normas del derecho común, y procedió a analizar la procedencia de las prestaciones dinerarias previstas en la Ley de Riesgos del Trabajo (v. sent., págs. 23/29).
Bajo esas directrices, declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, disponiendo que la liquidación de la prestación establecida en el citado art. 15, inc. 2 se practicase con arreglo a la remuneración mensual que hubiera devengado a los dos años contados desde la primera manifestación invalidante, es decir la del mes de marzo de 2018 (conf. art. 7, inc. 2, apdo. 2 -según ley 27.348-; v. sent., págs. 31/35).
En tales condiciones, y de acuerdo a los hechos probados, cuantificó la prestación dineraria mencionada en la suma de $1.820.121,20 ($20.613,39 x 53 x 1,666 -65/39-). A dicho importe adicionó la compensación adicional de pago único prevista en el art. 11, inc. 4, apartado "b" -según nota n° 6.026/18 de la Subgerencia de Control de Entidades (SCE) de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), se determinan los pisos mínimos entre el 1 de marzo de 2018 y el 31 de agosto de 2018- en el valor de $872.147, al que luego agregó la indemnización estipulada en el art. 3 de la ley 26.773 ($538.453,64; v. sent., págs. 36/37).
Asimismo, calculó la prestación mensual por gran invalidez prevista en el art. 17, inc. 2 de la ley 24.557 desde "la fecha del alta ficta " (abril de 2018) hasta la del dictado de la sentencia (diciembre de 2020) arribando a un total de $976.522,61 (v. sent., págs. 37/38).
En virtud de lo expuesto y por aplicación de los arts. 3 inc. 3, 26 inc. 1, 27 y 28 de la ley 24.557, condenó exclusivamente a la aseguradora de riesgos del trabajo y rechazó íntegramente la demanda deducida contra la empleadora.
Por último, dispuso calcular los intereses sobre el capital de condena ($4.207.244,45), conforme la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en las operaciones de depósito a treinta días mediante el sistema "Banca Internet Provincia" (v. sent., págs. 39/40).
II. Contra dicho pronunciamiento, Federación Patronal Seguros S.A. interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 17, 18 y 75 de la Constitución nacional; 10, 15, 168 y 171 de la Constitución provincial; 34 inc. 4, 36, 456 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 44 inc. "d" de la ley 11.653; resolución 1/16 de la Secretaría de la Seguridad Social, integrante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación; y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 12-II-2021).
II.1. En primer lugar, entiende que el juzgador incurrió en absurdo y violación del principio de congruencia al interpretar erróneamente que el actor en su presentación liminar reclamó en subsidio por las prestaciones emergentes de la legislación especial.
En tal sentido, alega que de la lectura de la demanda se evidencia que el trabajador inició la acción fundada solo en el derecho civil, por lo que al rechazar la pretensión de resarcimiento con base en el derecho común, el tribunal de origen debió desestimar la demanda de pleno y no -como resolvió- ordenar a su parte el pago de las prestaciones de la ley 24.557 -y modificatorias-, encontrándose así avasallado su derecho de defensa, en tanto fue condenado por algo que no había sido reclamado.
II.2. Refiere que es equívoca la definición de grado que rechazó las preexistencias denunciadas por su parte y la condenó por el total de la incapacidad fijada al trabajador.
Señala que el tribunal de grado efectuó una incorrecta y arbitraria apreciación de la prueba producida en autos, toda vez que -en su opinión- quedó demostrado que, antes de entrar a trabajar para Cantera La Ponderosa S.A., el señor Ibarra padecía de tuberculosis, vulnerando el sistema de la sana crítica.
Manifiesta que el judicante recortó selectivamente la prueba informativa, desconociendo su contenido sin justificación alguna; se desentendió de elementos probatorios trascendentes, sin dar razones suficientes para justificarlo; y realizó conjeturas en base a las cuales definió sus conclusiones, sin aval alguno.
Expone que desoyó las impugnaciones formuladas por su parte a la pericia médica, e incurrió en absurdo al descalificar el valor del hallazgo en el examen preocupacional, al suponer que, si efectivamente hubiera sido preexistente, el galeno que lo realizó no le habría otorgado al trabajador la calificación "Apto A".
Advierte que se omitió analizar tanto el informe de Parared S.A., como el del nosocomio de la ciudad de Azul (Hospital Ángel Pintos), donde surge la existencia de una tuberculosis (TBC) preexistente que, como tal debe descontarse del quantum invalidante (conf. art. 6, inc. 3, apdo. "b", ley 24.557).
Sostiene que no resulta ajustado a derecho que el examen preocupacional resulte determinante para tener por acreditada la plena aptitud o plena salud del operario al ingreso en el puesto de trabajo. En tal sentido, opina que el tribunal confundió la conclusión de dicho examen con la detección de la patología previa, la cual fue encontrada durante su trámite.
Expresa que el examen médico preocupacional no constituye una presunción iure et de iure del estado de salud, sino que admite prueba en contrario
Denuncia que el perito médico nunca tuvo a la vista las presentes actuaciones, recurriendo puramente al texto de la demanda, razón suficiente para que el juzgador se apartara de su dictamen.
II.3. Objeta la decisión de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557.
Al respecto, denuncia que el a quo realizó una incorrecta interpretación y aplicación del derecho vigente. Señala que de las conclusiones del fallo solo se puede entrever un descontento con la norma, pero que en modo alguno alcanzan la entidad suficiente como para ser consideradas una crítica concreta y razonada en derecho; por el contrario -resalta-, resultan meras afirmaciones dogmáticas y carentes de bases fácticas.
Afirma que el salario se calcula incluyendo los rubros que determinan la prima que se abona, por lo que al obligársele a pagar más allá del límite por el que se obligó contractualmente conforme la ley vigente, se afecta el derecho de propiedad y desfinancia el sistema de riesgos del trabajo.
Asimismo, arguye que la decisión de que el ingreso base mensual sea reemplazado por el salario devengado por el actor al momento de su alta médica, constituye una indexación de créditos, desoyendo el texto de la ley 23.928, cuya constitucionalidad -destaca- ha sido convalidada por esta Corte.
Enfatiza que lo resuelto en la instancia vulnera la doctrina legal de esta Corte establecida en la causa L. 116.672, "Leuzzi" (sent. de 21-V-2014).
II.4. Finalmente, objeta el modo en que el tribunal cuantificó la compensación adicional prevista en el art. 11, inc. 4, apartado "b" de la ley 24.557 -y modificatorias-.
En su presentación, la interesada alega que la decisión de grado es arbitraria y contraria a la normativa vigente y a la doctrina legal elaborada por esta Corte en la causa L. 118.532, "Godón" (sent. de 5-IV-2017).
En tal sentido, afirma que al momento de la primera manifestación invalidante se encontraba vigente la resolución 1/16 de la Secretaría de la Seguridad Social, integrante del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, la cual estableció el valor de la referida prestación en $523.955 y no -como estableció el órgano de origen- en $872.147.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1.a. En primer lugar, considero que el agravio que inaugura el medio de impugnación carece de argumentos aptos para obtener el resultado que se persigue.
Cabe destacar que esta Suprema Corte ha declarado que la interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la definición de los términos en que quedó planteada la litis , constituyen facultades privativas de los jueces de la instancia ordinaria y que su decisión al respecto solo puede revisarse en Casación en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en la labor jurisdiccional (causas L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 123.383, "Linares", sent. de 22-XI-2022; L. 126.832, "Velazco", sent. de 27-III-2023; e.o.). En esa línea, ha señalado que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados con la interpretación de los escritos presentados en el proceso, deben ser acompañados de la denuncia y condigna demostración de aquel yerro sentencial (causas L. 121.269, "Alem", sent. de 29-IX-2020; L. 125.324, "Garay", sent. de 17-X-2022; e.o.).
III.1.b. Puede divisarse que en un tramo del escrito inicial la parte actora expresó las razones por las que consideró correspondía "...hacer lugar a la demanda conforme los distintos sistemas de reparación enunciados...", agregando a continuación que dejaba "...expresamente aclarado que corresponderá al juzgador ( iura novit curia ) determinar y aplicar cuál de los sistemas expuestos, conforme la prueba a producida, repara más convenientemente los daños sufridos por el trabajador, y dictar sentencia en consecuencia." (sic. dem., fs. 165).
Luego, en ejercicio de facultades privativas, el órgano judicial de grado analizó la pieza liminar y ponderó que el accionante había cuestionado la constitucionalidad del art. 4 de la ley 26.773, para habilitar su acción de reparación de daños en base al derecho civil, haciendo hincapié en el precedente "Aquino" de la Corte federal, interpretando que con ello quedaba legitimado el cúmulo de acciones -sistémica y extrasistémica-.
Frente a ello, y tras declarar la validez constitucional de la norma citada, y, en consecuencia, rechazar la pretensión de resarcimiento en los términos de las normas de derecho común, entendió que correspondía expedirse respecto de
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.