Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 76450
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 76.450, "G. M. A. contra Poder Ejecutivo. Pretensión indemnizatoria. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2.078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Soria.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar parcialmente, por mayoría, a los recursos de apelación interpuestos por la actora y por la demandada, redujo el monto estimado en concepto "daño moral" y condenó a la demandada a abonar "daño psicológico". Impuso las costas de la alzada en el orden causado en atención a los vencimientos parciales y mutuos (cfr. art. 51 inc. 1, CCA -texto según ley 14.437-).
Disconforme con ese pronunciamiento, la actora interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el que fue concedido por la Cámara actuante.
Dictada la providencia de autos, y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata resolvió hacer lugar a la demanda promovida por la señora M. A. G. contra la Provincia de Buenos Aires y, en consecuencia, dispuso condenar a esta última a que pague a la actora la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000), con más los intereses correspondientes conforme la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires por sus operaciones de depósito a treinta (30) días, en cada período de aplicación, desde el 16 de octubre de 2000 y hasta el momento de su efectivo pago.
Para así decidir consideró que, con el fallo dictado por esta Suprema Corte de Justicia, quedó zanjada la cuestión de la responsabilidad imputada a la provincia por el fallecimiento de los hijos de la señora G., particularmente, en lo que respecta a la acreditación del factor de atribución y la relación de causalidad, quedando pendiente establecer el daño que correspondía resarcir.
En primer lugar, ponderó que debía determinarse el rubro indemnizatorio reclamado, en tanto, en el escrito inicial la pretensión se había efectuado de una manera omnicomprensiva, reconociendo la actora -en forma expresa- la intención de no discriminar rubro a rubro el impacto que produjo la muerte de sus dos hijos. Así, destacó que, si bien en la demanda se esbozaban los distintos planos en los que el lamentable suceso repercutió, ciertamente no se profundizaba en ninguno de ellos.
Luego, aclaró que lo expuesto no impedía identificar como elemento común el dolor inconmensurable que generó la pérdida de los hijos de la demandante en edad temprana y a causa de un hecho al que tildó de abominable, poniendo de relieve que las recurrentes alegaciones sobre el dolor de la actora, su angustia, la incapacidad de disfrute de allí en más de su propia vida y el desconsuelo -por demás justificado-, resultaban todas facetas con las que bien podía caracterizarse al daño moral.
Señaló que la configuración de dicho daño resultaba un hecho indudable y que la Fiscalía de Estado no había controvertido su producción.
En cuanto a su extensión, indicó que la suma a reconocer no se encontraba sujeta a cánones objetivos, sino a la prudente ponderación de las repercusiones negativas del suceso. Consideró así los incuestionables padecimientos sufridos por la señora M. A. G. como consecuencia del asesinato de sus dos hijos, ante el bestial hecho cometido por el propio padre de los niños, que pudo y debió ser evitado por el Estado provincial. Y que esas circunstancias sí habrían potenciado el dolor y pesar por el que atraviesa la madre -quien aquí acciona- ocasionando un trauma permanente, deteriorando su capacidad vital, con "un dolor que nunca desaparecerá" (tal como concluyó la pericia que se produjo en autos a fs. 273/278).
Por todo ello, estimó prudente fijar por el daño moral la suma de ocho millones de pesos -$8.000.000- (art. 165, CPCC) y agregó que, sin perjuicio de que dicho monto resultaba superior a los que habitualmente se fijaran con anterioridad a la hora de indemnizar a una madre que pierde a un hijo, el acontecimiento en cuestión y sus repercusiones no guardaba parangón con ningún otro caso que hubiera sido objeto de su escrutinio judicial.
II. Contra esa sentencia interpusieron recurso de apelación tanto la actora como la demandada.
III. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata hizo lugar parcialmente, por mayoría, a los recursos de apelación interpuestos por la actora y por la demandada, y condenó a la demandada a abonar en concepto de "daño psicológico" la suma de seis mil doscientos cuarenta pesos ($6.240,00), asimismo redujo el monto estimado en concepto "daño moral" a la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000).
III.1. Para así resolver, examinó las críticas efectuadas sobre el monto indemnizatorio determinado por el juez de primera instancia para la reparación del daño moral.
Indicó que se encontraba fuera de toda discusión la materialización del padecimiento espiritual sufrido por la demandante debido a las consecuencias lesivas del obrar estatal y destacó que solo se hallaba a consideración el monto resarcitorio establecido por tal concepto, ya sea por concebírselo excesivo o por reputárselo insuficiente.
Delimitó el marco del rubro indemnizatorio cuestionado y juzgó que la cuantía resarcitoria fijada por el magistrado de primera instancia, en concepto de daño moral, en la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000), lucía excesiva.
Remarcó que esa Cámara en numerosos precedentes había fijado o confirmado indemnizaciones por el rubro "daño moral" frente al deceso de hijos, con montos inferiores al adoptado en el caso en estudio, aunque precisó que en este supuesto -a diferencia de los mencionados casos- se trataba del deceso de dos menores de edad, producto de un filicidio acaecido en el año 2000. Además, tuvo en cuenta que la apertura de este proceso judicial, iniciado para demostrar la responsabilidad estatal en el evento, reeditó con toda su crudeza el dramático cuadro que implicó para la actora y por los que persigue una indemnización del Estado por falta de servicio.
El voto mayoritario del Tribunal de Alzada agregó que, en razón de las circunstancias narradas, sumadas a las consignadas en la sentencia de esta Suprema Corte de Justicia provincial obrante a fs. 1.028/1.041, no se encontraba constreñido -por un mero parámetro- a los montos indemnizatorios anteriormente aplicados por esa Cámara. Sin embargo, aclaró que tampoco consideraba a la causa dotada de una singularidad absoluta como para apuntalar una condena económica exorbitante que trazara un distingo infundado e inequitativo respecto de los precedentes que fueran juzgados por ese Tribunal ni que, indirectamente a través del daño moral, se intentara compensar otros daños que no habían sido expresamente peticionados.
Sostuvo que no resultaban atendibles las objeciones formuladas por la actora relacionadas con ciertos valores de referencia (v.gr. moneda dólar -estadounidense, a tenor del cálculo ensayado en el memorial en tratamiento-, cfr. fs. 1.063), ni tampoco el cotejo propuesto con otros supuestos con circunstancias fácticas, facetas normativas, jurisprudenciales y económicas disímiles.
Concluyó que, para brindar una reparación que -de un lado- no trasunte un reconocimiento simbólico por su insignificancia económica ni -del otro- pueda ser censurado por importar un enriquecimiento desmedido, correspondía atender la queja vertida por la provincia demandada y disminuir el monto reconocido en el fallo apelado.
III.2. Posteriormente, ingresó en los agravios de la actora vinculados a que en primera instancia se habría omitido considerar el daño material.
Precisó que a tenor del reclamo que fuera efectuado, solo podía ser admitido el "daño psicológico".
Especificó que, ante la prescindencia de la identificación concreta por parte de quien demanda de las consecuencias dañosas sufridas, dado que el reclamo indemnizatorio se formuló con una petición "omnicomprensiva de todos los daños", el juez de primera instancia había tenido que determinar la sustancia de lo requerido, valorando "...las alegaciones sobre el dolor, la angustia, la incapacidad de disfrute de allí en más de su propia vida, el desconsuelo..." como facetas del daño moral. Agregó que la hermenéutica utilizada por el mencionado juzgador no podía ser descalificada sin un sólido desarrollo argumentativo y que, ante tal exigencia impugnatoria, la apelante no había expuesto ni indicado qué otros elementos debieron haber sido tenidos en cuenta; por lo tanto, no podía condenarse a la demandada a cumplir una obligación que no integraba la litis, puesto que tal proceder afectaría el principio de congruencia en su vinculación con el derecho de defensa.
Expresó que mal podía entonces la recurrente pretender que, bajo la prerrogativa instituida en el art. 165 del Código Procesal Civil y Comercial, el juez interviniente se expidiera respecto de daños materiales cuya indemnización no había sido explícitamente requerida. En ese contexto, dejó sentado que más allá del nombre jurídico que pudiera emplearse, no podía perderse de vista que los conceptos vertidos en el pronunciamiento apelado resultaban contestes con aquellos que la doctrina y jurisprudencia forjaron a lo largo del tiempo en torno al daño moral.
III.3. Con relación al invocado daño de "pérdida de chance de ayuda futura", señaló que, por fuera de lo opinable que pudiera resultar la procedencia o no del daño material comprendido bajo tal denominación, el tratamiento que proponía la apelante ante el Tribunal de Alzada era fruto de una reflexión tardía y, como tal, inhábil para sustentar el remedio articulado dado que, en oportunidad de enunciar las consecuencias lesivas del obrar estatal, en la demanda se omitió indicar su existencia.
III.4. Por último, puntualmente respecto de la procedencia de la reparación del "daño psicológico", sostuvo que la oportuna petición del reconocimiento de ese rubro, aunque desprovista de mayores precisiones, surgía expresa del escrito inicial, como así también el ofrecimiento de la prueba pertinente para su comprobación, la que había sido proveída en la instancia pertinente.
Atento la objeción esgrimida por su falta de reconocimiento en el pronunciamiento de primera instancia, comenzó determinando que los perjuicios indemnizables por daño psíquico o psicológico tienen sustanciales diferencias respecto del daño moral, las cuales van desde su origen hasta la entidad del mal sufrido, con la consecuente proyección de efectos dentro del ámbito jurídico procesal en materia probatoria. Agregó que el daño psíquico requiere en todos los casos de pruebas extrínsecas que así lo demuestren, mientras que el detrimento moral, en ciertas ocasiones, puede tenerse por probado con el hecho dañoso sufrido.
Así puso de relieve que, a los fines de la procedencia del ítem resarcitorio analizado en este punto, se requieren elementos suficientes que permitan diagnosticar la presencia de un cuadro psicopatológico.
Seguidamente, señaló que del informe pericial surgía que para la actora la "pérdida de sus hijos, ha provocado una alteración del equilibrio de su personalidad" que "...por tratarse de un hecho no previsible, ha generado efectos psicológicos duraderos, provocando daño en la organización psíquica" y se especificó que "...su capacidad vital presenta un deterioro, disfunción, disturbio y/o trastorno que afecta las esferas afectiva, volitiva, intelectual, limitando su capacidad de goce individual, social, laboral y recreativo".
Hizo hincapié en que la experticia evidenciaba que los "trastornos que padece la actora surgen de la pura repercusión anímica de la situación traumática" y que era "...reconocible según el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (D.S.M.IV.R.), de la Asociación Psiquiátrica Americana: un trastorno por estrés postraumático".
Indicó que la perito observó que la actora, como resultante de la pérdida afectiva, se encontraba atravesando un duelo complicado, patológico y que, como expresión del trauma, estaba sufriendo un trastorno depresivo del estado de ánimo, presentando un daño psíquico permanente, ya que el dolor por la muerte de sus hijos no desaparecería nunca y que requería asistencia psicoterapéutica individual precisando que "...su tiempo de duración será indeterminado, de acuerdo a la evolución, pero no inferior a 2 años, con una frecuencia mínima de una sesión semanal".
Por lo expuesto, ante la prueba recabada en autos, el Tribunal de Alzada concluyó en que la actora presentaba una patología susceptible de generar la necesidad de llevar adelante el tratamiento indicado por el perito interviniente. En punto a la cuantía del rubro resarcitorio, y teniendo en cuenta la extensión temporal fijada en el dictamen pericial y el valor allí establecido para abordar el tratamiento, estimó razonable fijarlo en la suma de seis mil doscientos cuarenta pesos ($6.240,00).
Agregó que a dicho monto deberían añadirse los intereses a calcularse desde el 6 de noviembre de 2007 (momento en que se materializa la pericia de fs. 273/279) y hasta su efectivo pago, de acuerdo a la tasa que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días vigente en los distintos períodos de aplicación.
III.5. Finalmente, desestimó el reproche de la accionada en relación a la tasa de interés aplicada sobre la suma de condena establecida en concepto de daño moral.
Reparó que la queja, encontraba exclusivo sustento en una mera conjetura, la sola alegación de que la decisión jurisdiccional se había apartado de precedentes pronunciados por esta Suprema Corte de Justicia, soslayando por completo que el juez de primera instancia no había cuantificado el capital de condena a "valores actuales". Por dicho motivo expresó que, tal como había sido formulado el agravio, resultaba inatendible.
IV. Contra el pronunciamiento de la Cámara de Apelación, la actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Plantea errónea aplicación de la ley y doctrina legal, como así también absurdo en la determinación del monto de condena.
Sostiene que la sentencia de la Cámara ha distorsionado por completo los valores convirtiendo a la indemnización en una suma casi simbólica. Afirma que la misma no es plena, ni integral, y mucho menos justa.
Manifiesta que, no obstante que los intereses se calculen desde la fecha del hecho, ello no purga el error, en tanto no se trata ni de una actualización ni de una indexación: es el precio de la mora y en este caso no benefician a la víctima sino al responsable del daño.
Afirma que en el caso el monto indemnizatorio fijado es inferior al perjuicio y que su apreciación no se ha hecho en concreto, ya que la sentencia contiene una expresa referencia a casos fallados por ese Tribunal de Alzada desentendiéndose de las gravísimas circunstancias que tiene este supuesto particular.
Arguye que la indemnización fue fijada a la fecha de los hechos en una moneda totalmente envilecida.
Cita doctrina en apoyo a su postura.
Señala que la Cámara neutralizó la sentencia de esta Corte que había determinado la responsabilidad del Estado, disponiendo una indemnización completamente disociada de la realidad, de la gravedad de los hechos y de los daños sufridos.
Por último, plantea que el hecho de no haber discriminado los montos y haber solicitado una suma "omnicomprensiva" no significa que los mismos no hayan sido reclamados.
V. El recurso prospera.
V.1. En el presente caso, esta Suprema Corte de Justicia, por sentencia de fecha 28 de noviembre de 2018, hizo lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por M. A. G., dejando sin efecto las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales de grado, y declaró que la demanda instada contra el Estado provincial resultaba procedente. En consecuencia, dispuso la devolución de las actuaciones a efectos de que se determine la cuantificación del daño resarcible (v. fs. 1.028/1.041).
El juez de primera instancia en lo Contencioso Administrativo n° 2 del Departamento Judicial de Mar del Plata, observando dicha decisión, resolvió condenar a la Provincia de Buenos Aires a que abonara a la actora la suma de ocho millones de pesos ($8.000.000) más intereses, desde el 16 de octubre de 2000 y hasta el momento de su efectivo pago, pronunciamiento que fue recurrido por ambas partes.
La Cámara en lo Contencioso Administrativo con asiento en la misma ciudad, por mayoría, hizo lugar parcialmente a los recursos de apelación interpuestos por la actora y por la demandada, redujo el monto estimado en concepto de "daño moral" a la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000) y condenó a la accionada a abonar el "daño psicológico".
De ese modo llegan los autos nuevamente a esta instancia extraordinaria, con el cuestionamiento de la actora sobre la reducción del monto resarcitorio otorgado.
V.2. Al respecto, esta Corte tiene dicho que la determinación de sumas indemnizatorias en concepto de daño moral no está sujeta a reglas fijas. Su reconocimiento y cuantía depende -en principio- del arbitrio judicial para lo cual basta la certeza de que ha existido, sin que sea necesaria otra precisión en casos como el presente. Ello constituye una cuestión circunstancial propia de los jueces de las instancias ordinarias y detraída, por ende, del ámbito de la extraordinaria si su ejercicio no resulta irrazonable o absurdo (causa C. 118.085, "Faúndez", sent. de 8-IV-2015), vicio lógico -este último- que entiendo configurado en el caso.
El Tribunal de Alzada resolvió reducir la cuantificación realizada en primera instancia a la suma de dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000); para establecer ese monto la Cámara tuvo en cuenta precedentes en los que había fijado o confirmado indemnizaciones por el rubro "daño moral" frente al deceso de hijos, con montos cuantitativamente menores al adoptado por el juez de primera instancia en este supuesto.
Adoptó esa decisión luego de tener expresamente en cuenta la importante diferencia de este caso con los antecedentes mencionados, pues en este supuesto se trataba del deceso de dos menores producto de un filicidio, de actuaciones que -iniciadas por la actora para reclamar la indemnización- habían revivido dolorosos sucesos, y en el cual esta Suprema Corte de Justicia ya había dictado sentencia. No obstante, a pesar de lo especial del hecho dañoso y exponer no estar constreñido a determinados guarismos, concluyó que tampoco podía dotarse a la causa de una singularidad absoluta como para apuntalar una condena económica exorbitante trazando un distingo infundado e inequitativo respecto de los otros casos juzgados por ese Tribunal de Alzada.
En ese contexto, decidió reducir el monto del resarcimiento fijado por el juez de primera instancia, por considerarlo excesivo, a la luz de lo resuelto por el propio tribunal en otras causas que guardarían alguna similitud con la presente.
V.3. Corresponde mencionar que para fijar la suma indemnizatoria no basta con referir las pautas que se tuvieron en cuenta, sino que una vez que se establecieron es preciso analizarlas e interrelacionarlas puesto que apreciar significa evaluar y comparar para decidir, proporcionando los datos necesarios para reconstruir el cálculo realizado y los fundamentos que demuestren por qué el resultado es el que se estima más justo (conf. causa C. 95.167) contemplando una reparación integral y plena
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.