Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78166
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.166, "M., A. D. contra Ghersi, Mario y ot. Pretensión indemnizatoria - Otros juicios. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata resolvió desestimar el recurso de apelación deducido por la codemandada Municipalidad de Villa Gesell y, en consecuencia, confirmar la sentencia de primera instancia, en cuanto fue materia de agravio (v. sent. de 7-IV-2022).
Disconforme con dicho pronunciamiento, el referido municipio interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 27-IV-2022), el que fue concedido por la Cámara interviniente el día 9 de junio de 2022.
Oído el señor Procurador General (dictamen de fecha 6-XII-2022), dictada la providencia de autos para resolver (7-XII-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal deducido por la codemandada Municipalidad de Villa Gesell?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. El día 3 de abril de 2019 se presentó la señora A. D. M. en su carácter de concubina del señor J. R. P., con patrocinio letrado. Interpuso demanda de daños y perjuicios por sí y en representación del señor P., dado que su representado estaría imposibilitado física y psicológicamente de hacerlo por encontrarse en estado vegetativo.
La acción la entabló contra el señor Mario Ghersi y la Municipalidad de Villa Gesell con el objeto de obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos a raíz de un hecho acaecido el día 5 de abril de 2016, fecha en que -según se relata- el codemandado Ghersi, quien se desempeñaba como encargado del aeropuerto de Villa Gesell, habría golpeado fuertemente al señor P., dejándolo con importantes secuelas psicofísicas.
I.2. La comuna demandada planteó como de previo y especial pronunciamiento la excepción de prescripción, tras considerar que el plazo aplicable al caso era el bianual previsto en el art. 2.562 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, coincidente con lo dispuesto por el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, a resultas de la vinculación de naturaleza laboral existente entre el damnificado P. y la Municipalidad de Villa Gesell.
El coaccionado Mario Gabriel Ghersi también opuso dicha excepción, junto a la falta de legitimación activa, pero en consideración al plazo en que estas últimas fueran planteadas, se dispuso que serían resueltas al momento de dictarse sentencia (v. resols. de 30-IX-2021 y 29-X-2021).
I.3. El señor juez de primera instancia pasó solo a resolver la excepción de prescripción planteada con carácter previo por la comuna y la rechazó ordenando que, una vez firme dicho pronunciamiento, se reanudaran los plazos procesales para la contestación de la demanda.
Para así decidir, remarcó que si bien ambas partes coincidían en la fecha desde la cual debía comenzar a contarse el plazo, como en la fecha de presentación de la demanda, diferían en punto a su extensión; en ese sentido, expresó que para analizarlo debía tenerse especialmente en cuenta el objeto de la demanda.
Señaló que, no obstante que en el escrito de inicio se mencionaba al señor P. como empleado del municipio demandado, la pretensión actoral requería la reparación de los perjuicios ocasionados por el accionar doloso del codemandado Ghersi -otro agente de la comuna- y la negligencia de dicho municipio, denunciando que este último a pesar de que estaría anoticiado de conductas violentas ejercidas por el señor Ghersi hacia otros empleados, y en especial hacia el señor P., no habría tomado medida alguna al respecto.
Tal como argumentaba la actora, consideró que se trataba de una supuesta omisión en el accionar estatal que resultó apta para ocasionar el daño reclamado, un caso de responsabilidad jurídica del Estado y, en consecuencia, al alegarse deficiencias en el desempeño del órgano estatal que habrían contribuido en la producción del evento dañoso, puso de relieve que ese sería el factor de atribución que -según la actora- responsabilizaría al municipio demandado, y no el vínculo que como empleador del señor P. este tuviera.
Por ello, consideró forzado y contrario a la propia voluntad del actor interpretar que en la especie se estaba ante un reclamo por accidente de trabajo, como sostenía la demandada, y concluyó que en la especie resultaba aplicable el plazo de prescripción trienal que prevén tanto el art. 2.561 párrafo 2 del Código Civil y Comercial de la Nación, referido al reclamo de indemnizaciones de daños derivados de la responsabilidad civil, como el art. 7 de la ley 26.944.
Así, advirtió que, si el hecho que habría sido generador del daño reclamado hubiera ocurrido el día 5 de abril de 2016 y la demanda fue iniciada el día 3 de abril de 2019, el mencionado plazo previsto no había transcurrido, por lo que debía rechazarse la excepción de prescripción opuesta y reanudar los plazos procesales (art. 36 inc. 1, CCA).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de Mar del Plata confirmó dicha decisión.
III. Contra este último pronunciamiento la codemandada Municipalidad de Villa Gesell deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Alega que la Cámara de Apelación violó la ley de fondo y demás disposiciones aplicables a este supuesto en relación al instituto de la prescripción, como también que conculcó la doctrina legal e incurrió en un notorio y grave desvío a la hora de resolver.
Manifiesta que el Tribunal de Alzada no observó que los arts. 2.562 inc. 2 del Código Civil y Comercial; 4 de la ley 26.773; 258 de la Ley de Contrato de Trabajo y 384 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial, resultarían las normas de fondo regulatorias de la prescripción de la acción interpuesta, sino que empleó otras de carácter general, desconociendo la clara naturaleza del reclamo promovido por el actor.
Afirma que de la demanda surge que se pretende la reparación de consecuencias dañosas acaecidas en ocasión del trabajo y que la actora optó por un reclamo de derecho común, dejando de lado las que le ofrecía el sistema de Ley de Riesgos del Trabajo (art. 4, ley 26.773). Que el escrito inicial evidencia una clara identificación del hecho, que no es otra cosa que una contingencia laboral causada por un dependiente de la Municipalidad empleadora.
Agrega que quien demanda reprocha a la comuna un indebido control del personal a su cargo como también la violación del deber de seguridad que, como empleador, le corresponde a esta, reclamándose así la reparación integral por fuera del sistema de la ley 24.557.
Arguye que esa ley prevé un régimen especial y de orden público para cubrir las contingencias que ocurren en el ámbito laboral y que cualquier tipo de acontecimiento dañoso con motivo u ocasión del trabajo configura un accidente de trabajo, por lo cual de allí nace la responsabilidad del empleador.
Explica que el infortunio, tal como aconteció, quedó atrapado en la definición de accidente y que, al solicitar la actora la indemnización por el derecho común, su opción determinó fatalmente -en este caso- el régimen de prescripción aplicable.
Estima que al resultar claro que no se accionó con sustento en las prestaciones que otorga la Ley de Riesgos del Trabajo, sino que se formalizó un reclamo a la luz del derecho común, es aplicable el plazo bienal del art. 2.562 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación y el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo (ley 20.744 y modif., texto ordenado decreto 390/76) y que la acción se encontraría prescripta.
Plantea que el fallo del Tribunal de Alzada es el resultado de un razonamiento absurdo, un grosero error a la hora de aplicar la ley, pues la situación tanto objetiva como subjetivamente, se encuentra sujeta a un régimen normativo especial que no se ha aplicado.
Se agravia de que se haya acudido a la figura de la deficiente prestación del servicio, encuadrándola en omisión en el ejercicio del poder de policía, dado que -según la comuna- no existen dudas en que la naturaleza jurídica del reclamo resulta laboral.
IV. El recurso no prospera.
IV.1. La Cámara destacó que la actora actuando por derecho propio y en representación de su concubino, señor J. P., promovió las actuaciones contra el señor Mario Ghersi y la Municipalidad de Villa Gesell, reclamando el resarcimiento de los daños y perjuicios padecidos por el señor P. a raíz de la agresión física efectuada por el codemandado Ghersi el día 5 de abril de 2016.
Indicó que, conforme lo relatado por la demandante, el agresor resultaría ser el encargado del aeropuerto de Villa Gesell y que, en ese ámbito, habría discutido y golpeado fuertemente al también agente municipal, señor P., ocasionándole la formación de un coágulo cerebral y su posterior estado vegetativo. Que las agresiones no eran nuevas y que, pese a que la Municipalidad de Villa Gesell estaba anoticiada de esas conductas violentas, no habría hecho nada al respecto.
Señaló que, en consecuencia, se atribuía responsabilidad al señor Ghersi "por su accionar doloso" al materializar la agresión; y al municipio por haber omitido adoptar acciones tendientes para evitar lo sucedido.
Dado que las partes disentían en relación con el término de prescripción aplicable al caso, coincidió con lo resuelto por el señor juez de la instancia, al remarcar que la acción de daños impetrada se encuadraba dentro de la órbita de la responsabilidad extracontractual del Estado, y estaba alcanzada por el plazo de prescripción de tres (3) años reglado en el art. 2.561 segundo párrafo del Código Civil y Comercial (ordenamiento vigente al momento del hecho).
Aclaró que la decisión arribada se encontraba dentro de la inveterada doctrina de la Corte Suprema de Justicia federal y el Máximo Tribunal provincial, según la cual la responsabilidad que deriva de la omisión en el ejercicio del poder de policía estatal reviste naturaleza extracontractual y, por lo tanto, correspondía aplicar el mencionado plazo de prescripción trienal y rechazar la apelación deducida por la Municipalidad de Villa Gesell.
IV.2. La comuna recurrente insiste en denunciar como violada la ley de fondo y demás disposiciones que regulan el instituto de la prescripción, alegando que existe una "anomalía" en el pronunciamiento de la Cámara, por omitir las normas que -según ella- corresponden al desconocer la clara naturaleza de la acción promovida y el régimen especial que prevé la Ley de Riesgos del Trabajo (ley 24.557).
Sin embargo, resulta evidente que en ese discurrir la impugnante se desentiende de los fundamentos expuestos por el Tribunal de Alzada que, más allá de su acierto o error, llevaron a concluir en la aplicación del art. 2.561 segundo párrafo del Código Civil y Comercial al entender que la actora atribuyó responsabilidad a la comuna por su conducta omisiva, por no haber adoptado -a pesar de encontrarse previamente anoticiada de las conductas violentas del señor Ghersi- medidas preventivas o de resguardo para evitar el hecho generador en este caso.
La comuna reitera argumentos en los que proclama que se apliquen otras normas para el cómputo de la prescripción, el art. 2.562 inc. "b" del Código Civil y Comercial de la Nación, coincidente con el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo, sin controvertir debidamente la decisión que expresamente descartara esa normativa.
A saber, la Cámara puso énfasis en que la pretensión indemnizatoria deducida no era asimilable a un reclamo de daños "derivado de accidentes y enfermedades del trabajo" o de un "infortunio laboral", sino que muy por el contrario, expresó que se direccionaba a atribuir al municipio el deber de resarcir respecto de las consecuencias derivadas de la supuesta defectuosa prestación del servicio y aclaró que la misma habría consistido -según la actora- en la falta de adopción de medidas preventivas ante la existencia del potencial riesgo que importaba la presencia de un agente público con antecedentes conductuales violentos previos, precisamente respecto de quien a la postre resultara víctima de la agresión que diera origen a la acción.
El recurso no cuestiona de manera eficaz el encuadre que se dio a la pretensión actoral dentro de la órbita de la responsabilidad extracontractual del Estado y la decidida sujeción al plazo de prescripción de tres años previsto en la segunda parte del art. 2.561 del Código Civil y Comercial de la Nación. Se advierte la ausencia de un requisito que era de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria, cual es la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo y que ponen en evidencia la insuficiencia impugnatoria, dejando incólume la decisión que se controvierte (conf. causas A. 74.478, sent. de 23-XI-2020 y A. 78.080, "Freije", resol. de 18-IX-2023).
IV.3. Además, los argumentos expresados por la recurrente, en cuanto sostiene erróneo que el caso sea "...capturado a la luz de las normas generales de la responsabilidad del estado", no demuestran la existencia de absurdo. No logra evidenciar el vicio lógico que aduce, pues en su discurso solo se remite a expresar que nos encontramos en presencia de un accidente de trabajo con otro plazo de prescripción (el bienal), sin reparar que esta Corte tiene dicho que no es suficiente denunciar dicho vicio, sino que hace falta demostrar fehacientemente que el procedimiento lógico jurídico empleado por el juzgador ha devenido irrazonable y contradictorio, partiendo siempre de que el error en la apreciación de aquellos debe ser palmario, grave y manifiesto, de modo que lleve a conclusiones contradictorias, inconciliables e incongruentes con las constancias objetivas de la causa (causa A. 76.923, "Vallejos", sent. de 5-X-2023), situación que en modo alguno acontece en la especie.
Y precisamente al respecto recuerdo que esta Corte tiene reiteradamente dicho que la determinación del plazo de prescripción, su eventual interrupción o suspensión, constituyen cuestiones privativas reservadas a la apreciación de los jueces de grado y exentas de revisión por parte de la Suprema Corte, salvo el supuesto de absurdo (conf. causas A. 77.561, "Ferreyra", resol. de 5-IX-2022 y A. 75.872, "Rodriguez", sent. de 25-IV-2022), vicio lógico que, como indiqué precedentemente, no es acreditado por el recurrente.
IV.4. Por otro lado, quiero agregar que, si bien en un principio en la impugnación se denuncia que la decisión recurrida resulta contraria a la doctrina legal, la impugnante luego no hace referencia concretamente a la doctrina que se dice violada, ni tampoco señala los aspectos fácticos que rodearon al caso donde se sentó el criterio que se pretende aplicar (conf. causas A. 74.478, cit.; A. 77.310, "Dirección de Vialidad", resol. de 5-IX-2022 y A. 77.561, "Ferreyra", resol. de 5-IX-2022), lo que pone en evidencia una vez más la insuficiencia del intento revisor (conf. doctr. art. 279, CPCC).
V. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la codemandada Municipalidad de Villa Gesell, con costas.
Voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan, a excepción de lo manifestado en su punto IV.2., en tanto considero que los restantes fundamentos abastecen de manera suficiente la decisión que se propicia.
A lo anterior simplemente he de agregar que, si bien la determinación del plazo de prescripción aplicable podría ser considerada en otros casos como una cuestión de derecho y no de hecho, ese no es el supuesto de autos, debido a que aquí ella depende fundamentalmente de la interpretación que se les asigne a los escritos constitutivos de la litis y -por ende- a la pretensión articulada.
Al respecto, esta Suprema Corte tiene dicho que es función privativa de los jueces de grado la interpretación de los escritos constitutivos de la litis, así como la fijación de los hechos litigiosos, por lo que el control casatorio queda por regla excluido en este terreno, salvo los supuestos en que los magistrados incurran en absurdo (conf. causas A. 69.923, "Zaa", sent. de 10-VIII-2011; A. 71.318, "S., E. M.", sent. de 28-VIII-2013; A. 73.940, "Nobile", sent. de 3-X-2018; A. 76.758, "Perazzo", sent. de 21-XII-2022; e.o.), vicio que -como bien lo señala la distinguida colega que inicia el acuerdo- no ha sido acreditado.
Por las razones indicadas, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Entiendo, conforme lo señalan los colegas que me preceden que el recurso es improcedente, pues no alcanza la suficiencia técnica exigida en esta instancia de excepción (conf. art. 279, CPCC).
Según lo expresa la actora, el día 5 de abril de 2016, su concubino el señor J. P. mientras se desempeñaba como agente municipal en el aeropuerto de Villa Gesell, luego de una discusión con el encargado de la dependencia señor Ghersi, recibió un golpe de puño por parte de este último, lo que le produjo un hematoma en el cráneo a raíz de lo cual se encuentra en estado vegetativo (v. apdo. "II. Hechos" del escrito de demanda). Destaca que su pareja fue víctima "...de un accionar doloso del Sr. Ghersi, y por otro lado, por parte de una negligencia de la Municipalidad ya que este último había sido anoticiado de conductas violentas por parte del Sr. Ghersi hacia otros empleados, y en especial hacia mi concubino P. y no tomó acciones correspondientes para evitar lo sucedido".
A ello agrega en el capítulo de la demanda específicamente dedicado a la responsabilidad, que esta radica "...en razón de lo actuado con absoluto dolo, negligencia y descuido, por lo que resultan ser responsables del hecho narrado".
De modo tal que, como correctamente se expresa en la sentencia de Cámara, la pretensión tiene su perfil nítidamente enmarcado en la responsabilidad civil extracontractual del Estado, y merced a ello encuadra en la previsión del art. 2.561 segundo párrafo del Código Civil y Comercial de La Nación.
Ello así, pues, más allá del acierto o error, la comuna no fue demandada por su carácter de empleadora del actor, sino por su obrar omisivo cuando, según la parte demandante, debió haber tenido otro accionar respecto del señor Ghersi de quien se tendría conocimiento de sus antecedentes violentos.
En este sentido, resulta de toda evidencia que, como bien lo señala la ponente, a quien presto adhesión, el recurso pierde de vista las razones por las que el a quo estima que la pretensión se dirige a obtener un resarcimiento por la falta de prestación de un servicio por parte de la comuna.
Ello sin perjuicio -y sin adelantar opinión- respecto de que en la eventual sentencia de fondo se deberá acreditar cabalmente la relación de causalidad entre la omisión estatal y el daño provocado para endilgar algún tipo de responsabilidad a la comuna.
Por tales razones, voto por la negativa .
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
Con las consideraciones dadas por el señor Juez doctor Soria, comparto la solución propuesta por la señora Jueza doctora Kogan.
Voto por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el señor Procurador General, por mayoría de fundamentos concordantes se rechaza el recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen a la recurrente vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.10
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.