Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 77583
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 77.583, "Club de Veleros Barlovento contra Municipalidad de San Fernando. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Genoud, Soria, Kogan.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en San Martín confirmó la sentencia de primera instancia que hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el Club de Veleros Barlovento contra la Municipalidad de San Fernando, declarando la nulidad del art. 111 ter y desestimando la del art. 111 bis de la ordenanza 9.019/06, a través de los cuales se introdujo una modificación en la fórmula para calcular el monto a abonar en concepto de canon por el uso de distintos espacios públicos (v. sents. de 28-XII-2020 y 6-VIII-2021).
Disconforme con aquel pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. pres. electrónica de fecha 25-VIII-2021), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 2-XI-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. La señora jueza suplente a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de San Isidro hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por el Club de Veleros Barlovento contra la Municipalidad de San Fernando, declarando la nulidad del art. 111 ter y desestimando la del art. 111 bis de la ordenanza impositiva 9.019/06, a través de los cuales se introdujo una modificación en la fórmula para calcular el monto a abonar en concepto de canon por el uso de distintos espacios públicos, con imposición de costas a la demandada en su condición de vencida.
Para así decidir, entendió que en el caso carecía de relevancia analizar la naturaleza jurídica del vínculo que unía a las partes, es decir, si se trataba de una concesión de uso o un permiso precario de uso, dada la existencia de una norma específica encargada de determinar el monto del canon que se debía abonar, cual era la ordenanza fiscal e impositiva vigente al momento de tornarse exigible el pago, según lo preveían los arts. 3 de la ordenanza 6.873/98 y 1 y 2 del decreto 2.579/01, por medio del cual el entonces Intendente municipal había prorrogado el permiso de uso del predio que la actora había ocupado a lo largo de quince años.
Consideró que no podía soslayarse el hecho de que la actora se había sujetado a la mencionada normativa sin impugnar el mecanismo que establecía el valor del canon que en definitiva debía abonar. Como consecuencia de ello, descartó que se hubiera dispuesto una modificación arbitraria y unilateral de los términos de la concesión otorgada.
Del mismo modo, desestimó el agravio relacionado con el supuesto trato discriminatorio sufrido en comparación con el Consorcio Parque Náutico San Fernando S.A., tras advertir que las disimilitudes entre esta entidad y el Club que promueve la demanda podrían justificar ciertas diferencias en la materia, así como también que la prueba producida -en especial la pericial contable- no revelaba el alegado perjuicio, sino antes bien lo contrario.
Más adelante analizó lo concerniente a la apuntada ilegitimidad e irrazonabilidad del canon fijado en las disposiciones impugnadas, no sin antes puntualizar que el marco normativo que regulaba la cuestión debatida se encontraba dado por los decretos leyes 9.297/79 y 9.533/80.
Luego de confrontar el art. 111 ter de la ordenanza 9.019/06 (por medio del cual se determinaba la forma de calcular la retribución por la ocupación y uso de los espejos de agua del dominio público ubicados en la zona de la ribera del río Luján) con el art. 9 inc. "b" del citado decreto ley 9.297/79, observó que surgía en forma manifiesta que la norma municipal cuestionada se apartaba de la provincial en la que se apoyaba, toda vez que la primera fijaba una suma "por metro cuadrado (m2) o fracción", mientras que la segunda indicaba que debía establecérsela "por metro lineal de costa". Frente a ello, concluyó, resultaba evidente la ilegitimidad del precepto impugnado, que violentaba el orden de prelación de la norma que regulaba la cuestión debatida y determinaba que la nulidad perseguida por la actora debía ser acogida favorablemente.
Por otra parte, sin embargo, estimó que el art. 111 bis de la ordenanza 9.019/06 (a través del cual se fijaba la forma de calcular el canon en lo referente al uso de la tierra en la zona de la ribera) no contenía ilegalidad alguna, dado que en ese aspecto la normativa no se había apartado de lo dispuesto por el art. 28 inc. "c" del decreto ley 9.533/80, donde se establecía un piso para el canon y no un techo, de forma tal que la cuestión ingresaba en la órbita del poder discrecional municipal, con la limitación de que el ejercicio de dicha facultad no resultara arbitrario o abusivo.
Al respecto, afirmó que, si bien se apreciaba un considerable incremento en relación al monto de canon afrontado en el período anual correspondiente a 2006, el valor que abonaba la actora por la superficie de tierra explotada en ese entonces solo representaba $0,02 por metro cuadrado (o $0,04 si se consideraba la tasación acompañada en su momento por la demandada), lo cual dejaba traslucir, más que un desproporcionado o irrazonable aumento, que lo antes pagado por el Club actor resultaba exiguo.
I.2. Disconforme con ese pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso de apelación.
En primer lugar, sostuvo que la relación que la unía con la Municipalidad demandada era de naturaleza contractual y que desentrañar este aspecto, lejos de carecer de relevancia -como lo entendió la jueza de grado-, resultaba determinante a fin de establecer si la variación unilateral e intempestiva del canon había sido legítima o bien si -conforme a lo planteado desde el inicio del proceso- violaba sus derechos adquiridos y la normativa aplicable.
A continuación, alegó sobre el supuesto trato discriminatorio evidenciado con respecto al Consorcio Parque Náutico San Fernando S.A., destacando que a este último el municipio le permitía deducir del canon exigible las inversiones realizadas, circunstancia que no se verificaba en su caso y que -señaló- no fue considerada en el fallo atacado.
Posteriormente adujo que no se trataba en autos de establecer si el canon cobrado hasta 2006 era o no insignificante, sino si el incremento dispuesto a partir de entonces se encontraba justificado en las probanzas de autos o si la decisión contaba con suficiente motivación como para poder ser considerada un acto válido.
Puntualizó que la demandada no hizo alusión a la realización de ningún estudio que justificara la modificación del valor del canon objeto de impugnación y que -a su entender- las decisiones impugnadas resultaban irrazonables y carentes de motivación.
Expuso que esto último vulneraba lo dispuesto por los arts. 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58); 108, 121 y concordantes de la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal n° 267/80; y la doctrina legal fijada por esta Suprema Corte de Justicia en el precedente recaído en la causa B. 62.241, "Zarlenga", sentencia de 27-XII-2002.
I.3. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de General San Martín confirmó la sentencia apelada.
En lo que aquí interesa, para así decidir consideró correctos los razonamientos desplegados por la jueza de primera instancia al entender que no resultaba necesario, a fin de resolver la cuestión debatida, definir la naturaleza jurídica del vínculo que unía a las partes (concesión de uso o permiso de uso), toda vez que en el caso existía un régimen jurídico específico que, además de autorizar al Departamento Ejecutivo a prorrogar el permiso de uso precario de los predios ocupados -entre otros- por el Club actor, regulaba el modo de determinar el canon (conf. arts. 3, ord. 6.873/98; 2, dec. 677/01 y 28, dec. ley 9.533/80). Añadió que la parte actora se sujetó a dicho régimen, sin objetar el mecanismo para determinar el importe del canon, durante muchos años.
Asimismo, observó que el art. 111 bis de la ordenanza 9.019/06 no se apartaba del art. 28 inc. "c" del decreto ley 9.533/80, donde se fijan límites para la determinación del canon. Fuera de ello, entendió que el temperamento adoptado por la comuna demandada se encontraba dentro del marco del ejercicio del poder discrecional municipal y que no podía ser descalificado a menos que deviniese abusivo, ilógico o arbitrario.
Expresó que no encontraba que el nuevo cálculo resultara irrazonable o desproporcionado, coincidiendo en este punto con el desarrollo realizado por la jueza de grado. Señaló además que la actora no había producido prueba alguna para demostrar la falta de razonabilidad alegada ni que dicho monto excediera su capacidad económica.
Con cita de jurisprudencia de este Tribunal, manifestó que es competencia exclusiva del legislador elaborar la política financiera del Estado y, en consecuencia, determinar la medida en que las diferentes categorías de contribuyentes deben aportar para la formación del erario, razón por la cual las impugnaciones basadas en la cuantía del gravamen solo pueden acogerse en caso de que se demuestre que, en su aplicación al volumen o giro patrimonial del contribuyente, resulta prohibitivo, destructivo o confiscatorio, situación que acontece cuando se absorbe parte sustancial de la renta o el capital y que requiere una prueba concluyente a cargo de quien la invoque.
A su vez, descartó el cuestionamiento fundado en la citada causa "Zarlenga", por interpretar que la apelante no explicó ni demostró de qué modo el fallo atacado se habría apartado de los lineamientos allí planteados.
Luego desechó por técnicamente insuficiente la crítica en torno al presunto trato discriminatorio sufrido en relación con el Consorcio Parque Náutico San Fernando S.A., sin dejar de advertir que, al formular su agravio sobre la cuestión, la actora se desentendió del fundamento central brindado por la jueza de grado (arg. art. 56 inc. 3, CCA).
II. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la actora expone distintos agravios.
II.1. Por un lado, denuncia "la ausencia absoluta de motivación, la violación del derecho aplicable y de la doctrina legal de la Suprema Corte".
Apunta que, en el caso, la Municipalidad de San Fernando no ha justificado los motivos que la han llevado a decidir un incremento del canon del orden del 1.348% respecto del valor que venía percibiéndose con anterioridad a la emisión de la ordenanza 9.019/06.
Insiste con que no se trata en autos de establecer si el canon cobrado hasta 2006 era o no insignificante, sino si el aumento decidido con posterioridad se encuentra justificado en las probanzas de autos o en el acto impugnado, es decir si este puede ser considerado válido por contar con suficiente motivación y si el importe reclamado resulta o no razonable.
Considera demostrado que no existen estudios que justifiquen la modificación del valor del canon objeto de impugnación, lo cual -a su entender- conlleva la violación de lo dispuesto por los arts. 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58); 108, 121 y concordantes de la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal n° 267/80; y de la doctrina legal fijada por esta Suprema Corte de Justicia en la causa B. 62.241, "Zarlenga", sentencia de 27-XII-2002.
De lo anterior extrae la "ineludible necesidad de motivación suficiente en las decisiones comunales", cualquiera sea el órgano del que provengan.
Tras reproducir párrafos del precedente "Zarlenga", como también de un fallo de la Corte nacional y del pensamiento de un autor sobre la materia, indica que, a mayor despliegue de atribuciones de naturaleza discrecional, como la fijación del canon en discusión, debe analizarse con mayor profundidad el cumplimiento del requisito de la motivación suficiente.
II.2. Por otro lado, alega "errónea interpretación del derecho aplicable".
En este acápite, la recurrente sostiene que la Municipalidad de San Fernando no tiene atribuida por el decreto ley 9.533/80 la competencia para fijar el valor del canon con relación a tierras que "no se encuentren en su dominio público o privado", tales como las de autos.
Con posterioridad, manifiesta que los bienes sobre los cuales se ha fijado el valor del canon cuestionado pertenecen al "dominio privado estatal de la Provincia de Buenos Aires" y que, en tales condiciones, la delegación de atribuciones debería estar precedida de un acto expreso (arg. art. 38, dec. ley 9.533/80), que en el caso de autos no existe.
Agrega que el argumento de haber adherido al régimen ahora cuestionado no enerva el planteo, pues en ningún caso ello podría haber implicado la renuncia al derecho constitucional de propiedad, al trato justo y equitativo, a la exigencia de motivación y a la tutela judicial.
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Al igual que en la causa A. 74.112, "Club Náutico General Don José de San Martín", sentencia de 30-III-2016, donde se debatieron cuestiones análogas a las de autos, la impugnante da a entender en esta instancia extraordinaria que el canon por ocupación y uso de tierras en la zona de la ribera del río Luján, fijado por el art. 111 bis de la ordenanza 9.019/06 de la Municipalidad de San Fernando, no resulta razonable.
Sin embargo, sus escuetos dichos sobre el punto no alcanzan a configurar una crítica concreta de los fundamentos brindados al respecto por el Tribunal de Alzada, que -como se ha visto- al expedirse tuvo en cuenta -entre otros factores- la falta de prueba producida por la actora que demostrase esa pretendida falta de razonabilidad, así como que el monto excediera su capacidad económica, sin que -por lo demás- resulte suficiente a los fines pretendidos la sola circunstancia de que el aumento dispuesto sea considerable.
A lo anterior cabe agregar que eventualmente, a los fines del recurso extraordinario intentado, la recurrente debió invocar al menos el vicio de absurdo -algo que no hizo- si lo que intentaba era la revisión del aspecto señalado, por cuanto solo por ese camino este Tribunal podría examinar una cuestión de hecho como la consideración de la desproporción o no del monto del canon.
Junto a lo expuesto, cabe recordar aquí que discrepar con lo resuelto no constituye base idónea de agravios ni constituye el supuesto de absurdo, ya que esa anomalía queda configurada cuando media cabal demostración del error palmario y fundamental, única vía que autoriza la apertura de la casación para el examen de cuestiones de hecho y prueba (conf. causas A. 73.023, "Rodríguez", sent. de 9-V-2018; A. 76.260, "Howard", resol. de 4-III-2020; A. 76.904, "Gabela", resol. de 16-VI-2021; A. 76.786, "Balbuena", resol. de 15-VII-2021; A. 77.196, "Saracho", resol. de 12-VIII-2022; e.o).
La impugnación basada en meras opiniones divergentes a las sostenidas por el a quo no bastan para cumplir con los requisitos de suficiencia previstos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. causas A. 70.070, "Murgolo", sent. de 22-VIII-2012; A. 74.112, cit.; A. 70.986, "Transportadores Unidos S.A.", sent. de 28-XII-2016; A. 74.195, "Fisco de la Prov. de Bs. As.", sent. de 21-XI-2018; e.o.).
III.2. Tampoco merecen acogida favorable los cuestionamientos asociados a la denuncia de violación de la doctrina legal invocada.
Es que, más allá de citar el criterio sentado en la causa B. 62.241, "Zarlenga", sentencia de 27-XII-2002, la recurrente no explica ni demuestra de qué modo el fallo atacado se habría apartado de los lineamientos allí planteados, sino que más bien se encarga de transcribir párrafos textuales, sin puntualizar de qué manera el Tribunal de Alzada habría violado la doctrina invocada y sin tampoco desarrollar ni acreditar lo relacionado con la supuesta falta de motivación de la ordenanza 9.019/06 en el punto impugnado.
Al margen de lo expuesto, considero conveniente recordar que es doctrina reiterada de esta Corte que resulta inapropiada la cita de doctrina legal cuando difieren las condiciones fácticas y jurídicas de la causa con las del precedente invocado, circunstancia que en este caso resulta de toda obviedad (conf. causas A. 68.808, "Maidana", sent. de 20-VI-2007; A. 68.817, "Bersani Ledesma", sent. de 20-VI-2007; A. 75.609, "Vera", sent. de 23-XI-2020; entre muchas otras).
Asimismo, se ha expresado que la doctrina legal cuya conculcación habilita el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley es la establecida por la Suprema Corte a través de sus pronunciamientos y no la que emana de fallos de otros tribunales -aún de la Corte Suprema de Justicia de la Nación- ni de la opinión de los autores (conf. doctr. causas A. 76.234, "Rojas", sent. de 3-III-2021; A. 76.947, "Machado", sent. de 22-IX-2021; A. 75.807, sent. de 16-III-2022; e.o.)
De allí, pues, que deba concluirse que, en el caso, el recurso en tratamiento no logra evidenciar la violación concreta de doctrina legal alguna.
III.3. Algo similar cabe decir de los reproches basados en los arts. 240 de la Ley Orgánica de las Municipalidades (dec. ley 6.769/58) y 108, 121 y concordantes de la Ordenanza General de Procedimiento Administrativo Municipal n° 267/80, pues tampoco estos han tenido mayor desarrollo.
Al respecto, tiene dicho esta Suprema Corte que, para que el escrito con que se interpone y funda el recurso de inaplicabilidad de ley cumpla con la misión que le asigna el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, debe demostrar la existencia de violación o error en la aplicación de la ley que denuncia (conf. causa A. 70.146, "Vairetti", sent. de 31-VIII-2011) y que corresponde desechar los reparos que no pasan del mero enunciado a la hora de evaluar la efectiva concurrencia de errores in iudicando en la sentencia impugnada (conf. causas A. 70.008, "Ferraro", sent. de 24-V-2011; A. 76.131, "Servin", sent. de 23-XII-2021; A. 76.758, "Perazzo", sent. de 21-XII-2022; e.o.).
Lo expuesto basta para desechar los cuestionamientos referidos.
III.4. Por último, he de destacar que no ha formado parte de la discusión jurídica mantenida en el marco de este proceso (v. copias digitalizadas de los escritos de demanda, ampliación y contestación adjuntas a las presentaciones electrónicas de fecha 16-X-2020 y 19-X-2020, así como también el relato de antecedentes previamente efectuado) la existencia de potestades administrativas en cabeza de la comuna demandada para elevar el canon debatido, como tampoco el carácter municipal de los bienes sobre los cuales se ha ejercido durante años el permiso de uso o concesión.
De allí que la puesta en duda de tales aspectos en esta instancia extraordinaria, sobre la base de lo preceptuado por el decreto ley 9.338/80, resulta a todas luces tardía.
Al respecto, esta Corte ha afirmado que resulta ineficaz, por extemporáneo, el planteo que no fue introducido en la oportunidad procesal pertinente, resultando fruto de una reflexión tardía (conf. causas A. 72.040, "Mun. de Gral. Pueyrredon c/ García Servando", sent. de 19-X-2016; A. 73.098, "Fisco Prov. Bs. As. c/ Cejas", sent. de 20-III-2019; A. 74.494, "Industrias Alimenticias Mendocinas", sent. de 12-VII-2022; e.o.).
IV. Por los fundamentos brindados, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley presentado (arg. art. 279, CPCC), con costas a la recurrente en su condición de vencida (conf. arts. 60, CCA -texto según ley 13.101- y 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.