Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127789
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.789, "De Morra Isabel contra Municipalidad de San Miguel. Amparo Sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal del Trabajo n° 1 con asiento en la ciudad de San Miguel, perteneciente al Departamento Judicial de San Martín, hizo lugar a la medida cautelar solicitada por la parte actora (v. sent. de 3-VIII-2021).
Se interpuso, por la Municipalidad de San Miguel, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 18-VIII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. En lo que resulta de interés, el tribunal interviniente, en el marco de la acción de amparo sindical iniciada por Isabel De Morra contra la Municipalidad de San Miguel, hizo lugar a la medida cautelar "innovativa" solicitada; decretó el cese de los efectos del "acto administrativo de baja número 1123/2021 de fecha 3 de junio de 2021" hasta tanto recaiga sentencia definitiva y dispuso la reinstalación de la actora en su puesto de trabajo del Hospital Municipal Dr. Raúl F. Larcade conservando la situación de revista correspondiente al acto administrativo de designación, antigüedad y categoría profesional, garantizando su indemnidad psíquico-física, bajo apercibimiento de ejecución forzada.
Para así decidir, consideró demostrados los presupuestos que entendió propios de la medida solicitada.
En cuanto a la verosimilitud del derecho, juzgó que el derecho a la libertad sindical invocado por la accionante como fundamento de su pedido se encuentra previsto en un conjunto de instrumentos de carácter constitucional, supralegal y legal que identificó.
Destacando el carácter de sujeto de preferente tutela que reviste la accionante, afirmó luego que el art. 47 de la ley 23.551 consagra una pretensión anulatoria de toda acción que contraríe el goce y disfrute de los derechos inherentes al ejercicio de la libertad sindical -en su faceta individual y colectiva- pronunciándose en favor de una amplia legitimación activa para su promoción.
Adujo que la condición de activista sindical no es un requisito necesario ni indispensable para gozar de la tutela, tal como se desprende -sostuvo- del texto de la norma citada. Asimismo, rodeado de citas jurisprudenciales, precisó que en el art. 4 de la ley mencionada se enumeran una serie de derechos inherentes a la libertad sindical, cuya titularidad corresponde a los trabajadores.
Por otro lado, apuntó que la accionante acompañó con la demanda diversos documentos de los que surgía la verosimilitud de los hechos denunciados, así, los recibos de sueldo y designaciones como docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, que le permitieron advertir que la accionante posee una dilatada trayectoria profesional en el Hospital Larcade.
Aludió, además, al informe emitido por la Dirección Provincial de Políticas contra la Violencia Institucional, que daba cuenta -dijo- de la existencia de un conflicto colectivo que se prolongó en el tiempo, esto último, inferido de las audiencias celebradas ante la Dirección de Coordinación de la Negociación Colectiva Municipal del Ministerio de Trabajo provincial los días 5 y 10 de mayo de 2021. Avanzando, precisó que el día 10 abril de 2021 se le cursaron a la actora sendas citaciones a declarar suscriptas por la autoridad a cargo de la Dirección General de Asuntos Legales del municipio demandado, sin que se desprenda de aquellas el contenido específico de las actuaciones; también que mediante disposición 80/21 de fecha 11 de mayo de 2021, emitida por la Dirección de Personal, se ordenó el traslado de la accionante al Centro Auxiliar Don Orione; que ese mismo día esta última cursó una nota a la directora del hospital, a través de la cual explicó las razones por las cuales su presencia en la institución resultaba indispensable; que el día 12 de mayo de 2021 la trabajadora compareció ante la Dirección General de Asuntos Legales de la demandada en el marco del expediente 4.130-1.336-2021, donde se le notificó que la citación a presentar su descargo fue por encontrarse "...ejerciendo el cargo de subjefe de servicio de clínica médica del Hospital Raúl F. Larcade de forma ilegal y sin instrumento alguno que la designe..."; que acto seguido, el titular de la repartición municipal indicada dejó sin efecto las restantes citaciones cursadas pues entendió que el traslado de la accionante por disposición 80/21 determinaba "el cese de la inconducta"; que por nota de fecha 17 de mayo de 2021 la Asociación de Trabajadores del Estado comunicó a la reclamada la postulación de la señora De Morra como candidata a delegada de personal del sector médico; que obra la carta documento remitida por la Municipalidad de San Miguel con fecha 29 de junio de 2021, mediante la que reconoce la recepción de la comunicación a través de la cual la accionante le notificó su postulación como candidata a delegada del personal.
Apreció el sentenciante que la hipótesis fáctica esgrimida por la reclamante (haber sido objeto de una medida contraria al goce y disfrute de los derechos inherentes al ejercicio de la libertad sindical) puede ser contrastada con un criterio de normalidad establecido en un conjunto de precedentes judiciales, donde la decisión extintiva de vínculos que se adopta en el contexto de conflictos colectivos de trabajo suele responder, como represalia antijurídica, a la participación y protagonismo de las y los trabajadores en los mismos.
En base a lo expuesto infirió, prima facie, la intervención de la trabajadora en el marco del conflicto colectivo que involucró a su grupo profesional con su empleadora, cuyo corolario fue su postulación como candidata a delegada de personal.
A continuación, abordó el requisito del peligro en la demora, que estimó configurado a partir de la prolongación de las medidas sanitarias dispuestas por la administración nacional y provincial por la segunda ola de la pandemia de la enfermedad COVID-19, a lo que agregó que se encontraban en juego los derechos fundamentales al trabajo y la libertad sindical, y el necesario acceso a una tutela judicial continua y eficaz.
En cuanto al peligro en el daño, aludió a la existencia de una situación colateral consistente en que la actora se encuentra atravesando un trastorno de ansiedad, conforme se desprende de los certificados médicos acompañados junto con el escrito de demanda.
Añadió que, de no accederse a la petición cautelar, media un peligro cierto de infructuosidad en virtud de que la extinción del vínculo de empleo público municipal, prima facie contrario a derecho, acentúa la vulnerabilidad de la actora y, a la vez, priva de una profesional de carrera a una institución sanitaria en el contexto de la segunda ola de la pandemia de la enfermedad COVID-19.
Ese fue el razonamiento que condujo al tribunal a dictar la medida cautelar solicitada.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14, 14 bis, 16, 17, 18, 20, 31, 75 incs. 12, 22 y 23, 99 inc. 3 párrafo segundo, 116, 121 y 126 de la Constitución nacional; 39 de la Constitución provincial; 40, 48 y 52 de la ley 23.551; 44 inc. "d", 47, 18, 63, 50 y concordantes de la ley 11.653; 34 inc. 4, 163 inc. 6, 195, 198, 202, 230, 232, 266 in fine y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial.
Objeta que en la resolución de grado se hayan juzgado verificados los requisitos de admisibilidad de la medida cautelar decretada.
II.1. En relación con la verosimilitud del derecho, cuestiona que el tribunal haya resuelto que la actora se encuentra protegida por la ley 23.551, pues asegura que lo hizo a partir de una interpretación de la tutela sindical que contraría su texto y espíritu, cuando hubo de restarle toda relevancia a la circunstancia referida a si aquella era o no activista sindical.
Explica que, en el sentido estricto, la accionante carece de la protección contemplada en el art. 52 de la Ley de Asociaciones Sindicales, desde que notificó su presunta candidatura con posterioridad a que se consumasen los hechos indicados en la demanda.
Alega que, ya desde un punto de vista amplio, también el juzgador entendió erróneamente que la medida solicitada debía proceder, dando lugar a que se permita interpretar que cualquier trabajador que hubiere realizado un reclamo de índole laboral resulta por ello amparado por la tutela sindical prevista en la ley 23.551, aun cuando no acreditara el cumplimiento de ninguno de los recaudos establecidos por esa normativa legal.
Destaca que la única constancia de la que se valió la accionante para afirmar que formó parte de un reclamo colectivo consistió en un acta de fecha 5 de mayo de 2021, en la cual se menciona que suscribió una nota junto a otros profesionales y que lo hizo "a su propio nombre", o sea, sin representar a ninguna entidad sindical ni trabajadores, solo a ella misma. A la par, refiere el quejoso a la existencia de un documento fechado el día 10 de mayo de 2021, pero donde se la menciona a la actora como miembro de "CICOP", algo que sin embargo no consta de las actas exhibidas por esta entidad y tampoco fue invocado en autos por la reclamante.
Con lo expuesto, insiste -entre otras expresiones- en que no le asiste a la actora la protección cautelar decretada, desde que ninguna diferencia ostenta con el común de los empleados municipales.
II.2. En orden al peligro en la demora, dice el impugnante que tampoco se verifica en la especie, desde que, tal como surge de la propia demanda, la trabajadora se encuentra prestando servicios en otra institución hospitalaria de renombre, pese a los certificados médicos que ella misma ha acompañado en los cuales se prescribe reposo laboral. A su juicio, ello, junto al carácter sumarísimo del presente proceso revelan que aquel recaudo no se encuentra configurado.
II.3. En lo atingente a la configuración del daño, arguye que el juzgador de la instancia hubo de basarse en dos supuestos carentes de fundamentos.
De un lado, el recurrente apunta al costado del fallo en el que hubo de referirse a que la actora se encuentra atravesando un trastorno de ansiedad, cuya causa sería la situación laboral con la accionada. Al respecto, el quejoso aduce que en ningún momento se acredita o menciona que exista un nexo de causalidad que permita vincular el referido diagnóstico con la relación laboral de la actora y el municipio demandado.
Del otro, refuta la afirmación plasmada en el pronunciamiento en el sentido que la administración municipal se "...priva de una profesional de carrera a una institución sanitaria de referencia como lo es el Hospital Larcade en el contexto de la segunda ola de la pandemia de la enfermedad COVID-19...". Contra esa aseveración, opone el quejoso la afirmación que indica que quien mejor conoce la situación sanitaria del distrito y las necesidades en cuanto a los recursos a destinar, es el poder ejecutivo local, siendo que, además, tal afirmación escapa a la competencia del a quo .
II.4. Finalmente, cuestiona el decreto cautelar por cuanto, en su criterio, su objeto coincide con el de la demanda, implicando su andamiaje un evidente adelantamiento de la sentencia de fondo, y de este modo, prejuzgando sobre hechos que no pudieron ser invocados ni demostrados ante la ausencia de ellos en el dictado de la medida. Conjuntamente, recuerda que las medidas cautelares deben ser acordadas restrictivamente.
III. El recurso no prospera.
III.1. En primer lugar, cabe señalar que si bien esta Suprema Corte tiene dicho que las decisiones relativas a medidas cautelares no poseen -por regla- naturaleza definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 116.920, "González Cabrera", resol. de 22-VIII-2012; L. 119.532, "Cardozo", resol. de 22-XII-2015; L. 130.643, "Consorcio de Copropietarios Edificio Calle Córdoba 3.161", resol. de 27-VI-2023; L. 130.660, "Gutiérrez", resol. de 24-X-2023; e.o.), también ha sostenido que, si existiera la posibilidad de que la resolución genere un perjuicio de imposible o muy dificultosa reparación ulterior, debe equiparársela a tal (cfr. causas L. 119.071, "Guerrero", resol. de 7-X-2015; L. 127.416, "Seillant", resol. de 17-XI-2021; L. 128.636, "Bottero", resol. de 7-VI-2022; L. 130.310, "Arce", resol. de 20-IX-2023; e.o.). A tenor de lo que surge de autos, entonces el recurso bajo examen ha sido bien concedido.
III.2. Sentado lo anterior, y ya situados en el análisis de los agravios traídos, es dable memorar que el otorgamiento de medidas cautelares no exige de los magistrados el examen de certeza sobre la existencia del derecho pretendido, sino tan solo de su verosimilitud, pues requerir un juicio de verdad no condice con la finalidad del instituto cautelar, que no es otra cosa que atender aquello que no excede del marco de lo hipotético. Asimismo, que la procedencia de este tipo de tutela urgente y provisoria demanda la concurrencia de una situación de peligro en la demora, que importa la existencia de un riesgo que podría derivar en la frustración del derecho cuya tutela anticipada se procura (causas L. 119.005, "Malizia", sent. de 2-III-2017; L. 122.189, "Sindicato Unificado de Trabajadores Educación Provincia Buenos Aires", sent. de 23-III-2021 y L. 119.962, "Laurenzo", sent. de 27-VI-2023).
III.3. Bajo los lineamientos expuestos, cabe principiar por señalar que la crítica vinculada con la conclusión del tribunal de trabajo con arreglo a la cual consideró configurada la verosimilitud del derecho, luce insuficiente.
Lejos de controvertir frontal e idóneamente las conclusiones a las que arribó el juzgador de grado a partir de la valoración conjunta e interrelacionada de los distintos elementos de juicio que individualizó, el impugnante se circunscribe a exteriorizar un juicio paralelo sobre la base de una disímil ponderación de ciertos hechos y de algunas de las pruebas ponderadas en el fallo. Con esta técnica no demuestra la configuración del vicio del absurdo en el razonamiento que condujo al tribunal a tener por verificado el recaudo en debate, afincado -esencialmente- en considerar prima facie acreditada la intervención de la trabajadora en un conflicto colectivo que involucró a su grupo profesional con la parte empleadora, que tuvo como corolario su postulación a candidata a delegada de personal.
Es que como reiteradamente enseña la jurisprudencia de este Tribunal, más allá de que la solución adoptada pudiera resultar opinable, discutible, poco convincente o pasible de otras interpretaciones, ello no alcanza para patentizar el mencionado vicio invalidante, pues es necesario que se configure -y demuestre- un desarreglo en la base del pensamiento, una falla palmaria del raciocinio, es decir, un error extremo (causas L. 120.669, "Fruto", sent. de 24-IV-2019; L. 122.227, "Chaparro", sent. de 26-II-2020; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023; e.o.); carga que no logra satisfacer el interesado.
Dable es adicionar que la insuficiencia del agravio se patentiza a su vez en la ausencia de una impugnación categórica frente al despliegue argumental que realizó el tribunal al delinear la fisonomía de la libertad sindical en relación con la situación de la demandante en el marco de lo reclamado y la normativa que juzgó aplicable en el caso.
III.4. Tampoco resulta idóneo el embate direccionado a cuestionar el tramo de la decisión de grado que tuvo por verificado el peligro en la demora.
En este aspecto, el tribunal de grado ponderó especialmente la prolongación de las medidas sanitarias a nivel nacional y provincial ante la segunda ola de pandemia de la enfermedad COVID-19, a lo que agregó que -en la especie- se encontraban en juego los derechos fundamentales al trabajo y a la libertad sindical.
Frente a ello, y sin entrar a analizar el grado de acierto -o no- de los fundamentos esgrimidos por el juzgador, cabe apuntar que aquí el recurrente se centra en indicar -en lo esencial- que la actora se encuentra prestando servicios en otra institución médica de renombre; empero -en su discurrir- omite rebatir los puntuales argumentos expuestos por el a quo .
Cobra entonces virtualidad la doctrina de este Tribunal que establece que es requisito ineludible del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la impugnación concreta, directa y eficaz de las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que la misma se asienta (causas L. 124.850, "Rodríguez", sent. de 13-X-2021; L. 123.921, "Cimalando", sent. de 15-II-2022; L. 120.086, "Magallanes", sent. de 7-III-2022; L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
III.5. Idéntica suerte adversa ha de seguir el cuestionamiento dirigido a controvertir el "peligro en el daño" que el juzgador de grado estimó configurado.
Lo argumentado por el quejoso al señalar que no se ha acreditado en autos que exista un nexo de causalidad entre el trastorno diagnosticado a la actora y la relación laboral mantenida con el municipio se encuentra alejado de las motivaciones expuestas por el tribunal, quien no tuvo en consideración esa eventual conexión, sino que, independientemente de su concurrencia o no, centró su basamento en la particular situación de vulnerabilidad en la que -según juzgó- se hallaba inmersa la reclamante. De suyo, que más desconectado luce aún el señalamiento del recurrente centrado en los conocimientos que le atribuye al poder ejecutivo local de la situación sanitaria del distrito.
Resulta de aplicación lo dicho reiteradamente por esta Corte en el sentido de que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de disentimientos personales del interesado, sin que logre rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021 y L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023).
III.6. No modifica la suerte adversa del recurso la crítica fundada en un supuesto adelanto de jurisdicción y prejuzgamiento a partir de la tesitura que considera que existe una coincidencia entre el objeto del decreto cautelar y el de la demanda impetrada.
Ello así, toda vez que tal cuestionamiento remite -necesariamente- a la interpretación de los constitutivos del proceso, tarea que -como es sabido- constituye, una facultad privativa de los jueces de la instancia ordinaria, siendo su decisión revisable en sede extraordinaria solo en la medida que se denuncie y compruebe la existencia de absurdo en su interpretación (causas L. 120.023, "Quijano", sent. de 23-II-2021; L. 120.695, "Garbuglia", sent. de 8-III-2021; L. 126.682, "Mocherniuk", sent. de 11-VII-2023; e.o.), carga esta última que no ha sido cumplida por el interesado en esta parte de su impugnación.
III.7. Con todo, las centrales definiciones del fallo atacado no han logrado ser conmovidas por el interesado, por lo que la decisión ha de subsistir sin modificaciones.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.