Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127846
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.846, "A., G. I. contra Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado y otro. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de 12-II-2021 y aclaratorias de fechas 16-III-2021 y 5-V-2021).
Se dedujeron por Obras Sanitaras Mar del Plata Sociedad del Estado y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones de fecha 8-III-2021), habiendo sido concedido únicamente por el tribunal de origen aquel deducido por la primera de las nombradas (v. resol. de 18-III-2021).
Dictada la providencia de autos (v. proveído de fecha 3-X-2022) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado declaró procedente la demanda promovida por el señor G. I. A. contra Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., a quienes condenó solidariamente a pagar una indemnización -con fundamento en el derecho civil- por los daños y perjuicios derivados de la incapacidad provocada por la enfermedad que contrajo como consecuencia de las tareas de limpieza de cribas que prestó para la primera de las demandadas en la planta de pretratamiento de efluentes cloacales "Ing. Baltar" de la localidad de Mar del Plata.
En lo relevante, para así decidir, valorando distintas pruebas, juzgó acreditado en el veredicto que tiempo atrás, mientras se encontraba trabajando para su empleadora el actor padeció de trastorno adaptativo con alteración mixta de las emociones y el comportamiento (precisó: crónico, grave en su máxima expresión), causalmente relacionado con su actividad laboral.
Luego, ponderó que el promotor del pleito porta una incapacidad total y permanente del setenta por ciento (70%) para el desarrollo de su tarea habitual, y que el cincuenta por ciento (50%) de dicho porcentaje obedece -según lo relatado y fundamentado por el perito psiquiatra Guascone- a factores laborales y, el resto, a su estado previo de vulnerabilidad por duelo patológico, por lo que, en definitiva, la minusvalía resarcible alcanza al treinta y cinco por ciento (35%). Indicó que al daño psicológico se añade la angustia e incertidumbre del desamparo, producido tanto por la empleadora al dejar al trabajador sin salario y obra social durante casi un año, y por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., al no otorgar prestaciones en especie y dinerarias por incapacidad transitoria al haber considerado a la enfermedad como inculpable.
En lo que respecta a la demandada recurrente, juzgó configurada su responsabilidad objetiva en la generación del daño causado al trabajador en los términos del art. 1.113 del Código Civil (ley 340), en tanto -dijo- resultaba dueña o guardiana de la "cosa riesgosa", a la que identificó con la actividad y el ambiente laboral nocivo. Por otro lado, también halló verificada la responsabilidad subjetiva del principal conforme el art. 1.109 del Código de Vélez Sarsfield, pues sostuvo que no había demostrado haber realizado medida alguna respecto a la prevención de estrés laboral de sus empleados o seguimiento del actor a pesar de los certificados e internaciones de los cuales había tenido pleno conocimiento.
Seguidamente, con apoyo en los precedentes "Arostegui" y "Méndez" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fijó la indemnización por daño patrimonial, comprensivo del daño emergente y el lucro cesante; asimismo, la respectiva al daño moral.
Por último, determinó que los intereses debían calcularse desde la primera manifestación invalidante (14 de agosto de 2010) hasta el efectivo pago a la tasa de interés pasiva -tasa digital opción plazo fijo tradicional- que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En los lindes del art. 770 del Código Civil y Comercial, dijo que desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la de la notificación de la demanda, se acumularía el monto resultante de intereses al capital; que el importe total resultante de la acumulación devengaría el mismo tipo de interés moratorio hasta que quede firme la sentencia; y que en caso de falta de pago de la liquidación judicial en el plazo otorgado en la sentencia, los intereses moratorios allí liquidados se acumularían al capital.
II. La codemandada Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 163 incs. 5 y 6 y 384 del Código Procesal Civil y Comercial; 44 incs. "d" y "e" y 47 de la ley 11.653 y de la doctrina legal que cita.
Cuestiona que el tribunal de grado tuviera por verificados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil subjetiva en los términos del art. 1.109 del Código Civil (ley 340).
Afirma que se arribó a esa definición por conducto de considerar que Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado incurrió en la omisión negligente que se le endilgó, sin tener en consideración que los certificados médicos adjuntados así como el registro de ingreso del actor a los distintos nosocomios donde fuera internado, datan de fecha posterior a la primera manifestación invalidante de la enfermedad padecida, resultando -por ende- temporalmente imposible prevenir una patología que ya se había manifestado.
También expresa que es absurdo que el tribunal juzgara conocidos por la empleadora a los certificados médicos expedidos por los profesionales Luján y Fernández, por la sola circunstancia de haber sido tenidos por auténticos, más aún cuando no se consideró que en la demanda no se alegó que el trabajador haya comunicado a la empleadora certificados o internaciones con anterioridad a su enfermedad.
Asimismo, dice que el juzgador incurrió en el aludido vicio al analizar de manera parcial, sesgada y fragmentada la prueba pericial psiquiátrica. Indica que el experto determinó que la muerte de un hijo (previo a su ingreso) provocó en el dependiente un duelo prolongado, no resuelto, melancólico y patológico que constituyó un estado de vulnerabilidad y que las particularidades de su trabajo despertaron la reacción vivencial anormal que sufre.
De allí que, continúa, para poder reprocharle a la empleadora la supuesta omisión negligente, debía necesariamente ésta haber conocido dicho estado de vulnerabilidad, lo que no ocurrió debido a la propia conducta del trabajador, quien -asegura- falseó u ocultó el antecedente familiar (relacionado con la muerte de un hijo en el año 1997) al prestar la declaración jurada en el contexto del examen médico preocupacional que se le efectuara a su ingreso.
Señala que ello -la culpa del trabajador- se erige además como eximente de la responsabilidad objetiva fundada en el art. 1.113, segundo párrafo del Código de Vélez Sarsfield, al impedir que la empresa conociera el antecedente familiar que en definitiva constituyó el estado de vulnerabilidad descripto, viéndose en consecuencia imposibilitada de prevenir la enfermedad.
Y puntualmente, en cuanto a la adjudicación de responsabilidad civil objetiva conforme las disposiciones del art. 1.113 del anterior Código Civil, manifiesta que no corresponde calificar como riesgosa a la actividad desarrollaba por el señor A., ya que no podía representar un peligro en la salud mental de los trabajadores. Destaca que del informe médico psiquiátrico surge demostrado que la patología encuentra su origen en experiencias personales del actor, resultando impredecible una eventual e hipotética reacción anormal ante sus tareas laborales, así como sus características.
Por otra parte, argumenta que en el fallo se equipara indiscriminadamente los conceptos "tareas habituales" y "tareas profesionales", violando de esa manera la doctrina legal de la Suprema Corte que indica. Aduce que de la descripción efectuada por las partes en los escritos constitutivos, se desprende que las labores del accionante consistían en tareas simples, por lo que el porcentaje de minusvalía debió determinarse con arreglo a la capacidad laboral genérica (total obrera).
En virtud de lo relatado, solicita se revoque la sentencia en lo relativo al cálculo del rubro "lucro cesante", dejándose sin efecto la base o parámetro de consideración aplicada.
Finalmente, sostiene que no resulta procedente la acumulación de intereses desde la fecha de la primera manifestación invalidante hasta la de notificación de la demanda. Ello así, explica, porque esta última se produjo el día 12 de abril de 2012 y el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación (ley 26.994) entró en vigencia en fecha 1 de agosto de 2015. Indica que el tribunal de grado realizó una indebida aplicación retroactiva de lo dispuesto por el art. 770 inc. "b" de ese digesto, contraria al principio receptado en sus arts. 3 y 7 y a la doctrina legal que cita.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Inicialmente cabe desestimar el agravio referido a lo resuelto por el tribunal de grado en cuanto juzgó verificada la responsabilidad de Obras Sanitarias Mar del Plata Sociedad del Estado con basamento en el art. 1.109 del Código Civil (ley 340).
III.1.a. En reiteradas oportunidades ha declarado esta Suprema Corte que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios deducida en los términos del derecho común, son facultades privativas de los jueces de mérito, cuyas conclusiones al respecto no son revisables en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 120.043, "Idalgo", sent. de 4-VIII-2020; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021 y L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; e.o.).
Y en orden a dicho vicio, ha precisado que su configuración exige la verificación de aquel error grave y grosero, concretado en una conclusión incoherente y contradictoria en el orden lógico formal o incompatible con las constancias objetivas que resultan de la causa (causas L. 127.038, "Guerrero", sent. de 19-XII-2022 y L. 128.067, "Matto", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Bajo estos lineamientos, la impugnación luce insuficiente (art. 279, CPCC).
Tras ponderar las posturas expuestas por las partes en los escritos constitutivos del proceso y la prueba incorporada a la causa -en lo particularmente relevante, las definiciones que plasmó el perito psiquiatra en su dictamen-, el tribunal de grado tuvo por probado que el señor A. ingresó a trabajar sin patología psíquica y física detectable, salvo una hipoacusia de oído izquierdo leve, y que sufrió como antecedente la muerte de un hijo (de un año y medio de edad).
Entre varias consideraciones, indicó el a quo que el psiquiatra actuante hubo de informar que ante ese luctuoso suceso el actor tuvo un duelo prolongado, no resuelto, melancólico, siendo probable que las situaciones propias de la actividad laboral hayan agravado su estado previo o dificultado e impedido la resolución completa de dicho duelo. También, que en el año 2010 después de la exposición a situaciones estresantes su estado de endeble equilibrio colapsó y desencadenó la severa patología psiquiátrica, habiendo sido internado en una clínica neuropsiquiátrica en dos oportunidades por autolesiones, comenzando una lenta mejoría clínica en el año 2011, en un proceso que coincidió con la reincorporación al trabajo en la empresa en otro ámbito laboral, lo que resultó indispensable para asegurar la mejoría lograda. Ponderó a su vez, que detectado el trastorno que sufre el accionante el profesional médico precisó que "...el 50% de la patología..." se debió al ambiente de trabajo, y que en vinculación con ello, estas reacciones vivenciales anormales pueden prevenirse, ya que las áreas de recursos humanos o de medicina laboral de las empresas tienen técnicamente modalidades de evaluación que permiten detectar o considerar rasgos que indiquen vulnerabilidad de los individuos a determinadas situaciones y sus relaciones recíprocas.
Luego, el juzgador ponderó lo dicho por algunos de los testigos que declararon en la audiencia de vista, compañeros del actor, en cuanto resultaron contestes en manifestar que este último había visualizado en varias ocasiones fetos humanos, lo que le provocaba una intensa angustia y lo descompensaba.
En ese contexto, valoró que las accionadas no hubieron de prevenir el desarrollo de la patología que porta el trabajador, algo que calificó de una omisión negligente. Remarcó que no encontraba en el expediente que el departamento de Recursos humanos o Medicina laboral de la empresa hubiese realizado medida alguna "...respecto a la prevención de estrés laboral de sus empleados o seguimiento del actor a pesar de los múltiples certificados e internaciones de los cuales han tenido pleno conocimiento".
Adicionó, que el ambiente laboral fue sin dudas nocivo para la salud psíquica del dependiente, relacionándose estos factores en forma causal adecuada (en un trabajador vulnerable por su estado previo de duelo patológico) con el desarrollo de la grave enfermedad.
Con todo, debe destacarse que concluyó el sentenciante que la empleadora no previno el desarrollo de la grave enfermedad sufrida por el dependiente por una omisión negligente, configurándose en el caso -dada la probada existencia de relación causal entre tal inobservancia y el daño provocado en la salud del trabajador- su responsabilidad subjetiva en los términos del art. 1.109 del Código Civil (ley 340).
III.1.c. El interesado se limita a cuestionar la valoración que realizó el tribunal laboral de algunos elementos de prueba y a enunciar la relevancia que tendrían -a su juicio- ciertas circunstancias para así sustentar su postura tendiente a establecer que la empleadora no pudo prever la enfermedad psiquiátrica detectada en el trabajador, al hacerlo, no cumple con la carga de rebatir frontal y eficazmente las motivaciones que estructuran a esta parcela del pronunciamiento.
Es que al respecto, dable es destacar que más allá de la noticia concreta que pudo o no tener la empresa demandada por parte del propio accionante de los padecimientos o inconvenientes que lo rodeaban con anterioridad a la primera manifestación invalidante, lo cierto es que el razonamiento del tribunal de la instancia se apoya en una consideración que posee otros alcances, en tanto implica la exigencia a la empleadora de implementar acciones -por medios de sus áreas específicas, se entiende, dada la fisonomía de la empresa- tendientes a prevenir situaciones que pudiesen afectar a todos sus empleados, o bien, el requerimiento al principal de un curso de acción que debería desplegar con independencia de la comunicación de problemáticas puntuales que pudieran hacer los propios empleados. Lo expuesto, sin perjuicio del señalamiento que también se efectuó en el fallo en orden al conocimiento -posterior- que habría tenido la demandada de la salud del señor A.. Todo ello, en fin, fue lo esgrimido en la sentencia de grado para además concluir -en lo que aquí atañe- que la accionada no hubo de prevenir "el desarrollo" de la patología que porta el trabajador.
El recurrente no se ha hecho cargo de atacar con contundencia esta línea reflexiva, tan solo efectúa un nuevo análisis de los hechos y de algunas constancias de la causa según su personal criterio valorativo, sistema éste que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021 y L. 126.343, "Arias", sent. de 10-VII-2023; e.o.).
III.2. Dejando a un lado que -aún a todo evento- tampoco el impugnante evidencia el absurdo que denuncia cuando realiza su parcial y subjetiva valoración acerca de la pericia psiquiátrica y de la índole de las tareas que realizaba el actor, cabe señalar que firme la motivación esencial del pronunciamiento relativa a la responsabilidad fundada en el art. 1.109 del Código Civil de Vélez Sarsfield, que por sí misma otorga fundamentación autónoma a la condena, no cabe ingresar a analizar el planteo que pretende desbaratar lo juzgado por el tribunal en orden al factor objetivo de atribución de responsabilidad en la órbita del art. 1.113 del mentado digesto.
III.3. El cuestionamiento dirigido a refutar el porcentaje de incapacidad establecido tampoco luce de recibo.
Sopesando lo que pudiera opinarse sobre la cita de la doctrina legal que llevó a cabo el tribunal de grado en el pronunciamiento, lo relevante del caso es que, al fijar el grado de incapacidad resarcible, el órgano jurisdiccional tuvo en consideración "...la tarea habitual y en la cual estaba capacitado..." el accionante, sin atribuirle a aquel profesión alguna, tampoco hubo de señalar que requiriesen sus labores "profesionalidad". Y en dicha faena, se apoyó en elementos objetivos e idóneos: las conclusiones que el especialista jerarquizado en psiquiatría y médico legista Guillermo Emir Luján plasmó en el certificado médico expedido en fecha 25 de marzo de 2011, en el que relató que el trabajador padece una patología psiquiátrica grave representada en el "Baremo Decreto 1290/94 como Reacción Vivencial Anormal con síntomas depresivos severos y fóbicos", grado IV, que le provoca una incapacidad total y permanente del setenta por ciento (70%) de la total obrera (v. vered., tercera cuestión, punto cuarto). Y toda vez que el perito psiquiatra desinsaculado -el profesional Guascone- había determinado que de dicho porcentaje el 50% correspondía a factores laborales y el resto al estado previo de vulnerabilidad por duelo patológico del actor, el a quo concluyó que la minusvalía resarcible era del treinta y cinco por ciento (35%; v. vered., tercera cuestión y sent., segunda cuestión).
De lo relatado surge manifiesta la improcedencia de la impugnación, pues no logra demostrar el interesado que en el caso el tribunal haya determinado el porcentaje de minusvalía apartándose de la "capacidad laboral genérica -total obrera-" según los términos que expone (v. rec., pto. II.d.2.2.).
III.4. En cambio, ha de prosperar el cuestionamiento que gira en torno a lo juzgado en materia de intereses.
III.4.a. Recordemos que el interesado ataca este pasaje del pronunciamiento alegando que lo decidido en el punto en cuanto hubo de aplicarse el Código Civil y Comercial viola -en lo cardinal- su art. 7, en tanto dicha norma no permite una aplicación retroactiva de la nueva ley, tal como surge de la doctrina que también denuncia vulnerada. Solicita, con ello, que se modifique la sentencia en este aspecto y que se revoque la capitalización de los intereses dispuesta (v. rec., apdo. II.d.2.3.).
III.4.b. En la especie, habré de reproducir -en lo pertinente- las consideraciones formuladas al emitir mi sufragio en la causa L. 119.766, "Pantano" (sent. de 13-X-2020), las que entiendo suficientes para dar respuesta al embate y forman parte del agravio traído por el quejoso.
El art. 7 del Código Civil y Comercial (que, en lo sustancial, reitera el texto del art. 3, Cód. Civ., según dec. ley 17.711/68) sienta dos directivas básicas: en primer término, la inmediata eficacia de la ley a las consecuencias de las relaciones y situaciones jurídicas existentes; en segundo, la ir
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