Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128299
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de la instancia ordinaria por el rubro que se desestima y las de esta Sede extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.299, "Molina, José contra DJC S.A. y otro. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Genoud, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Mar del Plata, con asiento en dicha ciudad, acogió parcialmente la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 17-IX-2021).
Se interpuso, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 5-X-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal interviniente, en lo que reviste interés por ser materia de agravio, hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por José Molina contra la firma DJC S.A., y la condenó al pago de la sanción conminatoria contemplada en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto conf. art. 43, ley 25.345).
Para así decidir, en el veredicto, tras valorar la prueba documental (v. recibos de fs. 4/98), informativa de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) (v. fs. 298/307) y pericial contable agregadas al expediente (v. presentación electrónica de fecha 27-V-2021), juzgó demostrado que la accionada "retuvo mensualmente los aportes de seguridad social y aportes y contribuciones por obra social a su cargo de los haberes percibidos por Molina, ingresando parcialmente los mismos en los períodos 11/2009, 2/2010 y 03/2012" (vered., tercera cuestión, pág. 22).
También tuvo por demostrado que el actor intimó a la demandada -en los términos de la norma citada y el decreto reglamentario 146/01- para que ingrese los aportes retenidos de su salario, y que esta última respondió que las constancias de ingreso se encontraban a su disposición, pero no las acompañó con la contestación de la demanda (v. vered., tercera cuestión, pág. 23).
Finalmente, en la sentencia, declaró procedente la mentada sanción en tanto consideró "acreditadas tanto las retenciones de aportes y contribuciones a cargo del trabajador como la falta de su oportuno e íntegro depósito en los fondos pertinentes, y su subsistencia a la fecha del despido" (sent., pág. 6).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 132 y 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo; 16 de la ley 23.660; 44 inc. "d" de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de fecha 5-X-2021).
Se agravia únicamente respecto del tramo de la sentencia que declaró procedente la pretensión deducida al amparo del art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (conf. texto art. 43, ley 25.345).
Señala que el tribunal de grado incurrió en un error de juzgamiento porque aplicó la norma citada al caso por considerar que la accionada no ingresó debidamente las contribuciones de obra social a su cargo.
Explica que el art. 16 de la ley 23.660, en sus dos primeros incisos, distingue entre aportes, que corresponden al dependiente, y contribuciones, que debe afrontar el empleador; y, en ese orden, este último solo debe -o puede- retener los primeros, toda vez que las segundas son abonadas directamente con su patrimonio.
Entiende que el juzgador de mérito confundió tales conceptos y encuadró de manera forzada la situación de autos (es decir, el pago parcial de las contribuciones patronales durante tres meses) en el marco de un precepto legal que sanciona un supuesto fáctico distinto, referido a la falta de ingreso de sumas de dinero retenidas de las remuneraciones del dependiente.
A su vez, aduce que el sentenciante realizó una absurda valoración de la prueba aportada a la causa, en particular, de la informativa y la pericial contable.
Expresa que una lectura atenta de las planillas brindadas por la AFIP revela que, en todos los períodos declarados, ingresó en forma íntegra y oportuna los aportes del actor. Aclara que, en cambio, con relación a las contribuciones a su cargo, surge que se pagaron parcialmente tres meses (noviembre de 2009, enero de 2010 y marzo de 2012), aunque sin precisar la magnitud de la diferencia. Resalta que el tribunal de origen a la hora de apreciar dicho medio probatorio incurrió en otra confusión, ya que en el pronunciamiento aludió a pagos parciales en los períodos "11/2009, 2/2010 y 03/2012" (rec., pág. 21), equivocando febrero de 2010 por enero del mismo año.
Postula que debe tenerse en cuenta que esas faltas corresponden a una obligación a cargo del empleador, y, además, tuvieron lugar solamente en tres meses de un vínculo laboral de muchos años, con motivo de algún error contable de liquidación que, finalmente, fue subsanado.
También impugna la apreciación del informe pericial contable que realizó el a quo y la conclusión que estableció, en cuanto juzgó acreditado que DJC S.A. retuvo aportes a la seguridad social "de los haberes percibidos por Molina, ingresando parcialmente los mismos..." (rec., pág. 24) en los períodos mencionados.
Afirma que la contadora no se pronunció sobre la existencia de retenciones no ingresadas sobre las remuneraciones del actor, sino que solo hizo referencia a un período mensual (aunque, en rigor son tres), en el que detectó un pago parcial de la contribución patronal de obra social.
En definitiva, postula que la sentencia es absurda porque se asienta en conclusiones que se encuentran en abierta contradicción con las constancias fehacientes de la causa.
III. El recurso prospera.
III.1. Liminarmente es menester señalar que -como pone de manifiesto la recurrente (v. pág. 2, presentación electrónica de fecha 5-X-2021)- ningún reparo relativo a su admisibilidad admite la impugnación bajo análisis, pues en tanto el importe de la penalidad prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43, ley 25.345) sería el equivalente a las remuneraciones que se devengaron mensualmente a favor del trabajador, con igual periodicidad a la del salario, hasta que el empleador acreditara de modo fehaciente el ingreso efectivo de los montos retenidos, el litigio -a los fines del recurso- resulta de monto indeterminado (art. 55, ley 11.653; causas L. 124.462, "Balderrama", sent. de 28-XII-2021; L. 125.949, "Rana", sent. de 31-VIII-2022 y L. 123.153, "Páez", sent. de 27-II-2023).
III.2.a. Sentado ello, cuadra recordar que esta Corte ha declarado en forma reiterada que el citado art. 132 bis (conf. ley 25.345) prevé la aplicación de la sanción conminatoria mensual a favor del trabajador en caso de haberse efectivizado retenciones sobre su remuneración en concepto de aportes con destino a los organismos o instituciones que allí se indican, no depositadas por el empleador al momento de la extinción del vínculo, ni al término del plazo de la respectiva intimación (causas L. 123.516, "Ramos", sent. de 9-XI-2021; L. 124.461, "Weisser Urrutia", sent. de 28-XII-2021 y L. 123.665, "Martinez", sent. de 7-III-2022).
Asimismo, ha señalado este Superior Tribunal que determinar -con arreglo a la prueba producida en la causa- si se verifican los requisitos a los que la norma indicada subordina la aplicación de la sanción conminatoria mensual allí prevista constituye una facultad privativa de los jueces del trabajo. Las conclusiones que al respecto se formulen en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley no son susceptibles de revisión en casación, salvo que se acredite el supuesto excepcional de absurdo (conf. causas L. 124.045, "Olivera", sent. de 13-VII-2021 y L. 125.822, "Martinez", sent. de 27-VI-2023).
III.2.b. En el caso sub examine, la recurrente logra demostrar que el tribunal incurrió en el vicio lógico mencionado cuando declaró en la sentencia, como fundamento de dicha sanción, "acreditadas tanto las retenciones de aportes y contribuciones a cargo del trabajador como la falta de su oportuno e íntegro depósito..." (sent., pág. 6); y precisó antes, en el veredicto, que el ingreso parcial acaeció "en los períodos 11/2009, 2/2010 y 03/2012" (vered., tercera cuestión, pág. 23).
En efecto, de la lectura del anexo del informe brindado por la AFIP es dable advertir que en dos de los períodos señalados por el juzgador (noviembre de 2009 y marzo de 2012) el "pago parcial" indicado corresponde a la "contribución patronal de obra social" -a cargo de la firma DJC S.A.- , y no a las sumas retenidas del salario del actor en concepto de aportes a la seguridad social y obra social, que fueron depositadas en su totalidad (v. fs. 304/305). La misma situación se verifica en el mes enero de 2010, no en febrero de ese año, como erróneamente señaló el a quo.
Precisamente, en ese sentido, también se expidió el perito contador en su dictamen al señalar que había detectado que en el -referido- "período (03/2012) fue efectuado un pago parcial en concepto de Contribución de Obra Social" (presentación electrónica de fecha 27-V-2021, pág. 17).
Sin embargo, como fue anticipado, el órgano judicial de grado se limitó a declarar -para fundamentar la procedencia de la sanción conminatoria- que se habían acreditado, en los periodos aludidos, "tanto las retenciones de aportes y contribuciones a cargo del trabajador como la falta de su oportuno e íntegro depósito..." (sent., pág. 6), no encontrando respaldo tal conclusión en los datos concretos que surgen de los elementos probatorios reseñados.
Esa definición, entonces, al ser contraria a las constancias objetivas de la causa, revela un error grave, grosero y fundamental, que es el que caracteriza al vicio de absurdo (causas L. 124.032, "Olmedo", sent. de 1-XII-2021; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022 y L. 124.119; "Álvarez", sent. de 14-III-2023).
En suma, en mi opinión, la recurrente ha cumplido con la carga de demostrar la anomalía invocada, poniendo en evidencia el yerro en la valoración de las pruebas informativa y pericial, que condujo al juzgador de grado a una conclusión incongruente.
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la sentencia impugnada en cuanto aplicó la sanción conminatoria prevista en el art. 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (texto según art. 43, ley 25.345), cuya improcedencia se declara. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Costas de la instancia ordinaria por el rubro que se desestima y las de esta Sede extraordinaria a la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Genoud y Soria, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la afirmativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la sentencia impugnada con el alcance indicado en el apartado IV del voto emitido en primer término. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que practique nueva liquidación.
Las costas de la instancia ordinaria por el rubro que se desestima y las de esta Sede extraordinaria se imponen a la vencida (arts. 19, ley 11.653 y 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 11/04/2024 15:13:05 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 12/04/2024 10:14:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 16/04/2024 13:02:15 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/04/2024 19:05:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/04/2024 08:21:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/04/2024 12:15:36 hs. bajo el número RS-34-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia