Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128464
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.464, "Supermercados Mayoristas Makro S.A. contra Guevara, Gustavo Ariel. Exclusión de tutela sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Soria, Kogan, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón rechazó la acción promovida e impuso las costas a la parte actora (v. vered. de fecha 28-X-2021 y sent. de fecha 10-XI-2021).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 7-XII-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen, por mayoría, rechazó la acción promovida por Supermercados Mayoristas Makro S.A., por la que reclamó -con sustento en el art. 52 de la ley 23.551- la exclusión de la tutela sindical respecto del señor Gustavo Ariel Guevara, en razón del cargo de delegado gremial del Sindicato de Empleados y Obreros de Comercio y Afines -zona oeste-, y la declaración efectiva del despido con causa dispuesto por la patronal.
Para así decidir, en lo que resulta relevante, expuso inicialmente en su sentencia que, en efecto, en el caso, el trabajador se encontraba investido con la protección especial que establecen los arts. 14 bis de la Constitución nacional; 39 inc. 2 de la Constitución provincial y 48 y 52 de la ley 23.551 (v. sent., págs. 4/5). Asimismo, estableció que la libertad sindical -tanto en su faz individual como colectiva- se encuentra reconocida en los tratados internacionales con jerarquía constitucional mencionados por el art. 75 inc. 22 de la Constitución nacional (entre ellos, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, cuyo art. 8 inc. 3 -destacó- otorga rango constitucional al Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 87; v. sent., págs. 5/6).
Por ello, sostuvo que pesaba sobre la parte actora la carga de demostrar los supuestos incumplimientos endilgados al señor Guevara, que estos se erigieran en justa causa de despido y que tuvieran -por demás- robustez suficiente para dejar de lado la citada protección especial de que gozaba el trabajador; extremos que -a tenor de la opinión mayoritaria alcanzada en el veredicto- la interesada no logró acreditar, lo que tornaba improcedente la exclusión de tutela solicitada (v. sent., pág. 6).
Para justificar dicha conclusión, el tribunal repasó en su sentencia cada una de las causales rescisorias de la tutela sindical y del contrato de trabajo del delegado que habían sido invocadas por la accionante y las contrastó con las conclusiones mayoritarias del veredicto, que descartaban su suficiente acreditación (v. vered., págs. 27/39 y sent., págs. 7/9).
I.1. En esta faena, comenzó por puntualizar que el hecho principal narrado en la comunicación rupturista como ocurrido el 20 de julio de 2018, mediante el cual se había imputado al delegado un comportamiento agresivo y prepotente contra la gerente de la sucursal, señora Jiménez Ojeda, con gestos inadecuados, aproximación corporal, ademanes de golpes, violencia de género, amedrentamiento y amenazas, no había resultado demostrado.
En este sentido, por un lado, ponderó que la denuncia penal por amenazas efectuada por la gerente y registrada bajo el n° IPP-10-01-006925-18/00 había resultado archivada en razón de que el fiscal interviniente había considerado que los dichos vertidos por el delegado a la denunciante habían tenido lugar en el marco de una airosa discusión motivada por una cuestión propia de su función gremial, debido a una problemática surgida en el establecimiento, circunstancias que le quitaban entidad (v. sent., pág. 7 y vered., pág. 32, con cita de la prueba informativa obrante a fs. 549/551).
A la par, valoró también que los testigos propuestos por la parte actora (Jiménez Ojeda, Greco y Banegas) habían concordado -en la audiencia de vista de la causa- en que el acontecimiento en cuestión había discurrido en el marco de "...una discusión respecto a reclamos laborales, donde ambas partes subieron el tono de voz, retirándose en forma tranquila el señor Guevara ante la primera solicitud del jefe de seguridad..." (sent., pág. cit.), sin que de tales relatos (entre los que se encontraba el de la propia gerente) se hubiera podido constatar la situación de violencia de género denunciada, que el delegado le levantara la mano a la gerente, que la amenazara con golpear, que se negara a retirarse, o que continuara realizando otras amenazas (v. vered., pág. 32). Concretamente, respecto del testimonio de la señora Jiménez Ojeda, el tribunal refirió que preguntada sobre si en el marco de dicha discusión con Guevara tuvo miedo de que el delegado la agrediera, contestó que no, que no llegó a pegarle, ni la empujó, metiéndose entre medio de ambos el jefe de seguridad de la tienda, y que nunca pidió una sanción para Guevara (v. vered., pág. 30).
Asimismo, en lo concerniente al motivo de la discusión, el órgano de origen señaló que las declaraciones testimoniales resultaron contradictorias en cuanto al origen y modalidad del planteo del delegado, en el marco de un reclamo para que se le entregasen las llaves del botiquín para emergencias a cargo de los gerentes, con el objeto de administrarse un medicamento o de dárselo a una compañera, a pesar de que en ese horario se hallaba funcionando el servicio de emergencias médicas localizado en la tienda o bien, no hubiera nadie en el mismo (v. vered., pág. 31).
Y respecto del supuesto pico de presión sanguínea padecido por la gerente luego de ocurrida la discusión, declaró que el interesado no logró validar el comprobante de atención médica suscripto por la enfermera Cerrudo, por lo cual le restó validez probatoria (v. vered., pág. 32).
I.2. Por otro lado, en orden a los presuntos mensajes amenazantes que el delegado habría destinado a la señora Jiménez Ojeda a través de los estados de Whatsapp , el juzgador puntualizó que tampoco lograron ser demostrados por la empleadora, en tanto de ellos no era posible extraer ninguna referencia explícita sobre la gerente, ni su nacionalidad, ni su función en la tienda (v. vered., pág. 33). Adunó a ello que, respecto a la denuncia que aquella había efectuado ante el Instituto Nacional de Discriminación, la misma había sido desestimada (v. vered., pág. 33), por lo que no se pudo constatar ningún acto discriminatorio u ofensivo hacia su persona (v. sent., pág. 7).
I.3. Por demás, declaró que la accionante tampoco había conseguido demostrar el alegado proceder abusivo del delegado en perjuicio de la empresa, mediante su supuesto apersonamiento en la tienda el día posterior al de la discusión con la gerente, el 21 de julio de 2018, fuera de condición y presuntamente alcoholizado (v. sent., pág. 8).
Al respecto, destacó que los tres testigos que habían depuesto en la audiencia de vista de la causa manifestaron que, si bien la tienda se encontraba en medio de un intenso y prolongado conflicto gremial (respecto de su climatización, su comedor, el control de personal y los uniformes), había una buena relación con el delegado, y que sus reclamos en general eran justificados, vinculados con su función gremial y tendientes a mejorar las condiciones del lugar de trabajo (v. sent., pág. 8); así como que ninguno había señalado nada en torno al suceso en cuestión, ni se había acompañado otra prueba de ello (v. vered., pág. 34).
I.4. Finalmente, juzgó que tampoco fueron demostradas las restantes imputaciones consignadas como antecedentes de abuso de la función gremial de Guevara en la comunicación rupturista, a saber: (i) protesta en el ingreso de la tienda el 17 de febrero de 2018 con "escrache" frente a la clientela, retiro irregular de mercadería y consumición de bebidas alcohólicas en la playa principal de estacionamiento en medio de una "choripaneada"; (ii) utilización indebida y para fines de consumo personal de mercadería de la tienda que la empresa había destinado a todos sus empleados para conmemorar el día del trabajador de 2018; (iii) imprevista realización de una asamblea extraordinaria en el establecimiento en la misma fecha; (iv) ingreso violento en la tienda el 11 de junio de 2018 pateando con furia su mochila contra la pared de la oficina de la gerente (según constancias de registro fílmico adunado a la causa mediante un pendrive ); (v) apersonamiento en la tienda alcoholizado y prohibiendo el ingreso de clientes el día del paro nacional del 25 de junio de 2018; (vi) obstaculización de la operatoria de retiro de efectivo por caja como medida de protesta y (vii) pegatina de panfletos en las oficinas de la tienda (v. vered., págs. 34/36 y sent., págs. 8 y 9).
Nuevamente, a partir de las resultas de las declaraciones testimoniales, concluyó que las injurias señaladas no fueron probadas (v. vered., pág. 35), pues nada sobre ello dijeron los testigos, siendo que dadas sus funciones deberían haber estado al tanto y realizado las correspondientes denuncias (v. vered., pág. 36).
Y respecto del registro fílmico acompañado, según la transcripción de lo dictaminado por el perito informático interviniente, reparó en que "...transcurridos 21 segundos de iniciada la filmación propuesta como prueba, se observa el ingreso de una persona (masculino), el cual patea un bolso que traía consigo mismo, dejándolo en el piso y se dirige luego a una oficina, en la cual se lo ve hablando, aunque no se aprecia a quien" (informe presentado el 23-XI-2018), para luego referir lo declarado por los testigos para confirmar a ese hecho como no ocurrido, en rigor, en presencia de la gerente (v. vered., pág. 35).
Así, señaló el juzgador que esta Suprema Corte ha resuelto que "...el art. 243 de la LCT, al establecer que la comunicación deberá contener 'expresión suficientemente clara de los motivos en que se funda la ruptura del contrato' persigue que el trabajador conozca la causa del despido, la que debe bastarse a sí misma, evitando que queden dudas que posibiliten su referencia a otros hechos..." (con cita del antecedente L. 104.005, "Suarez", sent. de 13-VII-2011; v. sent., pág. 9).
Agregó que para que el incumplimiento se erija en justa causa de despido debe asumir cierta magnitud, suficiente para desplazar el principio de conservación del contrato que consagra el art. 10 de la Ley de Contrato de Trabajo, y su valoración debe realizarse teniéndose en cuenta los parámetros de causalidad, proporcionalidad y oportunidad (con cita de causas L. 81.534, "Aubalat", sent. de 3-XI-2004 y L. 84.883, "Bértora", sent. de 19-VII-2006; v. sent. págs. 9/10).
Con todo, concluyó que, no probadas las injurias invocadas ni los motivos para excluir al trabajador de su tutela sindical, correspondía el rechazo de la demanda en todas sus partes, pues constituía obligación de la accionante demostrar no solo los supuestos incumplimientos que le había imputado al trabajador para despedirlo, sino también sus justos motivos que no permitieran inducir que con dicha situación se buscara vulnerar la libertad sindical del representante gremial (v. sent., pág. 10).
II. Contra dicho pronunciamiento, la legitimada activa interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 1, 5, 14, 14 bis, 18, 31, 75 inc. 12, 122 y 123 de la Constitución nacional; 1, 18 y 39 inc. 3 de la Constitución provincial; del Convenio de la Organización Internacional del Trabajo 190; de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW); de la Convención de Belém Do Pará y de los arts. 1 y 2 de la ley 25.323.
II.1. Sostiene que los magistrados que conformaron la mayoría incurrieron en arbitrariedad en la valoración de las constancias objetivas de la causa, a punto tal que juzgaron no acreditados los motivos invocados por la empleadora para decidir el despido con justa causa de su dependiente (v. rec., págs. 7/8).
Respecto de la prueba testimonial, aduce que solo se transcribieron en la sentencia algunos pasajes de las declaraciones, omitiéndose otros que sí fueron reproducidos por el magistrado que quedó en minoría, los cuales -a criterio del impugnante- resultan de vital importancia para determinar la conducta violenta del trabajador respecto de la gerente de la sucursal (v. rec., pág. 8).
II.2. Cuestiona que el tribunal haya arribado a la conclusión de que la situación acontecida el día 20 de julio de 2018 "...no fue más que una discusión...", y que no se hubiera probado el "...severo pico de presión..." que sufriera la gerente Jiménez Ojeda con motivo del hecho referenciado; cuando de la prueba informativa obrante a fs. 239 -explica el compareciente- surge que la empresa Prevención Médica Empresaria S.A. contestó el oficio mediante el cual se acredita la validez del certificado médico obrante a fs. 41 (v. rec., pág. cit.).
En orden al archivo de la investigación penal preparatoria por amenazas derivada de la denuncia efectuada por la señora Jiménez Ojeda, sostiene el quejoso que lo allí resuelto no deviene para nada vinculante (ni relevante) para verificar la existencia de la injuria invocada para despedir justificadamente al dependiente (v. rec., pág. cit.).
Reitera que el juzgador de grado evaluó la conducta desplegada por el delegado de manera parcializada, sin hacer mérito de la totalidad de las constancias probatorias obrantes en el expediente (v. rec., pág. cit.).
II.3. Reprocha que considerar que, en el caso, no medió un supuesto de violencia de género contradice y viola la normativa internacional con jerarquía constitucional que tutela los derechos de las mujeres (v. rec., pág. 9).
II.4. Por demás, sostiene que el tribunal ignoró la conducta desplegada por Guevara cuando ingresó al establecimiento y pateó una mochila contra la mampara de la oficina de la gerente de la tienda, extremo que el recurrente entiende acreditado con la prueba pericial informática y el reconocimiento efectuado por los testigos Jiménez Ojeda y Greco (v. rec., pág. 9).
Objeta que se haya justificado el alegado actuar violento del accionado sobre la base de la existencia de un reclamo de índole gremial de trasfondo, cuando -afirma- siempre es dable esperar y exigir de un delegado gremial un comportamiento ejemplar y más conciliador que al resto de sus compañeros (v. rec., pág. cit.).
II.5. Así, destaca lo expuesto en el veredicto por el magistrado que quedó en minoría, en orden a que nuestro país ha suscripto diversos tratados internacionales dirigidos a (i) promover la igualdad de condiciones para el ejercicio de los derechos humanos y (ii) erradicar toda forma de violencia contra las mujeres (CEDAW y Convención de Belém do Pará). Menciona -también como infringidos- el convenio de la Organización Internacional del Trabajo 190 y los derechos constitucionales de trabajar y a que se aseguren condiciones dignas y equitativas de labor para las mujeres (v. rec., págs. 10/ 11).
II.6. Bajo dicho marco normativo, insiste en que en base al análisis de los testimonios vertidos en la audiencia de vista de la causa se debe concluir que Guevara obró de un modo reprochable y repudiable, con violencia y acoso evidente contra la jerárquica principal del establecimiento y frente al resto de sus compañeros, quienes presenciaron la violencia psicológica y el maltrato al que la gerente fue sometida por el delegado gremial (v. rec., pág. 11). Lo antedicho -señala el impugnante- sin ahondar en la infinidad de antecedentes intimidatorios y gravosos que perpetró a lo largo del tiempo (v. rec., pág. 12).
En suma, entiende que el tribunal de trabajo no resolvió el caso sobre la base del derecho aplicable ni sobre las constancias objetivas de la causa. Respecto de esto último, cita doctrina legal relativa a la configuración del vicio del absurdo en el presente caso (v. rec., pág. 14).
III. El recurso no puede recibir favorable acogida.
III.1.a. En primer lugar, es dable recordar que tanto la valoración del material probatorio como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren, constituyen el ejercicio de una atribución privativa de los tribunales de trabajo, y -por ende- no susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 120.588, "Sosa", sent. de 4-IX-2019; L. 120.771, "Derra", sent. de 18-IX-2019; L. 121.476, "Parise", sent. de 14-VII-2020 y L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023; e.o.); único supuesto en que esta Suprema Corte puede conocer y, eventualmente, revisar tales conclusiones fáctico-probatorias del fallo.
Sabido es, también, que al recurrente no le basta con denunciar dicho vicio invalidante y exponer de manera paralela la propia versión de los hechos y su interpretación. Es necesario que demuestre contundentemente que las conclusiones que se cuestionan son el producto de una apreciación absurda de las circunstancias fácticas y pruebas arrimadas al proceso (causas L. 123.263, "Mendoza Díaz", sent. de 30-XII-2020; L. 123.542, cit. y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
III.1.b. Conforme tales pautas, en este caso, las alegaciones que porta el recurso en análisis, dirigidas -en lo esencial- a controvertir la valoración y selección que efectuó, por mayoría, el tribunal de grado sobre las probanzas arrimadas a la causa, no llegan -como anticipé- a conmover lo resuelto en la instancia de origen.
Ello así, por un lado, porque los argumentos que expone el compareciente transitan sobre meras apreciaciones personales en torno al modo en que -en su criterio- debió ponderarse por el juzgador de grado la prueba colectada en la causa (en particular la testimonial, la informativa y la pericial informática), sin ocuparse primeramente de rebatir idóneamente el razonamiento trazado en el fallo, lo cual -conforme reiteradamente ha declarado este Tribunal- constituye una técnica carente de idoneidad para evidenciar la existencia del vicio de absurdo invocado (causas L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 122.554, "Marinado", sent. de 9-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021 y L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
Así como, por otro, porque en tal errática faena, el quejoso erige su réplica sobre la base de los presupuestos fácticos del veredicto analizados por el magistrado que quedó en minoría -especialmente, la prueba oral producida en la audiencia de vista de la causa- y su línea de razonamiento allí seguida, pero esas manifestaciones -que no constituyen sustento del fallo- solo traducen la convicción personal del juez del voto minoritario (causas L. 125.469, "Álvarez", resol. de 12-II-2021; L. 124.100, "G., A. L.", sent. de 20-X-2021 y L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022), situación que impide que su mera invocación resulte idónea para rebatir el razonamiento expuesto en los votos que formaron la opinión mayoritaria del tribunal (art. 279, CPCC).
Por demás, con relación a la apreciación de la prueba testimonial, no deviene ocioso memorar que esta queda reservada a los jueces del trabajo, quienes gozan de amplias facultades en razón del sistema de apreciación "en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 123.818, "García", sent. de 26-V-2021 y L. 127.042, "L. M. K.", sent. de 27-VI-2023; e.o.), así como a la confiabilidad que alguna o algun
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