Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128695
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.695, "Baiz, Alfredo Germán y Otro contra Procosud S.A. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Genoud, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata, rechazó la acción de amparo sindical iniciada e impuso las costas a la parte actora (v. sentencia de fecha 25-VIII-2021).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de fecha 8-IX-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda canalizada por medio de la vía procesal prevista en el art. 47 de la ley 23.551 y que fuera promovida por los señores Alfredo Germán Baiz y Nelson Waldo Ibáñez contra Procosud S.A., a fin de que se ordene a esta última que se permita a los reclamantes el ingreso irrestricto al mercado frutihortícola sito en ruta 226 kilómetro 7,5 y cese en conductas discriminatorias por razones gremiales; asimismo, se declare la nulidad de la revocatoria del permiso de ingreso, se abonen los salarios caídos con más la reparación por daños y perjuicios, se condene a la accionada por práctica desleal (art. 53 incs. "e", "g" y "h") y -finalmente- se la sancione en los términos de la ley nacional 25.212 y ley provincial 12.415 (v. sent. de 25-VIII-2021).
Para así decidir, sostuvo en el veredicto que los accionantes no lograron acreditar haber mantenido una relación de naturaleza laboral con la demandada, vinculación que al cabo, juzgó luego inexistente.
Es que en cambio, mediante la prueba producida -principalmente la testimonial- entendió probado que, como hubo de sostener la accionada, los actores se dedicaban a realizar changas para diversos puesteros del mercado referido, por lo que no podían ejercer representación sindical alguna; que no realizaban un horario determinado; que fijaban el precio del bulto de acuerdo al cliente que atendían; y que no siempre eran contratados por las mismas personas.
A la par, tuvo por demostrado que Procosud S.A. es una empresa que se dedica al alquiler de locales y puestos en un predio de su propiedad ubicado en ruta 226 kilómetro 7,5 que tiene como actividad principal la prestación de servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes urbanos propios o arrendados, y como secundaria la venta al por menor de combustible para vehículos automotores y motocicletas, lavado automático y manual de vehículos automotores, venta al por menor de fuel oil, gas en garrafas, carbón y leñas, servicios empresariales y venta al por mayor de combustibles y lubricantes para automotores.
Asimismo -por mayoría de fundamentos- estableció que la circunstancia de que los actores tuvieran que abonar una suma para ingresar al predio ferial resultaba incompatible con una relación de naturaleza laboral, obligación -remarcó- que no había sido cuestionada como ilegal en la demanda y que fue ratificada por los testigos.
Descartada la configuración del vínculo laboral alegado por los reclamantes, siempre valorando la prueba de autos, afirmó que no existieron los actos de discriminación invocados al demandar; sino el simple ejercicio del derecho de admisión -que en su criterio mayoritario hasta juzgó expresamente procedente- que posee la accionada en su condición de propietaria del predio; complementó su discurso indicando que tampoco se probó la conducta antisindical denunciada.
Ya en la etapa de sentencia, y conforme lo establecido en el veredicto, hizo lugar a las excepciones de falta de legitimación pasiva, activa y de acción opuestas por la demandada y dispuso el rechazo de la demanda.
II. La parte actora deduce recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo y violación de los arts. 14 bis, 37, 75 incs. 19, 22 y 23 y 43 de la Constitución nacional; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.1. y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 1.1. y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 7, 9, 12, 13, 14 y 44 de la Ley de Contrato de Trabajo; 1 de la ley 23.592 y 47 de la ley 23.551.
II.1. Afirma que en cuanto hace lugar a las excepciones opuestas, la sentencia resulta incongruente y arbitraria, pues la acción no tuvo por objeto la determinación de una relación laboral, vínculo cuya acreditación la ley 23.592 no impone al afectado.
Argumenta que surge de la causa que Procosud S.A. impidió arbitrariamente a los actores el ingreso al establecimiento donde prestaban servicios y desplegaban su actividad gremial, por lo que resulta legitimada pasiva, en tanto incurrió en un acto discriminatorio que es precisamente lo que motivó la promoción del pleito.
Sostiene que pesaba sobre la accionada demostrar que el ejercicio del derecho de admisión estaba fundado en razones objetivas y razonables, carga que no cumplió.
Arguye que los testigos propuestos por la parte actora fueron categóricos en afirmar que a los actores se les impidió ingresar al predio porque eran los líderes del gremio, habiendo quedado también acreditado que llevaban adelante la conformación de una asociación gremial realizando numerosas actividades sindicales. Así, destaca que la conducta de la accionada constituye una práctica desleal conforme el art. 53 de la ley 23.551, contando los trabajadores con la legitimación que brinda la herramienta contemplada en el art. 47 de dicha ley.
II.2. Alega que lo decidido en orden al derecho de admisión es arbitrario, ya que los derechos de propiedad y admisión no absolutos, ni pueden ser ejercidos en detrimento de los principios de no discriminación y libertad sindical.
Añade que el derecho de admisión y permanencia se encuentra regulado por la ley 26.370, norma que según se expresó en la contestación de la demanda no fue el fundamento del accionar de la empresa sino el derecho de propiedad, y cuyo ámbito de aplicación no incluye al sector en el que los actores prestaban servicios. Reafirma que la accionada no acreditó ninguna razón objetiva que habilite su ejercicio.
II.3. Denuncia la violación del principio de congruencia y la incorrecta aplicación del derecho, pues insiste en que no integraba la pretensión la determinación de la existencia de relación laboral entre las partes, sino el cese de la discriminación. Por ello, una vez más expresa que el órgano de grado partió de una falsa premisa y desvió el camino, apartándose de los hechos reales y del marco jurídico aplicable, por cuanto las leyes 23.592 y 23.551 no imponen para su aplicación la existencia de una relación de empleo.
II.4 Subsidiariamente, sostiene que con la prueba producida quedó acreditada la existencia de una relación laboral entre las partes, destaca así, lo declarado -a su juicio- por los testigos propuestos por la parte actora y ciertos aspectos de la prueba pericial contable.
A su vez, objeta la valoración de los testimonios brindados y denuncia la omisión en la ponderación de otras pruebas que individualiza.
II.5. Refutando que no se hayan tenido por acreditados los actos discriminatorios y el comportamiento antisindical denunciados, dice que en casos como el de autos resulta suficiente para el denunciante acreditar los extremos que prima facie evaluados sean idóneos para inducir su existencia, carga que entiende cumplida, por lo que pesaba sobre la demandada acreditar que la negativa y revocación del permiso tuvieron causa en un motivo objetivo y razonable ajeno a toda discriminación, lo cual no hizo. Alega así, que el tribunal se apartó del estándar probatorio establecido por la Corte nacional en los autos "Pellicori".
Reitera que mediante la prueba testimonial se demostró la realización por parte de los actores de la actividad gremial en forma continua y permanente con conocimiento de la accionada. Precisa diversas constancias que avalarían la participación de los actores en el gremio en formación.
Alega que como surge de la denuncia penal efectuada por la accionada para justificar el impedimento de ingreso al predio del señor Ibáñez, del hecho imputado -que culminó con su sobreseimiento- habían participado más de treinta operarios, no obstante lo cual solo se le impidió la entrada a aquel. Y respecto del señor Baiz, aduce que ninguno de los hechos que se le atribuyen fue acreditado; a lo que añade que los testigos que depusieron en autos en la audiencia de vista de la causa no aportaron elementos tendientes a acreditarlos.
II.6. Asegura que yerra el tribunal al calificar la actividad laboral de los actores aludiendo a que eran "changarines", ya que aduce que quedó demostrado que sus tareas eran habituales y permanentes y se desarrollaban en forma cotidiana para los puesteros, clientes permanentes y la accionada.
Alega que, de todos modos, si el acto discriminatorio es cometido contra un autónomo o "changarín", estos se encuentran plenamente legitimados para reclamar el cese de tal comportamiento conforme la ley 23.592.
Sostiene que el tribunal omitió considerar que la actividad de los actores se encuentra regulada expresamente por el Convenio Colectivo de Trabajo 508/07.
Refiere que la accionada reconoció expresamente que los actores prestaban servicios de carga y descarga en su establecimiento, acompañando prueba documental que acredita la fecha de inicio de su actividad, de modo que resulta de aplicación el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Alega que la accionada debió demostrar el carácter eventual de la prestación, invoca la aplicación del art. 99 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Expone que la inscripción bajo la modalidad de autónomo monotributista obedeció a una imposición de la accionada, tal como surge de la prueba que indica.
Finalmente, se agravia del argumento que -por mayoría- se consignó en el veredicto al sostener que el hecho particular de que los actores para ingresar al predio ferial debían abonar de su peculio, y/o de un feriante, la entrada al mismo daba cuenta de la inexistencia de una relación laboral, puesto aduce que los testigos que depusieron en la audiencia de vista de la causa afirmaron que dicho canon era requerido por la accionada para el pago de un seguro de cada operario.
III. El recurso no prospera.
Por cuestiones de índole metodológica habrán de alterarse para su abordaje el orden en que los agravios fueron articulados por el recurrente.
III.1.a. Los cuestionamientos que se reiteran en el recurso y que giran en torno a la denunciada violación del principio de congruencia bajo la postulación de un supuesto desvío por parte del tribunal al determinar el alcance de la pretensión, lucen insuficientes.
Ello así, toda vez que el quejoso prescinde de formular la necesaria denuncia de violación de las normas procesales que se vinculan con dicho postulado, falencia esta que no puede ser salvada por la Suprema Corte, que se encuentra impedida de suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas que debieron efectuarse por el recurrente para sustentar la impugnación (causas L. 119.556, "Costa", sent. de 22-VIII-2018 y L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021).
III.1.b. Sin perjuicio de lo expuesto, en una mejor hipótesis para el impugnante, es dable advertir que aquel razonamiento que traza en el medio de impugnación se opone abiertamente a las manifestaciones que hubieron de formularse en el escrito inaugural del proceso, donde la parte actora estructuró su pretensión a partir de afirmar la existencia de "sendos contratos de trabajo no registrados" entre los accionantes y la demandada, incluso, dedicando un capítulo específico a la temática (v. capítulo IV.A. titulado "De la relación laboral", v. fs. 193 vta./196 del escrito de demanda).
Entonces aun así la crítica no tendría éxito, pues es insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si la argumentación esgrimida por el interesado denota un discurso novedoso que altera la inicial postulación, trocando de ese modo el enfoque fáctico-jurídico desplegado en la etapa procesal oportuna (causas L. 120.460, "Pontel", sent. de 2-VI-2020; L. 124.420, "Mancuello", sent. de 21-X-2022 y L. 123.683, "Verón", sent. de 12-X-2023; e.o).
III.2. En conexión con lo anterior, no es atendible el embate referido al acogimiento de las excepciones opuestas por la demandada.
En sustancia, el recurrente alega que la ley 23.592 no requiere para su aplicación la acreditación por parte del afectado de la existencia de una relación de trabajo, además, que los accionantes no promovieron el pleito invocando su condición de dependientes de la firma demandada, sino por haberse visto afectados por su proceder discriminatorio consistente en impedirles el ingreso al predio y revocarles el permiso de entrada, a partir de causales inexistentes.
Empero, como puede divisarse de lo dicho en párrafos anteriores, tales afirmaciones colisionan de modo manifiesto con aquellas que volcó la demandante al iniciar las actuaciones y sobre las cuales pergeñó su reclamo. Sin perjuicio de lo ya indicado, luce útil volver a la lectura del escrito de demanda para ahondar en ciertos aspectos relevantes.
En cuanto a la vía procesal intentada, hubo de resaltarse en dicha pieza procesal la figura del "trabajador" legitimado para acudir a la herramienta contemplada en el art. 47 de la ley 23.551 (v. fs. 183), asimismo se precisó que por intermedio del mencionado procedimiento se procuraba interrumpir los agravios ocasionados por el actuar abusivo, antisindical y discriminatorio "...de la patronal..." y restituir a los demandantes en la situación en que se hallaban antes del actuar antijurídico "....de la firma empleadora..." (fs. 183 vta.). En otro pasaje del referido libelo, situada en lo prescripto en el art. 1 de la ley 23.592, la parte actora puntualizó que la única forma de dejar sin efecto el acto discriminatorio era mediante la declaración de nulidad e ineficacia de la revocatoria de permiso de ingreso, efectuado -una vez más lo detalló- por "...la firma empleadora..." (fs. 184). Estos son algunos ejemplos que indican indudablemente la finalidad de estructurar la presentación del caso intentando poner de relieve la configuración de un vínculo de trabajo entre las partes, pero hay otros, así, las distintas alegaciones que figuran a fs. 193 vta., 194 vta., 195 y vta.; 196, 197, 198/199 y vta., todavía, aquellas expresiones de fs. 201 vta. en las que se esgrime ante la accionada la supuesta estabilidad especial que rodearía a los demandantes conforme la ley 23.551; entre otras partes del mentado escrito.
Innegablemente, caben las mismas consideraciones señaladas en el punto III.1.b. de la presente: es tan novedoso el enfoque que se propone en esta Sede extraordinaria que obsta a su consideración.
III.3. Por lo demás tampoco es atendible el agravio en el cual subsidiariamente se afirma que mediante la prueba producida se habría acreditado la existencia de una relación de linaje laboral entre las partes.
III.3.a.i. Es doctrina inveterada de esta Suprema Corte que la evaluación del material probatorio, como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso concurren para establecer si entre las partes medió un contrato de trabajo, corresponde privativamente a los magistrados de los tribunales de trabajo, y su decisión al respecto no es revisable salvo cabal demostración de absurdo (causas L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021; L. 130.336, "Cimbaro", resol. de 12-IX-2023; e.o.).
III.3.a.ii. Bajo tales premisas, la impugnación deducida carece de aptitud.
III.3.a.iii. El ataque a los fundamentos del pronunciamiento objetado luce ineficaz para conmover la mencionada definición plasmada en el fallo sobre la inexistencia de una relación laboral dependiente entre las partes y los señalamientos que agregó el tribunal acerca de la naturaleza de la actividad de los accionantes, desde que los interesados se limitan a oponer a las conclusiones sentadas por el a quo su propia interpretación -naturalmente, favorable a sus intereses- sobre los hechos y las pruebas de la causa, ignorando que la mera exhibición de un criterio discrepante, o la crítica basada solo en razones de preferencia o conveniencia personal distan, en mucho, de constituir una vía idónea para demostrar el absurdo (causas L. 122.965, "Juárez", sent. de 23-II-2021 y L. 124.119, "Álvarez", sent. de 14-III-2023).
En este sentido, las alegaciones que porta el recurso relativas a la valoración efectuada por los jueces de grado respecto de las constancias probatorias obrantes en la causa con especial alusión a las pruebas testimonial, pericial contable (v. presentación electrónica de fecha 1-VII-2019), documental específicamente, al acta labrada por el Ministerio de Trabajo (v. fs. 81/82; 1.011/1.916)-, no exteriorizan más que una mera discrepancia subjetiva, dirigida a descalificar la labor axiológica por ellos realizada, sin otro aporte que el de exhibir una versión diferenciada respecto de los hechos y de cómo debieron apreciarse las pruebas agregadas a la causa, lo cual configura una técnica carente de idoneidad para representar la hipótesis de la efectiva configuración del vicio de absurdo (causas L. 120.316, "Palacios", sent. de 19-XI-2020 y L. 126.591, "D' Onofrio", sent. de 27-III-2023; e.o.).
Y es sabido que no constituye absurdo cualquier error o la aplicación opinable o que pueda aparecer como discutible o poco convincente, sino que se requiere algo más: el error grave y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 124.032, "Olmedo", sent. de 1-XI-2021; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 127.038, "Guerrero", sent. de 19-XII-2022 y L. 123.979, "Zarzuelo", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Luego, el disenso planteado por el compareciente acerca de las conclusiones que extrajo el sentenciante de grado a partir de la valoración de las constancias probatorias obrantes en el expediente, permanece en el plano de su mera disconformidad personal y no satisface una réplica idónea susceptible de modificar lo resuelto.
III.3.b. En este costado del recurso, no modifica la suerte adversa de la impugnación lo alegado por el interesado con cardinal sustento en el art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Sostiene el impugnante que en tanto al presentarse en autos la accionada reconoció la prestación de servicios a los que alude la citada norma, debieron aplicarse sus reglas probatorias.
Sin embargo, no se divisa en el fallo de grado que el tribunal de trabajo haya compartido esa comprensión del contenido del escrito de contestación de la demanda, antes bien, en ejercicio de facultades por regla privativas (causas L. 124.690, "FATE S.A.I.C.I.", sent. de 26-IV-2022 y L. 125.370, "Salazar", sent. de 31-V-2023), considerando las negativas formuladas por la demandada y su exposición de los hechos, indicó que era carga de la parte actora probar la existencia de la relación laboral denunciada. Y debe ponerse de resalto que ninguna crítica atendible orientada a evidenciar en este concreto aspecto una labor viciada por el absurdo ha traído el recurrente.
Entonces, lo expuesto por el interesado no supera el registro de su mera opinión acerca de dicho aspecto del caso, de suyo inhábil a los fines pretendidos. Se sigue de ello, que no se evidencia a su vez una transgresión al art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, siendo dable
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