Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129398
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.398, "Contreras, Daniel Aurelio contra Pestarino S.A. y Otros. Despido", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Kogan, Torres .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de La Plata hizo lugar a la acción deducida e impuso las costas del modo que especificó (v. sent. de 2-V-2022).
Se interpusieron, por los codemandados, sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de fechas 20-V-2022, 13-VI-2022 y 21-VI-2022), siendo solo concedido por el a quo el deducido por la accionada Pestarino S.A. (v. resol. de fecha 15-VII-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la demanda promovida por el señor Daniel Aurelio Contreras y condenó solidariamente a Pestarino S.A., Jorge Omar Pestarino, Víctor César Pestarino, Nicolás Hugo Spina y Alfredo Alejandro Hernán Jáuregui, a pagar las sumas que determinó en concepto de diferencias salariales, salarios por enfermedad, sueldos anuales complementarios, vacaciones, integración del mes de despido e indemnizaciones por daños y perjuicios, sustitutiva del preaviso y por despido injustificado, así como aquellos rubros que cuantificó con sustento en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013; 2 de la ley 25.323; 53 bis de la ley 11.653; 80 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. sent. de fecha 2-V-2022).
En lo que interesa, consideró acreditada en el veredicto la relación laboral denunciada en la demanda entre el actor y la codemandada Pestarino S.A. Juzgó que en tanto dicha sociedad hubo de reconocer la prestación de servicios por parte del actor, aunque alegando que los vinculó un contrato comercial, en virtud de lo que prescriben los arts. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo y 375 del Código Procesal Civil y Comercial recaía sobre ella la carga de demostrar el alegado carácter no laboral del contrato, imperativo que no satisfizo. A todo evento, consideró que, con la prueba producida por la parte actora (la testimonial y confesional) se acreditó el linaje laboral de la referida vinculación.
Además de expedirse en torno a la categoría laboral, estimó acreditada la fecha de ingreso, la jornada, el horario, la cantidad de horas extras realizadas y el salario percibido conforme fuera denunciado en la demanda.
En orden a la jornada, declaró -por mayoría- que la falta de registración del trabajador habilitaba a considerar cierta aquella denunciada por el accionante, desde que -en su criterio- se trata de un dato que debía quedar asentado en el libro del art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo. Luego, juzgó aplicable las reglas de los arts. 55 de la mentada ley y 39 de la ley 11.653. Además, sostuvo que la prueba testimonial refrendaba la veracidad del relato actoral.
En lo tocante a la remuneración, dijo que en la medida en que la demandada no registró al actor ni probó importes diferentes, ponderando lo probado en orden a las tareas, la jornada, y el encuadramiento convencional, resultaban ciertos los importes salariales denunciados como percibidos y devengados por el trabajador, lo hizo, con fundamento en el art. 39 segunda parte de la ley 11.653.
Por otro lado, señaló probado que el día 22 de septiembre de 2016, mientras estaba prestando tareas, el actor padeció un accidente cerebrovascular, debiendo ser internado.
A la par, consideró acreditado que el contrato de trabajo que ligó a las partes se extinguió el día 6 de diciembre de 2012 por el despido indirecto dispuesto por el actor ante la negativa de la patronal a reconocer y registrar la relación de trabajo y a pagarle los salarios por enfermedad, y que, a raíz del accidente cerebrovascular padecido en la sede de la empresa el demandante padece una incapacidad absoluta y definitiva.
Ya en la sentencia, luego -entre varias consideraciones- de rechazar la excepción de prescripción opuesta y expedirse en torno a la procedencia de las indemnizaciones derivadas del despido y otros rubros, hizo lugar al pago de la indemnización por daño moral. En el punto, sostuvo que el demandante sufrió un daño extrapatrimonial como consecuencia de la conducta del principal, en ese sentido -remitiendo a ciertos hechos ponderados en el veredicto- expresó que la accionada hubo de dejarlo abandonado a su suerte cuando se trataba de un trabajador que había sufrido un accidente cerebrovascular dentro de la sede de la empresa y que había prestado servicios durante más de tres décadas, no obstante, varios meses después "...cuando el actor estaba todavía internado peleando por su vida (sin hacer referencia alguna a su cuadro de salud, ni pagarle los salarios por enfermedad)..." remitió una carta documento comunicándole "...que el contrato que los ligaba se había extinguido seis meses antes..." (sent., pág. 34). Destacó que en el caso la accionada no había demostrado la existencia de una situación que excluyera objetivamente la posibilidad de que el accionante hubiera padecido perjuicios extrapatrimoniales, fundó esta parcela de la decisión en los arts. 1.737 y 1.740 del Código Civil y Comercial de la Nación; 1 de la ley 23.592 y en doctrina legal.
Vale destacar también del pronunciamiento, que entendiendo que las personas físicas codemandadas incurrieron en conductas ilegales reprimidas por los arts. 59 y 274 de la Ley de Sociedades Comerciales, estableció que estas debían responder ilimitada y solidariamente junto con Pestarino S.A., al pago de la condena dispuesta en autos.
Asimismo, ponderando concretas circunstancias del caso, calificó -por mayoría- la conducta de los accionados como temeraria y maliciosa en los términos de los arts. 9 de la ley 25.013 y 275 de la Ley de Contrato de Trabajo, y en ese orden, incluyó en la condena la sanción contemplada en la última de las referidas normas.
II. La coaccionada Pestarino S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia absurdo, violación o errónea aplicación de los arts. 55 y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39 de la ley 11.653; 1 y 8 de la ley 24.432; del principio de congruencia y de sus normas; y de la doctrina legal que cita (v. presentación de fecha 20-V-2022).
II.1. Bajo la denuncia del mencionado vicio de absurdo, cuestiona que el a quo haya considerado acreditada la existencia de una relación de dependencia entre el accionante y la codemandada Pestarino S.A.
Sostiene que no puede tenerse por cierta la existencia de un vínculo laboral por el reconocimiento efectuado en orden a la prestación de servicios del actor. Refiere que entre las partes existió un contrato de carácter comercial y que prueba de ello resulta ser el contrato celebrado libremente entre ellas, la facturación acompañada en autos, la constancia de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) donde el trabajador figura inscripto como autónomo, el carácter de propietario de los rodados utilizados para el transporte de la mercadería, y el testimonio de la señora Claudia Maria Rosa Sanz, quien expresó que el actor no prestaba servicios todos los días y menos aún cumplía un horario determinado.
Manifiesta que el tribunal de grado ponderó erróneamente la prueba testimonial, ya que a los fines de tener por acreditadas las notas de ajenidad y dependencia del supuesto vínculo laboral, tuvo por ciertas las manifestaciones de dos testigos que fueron oportunamente impugnados por la parte recurrente, por ser alcanzados por las generales de la ley al poseer juicios pendientes con la empresa accionada y, además, uno de ellos, ser amigo del señor Contreras. Con relación a esto último, cita jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, y denuncia violada la doctrina de la causa L. 59.389, "Ferro" (sent. de 27-XII-1996).
II.2. A todo evento se agravia de la "fijación de la mejor remuneración mensual, jornada laboral y cumplimiento de horas extras".
II.2.a. Refiere que conforme surge de la pericia contable, Pestarino S.A. lleva sin anomalías el libro previsto en el art. 52 de la Ley de Contrato de Trabajo, por lo que mal pudo el juzgador de grado aplicar las disposiciones de su art. 55 y del art. 39 de la ley 11.653 haciendo recaer la carga de la prueba sobre esta.
Denuncia violada aquí la doctrina establecida en la causa L. 119.608, "Arévalo" (sent. de 29-XI-2017).
II.2.b. Objeta la valoración de la prueba testimonial, pues sin perjuicio de lo expuesto con anterioridad en orden a la inhabilidad de los testigos, señala que las declaraciones han sido insuficientes para acreditar la jornada laboral denunciada por el actor, al respecto, remite a las consideraciones efectuadas por el magistrado que votó en minoría.
II.2.c. Conforme tales consideraciones, impugna la mejor remuneración mensual determinada por el órgano de grado, por contener la incidencia de las horas extras, que según refiere, no han sido acreditadas.
II.3. Rechaza la responsabilidad solidaria impuesta en la sentencia a las personas físicas.
II.3.a. Menciona fallos provenientes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, citas de autores, y denuncia violación de la doctrina legal establecida en la causa L. 81.550, "Ávila" (sent. de 31-VIII-2005).
II.3.b. Subsidiariamente "opone prescripción" de la acción respecto del codemandado Víctor César Pestarino. Refiere que fue presidente de la sociedad accionada hasta el día 28 de marzo de 2014, y que, luego de esa fecha, no ocupó cargo alguno, por lo que entiende que se encuentra prescripta la acción considerando la supuesta fecha del distracto. Cita doctrina de autores y jurisprudencia de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
II.4. Cuestiona por absurdo lo resuelto en el fallo en cuanto se condenó al pago de un resarcimiento por daño moral a raíz de haber entendido el a quo que Pestarino S.A. resolvió romper el supuesto contrato con el actor a partir de que sufriera un accidente cerebrovascular; y califica de "dogmática" la decisión del órgano de grado de considerar discriminatoria a la conducta de la accionada. En este pasaje del recurso, indica a la par que se ha violado la doctrina de la causa L. 106.365, "S.M.O." (sent. de 25-IV-2012).
II.5. Denuncia arbitrariedad, violación al principio de congruencia, desproporcionalidad y falta de fundamentación en la determinación de la sanción por temeridad y malicia impuesta por el tribunal de origen.
Explica que la demandada no asumió una conducta que pueda calificarse de este modo, ni una actitud obstruccionista, sino que solo mantuvo su postura y convicción afincada en que no existió entre las partes un contrato de trabajo, encontrándose en juego la garantía constitucional del derecho de defensa en juicio.
Invoca violada la doctrina de la causa "Aguirre" (sent. de 23-IX-1986), que -según refiere-, dispone que la mera afirmación de que el demandado, conociendo su propia sinrazón, ha negado la relación laboral, no es sustento suficiente para calificar su conducta en orden a una posible temeridad o malicia.
Considera que los apoderados del actor no tenían facultad para solicitar tal requerimiento, en atención al poder acompañado con la demanda.
Indica que el accionante no ha fundado o citado normativa respecto a la aplicación de la temeridad y malicia -citada en un título del escrito de inicio-, por lo que se evidencia una clara violación al principio de congruencia al resolverse en el fallo pretensiones que no fueron articuladas debidamente por las partes. En esta línea, también denuncia violada la doctrina que allí identifica.
Alega que hay una arbitrariedad manifiesta de los jueces de grado al fijar el monto de la sanción, por lo que subsidiariamente solicita su reducción.
II.6. Por último, en lo atinente a la condena situada en las costas, alega que se encuentra superado el límite porcentual regulado legalmente, por lo cual se violan los arts. 277 de La Ley de Contrato de Trabajo; 1 y 8 de la ley 24.432. Estima transgredida la doctrina legal de las causas: L. 77.914, "Zuccoli" (sent. de 2-X-2022); L. 81.838, "Macalusi" (sent. de 10-IX-2003) y L. 77.859, "Acosta" (sent. de 27-VII-2005).
III. El recurso no prospera.
III.1. A mérito de su insuficiencia, no es de recibo el agravio orientado a cuestionar la conclusión del tribunal de grado afincada en la existencia de un vínculo laboral entre el actor y la sociedad demandada.
III.1.a. Ante todo, dable es señalar que el impugnante ha soslayado denunciar la eventual infracción de las normas actuadas en el pronunciamiento impugnado vinculadas con la parcela de la crítica que en él se expone, exigencia esta de insoslayable cumplimiento según las prescripciones del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, pues la Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse para sustentar la impugnación (causas L. 117.452, "Gómez", sent. de 22-XII-2015; L. 119.773, "Medina", sent. de 28-VI-2017 y L. 120.052, "V., C.", sent. de 19-IX-2018).
III.1.b. Para más, las expresiones que formula el recurrente respecto a que con la declaración brindada por la testigo Sanz surgiría acreditado aquel alegado contrato comercial que -destaca- fue agregado documentalmente, solo traducen su personal y subjetiva opinión, discrepante con las conclusiones plasmadas en la sentencia, revelando así una técnica carente de idoneidad para evidenciar la existencia del vicio de absurdo (causas L. 95.397, "Otaviani", sent. de 15-VI-2011; L. 106.493, "Florentín González", sent. de 22-VII-2012 y L. 105.972, "R., M. G.", sent. de 3-X-2012). Es que dicha declaración fue concretamente ponderada por el tribunal de grado, quien además de relativizar su valor -a tenor del rol que ocupaba en la organización de la empresa demandada-, destacó su contenido para concluir que los elementos que podían extraerse resultaban "...completamente estériles para demostrar el linaje no laboral del contrato que ligó a las partes...", en un razonamiento que no ha recibido un embate concreto en el recurso.
Algo análogo sucede con lo argumentado en orden a la condición impositiva del actor ante la AFIP o a la propiedad de los rodados empleados por el actor en sus labores, puntos que también fueron expresamente abordados por el sentenciante en el veredicto, quien arribó a definiciones que, al cabo, indicaron que a su criterio tales datos no tuvieron la aptitud para enervar la naturaleza laboral de la relación. Ello -ha de reiterarse-, debió ser objeto de un ataque eficaz, carga que no es cumplida con la exposición del mero parecer del recurrente.
Vinculado con lo que se viene exponiendo, ya en lo tocante a lo sostenido por el juzgador en cuanto afirmó -más allá de lo expuesto con fundamento en la presunción legal- que la prueba oral recibida en la audiencia de vista de la causa resultó concluyente para tener por configurada la existencia de la relación laboral, cabe recordar que este Tribunal tiene dicho que su ponderación queda por regla reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 117.804, "Humaño", sent. de 26-III-2015; L. 118.642, "Torres", sent. de 15-VI-2016 y L. 119.582, "Dam", sent. de 3-V-2018). Además, que no es suficiente para descalificar a un testigo la mera circunstancia de que este haya manifestado encontrarse comprendido dentro de "las generales de la ley" si del contexto resulta la objetividad de su declaración (causas L. 107.785, "Giménez", sent. de 3-X-2012 y L. 118.092, "Molina", sent. de 30-V-2018), directrices -estas- replicadas en el precedente L. 59.389, "Ferro" (sent. de 27-XII-1996) que cita el quejoso, y que en el marco del presente litigio no se evidencian violadas.
III.2. Los agravios dirigidos a rebatir la conclusión del tribunal de origen vinculados con la determinación de la extensión de la jornada de trabajo y -por consiguiente- al acogimiento del reclamo por horas extras, así como a la determinación de la mejor remuneración mensual percibida por el actor, tampoco resultan atendibles.
III.2.a. Como lo afirma el recurrente, respecto de la determinación de la jornada de trabajo y horario -ello en el marco de la normativa aplicable en autos en consideración a la fecha del despido- esta Corte ha señalado que no opera la inversión de la carga de la prueba ni la presunción iuris tantum a favor de las afirmaciones del trabajador, sino que rigen las normas procesales que imponen la carga de la prueba de tales hechos a quien los afirma (causas L. 99.458, "Berrino Ibarlucía", sent. de 18-V-2011; L. 117.039, "Dietrich", sent. de 13-V-2015 y L. 119.608, "Arévalo", sent. de 29-XI-2017, esta última invocada por el quejoso).
III.2.b. Sin embargo, la denuncia de violación de esa doctrina legal que contiene el medio de impugnación -como ciertamente, lo dicho a su vez en lo atinente a la exhibición de los libros laborales- no alcanza a conmover lo decidido en el fallo, pues allí también se estimó acreditadas tanto la jornada como las horas extras denunciadas en la demanda a partir de la ponderación de los testimonios ofrecidos por el actor (y no solo por conducto de la aplicación de presunciones o supuestos de inversión de la carga probatoria que pudo inferir el a quo de las normas legales).
Y en este aspecto, lo resuelto configura el juzgamiento de una típica cuestión de hecho, irrevisable en sede extraordinaria, salvo eficaz demostración de absurdo (causas L. 118.981, "Pérez", sent. de 12-IX-2018; L. 121.705, "Giacopetti", sent. de 14-VII-2020 y L. 125.054, "Hiur", sent. de 3-XI-2022).
El excepcional vicio invalidante no es acreditado por el quejoso a partir de su propia interpretación de las constancias obrantes en la presente causa, cuando se limita a exponer una definición ceñida a sus intereses sin hacerse cargo de rebatir las reseñadas consideraciones que dieron -al cabo- debido sustento a la conclusión que se cuestiona. Y en particular, puede observarse que el discurso que en el punto trae el recurrente busca encontrar sostén en objeciones al valor de ciertos testimonios que ya han sido desechadas, pero asimismo en el voto de aquel magistrado del trabajo que quedó en minoría, técnica que reiteradamente ha sido tachada de inhábil (causas L. 113.518, "Capris", sent. de 29-X-2014; L. 117.888, "Garrigou", sent. de 29-VIII-2017 y L. 120.052, "V., C.", sent. de 19-IX-2018).
No es ocioso destacar que el absurdo supone la comprobación de un error grave, un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación material de la prueba producida que conduzcan a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022; L. 123.383, "Linares", sent. de 22-XI-2022; L. 125.370, "Salazar", sent. de 30-V-2023; e.o.); extremos no acreditados.
III.2.c. Lo anterior sella adicionalmente la suerte adversa de la discrepancia traída sobre la determinación de la mejor remuneración mensual, siendo que según el diseño de la crítica traída, ella se hallaba condicionada al -aquí descartado- éxito de la crítica referida a la definición del trabajo en horas extraordinarias y jornada laboral.
III.3. En cuanto al reproche vinculado con la condena solidaria impuesta en la sentencia recurrida sobre las personas físicas demandadas, e incluso, en lo referido a la excepción de prescripción que en subsidio se plantea en lo tocant
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