Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 78628
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 78.628, "B., G. M. contra Instituto de Obra Médico Asistencial sobre Amparo. Recurso Extraordinario de Inaplicabilidad de Ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres , Soria , Kogan , Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación deducido por la parte actora y revocó la sentencia de primera instancia en cuanto declaró abstracta la cuestión a resolver. En consecuencia, ordenó al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) que reconozca la cobertura de "supervisión y/o coordinación de equipo interdisciplinario" por parte de la licenciada en psicopedagogía, Verónica Murphy, o de quien la sustituya en el futuro, siempre y cuando así lo determine el médico tratante de la actora y no se produzca un cambio en las circunstancias. Con costas, en ambas instancias del proceso, a la demandada vencida (v. sent. de 10-XI-2022).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 1 de diciembre de 2022, 09:47:02 hs.), el que fue concedido por la Cámara interviniente (v. resol. de 14-II-2023).
Oído el señor Procurador General, dictada la providencia de autos para resolver y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I.1. El señor G. M. B., en representación de su hijo, M. B. S., promovió demanda de amparo contra el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) en virtud de la denegatoria dispuesta por dicha entidad a la prestación "supervisión/coordinación de equipo interdisciplinario", con el objeto de que se ordene a la demandada que brinde la cobertura de la prestación requerida en forma integral, desde la fecha de la solicitud y mientras sea prescripta e indicada por los profesionales tratantes (v. objeto de la demanda del día 14 de julio de 2022).
Conforme a lo denunciado, lo pretendido es resultado de la denegatoria de IOMA -de fecha 19 de mayo de 2022- a proveer la prestación peticionada al hijo del amparista, con diagnóstico de "Retraso mental moderado. Epilepsia y síndromes epilépticos sintomáticos relacionados con localizaciones (focales) (parciales). Trastorno específico del desarrollo de la función motriz " .
A raíz de lo expuesto, la entidad demandada prestaría sólo parcialmente la cobertura integral que el niño venía recibiendo desde el año 2017 y, consecuentemente, se pondría en serio riesgo la continuidad de su tratamiento (v. documentación adjuntada digitalmente con la demanda y copia de certificado de discapacidad adjuntado con presentación electrónica de 11-VIII-2022).
Cabe señalar que, en atención al diagnóstico mencionado, el médico neurólogo, doctor Francisco Villavedra, indicó un esquema asistencial consistente en una terapia integral e interdisciplinaria en las especialidades de psicología, fonoaudiología, psicopedagogía y acompañamiento terapéutico escolar, coordinadas por un profesional en concepto de "supervisión y/o coordinación de equipo interdisciplinario" (v. documentación adjuntada digitalmente con la demanda).
I.2. El Tribunal en lo Criminal n° 4 del Departamento Judicial de La Plata declaró abstracta la acción de amparo promovida e impuso las costas por su orden (v. sent. de 29-VIII-2022).
Para resolver de tal modo, sostuvo que, conforme a lo actuado en la audiencia de fecha 2 de agosto de 2022, el IOMA habría proporcionado adecuada satisfacción a las pretensiones del amparista, garantizando la continuidad de la asistencia al niño M. por parte de la licenciada en psicopedagogía, Verónica Álvarez Murphy, aunque no en el rol de coordinadora del equipo interdisciplinario, por cuanto ello exigía que se tratara de una profesional habilitada a ese fin.
Concluyó que, ante tal estado de situación, habría desaparecido el interés que motivara la interposición de la acción deducida, por lo que el conflicto luciría inexistente.
I.3. Contra el pronunciamiento de primera instancia, la parte actora dedujo recurso de apelación, peticionando que se haga lugar a la acción de amparo intentada (v. presentación electrónica de fecha 5 de septiembre de 2022, 06:06:42 hs.).
II. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar al recurso de apelación interpuesto por el actor y revocó la sentencia de primera instancia. En consecuencia, ordenó al IOMA que reconozca la cobertura de "supervisión y/o coordinación de equipo interdisciplinario" por parte de la licenciada en psicopedagogía, Verónica Murphy, o de quien la sustituya en el futuro, siempre y cuando así lo determine el médico tratante y no se produzca un cambio en las circunstancias. Con costas, en ambas instancias del proceso, a la demandada en su condición objetiva de vencida (v. sent. de 10-XI-2022).
Para así decidir, luego de relatar la plataforma fáctica del caso y citar precedentes propios, destacó que las constancias probatorias acompañadas no se encontraban controvertidas y que ellas aludían a la necesidad de contar y continuar con la terapia integral e interdisciplinaria, coordinada por un profesional, conforme a lo que indicara el médico tratante -doctor Francisco Villavedra-, así como también lo dictaminaran tanto la perito médico legista como la perito médico neuróloga de la Asesoría Pericial de La Plata (v. informes periciales de los días 17 de julio de 2022 y 18 de julio de 2022, respectivamente).
Añadió que del acta de la audiencia celebrada el día 2 de agosto de 2022 se desprende que la auditora del IOMA aseguró allí que "...el rol de coordinador no puede ser cumplido por una Licenciada en Psicopedagogía, sino que solo puede estar a cargo de un médico psiquiatra, neurólogo o de una Licenciada en psicología".
No obstante, advirtió que de la documentación acompañada por el actor se desprendía que el Plan de Coordinación del Equipo de Intervención del año 2017, autorizado por el ente asistencial, había sido realizado por la licenciada en psicopedagogía Daniela Fotia.
A su turno, el voto concurrente observó al respecto que de la lectura de las resoluciones invocadas por la demandada no se derivaba la limitación reglamentaria planteada, por lo que la conducta de la autoridad pública resultaba ilegítima, susceptible de canalizarse a través de la acción intentada.
En definitiva, el Tribunal de Alzada sostuvo que correspondía revocar el pronunciamiento atacado en cuanto había considerado que la cuestión devino abstracta y hacer lugar a la demanda, toda vez que se hallaba comprometido el derecho a la salud de un niño de doce años de edad, con certificado único de discapacidad, que venía recibiendo desde hacía aproximadamente cinco años el tratamiento médico peticionado, desestimado luego en parte por el IOMA con la sola mención de que "...no [se] contempla la cobertura de coordinación de equipo".
Con posterioridad, agregó que el peligro de no continuar con la cobertura del tratamiento indicado colocaría a M. B. S. en una situación de desatención que compromete derechos inherentes a la condición humana.
Bajo esa tesitura, invocando jurisprudencia de la Corte federal, sostuvo que una materia como la abordada requería especial prudencia y que debía evitarse que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con particular tutela constitucional.
Reparó en la obligación impostergable de las autoridades públicas de garantizar, a través de acciones positivas, la plena vigencia de los derechos a la vida y a la salud de las personas con discapacidad, consagrados por los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y por el ordenamiento normativo provincial (conf. arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; VII, DADDH; 25, DUDH; 24 inc. 11, PIDCP; 12 inc. 11, PIDESC; 11 y 36 incs. 5 y 8, Const. prov.).
Sobre ese piso de marcha, estimó procedente lo planteado por el actor ante la omisión -por la demandada- de reconocer la cobertura integral de la prestación en cuestión, a fin de evitar las consecuencias desfavorables que podría acarrear su interrupción o cambio, sin perjuicio de las facultades de auditoría de la obra social para fiscalizar la prestación del servicio y de la facturación que se presente para el cobro.
Asimismo, justificó que el actor acudiera a la vía del amparo, en tanto el transcurso del tiempo y la adopción de otro derrotero procesal generan un riesgo de agravamiento de la salud del paciente.
Indicó que un temperamento contrario, derivado de un pronunciamiento que prive al paciente de contar de manera integral con el esquema de atención prescripto, podría implicar una alteración del servicio de irreparables consecuencias, en relación con el derecho a la salud e integridad psicofísica del individuo y a su calidad de vida, valores que cuentan con especial protección constitucional.
III. Mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1 de diciembre de 2022, 09:47:02 hs.), la Fiscalía de Estado denuncia violación o errónea aplicación de los arts. 16, 17, 18, 19, 28, 33, 42, 43 y 75 incs. 19, 22 y 23 de la Constitución nacional; 20 inc. 2 y 36 incs. 5 y 8 de su par provincial; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 10 de la ley 6.982; 1 y 2 de la ley 13.928; 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial y 1 inc. I del decreto 7.881/84.
Sostiene asimismo que el fallo atacado transgrede doctrina legal de esta Corte relativa a los tópicos abordados y que incurre en los vicios de absurdo y arbitrariedad.
Por un lado, arguye que no se encuentran configurados en la especie los presupuestos de arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, que condicionan la procedencia de la acción de amparo (conf. arts. 20 inc. 2, Const. prov. y 1, 2 y concs., ley 13.928), en tanto -según sostiene- el comportamiento de la obra social demandada no lesionó derecho constitucional alguno y además nunca se le habría negado al hijo del amparista ninguna prestación médica.
Por otro lado, acusa a la Cámara interviniente de haber incurrido en absurdo en la valoración de la prueba, con afectación de las reglas de la sana crítica, por no haber tenido en cuenta que la prestación de supervisión de equipo interdisciplinario exige un profesional habilitado para ello.
Alega en definitiva que resulta inadmisible conminar al IOMA a conceder la prestación debatida a través de un profesional que no cuenta con la habilitación para ejercer el rol de coordinador, pues ello contradice la normativa vigente en la materia, con independencia de que en años anteriores se hubiese otorgado la respectiva autorización.
IV. El recurso no prospera (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
IV.1. En lo que respecta a la pretendida falta de configuración de los presupuestos de procedencia de la acción de amparo, cabe señalar que las circunstancias apreciadas por el Tribunal de Alzada para considerar admisible dicha vía, tales como la situación de salud de M. B. S., la urgencia denunciada y las posibles consecuencias negativas de la falta de continuidad plena de la cobertura prestacional en la modalidad prescripta por los profesionales tratantes, constituyen típicas cuestiones de hecho y prueba, no revisables, en principio, en la instancia extraordinaria, salvo eficaz y acabada demostración de la existencia de absurdo (conf. causas A. 70.655, "Acevedo", sent. de 20-II-2012; A. 73.133, "Valdez", sent. de 8-XI-2017; A. 75.422, "Cáceres", sent. de 28-VIII-2019; A. 77.124, "S., A. S.", sent. de 27-X-2022; e.o.), vicio que, si bien la agraviada ha denunciado, no ha logrado acreditar.
En efecto, lejos de demostrar la existencia de tamaño vicio, el recurrente sólo ha exteriorizado su opinión discrepante con el resultado obtenido en la labor valorativa, pero sin lograr acreditar que el razonamiento de los sentenciantes en esta parcela esté afectado por un error grave y ostensible que haya derivado en conclusiones incongruentes o contradictorias con las probanzas objetivas de la causa o con tergiversación de las reglas de la sana crítica y violación de las normas jurídicas sustantivas o procesales vigentes, que es lo que configura el absurdo (doctr. causas A. 71.845, "Gesualdo", sent. de 22-VI-2016; A. 72.799, "Mansilla", sent. de 7-VI-2017; A. 73.122, "López", sent. de 29-XI-2017; A. 74.916, "Fernández", sent. de 29-V-2019; e.o.).
Para más, cabe recordar que esta Corte tiene dicho que, en circunstancias donde está en juego el derecho a la salud, y como corolario el derecho a la vida, la vía de amparo resulta un instrumento eficaz para concretar la protección reclamada. Ello en punto a evitar que el rigor de las formas pueda conducir a la frustración de derechos que cuentan con tutela de orden constitucional, por lo que acudir a las vías ordinarias podría generar un perjuicio de tardía, insuficiente o imposible subsanación posterior (conf. causas C. 101.857, "M. J. D.", sent. de 3-XI-2010 y A. 73.300, "Cuadrado", sent. de 17-XII-2014; v. también CSJN Fallos: 327:2127; 327:2413; e.o.).
IV.2. Por otra parte, el reproche según el cual la Cámara habría omitido considerar que la prestación de supervisión de equipo interdisciplinario no puede otorgarse en los términos reclamados, debido a que ello importaría violar la normativa vigente, según la cual solo los profesionales habilitados a tal fin (entre los cuales no se incluirían licenciados en psicopedagogía) pueden ejercer el rol mentado, evidencia una notoria insuficiencia.
Esto es así -fundamentalmente- porque entre los múltiples preceptos denunciados como violados o erróneamente aplicados por el recurrente, ninguno se refiere a esa supuesta prohibición, que para más fuera negada por uno de los magistrados de la Cámara interviniente (v. sent. de 10-XI-2022, voto del doctor De Santis), sin que en pasaje alguno de la expresión de agravios bajo examen se argumente de manera concreta -como hubiera correspondido- respecto de cual sería la disposición vulnerada y de qué forma el fallo atacado la habría transgredido.
Lo indicado obliga a recordar que una de las notas características de la instancia extraordinaria está dada por la mayor exigencia en cuanto a las cargas técnicas. El acabado cumplimiento de los recaudos que fija el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial supone que el recurrente indique con claridad las normas legales infringidas por la decisión cuestionada y que lo haga circunstanciadamente, esto es, que precise en qué consiste la violación contra la que se alza o por qué motivo las considera erróneamente aplicadas (conf. causas A. 68.035, "D., J. A.", sent. de 5-III-2008; A. 73.491, "Lin", sent. de 13-VI-2018; A. 76.758, "Perazzo", sent. de 21-XII-2022; e.o.).
Es que la facultad revisora de este Tribunal está circunscripta al contenido de la sentencia según la concreta impugnación que contra ella se formule en la pieza recursiva (conf. causas L. 85.098, "Fernández", sent. de 4-X-2006; L. 87.394, "V. d. C.", sent. de 11-V-2005; A. 69.413, "R. G.", sent. de 17-VIII-2011; A. 73.385, "J. C. S.", sent. de 24-VI-2015; A. 77.124, "Saldivia", sent. de 27-X-2022; A. 77.129, "Schab", sent. de 2-III-2023 y A. 77.187, "Tomaro", sent. de 11-VIII-2023). De allí que su insuficiencia sea insalvable cuando no se alega la transgresión de norma legal alguna, pues la Corte no puede suplir, por inferencia o interpretación, la omisión de las citas legales que debieron efectuarse, ni menos aún declarar oficiosamente la violación de algún precepto legal no invocado (doctr. causas A. 70.211, "G., M. A.", sent. de 18-V-2011; A. 70.702, "Ponce", sent. de 29-II-2012; A. 71.710, "M., E. M.", sent. de 11-V-2016; A. 77.484, "Giordano", sent. de 18-IX-2023; e.o.).
IV.3. La misma solución desfavorable se impone para la pretensa violación o errónea aplicación de las normas constitucionales y legales que sí han sido individualizadas en el escrito bajo examen, por cuanto no se ha logrado acreditar de qué manera la decisión en crisis colisionaría con los derechos y garantías emergentes de esos preceptos que se dicen infringidos, tarea a cargo de la recurrente que en el caso no ha sido satisfecha y que tampoco puede ser suplida por esta Corte (conf. causas A. 73.122, "Aued", sent. de 29-XII-2017; A. 75.684, "Pallanza", sent. de 5-VIII-2020; A. 77.421, "Báez", sent. de 7-III-2024; e.o.).
A su vez, cabe resaltar que el argumento basado en el quebranto de principios y textos constitucionales no comporta un adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley cuando tales infracciones constitucionales derivarían como consecuencia de la trasgresión de otras normas, no acreditada en el caso (conf. causas A. 71.802, "Emma", sent. de 22-X-2014; A. 73.515, "Katz", sent. de 13-IX-2017; A. 75.641, "Ibarguren", sent. de 28-VIII-2019; A. 75.839, "Fernández", sent. de 11-VIII-2023; e.o.).
En el contexto descripto, vale enfatizar que para la Cámara no ha pasado desapercibida la circunstancia de que el hijo del amparista es un niño con discapacidad, integrante en tanto tal de grupos vulnerables, que pese a haber accedido a las prestaciones indicadas por su médico tratante, necesarias para su tratamiento y reconocidas por el IOMA desde el año 2017, correría peligro frente a la alteración e interrupción en la continuidad de la mentada cobertura integral a partir de la denegatoria dispuesta por la demandada a la prestación de supervisión de equipo interdisciplinario.
Y no es dable soslayar la sensible incidencia que tanto la edad como la discapacidad traen aparejadas en el efectivo resguardo de derechos fundamentales como los aquí involucrados, cuya tutela, que no admite interrupción alguna, cuenta con amparo constitucional prevalente, así como con plexos convencionales específicos (conf. arts. 75 incs. 22 y 23, Const. nac.; 4 y 24, CDN y 4, 25 y 26, CDPD; mi voto en causa A. 77.124, "S., A. S.", sent. de 27-X-2022; e.o.).
IV.4. Tampoco ha de prosperar la denunciada transgresión a la doctrina sentada por esta Corte en torno a los requisitos de procedencia del amparo y el vicio de absurdo, debido a que -fuera de lo ya señalado sobre tales tópicos con anterioridad- no alcanza con la mera individualización del precedente y la transcripción de un sumario para sustentar la violación de la doctrina legal en los términos del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que deben indicarse los aspectos fácticos del caso donde se sentó el criterio que se pretende aplicar a la pretensión incoada y la similitud con las circunstancias fácticas y jurídicas de la causa (doctr. causas A. 73.228, "Arbelo", sent. de 19-X-2016; A. 72.793, "Ruiz", sent. de 5-VII-2017; A. 74.288, "Paredi Pavioni", sent. de 3-V-2018; A. 72.338, "G., H. E. y ot.", sent. de 26-XII-2018; e.o.).
V. Por las razones expuestas, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por la parte demandada (conf. arts. 279 y 289, CPCC).
Con costas a la recurrente vencida (conf. arts. 19, ley 13.928 -texto ordenado ley 14.192-; 68 y 289 in fine , CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Soria , la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, oído el seño
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.