Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 125138
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe anula de oficio el pronunciamiento de fs. 84/86 vta. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo fallo de conformidad con lo establecido en el punto III.3. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada.
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 125.138, "Montes de Oca, Leandro contra La Segunda ART S.A. Accidente in itinere", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Kogan, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, con asiento en dicha ciudad, rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa, imponiendo las costas a la parte demandada (v. fs. 84/86 vta.).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 27-IX-2019).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Corresponde anular de oficio el pronunciamiento de fs. 84/86 vta.?
En caso negativo:
2ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en el marco de la pretensión incoada por Leandro Hugo Montes de Oca contra La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa esgrimida por la demandada (v. fs. 84/86 vta.).
Al respecto, sostuvo que los actos administrativos emanados de la comisión médica local durante el proceso obligatorio establecido en la ley 27.348 no adquieren el carácter de cosa juzgada, por cuanto, de conformidad con lo previsto en el art. 14 de dicha normativa, pueden ser objeto de revisión judicial, garantizándose con ello la intervención del juez natural y el pleno ejercicio del derecho de defensa. De este modo -continuó-, se admite competencia amplia de revisión otorgándose al trámite el carácter de demanda ordinaria de conocimiento pleno.
En adición a los fundamentos ya relatados, señaló que el dictamen de la comisión médica constituye una opinión anticipada de la pericia oficial efectuada en sede judicial, que puede ser impugnada en sentido amplio ante los tribunales del trabajo, razón por la que no es dable hablar de consentimiento o firmeza alguna si el trabajador afectado recurre al juez natural manifestando, dentro del plazo de prescripción, su disconformidad con tal dictamen.
Señaló que el sometimiento obligatorio del accionante al procedimiento administrativo impuesto por la ley no importa la renuncia anticipada de su derecho a ejercer una impugnación posterior.
A partir de estas consideraciones, concluyó que en el caso no existía cosa juzgada administrativa alguna que impidiere al trabajador la revisión en sede jurisdiccional de la minusvalía determinada por la comisión médica, sin que sea obstáculo para ello la percepción de suma dineraria abonada por la aseguradora, la que, en su caso, debía ser considerada como pago a cuenta, sin que pudiera interpretarse ese acto como abdicación de su derecho a la posterior revisión del juez natural.
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la aseguradora de riesgos del trabajo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación de los arts. 17 y 18 de la Constitución nacional; 10, 11, 15 y concordantes de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 31 inc. "d" de la ley 11.653; y errónea aplicación de los arts. 2 y 14 de la ley 27.348 y 4 de su Anexo I (v. escrito electrónico de fecha 27-IX-2019).
En lo sustancial se agravia del rechazo de la defensa de cosa juzgada administrativa.
Manifiesta que el tribunal de grado realizó una errónea interpretación del art. 14 de la ley 27.348. Precisó que, si bien el precepto permite la revisión judicial de las decisiones de las comisiones médicas y de las resoluciones homologatorias, ello solo en cuanto se hubiesen incoado recursos contra estas, situación que no aconteció en el caso. Por el contrario, advierte que el actor no solo no interpuso recurso alguno, consintiendo tanto el dictamen de la comisión médica como la resolución homologatoria del Servicio de Homologación, sino que, incluso, cobró la indemnización allí estipulada, tal como lo reconoció en su demanda.
Según la correcta interpretación del precepto -único aplicado- cuando no mediare recurso alguno del interesado, los decisorios pasan "en autoridad de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que por lo tanto no pueden ser revisados en sede judicial" (pág. 8). De allí el error del fallo, puesto que en el presente las partes, además, llegaron a una justa composición de sus intereses.
Agrega que los dictámenes de la comisión médica no constituyen una mera "opinión médica anticipada" pues se trata de organismos integrados por profesionales médicos especializados y de extensa trayectoria, cuyos dictámenes pueden ser revisados y recurridos.
Asimismo, arguye que, si bien el trámite administrativo no es voluntario, sí lo es el haber consentido el dictamen de la comisión médica, la resolución homologatoria y el cobro de la indemnización.
III.1. En mi opinión, corresponde responder afirmativamente el primer interrogante planteado.
La anulación oficiosa de los pronunciamientos judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte (causas L. 99.248, "Rodríguez", sent. de 4-V-2011; L. 107.395, "Sueyro", sent. de 25-IV-2012; L. 121.034, "Pinto", sent. de 14-VIII-2019 y L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021), que debe ser ejercida en casos extremos.
Así, cuando el fallo carece de conclusiones hábiles sobre presupuestos esenciales de la litis vinculados con la viabilidad de las pretensiones deducidas (causas L. 100.658, "Ciotti", sent. de 7-VII-2010 y L. 110.245, "E., V. A.", sent. de 21-II-2013; e.o.), anomalía que se patentiza -en el caso- al soslayarse las distintas objeciones planteadas por la contraria en torno a los efectos del acuerdo alcanzado en sede administrativa, comprensivas, también, de la cuestión constitucional llevada a conocimiento del juzgador de grado.
Tal circunstancia no permite el control de legalidad de la decisión por este Tribunal, en ejercicio de su función de casación.
III.2. Anticipado lo anterior, formularé brevemente una reseña de los antecedentes que considero relevantes.
En su demanda, la parte actora efectuó una descripción del trámite seguido ante las comisiones médicas, señalando que los médicos, carentes de la experticia necesaria, fijaron un porcentaje de incapacidad menor al que lo aqueja. Señaló un trato impropio por su condición de trabajador, quien -acompañado por su letrado- percibió una reparación insuficiente con relación a las secuelas físicas y síquicas ahora también objeto de reclamo.
En tales términos impugnó la validez del acto administrativo por el cual se había homologado el porcentaje de incapacidad del trabajador y percibido la consecuente indemnización, ya que "de base (la decisión) goza de naturaleza de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la ley 20.744 (conf. texto art 2 inc. b, párr. 3º ley 27.348)" (pág. 6, escrito de inicio).
Postuló que tal acuerdo no había implicado una justa composición de los intereses del trabajador y, por ende, no había adquirido autoridad de cosa juzgada.
Invocó la inconstitucionalidad del art. 14 de la ley 27.348, entre otras disposiciones, en cuanto dispone que la homologación de las decisiones emitidas en el marco del proceso administrativo previo y obligatorio previsto por dicho cuerpo legal, adquiere el carácter de cosa juzgada administrativa en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo.
Finalmente, solicitó se libre oficio a la Comisión Médica Jurisdiccional n° 13 de Punta Alta a efectos de que remita copia certificada del expediente SRT 295.359/2018.
La accionada, al contestar la acción entablada, opuso excepción de cosa juzgada, invocó pago total y defendió la validez de los preceptos impugnados por la contraria. A su vez, también pidió la remisión de la causa administrativa señalada.
El tribunal de origen, a la hora de resolver, sin requerir ni tener a la vista el expediente administrativo, desestimó la excepción con sustento en el mencionado art. 14 de la ley de marras.
En el escrito recursivo, la aseguradora traída al juicio denuncia errónea interpretación de la mentada disposición legal.
III.3. En el escenario planteado, tal y como adelanté, esta Corte se halla impedida de revisar la legalidad del pronunciamiento cuestionado, en la medida en que la norma en que se ampara su motivación esencial (cuestionada en su aplicación por el recurrente), fue controvertida desde el punto de vista constitucional por el accionante -y replicada desde igual mira-, sin que el órgano jurisdiccional interviniente hubiera reparado en ese extremo, ni en los demás reproches en torno a los efectos de la homologación en sede administrativa, alcanzada con asistencia letrada.
En tales términos, precisamente, el accionante puso en tela de tela de juicio la eficacia de la cosa juzgada del acto con el que culminara las actuaciones administrativas.
Y dejando de lado aspectos relevantes de tales objeciones, el a quo fundó su pronunciamiento -favorable a la parte actora- al amparo de una interpretación del ya mencionado art. 14, que constituye el eje central de la crítica expresada por la demandada en su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Insisto, la denuncia de errónea aplicación de las disposiciones individualizadas en el recurso, sobre las que la accionada cimentara el planteo de cosa juzgada administrativa -a la postre rechazado-, fueron aquellas censuradas en su validez constitucional por la parte actora para justificar, entre otros argumentos, la pertinencia de una acción judicial para reclamar por una mayor incapacidad, sin perjuicio de lo resuelto en la instancia administrativa previa.
Sumado a ello, cabe advertir la falta de incorporación del expediente administrativo respectivo, base de la excepción resuelta, cuyo requerimiento y evaluación se imponían para el abordaje de las argumentaciones que giran en torno a su elucidación en este estado del proceso.
Esta circunstancia es la que, a mi modo de ver, me conduce a propiciar la anulación oficiosa del fallo atacado (causas L. 109.595, "Juárez", sent. de 1-VIII-2012; L. 118.248, "Díaz", sent. de 14-X-2015 y L. 119.517, "Salomón", sent. de 21-VI-2017; e.o.).
Si mi propuesta es compartida, deberá disponerse de oficio la nulidad de la decisión atacada y devolver los autos al tribunal de grado para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo pronunciamiento, en el que deberán valorarse íntegramente todos los argumentos esgrimidos por las partes y las constancias probatorias gravitantes para resolver la excepción planteada (a saber, el respectivo expediente administrativo), todo ello, teniendo en mira las directrices que emanan del antecedente de esta Corte L. 128.348, "Lescano" (sent. de 27-II-2024).
IV. Por lo expuesto, propongo anular de oficio el fallo de origen y disponer que se emita nueva resolución según las directivas indicadas en forma precedente.
Voto por la afirmativa .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la afirmativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
En atención a la propuesta que contiene la anterior cuestión, no corresponde dar respuesta a la presente.
Así lo voto .
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Soria , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se anula de oficio el pronunciamiento de fs. 84/86 vta. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen para que, integrado con otros jueces, dicte nuevo fallo de conformidad con lo establecido en el punto III.3. del voto emitido en primer término respecto de la primera cuestión planteada.
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia SCBA 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 08:25:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:57:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:45:20 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:38:20 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:47:56 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:08:00 hs. bajo el número RS-59-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia