Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126860
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.860, "Lombardi, Pablo Miguel contra Asociart S.A. Aseguradora de Riesgos del Trabajo. Accidente de trabajo - acción especial.", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Genoud, Torres, Kogan .
El Tribunal de Trabajo n° 2 del Departamento Judicial de Morón, con asiento en dicha ciudad, rechazó la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. sent. de fecha 26-VIII-2020).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 9-X-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. Surge de la parte dispositiva de la resolución recurrida, que el tribunal de trabajo interviniente, luego de desestimar expresamente el planteo de inconstitucionalidad de las leyes 14.997 y 27.348 efectuado en el escrito de inicio, rechazó asimismo la demanda interpuesta por Pablo Miguel Lombardi contra ASOCIART Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., por la cual procuraba el pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de infortunios laborales en virtud de la incapacidad que denunció padecer a raíz del accidente de trabajo que protagonizó el día 5 de abril de 2017.
Para así decidir, juzgó que la acción deducida no era la vía de revisión adecuada del dictamen emitido por la Comisión Médica Central (que ratificó el que a su turno hubo de emitir la Comisión Médica n° 15 de Paso del Rey determinando en el actor un 5% de incapacidad permanente, parcial y definitiva).
Señaló que dicha decisión administrativa había sido comunicada al trabajador el día 20 de febrero de 2018, consideró entonces que en esa fecha la única senda para recurrirla era el procedimiento previsto en la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 298/17. Así, y en virtud de lo reglado en el art. 40 de esta resolución -que reglamentó los arts. 1 a 3 de la ley 27.348- juzgó que resultaban aplicables "...las disposiciones contenidas en el Decreto 717/96, artículo 30 sustituido por el art. 16 del Decreto 1475/2015..." en cuanto establece que "...las decisiones de la Comisión Médica Central serán recurribles en el plazo de cinco (5) días de notificadas con efecto devolutivo..." (sent., pág. 10).
A partir de ese razonamiento, que contó con sendas valoraciones en orden a la constitucionalidad del procedimiento pergeñado en la ley 27.348 -incluso, tocantes a la razonabilidad del trámite administrativo contemplado en la mentada resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 298/17- como asimismo de la ley provincial 14.997, concluyó que, al no haberse respetado el diseño recursivo trazado en la normativa citada, la demanda debía rechazarse por no ser la vía adecuada para la revisión pretendida (v. sent., pág. 11).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 14, 16, 17, 18 y 75. inc. 22 de la Constitución nacional; 7 y 10 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 26 y 27 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 11, 15, 18 y 39 de la Constitución provincial; y de la doctrina legal (v. presentación electrónica de fecha 9-X-2020).
En su presentación, plantea la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de la ley 14.997; de los arts. 1, 2, 3, 14 y 17 de la ley 27.348 y de la resolución de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 298/17.
Alega que el tribunal de grado no consideró que en el trámite administrativo previo ante las comisiones médicas el actor no tuvo abogado, requisito obligatorio -destaca- para la sustanciación del procedimiento. Con un método de exposición no exento de cierta imprecisión, refiere, además, que debió ponderarse que no existió en la instancia previa un ofrecimiento de indemnización por la incapacidad laboral reconocida.
Bajo esas objeciones, aduce vulneradas las previsiones del art. 36 -último párrafo- de la resolución citada y las garantías constitucionales del debido proceso legal y acceso a la justicia.
Asimismo, afirma que la vía recursiva impuesta por la normativa del régimen de riesgos del trabajo y su reglamentación, cercena el derecho de acceso a la jurisdicción, en tanto obsta a una revisión judicial plena de las decisiones de las comisiones médicas.
III. El recurso no prospera.
III.1. Liminarmente cabe destacar que el valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria -representado por los rubros reclamados en la demanda rechazada- no supera el monto mínimo para recurrir fijado por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial, texto según ley 14.141, razón por la cual la admisibilidad del remedio en examen solo puede justificarse en el estrecho marco de la excepción que contempla el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Con ello, ha de precisarse que la mera afirmación del quejoso en la que se sostiene que la liquidación efectuada en la demanda resultaría parcial en razón de cierto planteo de inconstitucionalidad que allí se habría efectuado en relación con el art. 12 de la ley 24.557, sin otra reflexión, no luce apta para acreditar que en la especie se encuentre satisfecho el recaudo económico de admisibilidad. A la par, puede destacarse que no se observa en el recurso ningún argumento orientado a evidenciar en el caso la eventual presencia de una cuestión federal que autorice a desplazar el mencionado requisito formal del recurso.
En consecuencia, la competencia revisora de esta Suprema Corte ha de circunscribirse a verificar si lo resuelto en autos contradice su doctrina legal, hipótesis que se configura cuando este Tribunal ha determinado la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede en un caso similar (causas L. 123.644, "Goicoechea", sent. de 9-II-2021; L. 126.466, "Antuña", sent. de 22-XII-2022 y L. 127.429, "Sack", sent. de 23-VIII-2023).
III.2.a. En el acotado marco de análisis referido, la exclusión de esa hipótesis excepcional se impone nítida toda vez que las únicas doctrinas de esta Corte que se invocan en el medio de impugnación (v. fs. 13, 21 y 22), han sido elaboradas sobre la base de presupuestos notoriamente disímiles a los que se ventilan en el sub lite (causas L. 118.976, "Veroisa Muñoz", sent. de 28-II-2018; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020 y L. 126.944, "C., H. D.", sent. de 27-VI-2023).
Sentado lo anterior, dable es recordar que la opinión de autores, o los pronunciamientos emanados de otros tribunales de justicia, quedan excluidos del concepto de doctrina legal contenido en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.652; causas L. 123.405, "D'Ascenzo", sent. de 14-III-2022; L. 128.732, "Fouquet", resol. de 13-VII-2022 y L. 127.286, "Riveros", sent. de 7-IX-2023).
III.2.b. Y más allá de estas consideraciones, es posible señalar que la decisión del tribunal de grado sobre la validez constitucional y aplicabilidad al caso de las leyes 14.997 y 27.348 -que, entre otros cuestionamientos, se objetan- estriba precisamente en la doctrina legal actual de esta Suprema Corte (v.gr. causas L. 121.939, "Marchetti", sent. de 13-V-2020; L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo", sents. de 28-V-2020).
III.3. Con todo, sin perjuicio de lo hasta aquí señalado, debe indicarse que lo argumentado en torno a la supuesta falta de patrocinio letrado en el trámite administrativo previo, ha sido esgrimido por primera vez ante esta instancia extraordinaria, en consecuencia, de manera novedosa y extemporánea.
Más aún: ocupa destacar que la parte actora en el escrito de demanda, entre sus variadas objeciones al procedimiento administrativo del sistema, si bien se refirió al mentado acompañamiento letrado que impone el régimen de infortunios laborales, en modo alguno alegó que en la especie el accionante en ocasión de transitarlo hubiese estado privado de ello, antes bien -en una consideración patentemente distante de la que aquí propone- entremezclada con otras reflexiones sostuvo que "...las garantías del debido proceso sólo se aseguran ante la justicia laboral, no por la asistencia letrada en un proceso administrativo..." (fs. 41 y vta.).
Cobran virtualidad así las directrices de esta Corte que establecen que resultan ineficaces para habilitar la vía del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley los argumentos novedosos -fruto de una reflexión tardía- que no fueron introducidos oportunamente como objeto de la discusión ante el tribunal de grado (causas L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021 y L. 125.824, "Falero", sent. de 15-II-2023).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
El recurso es inadmisible.
Según las constancias de la causa y en ausencia de una explicación suficiente del agraviado sobre el particular, concuerdo con el doctor Soria sobre la insuficiencia del valor de lo cuestionado ante esta instancia extraordinaria en los términos de los arts. 279 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653.
Luego, me sumo a los fundamentos expuestos por el colega para desestimar la impugnación traída.
Así lo voto.
El señor Juez doctor Torres y la señora Jueza doctora Kogan, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud , votaron en el mismo sentido.
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 30/05/2024 12:18:54 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 30/05/2024 14:07:07 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:53:49 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:41:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:52:51 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:03:16 hs. bajo el número RS-47-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia