Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 126883
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 126.883, "Vallejos, Enrique Fabián contra La Segunda ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria , Kogan, Torres, Genoud.
El Tribunal del Trabajo del Departamento Judicial de Trenque Lauquen acogió la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada vencida (v. pronunciamiento de fecha 9-XI-2020).
Se interpusieron, por ambas partes, recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. presentaciones electrónicas de 26-XI-2020 y de 1-XII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la parte actora?
2ª) ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar en relación al interpuesto por la parte demandada?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal del trabajo interviniente hizo lugar a la demanda promovida por Enrique Fabián Vallejos y condenó a La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonar las prestaciones dinerarias establecidas en el art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, más la compensación adicional prevista en el art. 11, apartado 4 inc. "a" de la misma ley y la indemnización contemplada en el art. 3 de la ley 26.773, por la incapacidad derivada del accidente de trabajo que protagonizó el día 9 de febrero de 2017.
En lo que interesa, en el pronunciamiento aquí recurrido, luego de juzgar que como consecuencia del referido siniestro el actor presenta una incapacidad laboral, permanente, parcial y definitiva del 60,84% sumados los factores de ponderación, a los fines de cuantificar las prestaciones reclamadas, el a quo procedió a calcular el monto de las cuotas de la renta periódica teniendo en consideración aquella minusvalía y el ingreso base mensual que definió. Seguidamente, sumó las compensaciones e indemnizaciones adicionales referidas, y ordenó que el monto total sea abonado en un único pago con sustento en el precedente "Milone" de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 16, 17, 18 y 75 inc. 22 y 23 de la Constitución nacional; 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; 39 inc. 3 de la Constitución provincial; 7 del Código Civil y Comercial; 11 inc. 3 de la ley 24.557; 3 del decreto 669/19; 12 de la ley 11.653; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de 1-XII-2020).
II.1.a. Se agravia porque el tribunal de grado no aplicó al caso el decreto 669/19.
En ese sentido, le reprocha haber calculado el valor del ingreso base mensual omitiendo considerar los conceptos no remunerativos percibidos durante el año anterior a la primera manifestación invalidante. Añade que, al no aplicar el mentado decreto, también soslayó emplear el índice de Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE).
Explica que el art. 3 del mentado decreto dispone en forma clara e indubitable su aplicación inmediata, incluso a contingencias ocurridas con anterioridad a su entrada en vigencia.
Con ello, postula que se incorpore el ingreso base mensual actualizado a la fórmula del art. 14 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557, para determinar la renta periódica que deberá abonar la aseguradora.
A la par, esgrime que la compensación dineraria adicional prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557 que debe percibir el actor conforme la resolución 387/16 del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, debe "actualizarse" desde que es debida y hasta su efectivo pago, devengando intereses a la tasa pasiva más alta que pague el Banco de la Provincia de Buenos Aires. En subsidio, solicita que se utilice a tal fin la resolución 24/20 del mismo ministerio, vigente a la fecha del dictado de la sentencia.
Seguidamente, afirma que, según lo expuesto, debe añadirse la indemnización de pago único del art. 3 de la ley 26.773 conforme el resultado de la sumatoria de los importes actualizados en concepto de renta periódica y compensación adicional de pago único referidas.
II.1.b.i. En el contexto de lo expuesto en sus anteriores agravios, aduce que desde la fecha en que las prestaciones fueron debidas hasta la sentencia debe emplearse una tasa de interés "pura" del 6% anual, conforme a la doctrina sentada en el precedente C. 121.134, "Nidera" (sent. de 3-V-2018).
II.1.b.ii. A su vez, sostiene que es aplicable al caso el art. 12 apartado 3 de la ley 24.557 conforme el texto del decreto 669/19.
II.2. Por último, objeta que en orden a los honorarios el tribunal haya aplicado el límite porcentual establecido en el art. 730 del Código Civil y Comercial, ello, pues entiende que no dio pautas o explicación del prorrateo que efectuó; ni tampoco encontró fundamento en los arts. 1, 15 y 16 de la ley 14.967; o en la calidad de la labor profesional y resolución alcanzada en el proceso.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. El fundamental agravio que contiene el remedio, no es de recibo.
La lectura de las actuaciones revela que la pretensión traída a esta instancia extraordinaria destinada a lograr la aplicación al caso de las reglas que contiene el mentado decreto 669/19, no ha sido puesta a consideración del tribunal del trabajo interviniente en ninguna oportunidad; y ello es relevante si se considera que si bien la promoción del pleito se remonta a épocas que lo anteceden, la fecha de su publicación (B.O. de 30-IX-2019) es anterior a la de la sentencia de grado, que data de 9 de noviembre de 2020.
Cobra virtualidad entonces la doctrina legal que establece que los planteos que no fueron sometidos oportunamente a decisión de los magistrados de la instancia ordinaria, constituyen una cuestión novedosa no susceptible de ser evaluada en la sede extraordinaria (causas L. 121.754,"C., V. P.", sent. de 12-II-2020; L. 126.046, "Agüera", sent. de 27-III-2023 y L. 126.307, "Lezcano"; sent. de 25-X-2023).
III.1.b. Lo señalado le resta todo vigor a los demás cuestionamientos descriptos a lo largo del punto II.1. del presente, en tanto suponen la liminar procedencia de aquel reclamo fundado en el decreto 669/19.
III.2. Tampoco es atendible el reproche vinculado con los honorarios y la aplicación del límite porcentual establecido en el art. 730 del Código Civil y Comercial.
El impugnante se opone a la aplicación de dicha norma legal reprochándole al a quo no haber dado pautas o explicación del prorrateo efectuado, sin embargo, revelándose como carga inicial, omite blandir argumentos aptos para evidenciar eventualmente que las sumas de los emolumentos correspondientes desborden el referido límite de la responsabilidad por el pago de las costas. En tales condiciones la crítica ensayada es insuficiente toda vez que corresponde a la parte que la invoca -y no a la Suprema Corte- demostrar la transgresión denunciada (causas L. 117.275, "Siro", sent. de 17-XII-2014; L. 119.982, "Vizcarra", sent. de 19-XII-2018 y L. 125.470, "Otalora", sent. de 11-VII-2023).
Por lo demás, las restantes expresiones que integran este segmento del medio de impugnación no logran conmover el modo en que el a quo estipuló los honorarios estipulados, solo son reflejo de meras discrepancias subjetivas del impugnante, de suyo, inhábiles a los fines de objetar una labor por regla ajena al conocimiento de este Tribunal (doctr. causa L. 96.956, "Berestycki", sent. de 11-VII-2012).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la primera cuestión también por la negativa.
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. La Segunda Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de los arts. 14, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 26 de la ley 24.557; 10 de la Constitución provincial; del decreto 669/19; de la ley 27.348; y de la doctrina legal que identifica (v. presentación electrónica de 26-XI-2020).
I.1. Critica que al determinar la incapacidad que padece el actor el tribunal haya considerado la minusvalía psicológica, pues en su opinión debió ponderar solo la afección psiquiátrica diagnosticada por el perito médico. Alega que en el fallo hubo una errónea aplicación del baremo previsto en el decreto 659/96 porque en sus preceptos el daño psicológico no se encuentra contemplado como una enfermedad profesional resarcible.
Así, objeta la apreciación de los informes periciales, afirmando que ambos expertos dictaminaron sobre las mismas secuelas distintas incapacidades.
I.2. Por otro lado, afirma que el sentenciante de grado no debió actualizar mediante la tasa pasiva la liquidación final, sino que se debió actualizar el ingreso base mensual de acuerdo al texto del art. 12 de la ley 24.557, modificado por el decreto 669/19.
En apoyo de su postulación invoca lo resuelto por esta Corte -entre otros casos que cita- en el precedente L. 121.895, "Orellana" (sent. de 17-VI-2020) sobre el ámbito temporal de aplicación del régimen de la ley 27.348.
I.3. Expresa que, como lógica consecuencia del progreso del agravio indicado en el punto II.1., al revocarse el porcentaje de incapacidad estimado en la pericia psicológica, no debería aplicarse la compensación de pago único prevista en el art. 11 inc. 4 de la ley 24.557.
I.4. Subsidiariamente, solicita que se actualice la suma consignada judicialmente el día 14 de diciembre de 2018, y asimismo se descuente de la incapacidad total otorgada en la sentencia el 11.5% ya abonado. Agrega que, lo contrario implicaría violentar el derecho de propiedad, en la medida que dicho importe sufrió una terrible desvalorización en contraposición a la liquidación actual ahora practicada del capital histórico del trabajador.
II. El recurso no prospera.
II.1. Ante todo, corresponde señalar que el interesado no ha demostrado que el valor de lo cuestionado ante esta instancia supere eventualmente el límite establecido en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141). Concretamente, en función de dicha norma, no ha cuantificado las diferencias que hipotéticamente arrojarían los montos de la condena a la luz de los agravios traídos.
Tal falencia no puede ser salvada en esta sede extraordinaria, toda vez que esta Suprema Corte expresamente ha declarado que recae sobre la parte que deduce el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley la carga de acreditar que el valor de lo cuestionado excede la cuantía mínima fijada por la ley adjetiva como recaudo de admisibilidad (causas L. 118.481, "Campana", sent. de 29-VIII-2018; L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022 y L. 127.217, "Georgevich", sent. de 3-V-2023).
II.2. Atento a que, en la especie, el impugnante no ha satisfecho aquel imperativo de su propio interés, el recurso solo puede ser analizado en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo, in fine de la ley 11.653 (causa L. 115.072, "Cippolletti", sent. de 28-VIII-2013).
II.2.a. Desde tal mirador, la liminar crítica, al cabo, dirigida a cuestionar el grado de incapacidad que tuvo en cuanta el tribunal para fijar las prestaciones dinerarias por incapacidad reconocidas al actor, emerge conectada con el análisis de una cuestión de índole fáctica, cuya definición es privativa de los tribunales de grado y -por ende- están excluidas del ámbito de la casación por la vía excepcional examinada (causas L. 120.539, "Gauna", sent. de 6-XI-2019; L. 121.213, "Roldan", sent. de 12-II-2020 y L. 122.636, "Romero", sent. de 15-VI-2022).
En otra hipótesis, carece de denuncia orientada a evidenciar la violación de doctrina legal.
II.2.b. Tampoco el agravio concerniente a la aplicación del decreto 669/19 luce apto, toda vez que los precedentes y doctrinas que se invocan en esta parte del recurso fueron elaboradas sobre la base de presupuestos disímiles a los que se verifican en el caso bajo juzgamiento (causas L. 117.819, "Natiello", resol. de 18-VII-2014; L. 118.612, "Altamirano", resol. de 25-II-2015; L. 124.353, "Bogao", sent. de 23-II-2021 y L. 126.850, "Torales Cardozo", sent. de 25-X-2023).
II.2.c. La solución que se propicia en el punto II.2.a., torna abstracto el tratamiento del agravio por el que -subsidiariamente- se controvierte la procedencia de la compensación de pago único prevista en el art. 11 apartado 4 inc. "a" de la ley 24.557.
II.2.d. El último planteo no corre mejor suerte.
En efecto, la exclusión de la hipótesis habilitante de la excepción contenida en la norma del régimen procesal laboral se impone nítida, cuando se advierte que la postulación que formula la interesada carece de la necesaria denuncia de violación de doctrina legal (conf. causas L. 115.488, "Cahuapé Pereyra", sent. de 10-IX-2014; L. 100.654, "Reising", sent. de 15-VII-2015; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 125.146, "Gorosito", sent. de 17-X-2022; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar por inadmisible el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
La señora Jueza doctora Kogan , y los señores Jueces doctores Torres y Genoud, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron la segunda cuestión en el mismo sentido .
Con lo que termino el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechazan los recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley traídos, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:51:48 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2024 21:27:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2024 09:49:57 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:34:13 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:39:31 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:02:57 hs. bajo el número RS-42-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia