Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127422
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.422, "G., M. V. contra La Segunda ART S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Dolores, con asiento en dicha ciudad, se declaró incompetente de oficio para conocer en las presentes actuaciones, y dispuso su archivo (v. pronunciamiento de fecha 14-IV-2021).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 26-IV-2021).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal interviniente declaró su incompetencia para intervenir en la presente causa iniciada por la señora M. V. G. contra La Segunda ART S.A., mediante la que procuraba el cobro de las prestaciones previstas en el régimen especial de reparación de infortunios del trabajo, con motivo de la enfermedad profesional de índole psicológica -no listada- que alegó haber contraído en cumplimiento de las tareas prestadas bajo las órdenes de su empleadora.
Para así decidir -con sustento en el diseño trazado por la legislación y la doctrina legal que estimó aplicable-, consideró que la accionante no había dado cumplimiento con la obligación de agotar el procedimiento administrativo previo establecido en el art. 1 de la ley 27.348. Por esta razón, declaró su falta de aptitud jurisdiccional para intervenir en autos, y dispuso su archivo.
Destacó que la solución del caso no quedaba enervada por la tacha de invalidez constitucional efectuada por la actora respecto de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 899/17 y 298/17, en cuanto imponen el requisito de presentar una petición fundada por un médico especialista para iniciar el trámite administrativo en el caso de la reclamante, cuyo incumplimiento condujo -a la postre- a que se resolviera cerrar y archivar el expediente iniciado en aquella instancia previa, promovido por la dolencia aquí alegada.
Según estimó, los argumentos aportados por la interesada a tales fines fueron formulados de modo genérico y abstracto, sin que quedara demostrado -a juicio del tribunal de mérito- que la observancia del recaudo puesto en tela de juicio provocara el cercenamiento de los derechos invocados por la reclamante.
II. Contra dicho pronunciamiento, esta última dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de las normas que cita y de la doctrina legal que identifica.
II.1. En primer término, cuestiona el rechazo del planteo de inconstitucionalidad de las referidas resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 899/17 y 298/17 que fue plasmado en la demanda.
Al respecto, invoca absurdo en la interpretación de la prueba, y controvierte, por dogmático, el argumento brindado en el fallo de grado con arreglo al cual se expresó que la accionante no logró demostrar cómo o de qué modo -en el caso- el requisito vinculado con la exigencia de presentar una "petición fundada", establecido en las mentadas normas, vulnera las garantías y derechos constitucionales de la actora.
Argumenta que el fallo resulta portador del mentado vicio lógico, toda vez que el razonamiento del juzgador de origen orientado a exigir prueba tales extremos no se compadece con la evidencia de que, a partir del expediente administrativo, surge que la trabajadora contaba con un exiguo plazo de cuarenta y ocho horas para adjuntar la documentación requerida, junto con la petición fundada de un especialista, a los fines de dar inicio al trámite ante las comisiones médicas.
Plantea que, en ese corto lapso, la actora debía desplazarse desde su domicilio -situado en un pequeño pueblo de la Provincia de Buenos Aires- e incurrir en gastos de traslado a otra ciudad, durante la feria judicial, cuando -dice- en el mes de enero se dificulta conseguir especialistas. De igual modo, considera que tampoco era posible en dicho plazo hallar un médico, someterse a un estudio y lograr que el mismo funde una petición, la cual -dijo- resulta ser una especie de pericia médica.
En ese entendimiento, manifiesta que la doctrina legal citada por el juzgador para fundar la decisión cuestionada no deviene aplicable al sub lite , por cuanto la Suprema Corte no resolvió una cuestión similar, es decir, un concreto planteo de inconstitucionalidad respecto de exigencias que -a su juicio- cercenan el acceso a la justicia en forma libre, gratuita e irrestricta.
Sostiene que requerirle a la accionante que demuestre tales hechos resulta arbitrario, pone de manifiesto -a su criterio- que el tribunal de grado efectuó una valoración parcializada, y -por ende- incorrecta del contexto probatorio.
Concluye que, en el caso, se impone una improcedente exigencia que vulnera las reglas de la carga de la prueba (arts. 375 y 348, CPCC y 44 inc. "d", ley 11.653), así como una desacertada derivación lógica de las circunstancias acreditadas, a partir de las cuales, se arriba a una conclusión absurda. A su vez, expone, que, al momento de resolver, además de considerar los hechos comprobados, el sentenciante debió recurrir a la prueba indiciaria.
Refiere que el a quo efectuó una absurda interpretación del escrito postulatorio, en el cual se solicitó la inconstitucionalidad del procedimiento ante las comisiones médicas, puntualmente de la ley 27.348; de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 298/17 y 899/17 y del decreto 658/96, que impidió la culminación de la etapa previa, al dictaminarse el cierre y archivo del expediente administrativo, en el mencionado plazo de cuarenta y ocho horas. Alega que, en su presentación inicial, denunció la vulneración de sus derechos y garantías constitucionales.
Explica que el art. 15 de la Constitución provincial garantiza -entre otros derechos- la tutela judicial continua y efectiva, así como también el acceso irrestricto a la justicia.
Por ello, sostiene que el tribunal debió declararse competente en el caso.
II.2. Desde otroángulo, indica que la solución adoptada resulta pasible de revocación, por cuanto omitió aplicar la doctrina legal de esta Suprema Corte, según la cual, los jueces deben analizar y expedirse sobre los argumentos conducentes presentados por las partes.
Considera que la decisión en crisis omitió analizar los argumentos en los que la reclamante fundó el pedido de inconstitucionalidad, vulnerando el deber de los magistrados de motivar y justificar sus decisiones.
Postula que los argumentos destinados a rechazar la pretensión, fundados en el voto mayoritario de la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), tampoco logran desvirtuar la postura que propugna. Ello así, según dice, porque en ese supuesto no se expidió acerca de la validez constitucional de la exigencia referida a la petición fundada por un especialista para ser presentada -como en el caso- en el acotado plazo mencionado, tal como ocurrió en la especie. De allí que, estima, la aplicación de lo dicho en la mentada causa cercena el acceso a la justicia de la actora, puesto que ya cuenta con una acción iniciada y debería, nuevamente emprender un nuevo trámite administrativo para, una vez finalizado, presentar la acción ordinaria que ya se encontraba en trámite.
III. El recurso no prospera.
III.1. De modo preliminar, se impone memorar que -reiteradamente- ha declarado esta Suprema Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no son equiparables a definitivas en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o resuelvan sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 125.249, "Torrez", sent. de 25-XI-2021; L. 124.442, "Iriarte", sent. de 14-III-2022 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023).
También, ha conferido ese rasgo a los pronunciamientos que, como en el caso, encuentren su razón de ser en definiciones relativas a la validez constitucional o aplicabilidad de las normas de riesgos del trabajo (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019 y L. 123.193, "Galeano", resol. de 19-IV-2021).
En virtud de los señalado y las particulares circunstancias reseñadas en los antecedentes, la decisión debe ser equiparada a sentencia definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653).
III.2. Establecido lo que antecede, es dable destacar que -en el caso- el valor de lo cuestionado ante esta instancia no excede el límite establecido por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial -texto según ley 14.141- por lo que, como regla, solo podría conocerse del recurso interpuesto en el marco de la excepción prevista en el art. 55, primer párrafo in fine, de la ley 11.653.
Empero, habida cuenta de que el agravio que porta la impugnación se dirige -desde distintas aristas- a cuestionar la validez constitucional de un determinado aspecto de la regulación contenida en las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 899/17 y 298/17, queda comprometida, en el caso, una cuestión de naturaleza federal, por lo que he de analizar el remedio interpuesto sin ninguna limitación derivada de las restricciones que, por razón del monto del litigio, establece la ley procesal laboral.
En ese sentido, ha declarado este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2478 in re "Di Mascio") es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.3.a. En la especie, el tribunal de grado señaló que, de conformidad con el contenido de la demanda, la actora perseguía el cobro de las prestaciones de la Ley de Riesgos del Trabajo, como consecuencia de la incapacidad que denunció padecer con motivo de la enfermedad profesional relativa a "trastornos y/o alteraciones psicológicas", que -según alegó- contrajo con motivo de sus labores (v. pronunciamiento, pág. 1).
Con apoyo en las constancias obrantes en autos y a partir de sus propios reconocimientos, tuvo en consideración que -de modo previo a la interposición de la demanda- la reclamante había iniciado el expediente administrativo 276.682/20 ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en cuyo marco le fue comunicado el día 27 de enero de 2020 que, en el plazo de cuarenta y ocho horas, debía incorporar la documentación que resultaba necesaria para continuar con el trámite. Asimismo, y ante la falta de cumplimiento de tal recaudo, le fue notificado el cierre y archivo de la actuación mencionada (v. pronunciamiento, págs. 1 y 2).
Indicó que en la demanda la trabajadora refirió que la aludida autoridad administrativa le había requerido la presentación de una "petición fundada por un especialista" para dar curso a su pedido, como uno de los requisitos previstos por las resoluciones 899/17 y 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo ya citadas (v. pronunciamiento, pág. 2).
En ese orden, sostuvo que, en casos como el de autos, en los cuales se encuentra denunciada la existencia de una enfermedad no listada (conf. dec. 658/96), el art. 6 apartado 2 inc. "b" de la ley 24.557 (complementado por las resoluciones mencionadas anteriormente), prevé un procedimiento específico para que la Comisión Médica Jurisdiccional o la Central, pueda determinar el carácter profesional o laboral de la dolencia alegada; el cual la propia actora reconoció no haber agotado porque se le impuso, como exigencia, la adjunción de una "petición fundada por un especialista", cuya validez constitucional cuestiona (v. pronunciamiento, pág. cit.).
A fin de elucidar la cuestión, recordó que esta Corte declaró -por mayoría- la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) -y en las que siguieron tal doctrina legal-, cuyo criterio rector juzgó aplicable al caso (v. pronunciamiento, págs. 2 y 3).
En ese entendimiento, con fundamento en lo normado en el art. 1 de la ley 27.348 declaró su incompetencia para entender en los obrados y dispuso el archivo de las actuaciones (v. pronunciamiento, pág. 3).
En lo que interesa, por resultar materia de agravio, desestimó el planteo de inconstitucionalidad impetrado por la trabajadora de las referidas resoluciones 899/17 y 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en cuanto imponen el requisito mencionado para dar comienzo con el trámite administrativo previo y obligatorio, en tanto consideró que fue articulado con fundamentos genéricos, abstractos e inapropiados para una postulación de esa índole.
Según adujo, la interesada se limitó a citar al Convenio 155 y el Protocolo Adicional del año 2002 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), omitiendo efectuar un ataque frontal y directo tendiente a demostrar el modo en que -en el caso particular- dicho requerimiento formal vulnera sus derechos y garantías amparadas constitucionalmente; déficit que -explicó- no podía ser suplido por el tribunal (v. pronunciamiento, págs. 3 y 4).
Argumentó que las alegaciones formuladas por la accionante respecto a que el requerimiento de la petición fundada implicaba una "importante erogación de dinero" para aquella o bien que resultaría "dificultoso" para una trabajadora del Departamento Judicial de Dolores conseguir un médico legista y que, por dicha razón el procedimiento en general y ese requisito en particular resultaban inconstitucionales, constituía un predicamento en abstracto. Más aún "si se tiene en cuenta que la actora ni si quiera se ha encargado de alegar y demostrar que haya concurrido o intentado proveerse de este requisito por ningún medio como para realizar tales afirmaciones" (pronunciamiento, pág. 4). A lo dicho añadió que la ley no impone que la petición fundada deba ser realizada por una institución privada o por un médico particular, pudiendo haber sido requerida por la trabajadora ante una institución pública (v. pronunciamiento, pág. cit.).
Adunó a ello que la declaración de inconstitucionalidad de las leyes sólo tiene cabida como ultima ratio del orden jurídico (v. pronunciamiento, págs. 4 y 5).
De igual modo, señaló que las resoluciones cuya validez constitucional cuestionaba la actora reglamentan un requisito impuesto por una ley emanada del Congreso nacional, es decir, por la voluntad del legislador, expresada a través de su dictado en el art. 6 apartado 2, cuya validez constitucional -adujo- no correspondía ingresar a analizar oficiosamente (v. pronunciamiento, págs. 5 y 6).
III.3.b. Ante todo, debo señalar que el tramo de la decisión atacada destinado a declarar la aplicabilidad y validez constitucional de la normativa que regula el trámite administrativo previo y obligatorio establecido en el marco del régimen de riesgos del trabajo se ajusta a la doctrina legal elaborada -por mayoría- por esta Suprema Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), cuyas directrices he contribuido a conformar, y -por ello- no ha de modificarse.
Sentado ello, corresponde examinar la crítica referida a la desestimación del pedido de inconstitucionalidad de las ya citadas resoluciones dictadas por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, el que -adelanto- no ha de prosperar.
III.3.b.i. Las razones fundantes para discernir, en la especie, la ineficacia del planteo sobre la peticionada declaración de invalidez constitucional de las resoluciones 899/17 y 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, abrevan -principalmente- en la orfandad argumentativa y probatoria que el tribunal de origen endilgó a la postulación inicial y en la normativa vigente que juzgó aplicable al caso. Tales extremos no son controvertidos por el interesado.
En efecto y contrariamente a lo alegado, la impugnación no demuestra que hubiere existido absurda apreciación de los elementos de juicio que sirvieron de base para desestimar la validez de la preceptiva en disputa, tal como se postuló en la demanda.
III.3.b.ii. La interpretación de los escritos constitutivos del proceso y la evaluación de las constancias de la causa comportan el ejercicio de potestades reservadas a los jueces de la instancia de origen, cuya revisión queda subordinada a la cabal demostración de un error grave, grosero y manifiesto, que caracteriza al vicio de absurdo (causas L. 122.218, "Villarroel", sent. de 9-XII-2020; L. 122.223, "Góngora", sent. de 22-XII-2020 y L. 126.004, "Andereggen", sent. de 22-VIII-2023; e.o.).
En el caso, el recurrente se limita a rebatir la línea argumental del fallo mediante su discrepante opinión sobre el modo en que debió ser resuelta la cuestión, insistiendo en aspectos ya referidos en la demanda (v.gr: la imposibilidad de acudir a un médico especialista, la eventual erogación que ello le hubiere insumido a la actora, entre otros), cuya pertinencia -por su vaguedad- fuera desestimada por el a quo a fin de sostener la declaración de inconstitucionalidad pretendida.
Ello revela la ineficacia del intento revisor, puesto que las objeciones del compareciente permanecen en el plano de la mera disconformidad personal y no satisfacen la réplica idónea susceptible de modificar la decisión de la instancia de origen, que ha de permanecer firme (causas L. 99.446, "Acosta", sent. de 6-VI-2012 y L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023).
Desde la perspectiva apuntada cabe recordar que el absurdo es un instituto excepcional, indicativo de la presencia de conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (causas L. 124.198, "Díaz", sent. de 19-IX-2022 y L. 123.383, "Linares", sent. de 22-XI-2022; e.o.), anomalías que, reitero, no se observan configuradas en la especie.
III.3.b.iii. Por lo demás, ningún embate porta el recurso respecto de la normativa aludida por el juzgador de origen a la hora de resolver, esto es, el art. 6 apartado 2 de la Ley de Riesgos del Trabajo.
En este aspecto, como se indicó, sostuvo el tribunal de grado que las resoluciones impugnadas en autos solo reglamentaban un requisito impuesto por dicha ley de la Nación, cuya eventual infracción o errónea aplicación ha soslayado denunciar el interesado, dejando insatisfecha en este punto la exigencia básica prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 126.812, "Villalba", sent. de 17-IV-2023 y L. 127.473, "Sosa", sent. de 20-IX-2023; e.o.).
III.3.c. No mejora la suerte del recurso la denunciada transgresión a las reglas de la carga de la prueba ni los argumentos traídos en torno a los supuestos "indicios", que -según postula la interesada- debieron tenerse en cuenta para resolver en su favor.
Sobre el particular, conforme surge de la reseña efectuada, cabe precisar que la referencia realizada por el tribunal respecto de la incumbencia probatoria de la reclamante se halló ligada al extremo vinculado a los agravios constitucionales que -a criterio d
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