Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127827
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.827, "Olivera, Brian Gonzalo contra Provincia ART S.A. Accidente in itinere ", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. pronunciamiento de fecha 16-VII-2021).
Se dedujo, por Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-VIII-2021).
Dictada la providencia de autos (v. proveído de fecha 29-XI-2021) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de origen declaró la inconstitucionalidad de los arts. 18 apartado 2 de la ley 24.557 -en su actual redacción- y 5 quinto párrafo del decreto reglamentario 410/01, y juzgó que el señor Brian Gonzalo Olivera se encontraba legitimado para reclamar el pago de la indemnización por el fallecimiento de su madre, ocurrido a consecuencia del accidente in itinere que sufriera el día 14 de abril de 2017 (v. sentencia de fecha 16-VII-2021).
Luego, en lo que interesa, teniendo en cuenta el ingreso base establecido en el veredicto, el juzgador calculó el importe de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 15 apartado 2 y 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557, y condenó a la demandada Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle al actor tales sumas, a las que adicionó intereses -a partir de la fecha del siniestro y hasta el efectivo pago- a la tasa activa que percibe el Banco de la Nación Argentina en los distintos períodos de aplicación.
II. La legitimada pasiva se alza mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Se agravia -en lo sustancial- de la decisión del tribunal de grado en cuanto declaró la inconstitucionalidad de los arts. 18 apartado 2 de la ley 24.557 y 5 quinto párrafo del decreto 410/01.
Alega que para resolver de tal modo dicho órgano jurisdiccional citó jurisprudencia inaplicable al caso, elaborada en base a presupuestos disímiles a los que se verifican en las presentes actuaciones.
En ese orden, explica que en autos el reclamo fue realizado por un hijo, mayor de edad, respecto del cual no concurren los requisitos para que sea considerado derechohabiente apto para percibir la indemnización por fallecimiento de su madre.
Señala que del análisis de las constancias obrantes en la causa surge demostrado que la trabajadora fallecida tenía varios hijos mayores de edad que no han sido contemplados en el pronunciamiento, tornándose frágil la justificación utilizada por el tribunal con relación a la "protección de la familia".
Sostiene que el juzgador ha desviado la argumentación del caso, pues consideró al hijo como "familiar a cargo" teniendo por comprobada tal condición con la sola presentación de una información sumaria.
Indica que el análisis del sentenciante es errado porque el legislador ha contemplado situaciones distintas para los "hijos" y los "familiares a cargo" de un trabajador fallecido, estableciendo condiciones especiales a los primeros que el actor claramente no ha podido cumplimentar.
Agrega que este último carece de legitimación activa, por cuanto no ha podido probar los requisitos enumerados por la normativa que resulta de aplicación, esto es: los límites de edad, encontrarse incapacitado para el trabajo a la fecha del fallecimiento de su madre o que se hallaba a cargo de su manutención.
En tales condiciones, argumenta que la obligación de las aseguradoras de riesgos del trabajo, de responder por las consecuencias disvaliosas de las contingencias sufridas por un trabajador, surge estrictamente de la ley y en base a un contrato de afiliación suscripto con el empleador, no pudiendo tales entidades ser condenadas -como en el caso- al pago de una indemnización a favor de una persona que no ha sido contemplada por el legislador.
En suma, entiende que la declaración de inconstitucionalidad no se encuentra debidamente justificada, por lo que la demanda -en cuanto pretende el pago de la indemnización por muerte y la prestación adicional de pago único contempladas en los arts. 15 apartado 2 y 11 apartado 4 inc. "c" de la ley 24.557- debe ser rechazada en su totalidad.
Por otra parte, refiere que, al no haber incumplido Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. con ninguna obligación, también devino errónea la condena al pago de los intereses desde la fecha del infortunio, por cuanto no ha incurrido en mora.
III. El recurso no prospera.
III.1. Cabe señalar que la crítica que trae el interesado no alcanza a satisfacer los recaudos insoslayables previstos por el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, desde que no cumple con la carga de rebatir frontal y eficazmente los fundamentos que llevaron al tribunal de grado a descalificar constitucionalmente los arts. 18 apartado 2 de la ley 24.557 y 5 quinto párrafo, del decreto reglamentario 410/01, en cuanto imponen requisitos de edad a los hijos para ser beneficiarios de las prestaciones.
III.1.a. El tribunal de grado tuvo por probado el desempeño de la señora Mónica Graciela Aracuyu bajo las órdenes de la Municipalidad de Esteban Echeverría, cumpliendo tareas de mucama como "categoría 68" en el Policlínico Santamarina, desde el año 1994 hasta el día 14 de abril de 2017, en que falleció a consecuencia de un accidente in itinere (v. vered., primera cuestión.).
Luego, y en lo que aquí resulta relevante, valorando el acta de nacimiento glosada a fs. 2, la información sumaria aprobada que tramitara ante el Juzgado de Paz Letrado de Esteban Echeverría de fs. 22 -que, indicó, no mereció cuestionamiento por parte de la accionada-, las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa y el informe de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) de fs. 21 -que tampoco fuera desconocido-, también juzgó demostrado que el actor Brian Gonzalo Olivera era hijo de la trabajadora fallecida, que contaba con veintisiete años de edad y que se encontraba económicamente a cargo de su madre, sostén del hogar en el que convivían (v. vered., segunda cuestión).
En la sentencia, destacó que al haber quedado comprobada en el veredicto la situación de dependencia económica del actor, lo esencial del caso radicaba en definir si este último se encontraba legitimado para el reclamo intentado, conforme los términos del art. 18 de la ley 24.557 -en su actual redacción- y el decreto 410/01.
En ese orden, expuso que no podía soslayarse que la muerte de un progenitor, más allá del innegable daño moral o espiritual, afecta por igual desde el punto de vista económico a los hijos menores o mayores de edad, ya que los vaivenes de la vida pueden llevarlos a necesitar su apoyo pecuniario, como también a frustrar su posibilidad de ser herederos forzosos de aquellos bienes que hubieran podido adquirir con el transcurso del tiempo. En esa inteligencia, afirmó que el daño afectaba más aún al actor, en tanto dependía económicamente del fruto del trabajo materno.
En ese sentido, explicitó que el acceso de los beneficiarios o derechohabientes a la indemnización por fallecimiento tiene carácter iure propio .
Refirió, además, que el art. 18 de la Ley de Riesgos del Trabajo al abordar en su última parte el tópico referido a los legitimados para percibir la indemnización en ausencia de ambos padres del hijo fallecido sin descendencia, coloca en mejor situación a "aquellos familiares" del trabajador que acrediten haber estado a cargo del causante, que a los propios hijos en caso del padre fallecido, a los que se les impone una limitación en cuanto a la edad; empeorando luego tal precepto la situación -sostuvo- al delegar en una norma reglamentaria la determinación del grado de parentesco requerido para poder acceder al beneficio y el modo de acreditar la dependencia económica.
Desde este prisma, consideró que tal discriminación resultaba intolerable desde el punto de vista de la razonabilidad, equidad y moral.
Agregó que en ese afán restrictivo y priorizando la austeridad en el "gasto" de las aseguradoras, la reglamentación -por medio del decreto 410/01- va más allá que la propia ley imponiendo limitaciones no contempladas.
En tales condiciones, concluyó que un profundo análisis en conciencia de la normativa cuestionada, conducía al convencimiento de la afectación de los derechos del accionante y la violación del mandato constitucional de protección a la familia, como también el régimen sucesorio establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Sin perjuicio de lo dicho, el tribunal citó, además, en apoyo del pronunciamiento, jurisprudencia que -con las salvedades que especificó- entendió asimilable a la presente controversia.
III.1.b. Frente a tales definiciones, la crítica que formula la demandada resulta insuficiente, pues no se ocupa de rebatir -como es menester- todas y cada una de las razones que condujeron al tribunal de grado a la conclusión medular de este aspecto de la contienda, la que -en consecuencia- no resulta conmovida.
En efecto, el recurrente se opone a la decisión de grado argumentando -en lo sustancial- que no se encuentran acreditados en autos los requisitos establecidos por la normativa declarada inconstitucional para que el accionante sea considerado derechohabiente apto para recibir indemnización por el fallecimiento (límites de edad, encontrarse incapacitado para el trabajo a la fecha de la muerte de su madre o a cargo de su manutención), siendo además la jurisprudencia citada por el tribunal inidónea para resolver la contienda.
Nada dice respecto de la argumentación sobre la cual el tribunal apuntaló el fallo, vinculada a: i) el innegable daño moral o espiritual que provoca la muerte de un progenitor, afectando por igual desde el punto de vista económico a los hijos menores o mayores de edad; ii) el carácter "iure propio" que tiene el acceso de los beneficiarios o derechohabientes a la indemnización por fallecimiento; iii) la discriminación establecida en la norma -entre los hijos y los familiares a cargo-, intolerable desde la óptica de la razonabilidad, equidad y moral; iv) el exceso en que incurre el decreto 410/01 al imponer limitaciones no contempladas en la propia ley que reglamenta; y, finalmente, v) la oposición que atribuye a la normativa cuestionada respecto del régimen sucesorio establecido en el Código Civil y Comercial de la Nación.
Siendo ello así, y sin abrir juicio respecto del acierto -o no- de la decisión de fondo, queda evidenciada la insuficiencia técnica del embate por el que se procura objetar la invalidez constitucional declarada respecto del señalado aspecto de los preceptos en juego, desde que, de conformidad con conocida doctrina de este Tribunal, resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que exhibe un desencuentro entre la crítica y los argumentos del pronunciamiento apelado, que evidencia un ataque parcial a los fundamentos del fallo o que soslayando la referencia a otras motivaciones que, siendo esenciales por sí mismas, otorgan a aquel debido sustento (causas L. 119.085, "Olguín", sent. de 30-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 124.447, "Taulamet", sent. de 7-IV-2022 y L. 126.737, "Barrera", sent. de 22-VIII-2023; e.o.).
Por lo tanto, trasladando dichos lineamientos al caso de autos, cabe concluir que no se presenta como eficaz la crítica que -al cuestionar la declaración de inconstitucionalidad de los arts. 18 apartado 2 de la ley 24.557 (modif. por el decreto 1.278/00) y 5 del decreto 410/01-, se desentiende de la línea argumental del fallo y se dedica a censurarlo con su propia interpretación del tema, dejando incólumes las afirmaciones que le dan sustento.
III.1.c. Tampoco acierta el interesado al intentar -tangencialmente- repeler la decisión del tribunal de origen que tuvo por acreditados los presupuestos fácticos condicionantes para declarar al actor legitimado para percibir el resarcimiento tarifado por el fallecimiento de su madre, particularmente en lo concerniente a la conclusión por la que se declaró que el peticionante se encontraba económicamente a cargo de su madre.
En efecto, las conclusiones que formula -imprecisas, por cierto- se agotan en simples enunciados desprovistos de un despliegue argumental idóneo y eficaz que permita otorgarles entidad de agravios atendibles. Repárese que el recurrente no denuncia, ni menos aún demuestra, que las objetadas conclusiones fácticas estén viciadas por absurdo, requisito mínimo e insoslayable para habilitar en esta instancia extraordinaria la revisión de cuestiones de hecho como las propuestas (causas L. 118.388, "Astudillo", sent. de 29-III-2017 y L. 125.233, "Moran Ramos", sent. de 3-XI-2022; e.o.).
De suyo, ello determina el rechazo de la crítica, pues es sabido que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 126.014, "Hoare", sent. de 19-IX-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022 y L. 127.849, "Tumini", sent. de 27-III-2023; e.o.).
III.1.d. En razón de lo hasta aquí expuesto, pierde sustento el embate que se apoya en la aseveración de que Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. solamente debe responder dentro de los límites de la cobertura de la Ley de Riesgos del Trabajo y en los términos del contrato de afiliación celebrado entre el empleador y dicha firma aseguradora.
III.2. Por último, y sin perjuicio de otras consideraciones que pudieran formularse, toda vez que permanece firme -con motivo de la insuficiencia técnica apuntada- la motivación central del fallo de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 18 apartado 2 de la ley 24.557 (modif. por el decreto 1.278/00) y 5 del decreto 410/01 en cuanto imponen requisitos de edad a los hijos para ser beneficiarios de las prestaciones -así como la condición de "familiar a cargo" del actor-, y teniendo en cuenta la argumentación -lacónica, por cierto- sobre la que se estructura el cuestionamiento sobre los intereses aplicados desde la fecha del infortunio, este último embate también deviene inatendible.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Torres, Soria y Genoud , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:51:49 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2024 21:27:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2024 09:49:58 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:34:15 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:39:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:02:58 hs. bajo el número RS-43-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia