Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129068
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.068, "Kelly, Cecilio César contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Acción de revisión resolución de Comisión Médica jurisdiccional - ley 15.057", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Kogan, Torres, Genoud .
El Tribunal de Trabajo n° 5 del Departamento Judicial de Quilmes, con asiento en dicha ciudad, rechazó la excepción de falta de acción opuesta y se declaró competente para entender en la causa, imponiendo las costas por su orden (v. pronunciamiento de fecha 16-II-2022).
Se dedujo, por la demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 8-III-2022).
Dictada la providencia de autos (v. proveído electrónico de fecha 30-III-2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado rechazó la excepción de "falta de acción" opuesta por Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. y declaró su competencia para entender en las presentes actuaciones (v. pronunciamiento de fecha 16-II-2022).
Inicialmente, sostuvo que en autos el actor inició una acción laboral ordinaria en los términos del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 planteando formal demanda por enfermedad profesional conforme la ley especial.
Asimismo, señaló que al presentarse al pleito la parte demandada opuso la mentada defensa, aunque bajo argumentos genéricos y cita de doctrina legal, sin exponer las cuestiones fácticas y jurídicas relativas al caso concreto en los que se funda, incumpliendo así con la carga impugnatoria que le era propia.
Sin perjuicio de lo expuesto, agregó que no podía escapar al análisis de la controversia el hecho de que el actor había dado inicio en sede administrativa a cuatro expedientes por "Rechazo de enfermedad no listada", que habían sido archivados por la comisión médica jurisdiccional por no cumplir los requisitos mínimos de admisibilidad al no haber presentado el trabajador la "petición fundada" suscripta por médico legista que prevé el art. 1 tercer párrafo de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Indicó que dicha norma, junto con el art. 7 del decreto 179/15, habían recibido la tacha de inconstitucionalidad por parte del promotor del pleito por afectar la garantía de acceso irrestricto a la justicia y el principio de gratuidad.
En tales condiciones, el órgano jurisdiccional de grado se detuvo a analizar dicho planteo y sostuvo que el art. 7 del mencionado decreto -que ordenaba para tales trámites un requisito similar- quedó superado por el citado precepto de la resolución 298/17. Luego, detalló los requisitos que exige la resolución 305/01 -también- de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en su anexo L, respecto del formulario a completar por reclamos vinculados a enfermedades no listadas.
En ese contexto, indicó que tal presentación importa un verdadero informe pericial cuyo costo se encuentra a cargo del trabajador. Empero, destacó que de conformidad con lo prescripto por el art. 2 inc. "b" sexto párrafo de la ley 27.348, es la comisión médica jurisdiccional la que debe arbitrar los medios para elaborar el informe y no colocar dicha carga y costo en cabeza del trabajador, pues tal organismo administrativo goza de los medios y personal para hacerlo. Puso de relieve que las características del proceso laboral, el principio protectorio y el derecho constitucional de acceso irrestricto a la justicia, determinan que no resulta razonable que la falta de medios como la que acusó el trabajador, en conjunción con la disposición del art. 1 de la ley 27.348, le impongan una barrera insuperable para reclamar ante la justicia laboral ordinaria. Concluyó que la exigencia determinada por el art. 1 tercer párrafo de la mentada resolución 298/17 resulta inconstitucional e inaplicable al caso.
Aclaró que habiendo quedado superado el art. 7 del decreto 179/15 por la citada disposición de la resolución 298/17, el planteo de inconstitucionalidad dirigido contra aquel precepto resultaba abstracto.
Con todo, el a quo juzgó que habiendo dado cumplimiento el accionante con lo normado por el art. 1 de la ley 27.348, iniciando el procedimiento por ante la Comisión Médica de Quilmes, el archivo de los expedientes que ordenó dicho organismo, por las razones que expuso, importó el agotamiento de la vía administrativa en los términos establecidos por el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y que entonces, el demandante accedió correctamente a la instancia judicial.
II. La parte demandada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley.
Alega que de conformidad con lo establecido por la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, que fuera declarada inaplicable al caso de manera absurda e irrazonable por el órgano de origen, el trabajador se encuentra impedido de iniciar una acción judicial sin antes presentar la documental correspondiente ante la comisión médica.
Argumenta que gracias a la "petición fundada" las aseguradoras de riesgos del trabajo pueden cubrir ciertas enfermedades no listadas para poder otorgar las prestaciones correspondientes, sin que en la especie el actor presente ningún elemento probatorio que avale la exposición a riesgos laborales.
En tales condiciones, sostiene que lo resuelto por el tribunal de grado implica el apartamiento de la doctrina sentada por esta Corte en la causa "Marchetti".
Luego, en sustancia, esgrime ciertas consideraciones tendientes a defender la aplicación inmediata y la validez constitucional de las leyes 27.348 y 14.997. En esta línea, remarca que el trámite previo ante las comisiones médicas no viola el derecho de defensa del trabajador, ni sus garantías constitucionales de acceso irrestricto a la justicia y debido proceso legal, como así tampoco afecta la autonomía provincial.
III. El recurso no prospera, atento a su insuficiente fundamentación (art. 279, CPCC).
III.1. Ocupa memorar que esta Corte ha equiparado a definitivas en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial a pronunciamientos que, como en el caso, encuentran su sustancia en definiciones relativas a la validez constitucional o aplicabilidad de las normas que integran el universo de los riesgos del trabajo (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019 y L. 123.193, "Galeano", resol. de 19-IV-2021).
En virtud de ello, dadas las particulares circunstancias reseñadas en los antecedentes, aquel recaudo de admisibilidad debe entenderse configurado en la especie.
III.2. Establecido lo que antecede, cabe anticipar que las expresiones que contiene el recurso no constituyen un ataque idóneo al razonamiento trazado por el tribunal de grado.
En efecto, las motivaciones expuestas en el fallo de grado no han sido rebatidas con éxito, ya que desentendiéndose de ellas, el recurrente elabora una línea argumental distinta y alejada de las consideraciones sobre las que se estructura la decisión objeto de impugnación. Así, no solo margina de todo agravio aquella inicial definición del tribunal en cuanto consideró genérica y sin fundamento normativo y doctrinario válido a la defensa opuesta, sino que -al cabo, y en lo esencial-, ninguna reflexión realiza el recurrente de los argumentos que blandió el tribunal para descalificar por inconstitucional la norma legal que establece a la "petición fundada" suscripta por un médico con especialidad en medicina legal o del trabajo, como requisito para iniciar el trámite por enfermedad no listada ante la comisión médica (art. 1 tercer párrafo, resol. 298/17 SRT).
Son aplicables las directrices de este Tribunal que expresan que es requisito ineludible para la adecuada fundamentación del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley impugnar concreta, directa y eficientemente las motivaciones esenciales del pronunciamiento objetado, siendo insuficiente el que deja incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobre los que ella se asienta (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 125.608, "Suluja", sent. de 31-VIII-2022; L. 127.656, "Producciones Industriales S.A.", sent. de 27-III-2023; L. 128.196, "Suárez", sent. de 6-XII-2023; e.o.).
Para más, es notorio que la doctrina legal sentada en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020) -ligeramente mencionada en el recurso que aquí se analiza-, en nada modifica la suerte adversa del recurso, pues ha sido elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los del caso en juzgamiento, en donde hubo de juzgarse agotada la instancia administrativa previa establecida por el art. 1 de la ley 27.238.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (arts. 279 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Torres y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 17/05/2024 08:25:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 21/05/2024 19:57:12 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 22/05/2024 10:45:21 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:38:22 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:47:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:08:01 hs. bajo el número RS-60-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia