Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128121
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.121, "Salinas, Adorno Nelson contra Swiss Medical ART S.A. Accidente de trabajo - acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Genoud, Torres, Soria.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de San Isidro rechazó la excepción de cosa juzgada administrativa, imponiendo las costas a la accionada vencida (v. pronunciamiento electrónico de fecha 12-III-2021).
Se dedujo, por la aseguradora demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 31-III-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en el marco de la pretensión incoada por Nelson Salinas Adorno contra Swiss Medical Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., rechazó el planteo de cosa juzgada administrativa esgrimido por la demandada en su responde.
Para así decidir, ponderó que esta última objetó que el actor promoviera una acción laboral ordinaria luego de que la comisión médica jurisdiccional emitiera su dictamen, siendo que -a su entender- dicho instrumento gozaba de autoridad de cosa juzgada. Desde su perspectiva, el accionante debió haber recurrido lo allí dictaminado por la vía administrativa correspondiente.
En apoyo de su decisión, rememoró que la ley 15.057, sancionada el 25 de octubre de 2018 (debió decir: 27 de octubre de 2018) y promulgada el 16 de noviembre de 2018 (mediante el decreto 1.418/18), entró en vigencia el día 3 de febrero de 2020, a excepción de los arts. 2 inc. "j" y 103, que se tornaron operativos de modo inmediato.
Señaló que, conforme lo establecido en estas últimas normas, se dispuso la competencia de los tribunales de trabajo para entender en la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales, de acuerdo a lo establecido en el art. 2, segundo párrafo de la ley 27.348. Sostuvo que ello implicó para el trabajador la posibilidad de optar entre continuar la vía administrativa apelando el dictamen ante la comisión médica central, o interponer el recurso de revisión por ante la judicial laboral a través de una "acción laboral ordinaria".
Resaltó que para la procedencia de esta última vía no resultaba necesario que previamente hubiera interpuesto un recurso administrativo ante la comisión médica central.
En dicho marco, concluyó que, contrariamente a lo sucedido en autos, a los efectos de tenerse por configurada la cosa juzgada administrativa -en los términos del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo-, el dictamen emitido por las comisiones médicas jurisdiccionales debía ser consentido por ambas partes, de modo tal que desestimó la defensa articulada por la accionada.
II. Contra dicho pronunciamiento, el letrado apoderado de la aseguradora de riesgos del trabajo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 31-III-2021), en el que se agravia del rechazo de la defensa de cosa juzgada administrativa.
En lo sustancial, afirma que la demanda interpuesta no es -tal como exige la normativa procesal- un recurso de revisión.
Plantea que el tribunal actuante rechazó la mentada excepción por entender que, mediante la deducción de una demanda ordinaria, el accionante procuraba el examen de lo actuado en sede administrativa. Indica que si ese hubiera sido el objeto del libelo inicial debió haberlo consignado expresamente, y argumentado en consecuencia. Manifiesta que, por el contrario, allí no se expresó ningún agravio contra lo dictaminado por ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo.
Refiere que, al contestar la demanda, indicó que, frente a la denuncia recibida por el trabajador, la aseguradora le brindó -en debida forma y tiempo- cada una de las prestaciones que la Ley de Riesgos del Trabajo pone a su cargo, a fin de evitar o disminuir cualquier tipo de secuela incapacitante a aquel. Relata que, tras otorgarle el alta médica sin incapacidad (el día 28 de febrero de 2019), tomó intervención la Comisión Médica n° 391 de San Isidro, la cual se expidió sobre el siniestro reclamado en autos -en el marco del expediente 186.777/19-, dictaminando que el denunciante no presentaba secuelas generadoras de incapacidad laboral.
Señala que -al peticionar la reparación sistémica prevista en la ley 27.348- la parte actora se encontraba habilitada para interponer un recurso directo ante el tribunal de alzada con competencia laboral, pero de ninguna manera era factible la promoción de una demanda judicial ordinaria que no procurara revisar lo actuado en sede administrativa ante la citada comisión médica interviniente. Ello -según adujo- más aún cuando en su escrito postulatorio solicitó la inconstitucionalidad de diversos artículos de dicha ley y de la citada ley 15.057.
En ese orden, denuncia que resulta contradictorio que el a quo interpretara que el accionante se encontraba amparado por normas cuya validez constitucional había cuestionado.
Reitera que -en el caso- no resultaba factible la interposición de una demanda ordinaria "estándar".
En ese entendimiento, plantea que causa agravio a su mandante que el órgano de mérito afirmara que el supuesto bajo estudio se enmarca en las previsiones de la señalada ley 15.057, cuando -a su juicio- ello no resultaba acertado.
III. El recurso no prospera.
III.1. Ante todo, corresponde señalar que toda vez que la impugnación se dirige a controvertir el pronunciamiento de grado en cuanto desestimó la cosa juzgada administrativa, la decisión recurrida resulta equiparable a definitiva en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (causas L. 114.180, "Geza", resol. de 18-IV-2011; L. 122.136, "Castro", resol. de 2-V-2019 y L. 125.681, "García", resol. de 12-IV-2021).
III.2.a. Sentado lo anterior, cabe señalar que, a partir de la interpretación de las normas aplicables y de la evaluación del contenido de los escritos constitutivos del proceso, el tribunal de grado concluyó que el trabajador se encontraba habilitado para optar por la revisión de la resolución dictada por la comisión médica jurisdiccional a través de la herramienta procesal prevista en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 (art. 103, ley cit.). A partir de ello, consideró que -en la especie- no se configuraba la cosa juzgada administrativa, como había expresado la demandada en su defensa, puesto que el dictamen de la mencionada autoridad administrativa no había sido consentido por ambas partes.
III.2.b. En estas condiciones, a mi modo de ver, el recurrente desatiende el desarrollo expresado por el juzgador de origen para habilitar la acción iniciada, sin denunciar ni justificar que hubiere mediado violación del referido art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, así como tampoco del art. 15 de la Ley de Contrato de Trabajo, normas estas que precisamente se invocaron en el pronunciamiento atacado para arribar a una solución contraria a la pretendida.
Al respecto, cabe recordar que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 128.196, "Suárez", sent. de 6-XII-2023; L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023 y L. 127.465, "Martínez", sent. de 30-IV-2024).
Retomando la premisa expuesta, advierto que la impugnación se afinca -en lo sustancial- en el argumento de que la demanda no traduce el contenido de una revisión de lo actuado en sede administrativa, cuando -observo- el órgano de grado no formuló consideración alguna sobre el particular.
Desde esta perspectiva, la protesta no resulta idónea. No solamente incumple con la carga prevista en el art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial, sino que es -asimismo- portadora de un desarrollo argumental que no guarda relación con las razones que constituyeron las motivaciones esenciales del fallo censurado, las que -en consecuencia- han de quedar incólumes.
III.3. Si bien lo expuesto abastece la respuesta al recurso examinado, me permito agregar -a mayor abundamiento- que al pronunciar mi voto en la causa L. 121.939, "Marchetti", sentencia de 13-V-2020, a la hora de interpretar el evocado art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, hice referencia a la previsión de una revisión judicial plena y suficiente mediante la tramitación de un juicio ordinario posterior a la actuación administrativa previa (v. mi voto, puntos III.2.b.iv. y III.2.b.v.), cuya validez constitucional fue definida -por mayoría- en dicho precedente.
IV. Por ello, el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Genoud y Torres, por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero a lo expuesto por mi distinguida colega doctora Kogan en los apartados III.1., III.2.a. y III.2.b. de su sufragio, y con ello, a la solución que plasma en el apartado IV.
Con el alcance indicado, voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 23/05/2024 21:41:18 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 24/05/2024 09:55:03 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:39:54 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:40:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:50:54 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:03:38 hs. bajo el número RS-54-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia