Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 88443
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 88.443, "F., E. R. contra Banco de la Pcia. de Buenos Aires. Daño moral y otros", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Genoud, Soria.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Necochea hizo lugar parcialmente a la acción promovida e impuso las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento de fecha 22-XII-2020).
Se dedujo, por la parte demandada, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 12-II-2021).
Dictada la providencia de autos (v. proveído electrónico de fecha 28-X-2021) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. En lo que interesa, el tribunal de origen admitió la demanda promovida por el señor E. R. F. y condenó al Banco de la Provincia de Buenos Aires al pago de las sumas que estableció en concepto de reparación integral, por la incapacidad derivada de las afecciones que contrajera durante el cumplimiento de sus tareas como "auxiliar" en las sucursales que dicha entidad bancaria posee en las localidades de Lobería y Necochea.
Para así decidir, en el veredicto tuvo por demostrado que: a) el actor sufrió una suspensión laboral, el traslado y la formación de un sumario administrativo sin que se haya formulado previamente proceso de exclusión de tutela sindical mientras revestía el carácter de representante gremial, trámite que culminó por sobreseimiento, ordenándose el pago de los salarios caídos y la nulidad de la sanción disciplinaria; b) realizó numerosos reclamos en forma personal y por intermedio del sindicato que lo representaba, denunciando los padecimientos sufridos a consecuencia de las medidas adoptadas por la accionada, solicitándole que cesara en su actitud persecutoria, y que abonara los gastos de movilidad y viáticos; c) viajó diariamente por más de cinco años a otra ciudad distinta a la que residía para trabajar, mientras se resolvían los conflictos planteados con su empleadora; d) no se le practicaron exámenes médicos periódicos; e) padece depresión mayor con síntomas melancólicos graves, obesidad mórbida en contexto de síndrome metabólico, cuyo origen fuera reactivo a la problemática vivencial laboral; como así también que la enfermedad es crónica, severa e irreversible y que el grado de incapacidad es total, permanente y definitiva, ascendiendo al 80% para el desempeño laboral, personal, familiar y en la vida de relación.
Halló configurados -además- los factores de atribución de responsabilidad civil subjetivo y objetivo de la demandada en los términos de los arts. 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340).
En ese orden, el sentenciante juzgó que la modificación perjudicial de las condiciones de trabajo, los sumarios administrativos que le fueran iniciados sin proceso de desafuero previo -violando la tutela sindical de la que estaba investido- que concluyeron varios años después con el sobreseimiento, así como la sobrecarga laboral y económica sufrida por el actor, fueron causantes de daños por acción y/u omisión antijurídica de la demandada (art. 1.109, Cód. cit.).
Asimismo, señaló que en el marco de la responsabilidad que le cabe al Banco de la Provincia de Buenos Aires por los daños ocasionados por los dependientes a su cargo (art. 1.113, Cód. cit.), había quedado acreditado en autos que el accionante también fue víctima de humillación y denigración por sus superiores, en particular, en dos ocasiones. La primera, cuando (conforme emerge de la exposición policial efectuada el día 23 de agosto de 1990), luego de una discusión con el gerente de la sucursal de la ciudad de Lobería, fue retirado del Banco por una comisión policial a la vista de sus compañeros de trabajo y del público en general. La segunda, cuando el abogado apoderado de la demandada, titular de la oficina jurídica de la ciudad de Necochea, en horario de trabajo y en presencia de empleados de la entidad bancaria leyó en voz alta una pericia psicológica realizada al actor e ironizó sobre su persona, realizando comentarios inadecuados.
Declaró la inconstitucionalidad del art. 39 de la ley 24.557 y condenó a la accionada al pago de las sumas que específicamente determinó en concepto de indemnización por incapacidad sobreviniente, daño futuro y daño moral.
Finalmente, aplicó intereses al capital de condena del siguiente modo: a) desde la fecha de interposición de la demanda (26-VI-2001) hasta el 18 de agosto de 2018, a la tasa pasiva -plazo fijo a treinta días en pesos- que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires; y, b) a partir del 19 de agosto de 2018, con arreglo a la tasa pasiva digital -BIP- que paga dicha entidad oficial en sus depósitos a treinta días, la que se continuará devengando hasta el efectivo e íntegro pago.
II. Contra dicho pronunciamiento, se alza la legitimada pasiva con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y la transgresión de la doctrina legal que cita.
II.1. Inicialmente manifiesta que el Banco de la Provincia de Buenos Aires es una institución autárquica de derecho público que mantiene con sus empleados y agentes una relación de igual índole y reviste el carácter de autoridad competente para dictar actos administrativos, no siendo entonces aplicables al caso las normas de la Ley de Contrato de Trabajo.
Continúa expresando que el régimen al que está supeditado su personal es el que determina la carta orgánica de dicha entidad (ley 9.434), siendo tal relación jurídica de carácter administrativo y regida por las normas estatutarias pertinentes (estatuto para el personal y reglamento de disciplina).
En consecuencia, afirma que la existencia de ese régimen especial torna inaplicable a los empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires -sometidos a una relación de empleo, propia del derecho administrativo- la legislación laboral común.
II.2. Seguidamente, se agravia de la determinación de la cuantía resarcitoria efectuada por el juzgador respecto de los rubros que componen la condena.
Sostiene que el tribunal de grado no ha tenido en cuenta para resolver la contienda que, tal como surge de la pericia contable, el actor se acogió a partir del mes de noviembre del año 2010 al beneficio jubilatorio, circunstancia que incide -de manera directa- en la cuantificación del daño reclamado.
En ese orden de ideas, refiere que el importe de la indemnización reconocida en la sentencia se sustentó en la supuesta minusvalía invocada por el accionante, la que, de haber efectivamente existido (en el porcentaje establecido por el tribunal) hubiera determinado su jubilación por incapacidad, lo que en realidad no ocurrió.
Aduce que el órgano actuante también soslayó ponderar que, entre la fecha del supuesto hecho dañoso (agosto/septiembre de 1990) y la del cese de la relación laboral (noviembre de 2010), el señor F. mantuvo la correspondiente percepción de haberes de acuerdo a su categoría y escalafón sin pérdida de ingresos, gozando de las licencias reglamentarias y de todos los beneficios como empleado de la institución , resultando -por ende- excesivo el importe determinado en concepto de indemnización por minusvalía sobreviniente, ya que si bien su capacidad de trabajo pudo verse disminuida en alguna medida, no al punto de invalidarlo casi por completo (en el orden del 80%) para el desempeño laboral durante más de veinte años.
Alega que, si bien al momento de determinar el importe indemnizatorio el tribunal hizo referencia al porcentaje de incapacidad y a la mejor remuneración mensual normal y habitual percibida por el trabajador durante el último año de prestación de servicio (sin considerar su efectiva jubilación), en definitiva cuantificó dicho rubro sin proporcionar los datos indispensables para reconstruir el cálculo realizado, ni los elementos suficientes que permitieran inferir la razón por la cual se arribó al monto de condena.
Manifiesta que si se aplican al caso las conocidas fórmulas "Vuoto" o "Méndez" se arriba a un importe notoriamente inferior al establecido en el fallo de grado.
Respecto al resarcimiento por el daño futuro, indica que el tribunal sentenciante tampoco expuso los parámetros, variables o elementos necesarios para establecer su cuantía. Agrega que siquiera tuvo en consideración que el señor F. gozó en todo momento -y aún lo hace- de la cobertura de la mutual y obra social para empleados del Banco de la Provincia de Buenos Aires.
En suma, expone que solamente corresponde que sean reparados los gastos o daños exclusivamente generados y no aquellos que no fueron efectivizados o justificados, como el caso de autos, debiendo -en consecuencia- revocarse la decisión con arreglo a la cual se declaró procedente la indemnización por dicho rubro.
En lo que concierne al daño moral reconocido, refiere que, no obstante, el sentenciante señaló que había quedado acreditada su existencia en base a las pruebas agregadas y producidas, en concreto no analizó ni detalló en qué elementos probatorios sustentó tal decisión. Aduce que no meritó las facultades que tiene la institución bancaria como tal, ni la conducta propia del actor asumida durante la vigencia del conflicto laboral planteado en la causa.
II.3. Por otra parte, controvierte el porcentaje de incapacidad determinado.
Sobre el particular, señala que el tribunal de trabajo estableció la existencia de daño en la salud por conducto de la valoración de la pericia médica practicada en autos en el año 2013 (esto es, cuando el señor F. ya se encontraba jubilado), en la que el galeno hizo referencia a informes elaborados por los médicos clínico y psiquiatra del actor, que poseen una antigüedad de poco más de diecinueve años al momento de producirse la experticia.
Indica que dicho órgano jurisdiccional juzgó que el accionante es portador de una incapacidad permanente y definitiva del 80% mediante un simple y escueto análisis de tales documentos y de una única visita y entrevista personal llevada a cabo por el perito médico desinsaculado en autos.
Agrega que tampoco hizo mérito el juzgador de las impugnaciones formuladas a la pericia psicológica, ni del pedido de realización de una nueva, como así tampoco de la negativa de citar a la licenciada Domínguez a la audiencia de vista de la causa.
Manifiesta que la experta solo efectuó en su dictamen una estimación que, como tal, no es categórica y, en consecuencia, no merece ser considerada como una conclusión contundente. Añade que sus exposiciones se contradicen con el análisis efectuado por la licenciada Balsategui (perito oficial de la Asesoría Pericial del Departamento Judicial de Necochea) que se encuentra agregado como prueba documental por la parte actora.
Insiste en que la pericia psicológica también fue practicada ya concluida la relación laboral con el actor y encontrándose, además, este último gozando del beneficio jubilatorio.
Destaca que dicho informe pericial es incongruente porque allí se detalló que la situación laboral padecida por el accionante le provocó -entre otras variadas afecciones- un trastorno sexual que afectó su relación familiar y de pareja, cuando, de los propios dichos vertidos por el señor F. puede corroborarse que durante el período de tiempo en el que transcurrió el supuesto sufrimiento en su lugar de trabajo nacieron dos de sus hijos.
En tales condiciones, concluye que ambas pericias no aportan elementos concretos y contundentes para acreditar la causa del daño que el promotor del pleito alegó haber padecido.
II.4. También objeta que el órgano de grado haya tenido por acreditados los presupuestos de atribución de responsabilidad civil subjetiva en los términos del art. 1.109 del derogado Código velezano.
Sobre el particular, sostiene que de las pruebas obrantes en autos no surge demostrado el nexo causal entre el hecho o evento dañoso y el perjuicio supuestamente causado, ni que este último haya sido ocasionado por un acto antijurídico.
Apunta que con la formación de los sumarios administrativos internos y las sanciones disciplinarias aplicadas al actor no se encuentra en modo alguno configurado el obrar antijurídico endilgado al Banco de la Provincia de Buenos Aires. Antes bien, explica que de las constancias probatorias agregadas a la causa se revela nítido que fue la propia conducta asumida por el trabajador durante los conflictos ocurridos la que determinó el accionar de la entidad demandada.
Por ende, asevera que el proceder del señor F. -no ajustado a la normativa que rige a la relación de empleo público que liga a las partes- ha interrumpido la relación de causalidad que se tuvo por verificada.
Continúa esgrimiendo consideraciones sobre el comportamiento conflictivo evidenciado por el actor durante el trascurso de la relación laboral; así como también respecto de las facultades otorgadas por el estatuto y la carta orgánica al Banco de la Provincia de Buenos Aires para disponer traslados y sanciones disciplinarias a su personal.
II.5. Expresa que al imponer las costas el juzgador omitió aplicar la limitación establecida por los arts. 730 del Código Civil y Comercial de la Nación y 277 de la Ley de Contrato de Trabajo (según ley 24.432).
Advierte que el monto estipulado para los letrados que actuaron en representación de la parte actora y los peritos intervinientes supera -según los cálculos que realiza- el 25% del monto de la sentencia.
II.6. Finalmente, se agravia de la imposición al pago de la tasa y sobretasa de justicia.
Al respecto, expresa que de conformidad a la interpretación que cabe realizar sobre las disposiciones contenidas en los arts. 242 inc. 1 del Código Fiscal (ley 10.731) y 4 de la ley 9.434, el Banco de la Provincia de Buenos Aires se encuentra exento de abonar suma alguna por tales conceptos.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Ante todo, cabe señalar que no escapa al análisis del caso que las constancias del sistema informático "Augusta" dan cuenta que los votos expuestos por cada uno de los miembros del tribunal de trabajo interviniente -a la hora de sentenciar- obran en documentos electrónicos distintos que llevan -cada uno- la firma digital del magistrado votante con la denominación del trámite "fundamentos del fallo". En el marco del dictado de pronunciamientos suscriptos de modo digital, la elaboración de una única pieza electrónica rubricada por los tres magistrados integrantes del órgano jurisdiccional laboral, tal y como se ha hecho en autos al emitirse el veredicto, se ajusta a las exigencias legales y constitucionales (arts. 44 inc. "e" y 47, ley 11.653; 168, Const. local). El cumplimiento de dicho formato responde a la finalidad de resguardar el carácter de acto procesal único de que goza la sentencia de mérito, por lo que se hace notar al tribunal de origen que siguiendo dichos lineamientos deberá -en adelante- emitir sus pronunciamientos (causas L. 126.674, "Giuliano", resol. de 17-V-2021; L. 127.075, "Paredes", resol. de 13-X-2021 y L. 126.316, "Spinelli", resol. de 7-IV-2022).
III.2. Aclarado lo que antecede, debe precisarse que las argumentaciones expuestas en el inicio de la crítica -vinculadas a la alegada inaplicabilidad al caso de las normas de derecho privado, dada la relación de empleo público que liga a las partes- devienen manifiestamente inconducentes, habida cuenta de que revelan el intento del recurrente de reeditar planteos ya desarrollados en la instancia ordinaria y resueltos por los magistrados intervinientes durante la tramitación del proceso (v. fs. 255/257 vta.). En consecuencia, tal como fuera puesto de manifiesto en la primigenia sentencia emitida en las presentes actuaciones por esta Suprema Corte (v. fs. 507/512), habiendo adquirido firmeza aquel pronunciamiento del tribunal de origen, la preclusión opera como un impedimento o una imposibilidad de renovar las cuestiones que ya han sido objeto de tratamiento y resolución anterior (causas L. 121.461, "Cesar", sent. de 10-VIII-2020; L. 122.658, "Santillán", sent. de 18-VIII-2020; L. 124.442, "Iriarte", sent. de 14-III-2022; e.o.).
III.3. Luego, y alterando -por razones metodológicas- el orden de tratamiento de los restantes agravios traídos, cabe indicar que no resulta atendible el reproche dirigido a cuestionar la decisión de atribuir al empleador responsabilidad civil.
Cuadra recordar que, como reiteradamente ha resuelto este Tribunal, la potestad revisora de la Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación que contra ella se formule en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (causas L. 124.715, "Martínez", sent. de 14-XII-2020; L. 121.869, "Correa González", sent. de 9-III-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; e.o.).
Siendo así, se impone concluir que la responsabilidad objetiva que, con sustento en el art. 1.113 del anterior Código Civil, el juzgador le endilgó al Banco de la Provincia de Buenos Aires, y que dota de sustento autónomo al fallo, ha arribado firme a esta instancia casatoria, desde que ningún agravio concreto se introdujo en el embate con el fin de desvirtuar dicha definición.
En efecto, como quedó dicho en el relato de antecedentes, más allá de haber condenado al empleador, asimismo, en los términos del art. 1.109 del antiguo Código Civil, el órgano de origen juzgó igualmente configurada su responsabilidad objetiva por los perjuicios ocasionados por los dependientes a su cargo.
Ahora bien, de la lectura de la postulación recursiva -reitero- se desprende que dicha conclusión no ha merecido objeción alguna por parte de la impugnante, que -de esa manera- la ha consentido.
En estas condiciones, no cabe ingresar a analizar los agravios que trae el compareciente vinculados con el factor subjetivo de atribución de responsabilidad que el sentenciante también entendió configurado en el caso.
Sobre el particular, tiene dicho esta Corte que firme la conclusión del fallo respecto a la responsabilidad objetiva del empleador resulta irrelevante el cuestionamiento acerca de la responsabilidad subjetiva también establecida, toda vez que se tornaría en un pronunciamiento abstracto, impropio de la judicatura (causas L. 62.285, sent. de 23-XII-1997 y L. 84.329, "Maldonado", sent. de 7-III-2007).
III.4. Por otra parte, la crítica que formula el agraviado en torno al porcentaje de incapacidad reconocido en el fallo tampoco es de recibo.
III.4.a. Sabido es que en la tarea de valorar la pericia médica y asignarle entidad convictiva, los tribunales de trabajo ejercen facultades privativas, resultando la decisión que adopten al respecto ajena al cometido de esta Suprema Corte, salvo acreditación de absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021 y L. 123.501, "Consorcio de Gestión Puerto La Plata", sent. de 21-X-2022).
Con análogo razonamiento, asimismo, ha sostenido que la determinación del grado o porcentaje de incapacidad que afecta al trabajador como consecuencia de un accidente o enfermedad del trabajo constituye una cuestión reservada a la apreciación de los jueces de grado y que sus conclusiones no pueden ser revisadas en la instancia extraordinaria, excepto que se demuestre aquel extremo vicio valorativo (causas L. 119.791, "Argüello", sent. de 29-VI-2020; L. 121.412, "Peiró Aparisi", sent. de 31-VIII-2020; L. 122.102, "González", sent. de 7-IX-2020 y L. 123.533, "Leguero", sent. de 30-VIII-2021).
III.4.b. Bajo tales directrices, el agravio se revela insuficiente, pues el recurrente no logra acreditar la configuración de absurdo.
En efecto, parte de su subjetiva opinión en orden a la eficacia probatoria que, a su
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