Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129677
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.677, "Morgan, Horacio Fabián contra Galeno ART S.A. Materia a categorizar", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud , Kogan, Soria, Torres, Budiño .
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Junín, con asiento en dicha ciudad, hizo lugar a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. pronunciamiento electrónico de fecha 3-VIII-2022).
Se dedujo, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 21-VIII-2022).
Dictada la providencia de autos, encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia y ante la insuficiencia del valor de lo cuestionado en esta instancia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Qué pronunciamiento corresponde dictar?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente, en lo que interesa, hizo lugar a la acción deducida por el señor Horacio Fabián Morgan y condenó a Galeno Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle la suma que especificó en concepto de diferencias en las prestaciones dinerarias establecidas en los arts. 14 apartado 2 inc. "a" de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 (v. pronunciamiento electrónico de fecha 3-VIII-2022).
Para así resolver, tras declarar la cuestión debatida como de puro derecho (v. resol. de fs. 49) y por tenerlo acreditado en los autos n° 32.010 "Morgan, Horacio Fabián c/ Galeno ART S.A. s/ Apelación de resolución administrativa" -que tramitaran ante el mismo organismo-, juzgó que no mediaba controversia en cuanto a: a) que el 28 de agosto de 2013 el actor sufrió un accidente de trabajo por el que, con fecha 22 de octubre de 2014, la Comisión Médica n° 14 de Junín dictaminó un 15% de incapacidad, a raíz de la cual la aseguradora abonó al trabajador la suma de $77.049,74; y b) que como consecuencia del recurso ante la justicia, el 17 de diciembre de 2018 el órgano de grado competente determinó una minusvalía del 21% de la total obrera (v. sent., págs. 1/3).
Sentado ello, tras rechazar las excepciones de cosa juzgada y prescripción, el órgano de grado, en virtud del estado del proceso y los elementos de la causa, desestimó -por mayoría- el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557, solicitado por la parte actora.
A ese efecto, expresó que en el caso existía una clara orfandad probatoria, destacando que solo se habían agregado tres recibos correspondientes a los meses de agosto de 2013, y octubre y noviembre de 2014 (v. sent., pág. 23).
Luego, con sustento en lo resuelto por esta Corte en los autos L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), expuso que la ley 26.773 y la normativa dictada en su marco de actuación, eran aplicables para aquellas contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera con posterioridad a la fecha de la respectiva entrada en vigencia. De este modo, ante la ausencia de prueba de los salarios -y su integración- percibidos por el legitimado activo al momento del evento dañoso, debía tomarse el piso mínimo referido por la norma citada (v. sent., págs. 23/24).
En cuanto a la aplicación del concepto deuda de valor, manifestó que no requería la ponderación de principios sino el debate entre alternativas interpretativas razonablemente posibles y compatibles con los enunciados constitucionales y legales, al estar ante la presencia de una tarifa legal que impide por sí sola, y en el caso, la derrota de la norma jurídica válida y vigente (v. sent., pág. 24).
Asimismo, juzgó que el precedente de esta Suprema Corte L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021) tampoco resultaba útil a esos efectos, toda vez que, dicha causa no guardaba analogía con el caso de autos. En tal sentido, advirtió que el actor había solicitado la declaración como de puro derecho y -en consecuencia- el pase de autos para sentencia, añadiendo que en el sub lite no existían constancias instrumentales ni documentales que le permitieran cotejar los salarios del modo que lo había realizado el voto mayoritario en dicha causa.
De este modo, sostuvo que debía rechazarse la pretensión actoral por no haber cumplido las reglas del onus probandi , las que -dijo- contienen una pauta de conducta para el juzgador e implica la autorresponsabilidad de las partes por su comportamiento en el proceso (v. sent., pág. 26).
En tal sentido, destacó que, distinta hubiera sido la solución si, a diferencia de lo ocurrido en el presente caso, de las constancias obrantes en el expediente se hubiera podido analizar los módulos salariales y la eventual confiscatoriedad en la indemnización por las secuelas del accidente laboral, permitiendo así acreditar los perjuicios sin incurrir en dogmatismos (v. sent., últ. pág. cit.).
Con arreglo a ello, rechazó el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 y, teniendo en cuenta la resolución 34/13 de la Secretaría de Seguridad Social del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social -vigente al momento del evento dañoso-, resolvió que la indemnización por la incapacidad determinada en autos no podía ser inferior a la suma que resulte de multiplicar $416.943 por el porcentaje de incapacidad, arribando a la suma de $87.558,03, importe al que luego complementó con la indemnización adicional prevista por el art. 3 de la ley 26.773 de $17.511,60, totalizando un capital de $105.069,63 (v. sent., pág. 27).
A ese resultado, le adicionó intereses desde el evento dañoso (28-VIII-2013) hasta la fecha del primer pago parcial (fijada en el 2-XI-2014), sobre cuyo monto total le dedujo el importe de $77.049,74 ya percibido por el trabajador. Luego, al remanente ($54.574,71) dispuso adicionar intereses a la tasa pasiva más alta del Banco de la Provincia de Buenos Aires, desde la última fecha señalada y hasta el efectivo pago (v. sent., págs. 27/28).
II. La parte actora interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 19 y 28 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. presentación electrónica de fecha 22-XII-2021).
En esencia, cuestiona que el tribunal haya rechazado el planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 en cuanto computa como módulo para cuantificar las prestaciones dinerarias el promedio de los salarios devengados en el año anterior a la primera manifestación invalidante.
II.1. Aduce que la decisión de grado vulneró la doctrina legal de esta Corte sentada en las causas L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021) y L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), vigente al momento de dictar sentencia, en donde -señala- se receptó la invalidez constitucional de dicha norma.
Agrega que el a quo , sin fundamentación alguna, y con la sola afirmación de que la sentencia "Amaya" no guarda analogía con el presente caso, incurrió en su violación, lo cual -asevera- hace procedente el remedio extraordinario.
Afirma que la decisión del tribunal de grado le genera un perjuicio económico, violenta el principio de razonabilidad de las leyes y el deber de reparar el daño.
Alega que su parte planteó como pretensión principal la necesidad de mensurar su crédito indemnizatorio conforme el piso mínimo establecido por la ley 26.773, vigente tanto al momento de la determinación de la incapacidad por parte de la comisión médica (22-X-2014) como por el tribunal de grado en su sentencia del 17 de diciembre de 2018.
Por otro lado, sostiene que, si bien su parte no acompañó los últimos doce recibos de haberes anteriores al accidente, ello fue a causa de que, tomando como base el salario, de ninguna manera se superaba el piso mínimo requerido.
Insiste en resaltar que, transcurrido un largo tiempo para obtener la determinación de incapacidad, tomar el piso indemnizatorio del momento del accidente genera un grave perjuicio al trabajador, por cuanto al calcular sumas a valores históricos, se fomenta a que las aseguradoras dilaten en el tiempo el momento del alta médica y la fijación de la minusvalía.
II.2. Asimismo, señala que la sentencia de grado quebranta la doctrina legal que emerge de la causa L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020), en la cual aplicó la teoría del realismo económico y el justiprecio, mencionando la ley 24.283 y el art. 772 del Código Civil y Comercial para reafirmar que allí las deudas de valor se encuentran previstas en forma expresa para los créditos como el debatido en autos.
Explica que, si la deuda consiste en un cierto valor, el monto resultante debe referirse al valor real al momento del pago para indemnizar al trabajador por infortunios laborales.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. De modo preliminar, cabe señalar que el valor del litigio -representado por las sumas que arrojan los conceptos que son materia de específico agravio en el recurso bajo análisis (v. liquidación contenida a fs. 27 vta.)- no supera el monto mínimo previsto por el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (texto según ley 14.141), por lo que la impugnación ensayada debe ser analizada en el marco definido en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653.
Siendo ello así, la función revisora de esta Corte debe limitarse a verificar si lo resuelto en autos contradice la doctrina legal, destacándose que la violación de esta última se configura cuando este Tribunal ha establecido la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo impugnado la transgrede, precisamente, en un caso similar (causas L. 123.817, "Juncos", sent. de 28-IV-2021; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 127.103, "Borba", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.1.b. Empero, no puede soslayarse que el cuestionamiento traído, por medio del cual se objeta el rechazo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -en su versión anterior a la reforma de la ley 27.348- involucra el análisis de una cuestión federal que, con prescindencia del valor del litigio, amerita la apertura de la instancia extraordinaria.
En tal sentido, tiene dicho este Tribunal que aun cuando el valor de lo cuestionado no supere el límite establecido en los arts. 278 del Código Procesal Civil y Comercial y 55 de la ley 11.653, corresponde ingresar en el tratamiento de los agravios contenidos en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que se vinculan con cuestiones federales, toda vez que -según lo ha resuelto la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN Fallos: 308:490 in re "Strada" y 311:2.478 in re "Di Mascio")- es necesario que la Suprema Corte, en tanto órgano máximo de la judicatura local, ingrese al conocimiento de los cuestionamientos relacionados con puntos regidos por la Constitución, las leyes federales y los tratados internacionales (causa L. 91.737, "Kaufmann", sent. de 21-IX-2011).
III.1.c. Por consiguiente, dicho cuestionamiento habrá de ser abordado con prescindencia de las limitaciones establecidas en las leyes procesales locales.
III.2.a. En estas condiciones, advierto que los argumentos expuestos en el recurso no conmueven las motivaciones del órgano judicial de grado para desestimar el cuestionamiento constitucional referido.
III.2.b. Las razones brindadas para arribar a la conclusión sentada sobre la insuficiencia del planteo de invalidez constitucional del art. 12 de la ley 24.557 estriban, en lo sustancial, en la falta de elementos de juicios que pudieran sostener la pretensión actoral. La conclusión ahora en crisis encierra una valoración de las constancias de la causa que incumbe forma privativa a los jueces de origen, únicamente revisable por esta Corte ante la denuncia y consecuente demostración del vicio de absurdo. Dicha carga no ha sido satisfecha por el interesado.
III.3.a. Los demás motivos señalados por el a quo tampoco son rebatidos por el recurrente mediante afirmaciones de corte genérico (v.gr., la hipotética inobservancia de derechos constitucionales), carentes de fundamentos concluyentes que brinden sostén a sus alegaciones.
Es doctrina inveterada que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que no rebate las reales motivaciones del fallo (causas L. 122.015, "Rossi"; L. 121.689, "Olivares" y L. 121.234, "Iparraguirre", sents. de 21-X-2020).
Por su parte carece de entidad a los fines de la revisión del pronunciamiento por la vía extraordinaria actuada la denuncia de una supuesta falta de fundamentación legal del fallo (causas L. 80.398, "Ramírez", sent. de 31-III-2004 y L. 115.702, "Reyes", sent. de 15-VII-2015), como sugiere el agraviado.
III.3.b. Es sabido que la declaración de inconstitucionalidad de una ley o un decreto constituye una de las funciones más delicadas susceptibles de encomendarse a un tribunal de justicia, configurando un acto de suma gravedad que debe ser considerado como el último recurso del orden jurídico (causas L. 62.704, "Caamaño de Trincado", sent. de 29-IX-1998; L. 74.805, "Menéndez", sent. de 21-III-2001; Ac. 87.787, "C., S.", sent. de 15-III-2006 y L. 117.462, "Dell Acqua", sent. de 20-VIII-2014; CSJN Fallos: 260:153; 286:76; 288:325; 300:241 y 1087; 301:1062; 302:457 y 1149; 303:1708; 324:920 y 335:2333; e.o.), de allí que la alegación de un supuesto de aquella índole requiere por parte de quien lo invoca de una crítica clara, concreta y fundada de las normas constitucionales que reputa afectadas; en fin, en estos casos, para arribar a una conclusión tan relevante como la que conduce a invalidar un precepto contrario a la Constitución, la carga impugnativa y probatoria debe exacerbarse (causas L. 124.171, "Gutiérrez", sent. de 21-X-2022; L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022 y L. 124.142, "Bermudez", sent. de 6-II-2023).
III.4. Luego, el embate que se asienta puntualmente en la denuncia de un supuesto apartamiento por parte del tribunal de origen de la doctrina legal emergente de la causa L. 120.648, "Amaya" (sent. de 31-VIII-2021), no resulta idóneo para controvertir lo resuelto.
En efecto, la impugnación es improcedente, pues parte de una errada lectura del mentado fallo. En rigor -tal como lo advirtió el propio órgano de grado-, lo allí juzgado no refiere a situaciones similares, atento haber mediado presupuestos diferentes a los propios del caso bajo juzgamiento (causas L. 120.736, "Gorosito", sent. de 27-VII-2020; L. 124.183, "Britos", sent. de 9-XII-2020; L. 123.734, "Peralta", sent. de 18-V-2021; e.o.).
III.5. En cuanto a la cita de los autos L. 119.987, "Espínola" (sent. de 4-VII-2018), cabe señalar que no es exacto el argumento dado en orden a que la sentencia atacada contradice lo resuelto por esta Suprema Corte al fallar en el mencionado precedente.
En dicha causa la decisión del tribunal de grado fue confirmada en esta Sede en virtud de la insuficiente fundamentación del recurso extraordinario interpuesto. Este extremo indica que no hubo, por parte de este Superior Tribunal, pronunciamiento alguno sobre la cuestión de fondo en el sentido pretendido por el aquí impugnante.
III.6. Tampoco resulta eficaz la cita de la causa L. 119.914, "A., D. A." (sent. de 22-VI-2020), en tanto fue elaborada sobre la base de presupuestos disímiles a los que se ventilan en la presente litis, revelando nuevamente la ineficacia de la técnica recursiva (causas L. 120.187, "Tonil", sent. de 22-VIII-2018; L. 121.786, "Ortellado", sent. de 4-VIII-2020 y L. 124.845, "Iakich", sent. de 30-VIII-2021).
En este sentido, no es un dato menor -y de esta distinción nada se razona en la impugnación- que en el precedente referido la requerida aplicación de las pautas propias de las deudas de valor recayó sobre montos concernientes a resarcimientos por daños y perjuicios fundados en el derecho civil; mientras que en la especie nos hallamos ante una prestación dineraria consagrada en la ley 24.557, cuantificada según las pautas concebidas en dicha norma laboral.
III.7. En fin, son aplicables las directrices de esta Corte que tachan de estéril al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento de grado (causas L. 118.179, "Fautario", sent. de 30-III-2016; L. 120.374, "Brufau", sent. de 29-VIII-2018; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; e.o.).
Entonces, la insuficiencia en la fundamentación del medio de impugnación traído sella su suerte adversa, no quedando margen para que esta Suprema Corte pueda ingresar en el análisis vinculado con el acierto sustancial de lo decidido por el órgano inferior en grado.
IV. Por lo expuesto, considero que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído debe ser rechazado, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
Adhiero a lo expuesto por el doctor Genoud, bajo las consideraciones complementarias que seguidamente habré de exponer.
En lo concerniente al cuestionamiento estructurado en torno al rechazo del planteo de inconstitucionalidad formulado respecto del art. 12 de la ley 24.557 (texto anterior a la reforma de la ley 27.348), concretamente en lo que refiere al período a tomar en cuenta para definir el ingreso base mensual, entiendo que, aún en la mejor hipótesis para el recurrente, no es posible advertir de los elementos obrantes en autos la concurrencia de las condiciones que hube de aplicar en la causa L. 120.521, "Monchiero" (sent. de 30-VIII-2021; así como también, y entre otras, en la causa L. 120.648, "Amaya", sent. de 31-VIII-2021, citada por el interesado) para declarar la invalidez constitucional del citado precepto en lo referido al período a tomar en cuenta para calcular el ingreso base (causas L. 118.997, "Da Rocha Figueiredo" y L. 120.992, "Machado", sents. de 30-VIII-2021).
En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Así lo voto.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El recurso no prospera.
I.1. Como lo expresa mi distinguido colega doctor Genoud en su sufragio, el valor de lo cuestionado no supera el monto mínimo previsto en el art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial.
Siendo ello así, la función revisora de este Tribunal debe circunscribirse a verificar si concurre en la especie la particular hipótesis receptada en el art. 55 primer párrafo in fine de la ley 11.653, que se configura cuando esta Suprema Corte ha establecido una doctrina mediante la interpretación de las normas que rigen la relación sustancial debatida en una determinada controversia y el fallo apelado la transgrede en un caso similar (causas L. 113.822, "García", sent. de 8-V-2013; L. 116.431, "Velázquez", sent. de 30-IX-2014 y L. 116.345, "López", sent. de 13-V-2015).
No obsta a lo señalado, que en el recurso se cuestione el rechazo resuelto por el a quo del planteo de inconstitucionalidad del art. 12 de la Ley de Riesgos del Trabajo, en tanto ello no ha sido esgrimido por el recurrente con aptitud para evidenciar la presencia de un motivo que -fuera de la excepción prevista en la norma procesal laboral- permita dejar de lado el recaudo de admisibilidad fundado en el valor del agravio.
I.2. Sentado lo anterior, y en el acotado margen de revisión al que se hizo referencia en el primer punto del presente, cabe desestimar los cuestionamientos traídos por el quejoso en tanto las doctrinas que se denuncian transgredidas en el medio de impugnación han sido elaboradas bajo plataformas fácticas y jurídicas distintas a las del presente caso, cuando en ciertos pasajes la lectura que propone el recurrente de los precedentes que cita no se ajusta a lo resuelto en dichas ocasiones por este Tribunal.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.