Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 73988
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 73.988, "Cumeco S.A. Agropecuaria contra Provincia de Buenos Aires sobre Expropiación Inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata hizo lugar al recurso de apelación de Fiscalía de Estado y revocó -por mayoría- la sentencia de primera instancia que había admitido la acción expropiatoria inversa y reconocido la desvalorización del remanente, con más intereses y costas (v. fs. 628/637).
Se interpuso, por la empresa actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 641/659), concediéndose el mismo a fs. 672.
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I.1. La empresa Cumeco S.A. - mediante apoderado y con patrocinio letrado-, promovió juicio de expropiación inversa contra la Provincia de Buenos Aires, en razón de la supuesta afectación de las fracciones del inmueble de su propiedad, individualizadas catastralmente como Circunscripción VIII, Parcela 675 cn partida 011.905, par 675 cg partida 011.904, par 675 bm partida 011.899, par 675 cf partida 011.903, partida 675 bh partida 008.796 y par 675 bg partida 011.896, todas correspondientes al Partido 044, como consecuencia de la realización de las obras "Canalización de la Cañada Las Horquetas".
Reclamó el valor de la tierra afectada por las obras públicas, así como la indemnización de los daños, refiriendo que algunas parcelas están afectadas como reservorio, sufriendo una importante merma en su valor y que todas ellas experimentan la desvalorización derivada de la división del predio -únicamente comunicable por los puentes construidos- y dificultades productivas consecuencia de la expropiación.
Corrido el traslado de ley, contestó demanda la Fiscalía de Estado sosteniendo la improcedencia de la acción, toda vez que las obras realizadas consistieron en el mejoramiento de un cauce natural, que se ejecutaron siguiendo la traza sin alterar las condiciones agrícola-ganaderas preexistentes sino ofreciendo una notoria ventaja, al ocupar una superficie mucho menor que la que se encontraba cubierta por el agua.
Se abrió el juicio a prueba, se celebró la audiencia del art. 32 de la ley 5.708 (v. fs. 536/568) y se dictó sentencia haciendo lugar a la acción y fijándose las indemnizaciones correspondientes a la tierra afectada por la expropiación y a las desvalorizaciones de los remanentes, condenando a la Provincia de Buenos Aires a abonar a la actora las sumas de $5.320.800 en concepto de valor tierra y de $935.783,30 en carácter de indemnización del uno por ciento (1%) del valor total del establecimiento, con más los intereses a computarse desde agosto de 2004 a la tasa pasiva del Banco de la Provincia de Buenos Aires, con costas del proceso a la demandada (v. fs. 539/553). La sentencia, sin embargo, desestimó los rubros de desvalorización de la tierra destinada a reservorios y restantes obras complementarias peticionadas por la actora.
Este pronunciamiento fue apelado por la actora y por la Fiscalía de Estado (v. fs. 620/626 y 594/619).
I.2. La Cámara -por mayoría- revocó la sentencia de primera instancia, haciendo lugar al recurso de apelación de la Fiscalía de Estado y rechazando la acción de expropiación inversa promovida, con costas de ambas instancias a la parte actora (v. fs. 628/637).
En primer término destacó la similitud del caso con un precedente del propio Tribunal de Alzada (causa n° 15.834, "Marsico") donde, si bien se trató de un accidente geográfico ubicado en un lugar distinto, el conflicto versaba sobre la misma plataforma de discusión, vinculada con la existencia o inexistencia previa de curso natural de agua perteneciente al dominio público, como así también de actos de turbación o restricción de los derechos del propietario en los términos del art. 41 de la ley 5.708, siendo la pretensión encauzada por la demandante -como en el caso de autos- en los términos de la declaración genérica del art. 3 de la ley 5.708.
En tal contexto, los sentenciantes advirtieron la contradicción en la que incurriera el juez de primera instancia pues, pese a reconocer la existencia del accidente natural y su ubicación en una cañada del terreno de propiedad de la actora, luego derivó en la afectación de las obras de canalización sobre el dominio particular.
A esos fines tuvo en cuenta que de los informes de los peritos (particularmente el del Ingeniero Hidráulico Nicolás Graziano, de fs. 334/412) surgía -siguiendo las curvas de nivel marcadas por el IGM a la conexión entre las lagunas La Salada y Mar Chiquita- la existencia previa de un curso natural llamado Cañada de Las Horquetas que escurre hacia la Laguna Mar Chiquita, con lo que la obra de canalización no podía suscitar dudas acerca de que había sido realizada sobre el dominio público y de que esta había importado una mejora en su escurrimiento natural, en términos de cantidad y flujo de agua, sin que ello pudiera alterar las condiciones de explotación del predio.
Advirtió además que, por el contrario, el otro dictamen pericial de ingeniero hidráulico (realizado a fs. 185/257) no resultaba convincente para connotar la ausencia de todo carácter de "cauce natural" para ella, pues no alcanzaba a explicar el comportamiento de la depresión existente en su relación con el escurrimiento de aguas hacia la Laguna "Mar Chiquita".
Agregó que el accidente geográfico descripto, que atraviesa el fundo de la actora, había quedado por tal razón comprendido dentro del Plan Maestro Integral de la Cuenca Río Salado, circunstancia esta de la que da cuenta el citado informe pericial y que resulta -en su criterio- de vital importancia en la misión de valorar los alcances de una topografía que, de otro modo, no explicaría su inclusión dentro del plan integral de saneamiento del que forma parte y tiene previsto para la "Cañada de Las Horquetas" como segmento integrante de la misma cuenca (v. fs. 634 vta.).
A su vez, argumentó que, de lo dicho, se desprendía que no hubo entonces afectación de la propiedad privada en los términos del art. 41 inc. "c" de la ley 5.708, circunstancia que resultaba central en la definición de la controversia jurídica bajo examen. Ello, por cuanto resultaba claramente probado que el fundo se encontraba dividido naturalmente por un espacio de dominio público que se muestra como único afectado por la obra de canalización, sin que hubieran actos de turbación que superaran la línea de ribera y que se ubicaran en el dominio del actor.
No encontró el Tribunal de Alzada que la desposesión sobre la que se erigía la condena expropiatoria tuviera un fundamento eficaz que la explique, pues cuanto informa la prueba valorada da cuenta de una línea lógica de presencia de la traza existente, de su origen natural y de una obra desarrollada sobre ella, que no habría sido ejecutada sino sobre la superficie de dominio público (v. fs. 635 vta.).
Por ello decidió revocar la sentencia apelada y rechazar la demanda instaurada, considerando innecesario dar tratamiento a los restantes agravios planteados tanto por la parte actora como por la demandada en sus respectivos recursos de apelación.
II. Se agravia la parte actora denunciando la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte respecto de lo dispuesto por el art. 2.340, inc. 3 y concordantes del Código Civil; así como la existencia del vicio de absurdo por error en la apreciación de la prueba documental y pericial (arts. 375, 384, 472 y 474, CPCC); y violación de los arts. 3, 8, 12, 30, 31, 33, 37 y 41 de la ley 5.708 y 16, 17 y 18 de la Constitución nacional por afectar el derecho de propiedad, de defensa y del debido proceso legal (v. fs. 641/659).
II.1. Violación de la doctrina legal de la causa C. 116.743, "Mendizábal", sentencia de 27-XI-2013:
En tal sentido, entiende la recurrente que la Cámara se ha apartado de lo resuelto por este Tribunal en la citada causa, en la que se habría dispuesto que "la Cañada de Las Horquetas no constituía un cauce natural de agua en los términos del art. 2340 del Código Civil" y, que, por tanto, resultaba procedente la acción de expropiación inversa de los propietarios desposeídos por el Estado provincial para la construcción de la obra pública de Canalización de Cañada Las Horquetas (v. fs. 644).
Considera absurda y contradictoria la conclusión a la que arribó la Cámara sobre la existencia de un curso de agua anterior ya que los fundamentos desarrollados en el citado precedente, "referido a un bien vecino afectado por la misma obra pública" resultan contrarios al adoptado por la instancia anterior, sin que se den fundamentos de por qué no se acataba tal pronunciamiento.
II.2. Absurdo en la valoración probatoria:
Señala que, para sostener el carácter público del curso de agua existente antes de la realización de las obras hidráulicas, se ha malinterpretado el dictamen pericial de los ingenieros hidráulicos, únicos especialistas autorizados para dictaminar sobre temas hídricos, basándose únicamente en la realizada por el ingeniero Nicolás Graziano, cuando los peritos Rodríguez de Rosa, Mozeris y Villamarín han coincidido en que en las parcelas objeto de autos no se verificaba la preexistencia de un cauce natural.
II.3. Cita de un precedente inatingente: causa "Mársico" (CCALP n° 15.834), que atiende a hechos diametralmente opuestos:
Sostiene que la Cámara parte de un notorio déficit en la valoración de la prueba, lo que la lleva a aplicar al caso de autos un precedente de ese mismo tribunal que considera similar, cuando, en realidad, se trata de uno completamente opuesto, atento a versar sobre tierras aledañas al Arroyo Saladillo, en otra ubicación.
La manifiesta diferencia fáctica y jurídica de ambos casos demuestra -arguye- que la solución dada es descalificable como acto judicial válido.
II.4. Existencia de pruebas arbitrariamente ignoradas por la Cámara actuante:
A saber, prueba documental (según el informe brindado por el Director provincial de Hidráulica en el folio 32, no existía con anterioridad a la obra un cauce de agua natural, sino solo "bajos" en algunas parcelas); memoria descriptiva de la obra: realizada por la Subsecretaría de Recursos Hídricos de la Nación en el folio 28, y en la cual se dice que la Cañada consiste en un "cause sin definir" (ídem el informe de la Dirección de Hidráulica de la Provincia de Buenos Aires al explicitar la presencia de "bajos"); Acta de ingreso: que explicita que actualmente el establecimiento funciona como una unidad, de ello deriva que el fundo no se encontraba dividido naturalmente como dice la sentencia; la admisión por parte del Fisco de la propiedad privada sobre la Cañada Las Horquetas en una causa análoga (tal el caso "Cossio, Paula". Expte. n° 3.563 de trámite por ante el Juzgado en lo Contencioso Administrativo n° 3).
Invoca también el informe pericial del ingeniero Rodríguez de Rosa advirtiendo que allí se concluye que la cañada no formaba un cauce, sino una "zona de terrenos bajos", sin perjuicio de lo cual fue desestimada sin argumentos válidos (cita en aval de su postura precedentes SCBA en relación al apartamiento arbitrario de las conclusiones periciales). Por su parte se agravia de la falta de consideración del dictamen del perito ingeniero agrónomo Mozeris, quien aportó una fotografía aérea anterior y explicó que el predio antes era vadeable por ganado mayor y maquinaria y que luego de la obra quedó dividido, con la única comunicación de los puentes construidos; destaca también el informe del perito porpuesto por la Fiscalía, ingeniero Villamarín, en el que se observa el sector como "un bañado" (no un "canal natural" como dice la sentencia).
Por último, sostiene también que se prescindió arbitrariamente de la prueba testimonial rendida por cinco testigos que indicaban la inexistencia de un cauce natural anterior a la realización de la canalización de la Cañada.
II.5. Déficit de fundamentación y absurda valoración del dictamen del perito de la parte demandada:
Acusa la recurrente que la sentencia se funda únicamente en una interpretación absurda de la pericia del ingeniero Graziano, que -según manifiesta- fue el único experto que no realizó la inspección material del bien objeto del juicio, lo cual lo habría llevado a "conclusiones groseramente erróneas" como que la división de las parcelas existía con anterioridad a la realización de la obra o que la ausencia de demarcación de la línea de ribera impide diferenciar la separación entre el dominio público y el privado.
II.6. La inconstitucionalidad de la sentencia:
Asegura que la cañada era una vasta depresión que no constituía un "cauce natural" en el sentido geomorfológico. Con lo resuelto se produciría, pues, una confiscación de 156 has. de propiedad privada, al determinar que las mismas integrarían el dominio público (arts. 17 y 18, Const. nac.), violando además la garantía de igualdad (art. 16, Const. nac.) respecto de otros propietarios como los del caso de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires "Mendizábal", en que sí habrían prosperado las acciones expropiatorias.
III. Anticipo que el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto no puede tener acogida, dado que no alcanza los estándares de suficiencia técnica exigidos ante esta instancia de excepción (art. 279 CPCC).
III.1. En primer lugar, se alega la violación de la doctrina legal de esta Suprema Corte, en particular la del precedente C. 116.743: "Mendizábal", sentencia de 27-XI-2013.
Cierto es que en aquel caso este cuerpo rechazó el recurso extraordinario presentado por la Fiscalía de Estado respecto de una acción por expropiación inversa en la misma "Cañada de Las Horquetas", es decir, la misma zona geográfica (en sentido amplio) que involucra a las partes de la presente causa; mas ello no implica, en modo alguno, que este Tribunal haya sentado como doctrina que en la cañada de "Las Horquetas" existiera o no un curso natural de agua.
El rechazo del recurso que motivara aquel decisorio estuvo fundado en el déficit recursivo de la Fiscalía de Estado, mal podría pues sentar doctrina legal en los términos del art. 279 inc. 1 del ritual.
En aquel pleito la Cámara interviniente, para emitir pronunciamiento, tuvo en cuenta los informes periciales sobre los que se basó el magistrado de primera instancia, sin encontrar motivos para desestimarlos. Esta decisión no fue debidamente refutada por el Fisco, que no logró acreditar el vicio de absurdo. Y fue así que se determinó el rechazo del recurso, sin sentar doctrina legal.
En un sentido estricto, podría afirmarse que, en aquel asunto, la única doctrina que se aplicó fue la doctrina de esta Corte por la cual la revisión de las pruebas en sede extraordinaria es en principio inadmisible y solo puede ingresarse a ella con la demostración de un error manifiesto o absurdo, restricción que por supuesto abarca la ponderación de la fuerza de convicción del dictamen pericial (conf. doctr. causas C. 99.517, sent. de 29-IV-2009; C. 86.387, sent. de 30-IX-2009; C. 109.023, resol. de 18-IV-2011; entre muchas otras). Doctrina que, anticipo, resulta apropiada para el sub lite , conforme se expresará más adelante.
En síntesis, la recurrente se agravia de la resolución por parte de la Cámara de un argumento distinto al que -aduce- es el criterio de esta Corte, cuando en rigor de verdad la decisión de este Tribunal se fundó en la ausencia de una adecuada técnica recursiva consistente en demostrar el absurdo, la violación de la ley o de la doctrina legal en el pronunciamiento que se ataca (art. 279, CPCC; cfr. causa C. 116.743, "Mendizábal", sent. de 27-XI-2013). Al haberse entonces desestimado el recurso, por cuestiones vinculadas a la insuficiencia del planteo, quedó fuera de discusión el carácter de "cauce natural" del curso de agua en las zonas de influencia. O sea, por expresa decisión de este Tribunal, no se habilitó la revisión de los hechos del caso y de sus pruebas ante esta instancia extraordinaria, con lo que mal podría sostenerse como lo hace la actora que la existencia del curso de agua es doctrina de esta Corte.
Corresponde, pues, el rechazo de este agravio.
III.2. Igual destino trunco habrá de tener el agravio referido al absurdo en la valoración de las pruebas. El recurrente aduce que, para sostener el carácter público del curso de agua existente antes de la realización de las obras hidráulicas, se han malinterpretado los dictámenes periciales de los ingenieros con tal expertise , únicos especialistas autorizados para opinar sobre temas hídricos, basándose únicamente en el presentado por el ingeniero Nicolás Graziano, cuando los peritos Rodríguez de Rosa, Mozeris y Villamarín han coincidido en que en las parcelas objeto de autos no se verificaba la preexistencia de un cauce natural.
Tal afirmación no es correcta, sino que contrariamente a ello, la Cámara para emitir pronunciamiento tuvo en cuenta la totalidad de los informes periciales producidos, incluido -claro está- el realizado por el ingeniero hidráulico Rodriguez de Rosa, situación que descarta la configuración del absurdo del modo en que fue planteado por la actora recurrente. Todos los expertos, con distintos matices, tuvieron en consideración la preexistencia de un curso de agua en donde luego se realizó la obra pública. La decisión del tribunal, de entre las razonablemente posibles, no luce desacertada o errada, y mucho menos portante del vicio de absurdidad.
Al respecto, cabe recordar aquí que esta Corte tiene dicho que la revisión de las pruebas en sede extraordinaria es -en principio- inadmisible, y solo puede ingresarse a ella con la demostración de un error manifiesto o absurdo, restricción que abarca la ponderación de la fuerza de convicción del dictamen pericial (conf. doctr. causas C. 99.517, sent. de 29-IV-2009; C. 86.387, sent. de 30-IX-2009 y C. 109.023, resol. de 18-IV-2011).
Esto no sucede en la especie, donde como lo dije antes, la recurrente critica -con su propia e interesada valoración sobre la plataforma fáctica- la decisión razonada del tribunal actuante, en prácticamente toda su extensión (prueba pericial hidráulica, documental y testimonial) pero sin demostrar la existencia de ningún punto manifiestamente incorrecto o carente de evaluación racional, sino que afincando su crítica en otra de las diligencias periciales, mas sin evidenciar que la opción tomada por la Cámara sea errada.
Debe tenerse presente que, para este Tribunal, la crítica que se limita a expresar la particular interpretación de la recurrente sobre el material fáctico-probatorio de la causa, discurriendo por rumbos paralelos a los del sentenciante y extrayendo sus propias conclusiones, desentendiéndose así de la réplica frontal de las motivaciones esenciales expuestas, resulta insuficiente para habilitar la revisión de los hechos y pruebas ante esta sede extraordinaria (conf. doctr. causas C. 102.986, sent. de 3-III-2010; C. 106.343, sent. de 13-VII-2011; C. 108.632, sent. de 2-XI-2011 y A. 72.806, "Santiano", sent. de 26-XII-2018).
En igual sentido, ha dicho esta Corte que la valoración de los hechos y de la prueba en general, como la de los escritos postulatorios, son típicas cuestiones de hecho, propias de las instancias ordinarias y no revisables en sede extraordinaria, salvo en el supuesto de absurdo (conf. Ac. 60.398, sent. de 27-XII-2000; Ac. 78.281, sent. de 11-VII-2001; Ac. 65.135, sent. de 19-II-2002; Ac. 83.855, sent. de 29-X-2003; Ac. 8
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.