Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75429
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.429, "Aluar Aluminio Argentina S.A.I.C. c/ Provincia de Buenos Aires. Pretensión anulatoria. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Genoud .
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata admitió la demanda promovida por Aluar Aluminio Argentina S.A.I.C. y en consecuencia revocó la resolución 7.727/10 de la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y la sentencia dictada por el Tribunal Fiscal de Apelación de 2-VII-2015 (v. fs. 529/534).
Disconforme con ese pronunciamiento la demandada interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 537/551) el que fue concedido (v. fs. 553/554).
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 556) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a la demanda interpuesta por la parte actora a fs. 374/414 y en consecuencia declaró nula la resolución del Tribunal Fiscal de Apelación que había confirmado la anterior determinativa y sancionatoria 7.727/10, dictada por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires, mediante la cual se determinaron diferencias a favor del Fisco por el impuesto a los ingresos brutos (períodos 6/2004 a 10/2005), en la suma de tres millones quinientos diecisiete mil quinientos treinta y nueve pesos con diez centavos ($3.517.539,10).
Asimismo ordenó la repetición de lo ingresado en concepto de pago previo, a determinarse en la etapa de ejecución de sentencia, con intereses, e impuso las costas a la demandada.
Para así decidir:
Expuso en el relato de antecedentes que la sociedad actora tiene por objeto la producción de aluminio primario y aleaciones, en una planta ubicada en la ciudad de Puerto Madryn, Provincia de Chubut. Menciona que a partir del 1 de enero de 1997 la empresa demandante absorbió a la sociedad "C y K Aluminio Sociedad Anónima", quien por entonces contaba con dos plantas de laminación y extrusión de aluminio, una de las cuales se encontraba ubicada en la localidad de Abasto, Provincia de Buenos Aires.
Afirmó que conforme surge de lo manifestado por la actora la sociedad absorbida era beneficiaria de la exención del impuesto a los ingresos brutos, con arreglo a lo dispuesto por el art. 39 de la ley 11.490. Describió que por resolución 2.805/97, se declaró a la actora alcanzada por el mismo beneficio impositivo (anexo 7, escrito de demanda).
Hizo referencia a que por la disposición normativa 17/07 (anexo 8, escrito de demanda) la actora advirtió un cambio de criterio por parte de Rentas, a través del cual se limitaría la exención solo a los ingresos provenientes de productos fabricados en el establecimiento industrial ubicado en la Provincia de Buenos Aires, con el límite de los atribuidos a ésta, correspondientes a la actividad beneficiada, por aplicación del convenio multilateral (art. 1, resol. cit.).
De este modo consideró que la actora, alegando los beneficios de las leyes 11.490 (art. 39 inc. "b") y 11.518 (art. 2 inc. "b") para la totalidad de los ingresos provenientes de la actividad exenta, cualquiera fuere la jurisdicción de origen, procuraba determinar la validez de: a) la resolución determinativa 7.727 (23-XII-2010) dictada por la autoridad tributaria, y que fuera confirmada por la sentencia del Tribunal Fiscal de Apelación de 2-VII-2015; y b) la determinación de oficio efectuada por la Administración a la empresa actora, por diferencias del impuesto a los ingresos brutos en los períodos junio 2004 a octubre 2005.
Con ese marco, puntualizó que no había dudas sobre la existencia de la resolución 2.805/97, sino solo sobre su extensión, en los términos de la disposición 17/07. Y que las diferencias determinadas por la Administración tributaria fueron establecidas en base al cómputo de la totalidad de los ingresos de la actora, restando únicamente los generados en el establecimiento local.
Bajo esa perspectiva, afirmó que el caso se centraba en establecer si a la firma actora le correspondía tributar el impuesto sobre los ingresos brutos atribuidos a la Provincia de Buenos Aires y generados en establecimientos ubicados fuera de ella o si, en cambio, también a éstos les alcanzaba la exención de la que gozaba.
Aseveró que existía un tratamiento fiscal diferenciado respecto de los bienes originados en la Provincia en relación con los que ingresan a ella de otras jurisdicciones, pues limitaba la exención de la actividad sólo a los primeros.
De este modo destacó que resultaba irrazonable generar una mayor carga tributaria para la actora en relación con empresas radicadas en su territorio, sin mayores argumentos que el del lugar de origen del producto que genera el ingreso, violando de esta forma la garantía constitucional de la igualdad como base del impuesto y de las cargas públicas (art. 16, Const. nac.).
Consideró que ese criterio resultaba insuficiente para identificar una plataforma de regulación tributaria diferencial, tal como surgía de la doctrina elaborada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación ("Bolsa de Cereales de Buenos Aires", Fallos: 337:1464).
Asimismo, entendió que siguiendo un pronunciamiento de la Corte nacional que, entre otros fundamentos, ratificaba esa doctrina ("Bayer S.A. c/. Santa Fe Provincia" s/ acción declarativa de certeza CSJ 505/2012 (48-B) CS1, sent. de 31-X-2017), existía exceso de la conducta administrativa en una materia que, ligada al comercio entre las provincias solo puede ser regulado por el Congreso nacional (art. 75 inc. 13, Const. nac.) "...en tanto desde esa óptica la cuestión a resolver, respecto del tratamiento impositivo diverso del producto según que su origen sea local o proceda de otra provincia, afecta potestades del gobierno federal, en orden a su comercialización".
Con esos fundamentos aseveró que el caso evidenciaba una interpretación que se mostraba discriminatoria y lesionaba el principio de igualdad (art. 16, Const. nac.). Además de alterar el comercio interprovincial (arts. 75 inc. 13 y 126, Const. nac.) y consagrar una aduana interior vedada por la Constitución nacional (arts. 9 a 12).
Concluyó que lo resuelto, tanto por ARBA, en su resolución determinativa 7.727/10, como por el Tribunal Fiscal (sent. de 2-VII-2015), resultaba incompatible con las normas constitucionales mencionadas y se mostraba en contradicción con las leyes aplicadas (11.490 y 11.518).
Como consecuencia de ello, manifestó que los actos administrativos atacados eran nulos debiendo regirse la situación impositiva de la actora por el conjunto de reglas y principios expuestos, lo cual implica a su vez, que habiendo ingresado como pago previo los montos señalados, correspondía ordenar su repetición de conformidad con lo dispuesto por los arts. 119, 131 y concordantes del Código Fiscal.
II. Contra la sentencia de Cámara, se alza el apoderado de la Fiscalía de Estado mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia la violación de los arts. 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial; 77 del Código Contencioso Administrativo; 39 inc. "b" de la ley 11.490; 2 inc. "b" de la ley 11.518 y 1, 5, 18 y 33 de la Constitución nacional (principio procesal de congruencia, las reglas del debido proceso, principio de división de poderes y el derecho de defensa).
II.1. Primeramente, entiende que el tribunal se extralimitó al ejercer la declaración de inconstitucionalidad de oficio, dado que "la máxima jurisprudencia prevé actualmente un ejercicio condicionado de dicha polémica facultad".
En tal sentido, realiza un breve repaso por la jurisprudencia reciente de nuestra Corte nacional en relación a esta temática -la cual cita- , concluyendo que en la actualidad, si bien se mantuvo el reconocimiento de la potestad oficiosa, se establecieron importantes límites vinculados a la necesidad de que el control se ejerza sobre puntos litigiosos efectivamente planteados por las partes; que estas hayan cumplido un umbral mínimo de cargas argumentales; que no se sustituya la voluntad de una de las partes ni se altere el balance del juicio; y que no se vulnere el principio de congruencia, las reglas del debido proceso y el derecho de defensa (v. fs. 541).
II.2. Afirma que el fallo pasó por alto tales límites que la Corte federal diseñó como "dique de contención" al control oficioso de constitucionalidad, violando el art. 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial, en tanto surge con toda claridad del análisis de los antecedentes de la causa que la actora no mencionó agravio constitucional alguno, ni tampoco cumplió con las cargas argumentales mínimas para alcanzar dicho objetivo. Como consecuencia de ello, aduce, se ha violado asimismo el derecho de defensa de la Provincia y afectado seriamente el balance procesal, al no darle oportunidad a esta última de argumentar y defender su posición respecto de la constitucionalidad de sus decisiones.
II.3. Aduce que también se afectó el principio de división de poderes violando el art. 1 de la Constitución nacional, en tanto el control de constitucionalidad de oficio efectuado por la Cámara alteró la relación de equilibrio tradicional entre lo judicial y lo político.
Dice que la función revisora de los jueces se encuentra limitada al examen de la legalidad de los actos administrativos dictados por la Administración Pública, y que eventualmente, podría llegar a extenderse el control de constitucionalidad de las normas que les brindan sustento jurídico, pero sin adentrarse en cuestiones que son propias de los poderes legislativo o ejecutivo cuando se incumplan determinadas limitaciones establecidas por la Corte federal a partir del año 2006 en el caso "Gomez" (Fallos: 329:5903).
Asevera que tales parámetros estuvieron lejos de ser tenidos en cuenta por el tribunal.
II.4. Denuncia que en el caso, por lo demás, se omitió la aplicación de las leyes 11.490 y 11.518 que, en un contexto histórico determinado, dispusieron progresivamente una serie de exenciones tributarias para ciertas actividades económicas "bajo determinadas condiciones" de aplicación, una de las cuales era, precisamente "que el establecimiento industrial esté ubicado en jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires". Una posterior modificación a dichos textos normativos, continúa, permitió al Poder Ejecutivo establecer idénticas exenciones a las mismas actividades desarrolladas en otras jurisdicciones "de conformidad con las normas del Convenio Multilateral del 18/8/77", circunstancia que impide su extensión a este caso por no verificarse un caso de subsunción en la norma.
Consigna, además que, en este asunto, ha de excluirse la "simple vía de interpretación gramatical de la norma de exención," debiendo tener en cuenta la intención del legislador al momento de sancionar las leyes mencionadas. Recuerda el contexto socio económico que dio origen a ambas normas para reafirmar la correcta interpretación de la controversia planteada que fue omitida por la Cámara.
II.5. Finalmente, a todo evento, objeta que el actuar estatal haya sido contrario a la Constitución nacional en lo que hace a la prohibición del establecimiento de "aduanas interiores", puesto que la Provincia no consideró -afirma- la entrada o salida en sí de los productos que comercializa la parte actora, ni tampoco gravó el ejercicio mismo de la actividad interjurisdiccional que desarrolla, sino que simplemente readecuó la aplicación del coeficiente de distribución de la base imponible del tributo en cuestión, no mediando agravio a la cláusula constitucional del comercio interjurisdiccional.
III. Anticipo que, en atención a su insuficiencia técnica, el recurso merece ser desestimado (conf. doctr. art. 279, CPCC).
III.1. Ha señalado con reiteración este Tribunal que en vía extraordinaria, la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos esenciales del fallo comporta un requisito de ineludible cumplimiento para el impugnante. De allí que la insuficiencia recursiva deja incólume la decisión controvertida, déficit que, entre otros factores, resulta de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que -al margen de su acierto o error- se asienta el fallo del tribunal inferior (conf. causas Ac. 85.920, "Castronuevo", sent. de 24-III-2004; C. 95.133, sent. de 15-IV-2009 y C. 105.218, "Mercuri", sent. de 14-IX-2011).
Por ello el desarrollo expositivo debe ser autosuficiente, esto es, demostrar los errores jurídicos que a juicio del recurrente padece el fallo que impugna (conf. causas Ac. 88.944, sent. de 11-V-2005 y C. 95.133, cit.).
En este caso el quejoso, sin cuestionar de modo idóneo los razonamientos vertidos por el Tribunal de Alzada, controvierte una supuesta declaración de inconstitucionalidad de oficio que -en su opinión- habría efectuado la Cámara; sin embargo, de la simple lectura de la sentencia impugnada fácilmente se puede verificar que ello no ha ocurrido.
En efecto, la Cámara en ningún momento declaró la inconstitucionalidad de norma alguna. Simplemente utilizó una estructura normativa constitucional para fundamentar la declaración de nulidad de los actos administrativos impugnados (resolución determinativa 7.727/10 y sentencia del Tribunal Fiscal de 2-VII-2015), en los términos de los arts. 12 inc. 1 y 19 del Código Contencioso Administrativo (v. fs. 533 del sub lite ).
De allí que todo el cuestionamiento efectuado por el recurrente acerca de los requisitos sustanciales para proceder a tal declaración, la doctrina de la Corte federal al respecto, y aún la de esta misma Suprema Corte, resulta inoficioso para un adecuado tratamiento del recurso bajo análisis.
III.2. En otro orden, carece de andamiaje el agravio referido a la violación del principio de congruencia en los términos del art. 34 inc. 4 del Código Procesal Civil y Comercial.
El impugnante, también como una derivación de la declaración de inconstitucionalidad de oficio que alega efectuó la Cámara, plantea que la actora no mencionó agravio constitucional alguno ni mucho menos cumplió con las cargas mínimas para alcanzar dicho objetivo. Esta denuncia tampoco es de recibo, en la medida en que se observa que la decisión del Tribunal de Alzada se sustentó en los hechos aportados por las partes y en la interpretación de la ley aplicable.
En tal sentido, recuerdo que es doctrina de este Tribunal que interpretar el contenido y alcance de las pretensiones de las partes formuladas en los escritos liminares del proceso constituye una facultad de los jueces de las instancias ordinarias, solo revisable en casación en caso de absurdo, el que no queda configurado aun cuando el criterio del sentenciante pueda ser calificado de objetable, discutible o poco convincente, ya que se requiere algo más: el error grave, grosero y manifiesto que conduzca a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (doctr. causas A. 73.145, "Usuarios y Consumidores Unidos", sent. de 18-X-2017 y A. 75.093, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-V-2021). Vicio lógico que, pese al esfuerzo desplegado en el recurso en tratamiento, no advierto configurado en la especie.
En efecto, de la lectura del escrito inicial se aprecia que la actora planteó desde el inicio el trato desigual que suponía gravar de diferente modo la misma producción según el lugar de producción de los bienes (v. fs. 386 y sigs.).
Lo expuesto deja sin sustento el argumento del recurrente referido a que la firma que promovió la pretensión anulatoria no habría "mencionado agravio constitucional alguno", dado que la Cámara, más allá de su acierto o error, analizó lo expresado oportunamente por esa parte, para concluir en que existió una clara violación al principio de igualdad del art. 16 de la Constitución nacional.
Por otro lado, no obstante la postura favorable que he señalado en reiteradas oportunidades con relación a la declaración oficiosa de inconstitucionalidad, reitero que, como expresé precedentemente, en la especie no existió tal declaración, por lo que el agravio tal como ha sido formulado carece de sustento.
Cabe considerar que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que, bajo la denuncia de infracción al principio de congruencia, el quejoso manifiesta su disconformidad con respecto a la interpretación de los términos de los escritos constitutivos del proceso, sin lograr acreditar la existencia de absurdo (doctr. causas A. 72.745, "Mugarza", sent. de 13-XII-2017 y A. 75.093, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires", sent. de 12-V-2021).
Finalmente, tiene dicho el Tribunal que debe desestimarse la alegada vulneración del principio de congruencia, cuando no se ha desarrollado argumento alguno que permita visualizar el apartamiento del Tribunal del razonable equilibrio dentro de la bilateralidad del contradictorio, mostrándose que la sentencia atente contra la pretensión jurídica que forma el contenido de la controversia (art. 279, CPCC; doctr. causas A. 71.806, "Comolli", sent. de 7-IX-2016; A. 74.659, "Valot", sent. de 16-XII-2020; e.o.).
De la misma manera merecen desestimarse los agravios relacionados con la vulneración de los principios del debido proceso, derecho de defensa y la afectación de la división de poderes, en tanto los mismos también tienen como base el supuesto control de constitucionalidad de oficio, que -insisto- no fue efectuado por el tribunal actuante.
III.3. En lo que respecta a la denunciada omisión de aplicación de las leyes 11.490 y 11.518, cabe referir que -expresamente- a fs. 533 la Cámara manifestó que: "La interpretación sostenida, tanto por la Agencia de Recaudación Bonaerense (ARBA) en su resolución determinativa n° 7727/10, como por el Tribunal Fiscal (sent. 02.07.15), es incompatible con las pautas constitucionales examinadas y se muestra en contradicción con los alcances de las leyes aplicadas (11.490 y 11.518) que, en sus actos de aplicación, deben entenderse en armonía con aquéllas (en igual sentido causa CCALP n° 14.788)".
Es decir, el órgano sentenciante tuvo en vista la aplicación de las leyes mencionadas solo que, en el marco de la estructura normativa de mayor jerarquía que regía la cuestión en términos constitucionales, resolvió que debían interpretarse de manera diferente a la pretendida por el aquí recurrente.
Por otro lado, se observa que agravios idénticos a los planteados en esta instancia extraordinaria fueron expuestos por la Fiscalía a fs. 465/486 y formalmente tratados y rechazados por la Cámara interviniente; en consecuencia, advierto que resulta aplicable la doctrina de esta Corte en cuanto señala que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley basado en la simple reiteración de argumentos esgrimidos -y descalificados- en la instancia anterior (doctr. causas A. 71.561, "De Marziani", sent. de 7-IX-2016; A. 76.525, "Jorgensen", resol. de 25-XI-2020; e.o.), como así también aquella que establece que la casación no es una tercera instancia donde se examina nuevamente el litigio, ni la pieza recursiva puede sin más pretender reemplazar en su discurrir las reflexiones de la Cámara (doctr. causas A. 74.131, "Magadán", resol. de 30-V-2018; A. 74.604, "Panzeri", resol. de 20-II-2019; A. 74.734, "Procosud", resol. de 7-III-2019; A. 76.525, cit.).
Por lo expuesto, el agravio formulado tampoco es de recibo.
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.