Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75632
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.632, "Cristalux S.A. contra Provincia de Buenos Aires sobre Expropiación Inversa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores , Soria, Torres, Kogan, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó los recursos de apelación interpuestos tanto por la representación fiscal como por la parte actora. En consecuencia, confirmó la sentencia de primera instancia en cuanto hizo lugar a la acción de expropiación inversa promovida por Cristalux S.A. contra la Provincia de Buenos Aires, respecto de los inmuebles ubicados en el partido de Avellaneda, designados catastralmente como Cir. II, Sec. M, Frac. X, Parc. 1ª, como así también de las instalaciones, maquinarias y herramientas que se encuentren dentro de estos, incluyendo la marca comercial "Durax", ello previo inventario de bienes (cfr. art. 35, ley 5.708). Las costas de esa instancia fueron impuestas en el orden causado (arts. 71, CPCC y 52, ley 5.708; v. fs. 804/818).
Disconforme con ese pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 881/891), el que fue concedido por la Cámara interviniente a fs. 974/975.
Dictada la providencia de autos para resolver (v. fs. 978) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, desestimó la defensa de falta de acción planteada por la Fiscalía de Estado por ausencia de los requisitos legales establecidos en el art. 41 de la ley 5.708, al entender que -en el caso- sí existía una turbación o restricción de los derechos de propiedad de los bienes expropiados, pues aun cuando el Estado no hubiera tomado su posesión material, sí había legitimado (mediante el acto expropiatorio) la posesión que detentaba -de hecho- la Cooperativa de Trabajo Cristal de Avellaneda Ltda., impidiendo así el pleno ejercicio de los derechos del propietario(cfr. art. 2, ley 12.938).
Declaró asimismo improcedente la defensa de abandono de la expropiación opuesta por la demandada por no haber transcurrido el plazo legal del art. 47 de la ley 5.708 en los términos del art. 2 del Código Civil -entonces vigente- e hizo lugar a la expropiación inversa promovida en autos. En consecuencia, declaró expropiados a favor de la Provincia de Buenos Aires los bienes muebles e inmuebles identificados en el art. 1 de la ley 12.938, fijando la indemnización en la suma de veintinueve millones quinientos setenta y seis mil seiscientos pesos ($29.576.600), con más los intereses a calcularse conforme a la tasa pagada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días vigente en los distintos períodos de aplicación y hasta el efectivo pago. Impuso las costas a la Provincia demandada (v. fs. 730/738).
II. A su turno, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata, rechazó los recursos de apelación interpuestos por la representación fiscal y la parte actora.
En lo que hace al primero de ellos, que es el único que tiene relevancia jurídica a los fines de resolver el presente caso, el Tribunal de Alzada explicitó el rechazo de los distintos agravios de la demandada, confirmando, en consecuencia, la sentencia de primera instancia en cuanto a la existencia acabada de los requisitos de procedencia de la acción expropiatoria inversa (v. fs. 804/818).
Para así decidir, y en lo que a esta instancia extraordinaria interesa, el Tribunal de Alzada realizó las siguientes consideraciones:
II.1. En primer lugar, el voto del doctor Spacarotel (al cual adhirieron la doctora Milanta -con agregados a mayor abundamiento- y el doctor De Santis) se abocó al tratamiento de los agravios esgrimidos por el Fisco demandado, a saber: i) inexistencia de los presupuestos de la acción, fundada en la ausencia de prueba de la desposesión, insuficiencia de la sola declaración de utilidad pública contenida en la ley expropiatoria (conf. art. 41, ley 5.708) y ii) efectiva existencia de abandono de la acción expropiatoria por parte del Fisco por deber computarse el plazo desde la fecha de la sanción de la ley y no desde su publicación (cfr. art. 47, ley 5.708).
Respecto al primer tópico, la Cámara consideró que correspondía resolver el sub lite en armonía con el criterio jurisprudencial sentado por esta Suprema Corte en las causas A. 70.913, "San Justo SAIC" (sent. de 11-III-2015) y A. 70.502, "Gesma" (sent. de 10-VI-2015) ya que, más allá de las diferencias en las plataformas fácticas de dichos antecedentes con la presente causa, todos tenían como denominador común una conducta activa del Estado, que intervenía en una situación conflictiva consumada en los hechos y la resolvía mediante el instituto de la expropiación.
En ese sentido, sostuvo que -en la especie- el comportamiento estatal no solo no fue neutral a la relación de conflicto entre los propietarios y trabajadores, sino que la ley 12.938 le otorgó a estos últimos una plataforma de legitimación para continuar en la explotación, con las instalaciones, maquinarias, herramientas, muebles y útiles de aquella (conf. art. 2, ley cit.).
A partir de allí, concluyó que el caso exhibía como acto de turbación suficiente (conf. art. 41 inc. "c", ley 5.708) para dar cabida a la expropiación inversa, a la ley especial de expropiación (leyes 12.938 y 13.227), por considerar que en ese momento se produjo la desposesión de los bienes de la demandante, la que se consumó a partir de la intervención del expropiante. Adunó que esa voluntad administrativa resultaba elocuente con la dirección de lo resuelto por el magistrado de primera instancia y desmentía el agravio relativo a la ausencia de conducta estatal de turbación.
Todo ello, teniendo en cuenta que, además, el proceso de liquidación de bienes en el marco de las actuaciones concursales y posterior quiebra entonces en trámite por ante el Juzgado Nacional en lo Comercial n° 24 -Secretaría 47- de la Capital Federal, finalmente no se concretó.
II.2. Con relación al segundo agravio, la Cámara expresó que no advertía error de juzgamiento en la sentencia de grado en cuanto rechazaba la configuración del abandono en los términos del art. 47 de la ley 5.708 (v. punto VI.3 del voto principal). En tal sentido, compartió el criterio expuesto por el magistrado en relación a la aplicación debida para el caso del art. 2 del Código Civil, como así en la clara voluntad del legislador de mantener la vigencia de la declaración de utilidad pública a través de la extensión del plazo originalmente previsto por cinco años (cfr. art. 1, ley 13.227).
III. Contra dicho pronunciamiento la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley o doctrina legal, en el que denuncia violación y errónea interpretación de los arts. 8, 10, 11, 35 y 41 de la ley 5.708; 2, 9, 10, 11, 235, 240, 1.193, 2.560 y 2.511 del Código Civil por entonces vigente; 279, 375, 384 y 474 del Código Procesal Civil y Comercial; 17 de la Constitución nacional y 31 de la Constitución provincial. Asimismo, alega absurdo valorativo y vulneración de la doctrina legal de esta Suprema Corte que cita y de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
III.1. El primero de los agravios ensayados apunta a la denuncia de abandono de la acción expropiatoria por parte del Estado provincial, en los términos del art. 47 de la ley 5.708.
En lo que a ello respecta, insiste en que la demandante carecía de acción de expropiación inversa, en virtud de no hallarse cumplidos los recaudos legales al momento de interposición de la demanda, principalmente en cuanto a que ya habían transcurrido los dos años desde que la ley especial expropiatoria fuera sancionada (ley 12.938), circunstancia que acarreó la caducidad de la potestad expropiatoria por parte de la Provincia.
Agrega que, como consecuencia de ello, la ley 13.227 no pudo prorrogar nada, pues se refirió a una norma que ya había caído en abandono.
III.2. En segundo término, básicamente, argumenta que en el caso la actora carecía también de acción sobre la base de lo normado por el art. 41 de la ley 5.708, dado la inexistencia de actos de desposesión atribuibles al Estado.
Se agravia de que la Cámara le otorgue carácter turbatorio a la explotación de la empresa por parte de la cooperativa de empleados, con la aquiescencia de los propietarios y de la sindicatura de la quiebra, pero sin que el Estado mismo haya tenido alguna intervención directa en la empresa propietaria.
Aduce, pues, que la mera promulgación de la ley 12.938 no alcanza para -de ese modo- tener por configurada la causal de expropiación inversa contenida en el art. 41 inc. "c" de la ley 5.708.
Pone en evidencia la contradicción en que incurre la mayoría del tribunal a quo al puntualizar que la mera declaración de utilidad pública resulta insuficiente como acto de turbación y, seguidamente, sostener que el caso revela dicho acto turbatorio en ocasión de la sanción de la ley expropiatoria 12.938.
Reseña diversos precedentes de esta Suprema Corte en los que se delimitó el alcance del concepto en cuestión y se estableció que la mera sanción de la ley expropiatoria, aún con su anotación registral, no implica un acto de turbación en los términos de la ley de expropiaciones.
Indica que el ejemplo clásico del acto turbatorio es la desposesión, circunstancia que -según aduce- en el sub lite , a diferencia de los casos en que se funda el fallo en crisis, no existió ni se acreditó.
Aduna que la actora contaba con las acciones legales que el ordenamiento jurídico le brindaba, ya sea para defender o recuperar la posesión de su propiedad que manifestaba perdida, las cuales no fueron ejercidas.
Advierte que la sentencia impugnada hace referencia a un supuesto conflicto entre propietarios y trabajadores, lo cual -indica- no tiene asidero ni se refleja en las constancias de la causa y pruebas rendidas en ella.
Para ello, sostiene -con cita de fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación-, que la declaración de utilidad pública es el presupuesto que habilita al Poder Administrador a privar del bien al particular para concretar la satisfacción del interés común, pero no resulta un mandato imperativo, ya que es facultad de la Administración establecer la oportunidad, mérito y conveniencia de ejecutar la medida.
En ese sentido, manifiesta que dentro de los plazos previstos en la ley formal, el Poder Administrador puede proceder a la desposesión y transferencia de la propiedad o permanecer inactivo durante el plazo resolutorio y caer en el abandono expropiatorio.
III.3. Sostiene la recurrente que, al fallar del modo en que lo hizo, la Cámara ha incurrido en absurdo valorativo, por cuanto incumplió con la manda constitucional de que su sentencia sea fundada y constituya derivación razonada del derecho vigente con aplicación a las circunstancias comprobadas de la causa.
En virtud de ello, continúa, se ha afectado el derecho constitucional de propiedad.
Particularmente, señala que la evaluación de la prueba pericial técnica no ha sido llevada adelante de manera razonable sino arbitraria, puesto que se toma un único informe -el del ingeniero Bona- "sirviéndose de él para rechazar algún rubro, pero no para otros, cuando en verdad, todos se hallaban abocados a reconocer una única y misma causa" (sic. fs. 890).
IV. El recurso no prospera.
La impugnación articulada ante este Tribunal, contiene esencialmente tres agravios. En el primero de ellos, el recurrente denuncia que ha operado el abandono de la expropiación por parte del Estado provincial, por haber expirado el plazo general de dos años dispuesto por el art. 47 de la ley 5.708, sin que se haya dado inicio al proceso (v. fs. 883).
El segundo agravio a partir de fs. 886 se sustenta en la falta de desposesión por parte del Estado del inmueble objeto de esta expropiación. Entiende el recurrente que el mero dictado de una ley expropiatoria no implica turbación en el derecho de propiedad, y agrega que la Provincia no ha llevado a cabo ninguna otra actividad que sugiera en modo alguno la desposesión del bien.
Finalmente, a fs. 889 vta. se denuncia absurdo en la apreciación de la prueba.
IV.1. Expuesto así el marco decisorio cabe abordar el agravio expuesto inicialmente.
En primer lugar, es dable señalar que la ley que declara la utilidad pública y sujeto a expropiación al inmueble de la fallida, fue sancionada el 15 de agosto de 2002. Esta no preveía un plazo especial de abandono, debiendo pues aplicarse el plazo de dos años por remisión al art. 47 de la norma general. El día 19 de agosto de 2004, mediante la sanción de la ley 13.227 se modificó el texto del art. 5 de la ley 12.938 fijando un plazo de abandono de cinco años.
La representación fiscal viene argumentando desde su primera intervención en el pleito, que habiendo transcurrido más de dos años (específicamente dos años y cuatro días), entre la sanción de la primera ley (el 15-VIII-2002) y su modificatoria (el 19-VIII-2004), expiró el término útil para deducir la pretensión, con lo que se habría producido el abandono de la expropiación en los términos del citado art. 47.
Ahora bien, más allá de que del cotejo entre la fecha de sanción de ambas leyes surge que entre una y otra pasaron más de dos años, lo cierto es que el a quo , encuentra otro orden de razones que no han sido rebatidas por el recurrente. Veamos.
A fs. 810, el doctor Spacarotel ratifica lo decidido en la sentencia de origen respecto del impacto que tiene el art. 2 del Código Civil en el cómputo del plazo (obsérvese que para este asunto regía el Código de Vélez, ley 340). Este artículo condicionaba la obligatoriedad de las leyes a su publicación previa, y prorrogaba su entrada en vigencia, si no preveían un plazo especial, hasta los ocho días siguientes al de su publicación oficial. Más allá del acierto o error, y la incidencia que aquella norma pudiera tener, lo cierto es que nada dice el quejoso al respecto.
Además, el citado magistrado habla de la "clara voluntad del legislador de mantener la vigencia de la declaración de utilidad pública" , dejando entrever que la demora de cuatro días no podría alterar el fin de la norma. Tampoco el recurrente menciona esto en el recurso.
Pero hay más, en el voto de la doctora Milanta, quien adhirió al voto de primer orden y sumó consideraciones adicionales, se profundiza esta línea, en particular a fs. 813 y vta., donde se expone que la legislatura provincial, al sancionar la ley 13.227 entendió que no se había configurado el abandono, y agrega que la inconsecuencia o falta de previsión del legislador no debe presumirse, y para fundar tal aserto cita fallos de la Corte federal.
El tercer integrante de la Cámara adhiere a sus colegas.
Es decir, la Cámara propuso una línea de análisis distinta al estricto cómputo de plazos al que se aferra el recurrente, donde más allá del cotejo objetivo entre dos fechas, se incorporan argumentos de otra índole que no fueron debidamente refutados. En rigor de verdad, ni siquiera son mencionados en el escrito recursivo.
Ello implica que la falta de configuración del abandono por parte del Fisco, a tenor de los argumentos de la Cámara, llega firme a esta instancia.
Al respecto, tiene dicho esta Corte que es requisito de ineludible cumplimiento para el recurrente en instancia extraordinaria la réplica concreta, directa y eficaz de los fundamentos estructurales del fallo, puesto que la insuficiencia impugnatoria en este aspecto deja incólume la decisión que se controvierte. Deficiencia que se presenta, entre otros factores, como consecuencia de la falta de cuestionamiento idóneo de los conceptos o fundamentos sobre los que, al margen de su acierto o error, se asienta la sentencia del tribunal (conf. causas A. 71.160, "Martire de Abeijón", sent. de 19-X-2016; A. 70.763, "Cheves", sent. de 29-VI-2016; A. 73.247, "Olmos", sent. de 29-VIII-2018; A. 73.521, "Bolinaga", sent. de 10-IV-2019; A. 76.527, "Vizzotti", sent. de 24-XI-2022; entre muchas otras).
IV.2. Más compleja se presenta la cuestión en la segunda parcela de análisis, donde la Cámara efectivamente incurre en un error que, aunque no modifica la solución final del asunto, plasma un análisis brumoso.
El tribunal entendió que se encontraba configurada la desposesión necesaria para la procedencia de la acción expropiatoria por el dictado de dos leyes, en primer lugar la ley 12.938, y la ley 13.227 que sería la que prorrogara la primera.
En virtud de esta situación, siempre a criterio del tribunal inferior, se habría configurado desposesión por parte del Fisco. Se puntualiza en el sufragio que la decisión se apoya en la doctrina de esta Corte según la cual el dictado de dos leyes sucesivas implica turbación de la propiedad. Específicamente en el voto del juez de primer orden, se citan los precedentes A. 70.913, "San Justo", sentencia de 11-III-2015 y A. 70.502, "Gesma", sentencia de 10-VI-2015. Idéntica referencia hace el último magistrado en votar.
Por su parte, la jueza que vota en segundo término, menciona los casos C. 103.176, "Lavaderos de lanas El Triunfo", sentencia de 29-IV-2015 y A. 71.028, "Iglesias", sentencia de 9-III-2016.
El yerro de la Cámara es palmario.
Si bien, de un modo general y para muchos casos, puede catalogarse de relativamente acertada la referencia a la doctrina de esta Corte acerca de la indisponibilidad que el dictado de dos leyes sucesivas tiene sobre el bien, este no es el supuesto de autos. La Cámara incurre en una errónea lectura de los antecedentes normativos del caso.
Lo explico. En la especie, la única ley que calificó los bienes en cuestión de utilidad pública es la ley 12.938. Esta no tenía en su redacción original un plazo especial de abandono, por lo que -conforme dije en el apartado anterior- resultaba aplicable el plazo general de la ley 5.708. La ley 13.227 no constituye una prórroga de la ley 12.938, sino que es una reforma de su texto.
Repárese que el único artículo de dicha norma dice: "Modifícase el artículo 5° de la Ley 12.938, el que quedará redactado de la siguiente manera:...". El vocablo "modifícase" y la expresión "quedará redactado de la siguiente manera" , son inequívocos al respecto. No es correcto el encuadre que la Cámara le da al caso de autos, pues el modo en que han sido sancionadas las normas evidencia una modificación al art. 5 de la versión original y no una prórroga. Basta para ello comparar el texto de las leyes que regían la cuestión en los precedentes citados por el tribunal, con la redacción de la ley 12.938 y la modificación dispuesta por la ley 13.227.
Siendo ello así, no resulta aplicable al caso el criterio de este Tribunal seguido por la Cámara, ni consecuentemente los precedentes que allí se citan.
IV.3. No obstante lo anterior, antes de continuar, cabe aclarar que el yerro en el que incurre la Cámara no altera la suerte adversa del recurso.
Y vale tal aclaración, pues siendo que hay una sola ley expropiatoria y que esta no ha sido prorrogada podría pensarse, aunque de modo errado, que en el caso no está configurada -a criterio de la Cámara- la desposesión.
Aun cuando expresé que el mero dictado de una sola norma no configura desposesión en el los términos del art. 8 de la ley 5.708 (conf. Fallos: 313:1446; 316:1756), pues esta se caracteriza como la pérdida de toda posibilidad de uso y goce del bien sujeto a expropiación, lo que conduce a des
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.