Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 120906
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 120.906, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón contra Centrales de la Costa Atlántica S.A. Amparo sindical", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores: Genoud, Kogan, Soria, Torres.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Mar del Plata hizo lugar a la acción de amparo sindical deducida, con costas (v. fs. 345/354 vta.).
Se interpuso, por Centrales de la Costa Atlántica S.A., recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. fs. 378/389 vta.).
Por otro lado, en cumplimiento de la sentencia dictada por esta Corte con fecha 24 de agosto de 2020, que admitió la incorporación del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata para intervenir en las presentes actuaciones en calidad de tercero -en los términos del art. 90 del Código Procesal Civil y Comercial (v. fs. 415/416 y 395/396, respectivamente)-, el órgano de la instancia ordinaria concedió los recursos extraordinarios de nulidad e inaplicabilidad de ley que la mencionada entidad gremial dedujo oportunamente (v. fs. 399/410), contra el pronunciamiento definitivo (v. fs. 345/354 vta.).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 16-III-2022), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de nulidad interpuesto por el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata a fs. 399/410?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el de inaplicabilidad de ley de fs. 399/410?
En caso negativo:
3ª) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por Centrales de la Costa Atlántica S.A. a fs. 378/389 vta.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. El tribunal de origen hizo lugar a la acción de amparo sindical iniciada por el Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón contra Centrales de la Costa Atlántica S.A., y ordenó el cese del comportamiento antisindical, consistente en cubrir puestos de trabajo en forma exclusiva con postulantes de la bolsa de trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata.
Por tal motivo ordenó a la demandada que, en las sucesivas vacantes a producirse, se incluyan trabajadores pertenecientes a las "bolsas" de las entidades sindicales antes mencionadas, en igual proporción y bajo apercibimiento de imponer astreintes (v. sent., fs. 345/354 vta.).
Con posterioridad y en defensa de su interés en la elucidación del caso, se presentó el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, a fin de ser incorporado en el proceso con fundamento en el citado art. 90 (v. fs. 395/396), petición que, rechazada por el a quo, fue motivo de impugnación por vía extraordinaria. Previa concesión de la queja, esta Corte rescindió el pronunciamiento de origen, y admitió la intervención del recurrente en su condición de tercero (v. fs. 415/416 vta.). Devueltas las actuaciones a la instancia de origen, el tribunal de grado concedió los recursos extraordinarios de nulidad y de inaplicabilidad de ley que la requirente había interpuesto (v. fs. 399/410 y resol. de fecha 3-IX-2021), contra la sentencia de fs. 345/354.
II. En su recurso extraordinario de nulidad, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata denuncia violación de los arts. 18 de la Constitución nacional; 15 de la Constitución provincial y 8 del Pacto de San José de Costa Rica (v. fs. 399/409 vta.).
En lo relevante, plantea que la sentencia emitida resulta violatoria de los principios constitucionales de defensa en juicio y debido proceso legal, en tanto le ha sido vedado -a lo largo de todo el proceso- tomar intervención en las presentes actuaciones en carácter de tercero, no obstante, resultarle común la controversia.
Arguye que el quebrantamiento de las mencionadas garantías se perfeccionó con anterioridad al dictado de la sentencia definitiva, esto es, mediante la resolución interlocutoria de fs. 179/182, cuyo contenido también impugna (v. fs. 406 vta. y 407).
En línea con lo anterior sostiene que a través de la sentencia de grado se ha menoscabado su derecho constitucional a ser oído (v. fs. 409).
Manifiesta que, bajo la pretensión de hacer cesar un supuesto acto discriminatorio en materia de incorporación de personal para la firma demandada, el sindicato actor ha intentado dirimir un conflicto intersindical en un ámbito judicial que no resulta apropiado. Sostiene que la acción de amparo está prevista para otro tipo de controversias (v. fs. 408).
En suma, entiende que la decisión del juzgador de mérito resulta inválida, desde que afecta directamente el carácter contencioso del conflicto en detrimento de las garantías antes referenciadas, así como del orden público que inspira todas las disposiciones que gobiernan el debido proceso (v. fs. 109).
En razón de lo expuesto, solicita la anulación de la sentencia dictada en autos.
III. En coincidencia con lo dictaminado por el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 16-III-2022), considero que el recurso no puede prosperar.
En primer lugar, es dable señalar que el recurso extraordinario de nulidad solo puede fundarse en la omisión de tratamiento de cuestiones esenciales, en la carencia de fundamentación legal, en la inobservancia de la forma de acuerdo y voto individual de los jueces o en la no concurrencia de mayoría de opiniones en la decisión (arts. 168 y 171, Const. prov.; causas L. 122.013, "Vitale", sent. de 4-III-2020; L. 125.466, "Fraccaro", sent. de 3-V-2023; e.o.), falencias estas -cabe advertir- que siquiera son aludidas por el quejoso en su presentación recursiva.
Surge de los antecedentes relevados que los cuestionamientos traídos no pertenecen al ámbito de actuación del carril impugnativo escogido por el impugnante.
Cabe recordar que las alegaciones referidas a cuestiones procesales anteriores al dictado de la sentencia objetada, como también aquellas esgrimidas al amparo de la violación del debido proceso legal y otras garantías constitucionales se encuentran detraías de la vía aquí examinada (v. sent. de 24-VIII-2020 y causas L. 121.589, "Bertocchi", sent. de 2-XI-2020; L. 123.759, "Araya", sent. de 7-III-2022; e.o.).
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de nulidad deducido, con costas (art. 298, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la primera cuestión también por la negativa .
A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, el Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, denuncia absurdo y violación de los arts. 11, 15 y 27 de la Constitución provincial; 16 y 18 de la Constitución nacional; 8 de Pacto de San José de Costa Rica y 94 del Código Procesal Civil de la Provincia de Buenos Aires (v. fs. 400/410).
Cuestiona que la decisión en crisis lo privará del derecho convencional -hasta entonces ejercido- de proporcionar postulantes para desempeñar tareas para Centrales de la Costa Atlántica S.A., en su condición de administrador de la bolsa de trabajo de los dependientes alcanzados por el colectivo aplicable a la actividad (v. fs. 401).
Puntualiza que recién se anotició de la existencia de los presentes actuados luego de emitido el pronunciamiento de origen, oportunidad en que se presentó en calidad de tercero (art. 90, CPCC) a fin de que se repare la violación de la garantía constitucional de defensa en juicio de la que arbitrariamente fue privado (v. fs. cit.).
En este sentido, expone que se vio impedido de ejercer el derecho a ser oído, en abierta violación a la garantía del debido proceso legal, no pudiendo manifestar su posición a lo largo del trámite procesal, acompañar prueba, en suma, ejercer su defensa (v. fs. cit.).
Expone que la posibilidad de ser llamado a juicio estuvo presente en el proceso (conforme lo había peticionado la accionada y se interpretó en el voto minoritario de la resolución obrante a fs. 179/182), mas ello fue denegado (v. fs. 401 vta.).
Señala que la sentencia en crisis menoscabó el acceso a la tutela judicial efectiva, privándolo de ejercer las actividades procesales que estaban a su alcance: plantear incompetencia, contestar demanda, producir prueba, alegar, etcétera (v. fs. 401 vta.).
Argumenta que en autos se debatió el alcance de una norma convencional -art. 8 inc. "a" del acta-acuerdo 3/1994 celebrada entre ESEBA y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza FATLyF-; por ende, dado su condición de sindicato con personería gremial, considera inadmisible que se hubiera vedado su participación en el proceso (v. fs. 402).
Destaca que el fallo da por sentado -de manera errónea- que los postulantes provenientes de la "bolsa de trabajo" a su cargo deben encontrarse afiliados a la entidad cuando ello -aclara- no es así. En este sentido, afirma que su parte se limita a administrar dicha bolsa, sin otra condición para los aspirantes que ser mayores de edad -cualquier ciudadano puede inscribirse en ella, expone-, actualizándose en forma trimestral (v. fs. 402 vta.).
Afirma que el tribunal de origen efectuó un correcto y prolijo análisis sobre la normativa relativa al principio de libertad sindical y de afiliación con sustento en antecedentes de la Corte federal que individualizó -"ATE", "Rossi" y "Outon"-; empero arribó a un dictamen que no es aplicable al caso debatido en autos (v. sent., fs. 402 vta.). De allí, postula la arbitrariedad del fallo y la ausencia de lógica jurídica (v. fs. 403 vta.).
Aduce apartamiento de los principios básicos de hermenéutica jurídica, según los cuales, el mejor método de interpretación es el que tiene en cuenta la finalidad perseguida por la norma (v. fs. 402 vta.).
Considera errónea la valoración del a quo referida a que la elección del personal de una bolsa de trabajo excluyendo a la otra, favorece la afiliación del personal a la entidad que viabiliza la incorporación a la empresa por el método antedicho. Explica que cuando los postulantes son contratados, ingresan a la obra social administrada por la actora y sus aportes integran la caja compensadora gestionada por ella través de la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza.
Afirma que los jueces debieron analizar si la norma convencional (arts. 8, acta-acuerdo 3/1994 y 3, CCT 36/75), afectó en algún caso concreto la libertad de afiliación de los trabajadores que hubiesen obtenido el empleo a través de la bolsa de trabajo, o la de los sindicatos que se desempeñan en su ámbito; y de resultar ello afirmativo, declarar la inconstitucionalidad de la disposición aludida y ordenar que las organizaciones elaboren una nueva, según las facultades que contempla la ley 14.250 (v. fs. 403 vta.).
Luego de mencionar precedentes de esta Corte relativos a la nulidad oficiosa, reitera que la sentencia infringe el debido proceso y solicita que sea dejada sin efecto (v. fs. 405 vta.).
II. El recurso no prospera.
Cuestiones de índole metodológica imponen alterar el orden de tratamiento de los agravios traídos.
II.1. Interesa destacar que el recurrente compareció a estos actuados -y así se lo tuvo por presentado- en calidad de tercero en los términos del art. 90 inc. 1 del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires, y -advierto- aceptó expresamente el estado en que se encontraban las presentes actuaciones (v. fs. 395/396 vta. y 444/451; sentencia dictada por esta Corte con fecha 24-VIII-2020), de modo que su intervención en el pleito no puede tener por efecto retrogradar el estado del proceso o suspender su curso (art. 93, CPCC).
A tenor de la disposición precitada y la consecuente admisión del aquí recurrente de hacer valer su derecho "en el marco de este estadio procesal" (fs. 395 vta.), no pueden tener cabida los reproches insinuados respecto de la decisión firme de fs. 179/182 (de 22-XII-2014), cuya mención, en el contexto de la crítica, importa la remisión a una cuestión procesal anterior ajena a su examen por este carril (causas L. 121.074, "Smit", sent. de 6-VII-2020 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023). De allí que tampoco sean atendibles los cuestionamientos que, afirmados en la incorrecta integración de la litis o la pertinencia de la vía procesal elegida por el accionante (que dan lugar al pedido de preservación de las garantías constitucionales del debido proceso, acceso a la justicia y defensa en juicio), propenden a la invalidación del fallo en crisis, con la consecuencia de retroceder a las etapas procesales cumplidas.
Finalmente, ante la mención efectuada por el interesado, cabe recordar que la anulación oficiosa de las decisiones judiciales constituye una facultad exclusiva y excluyente de esta Suprema Corte, establecida en resguardo de las formas sustanciales del juicio, cuando las falencias de que adolece el pronunciamiento lo descalifican como acto jurisdiccional válido, imposibilitando el ejercicio de la facultad revisora (causas L. 121.446, "Mañas", sent. de 23-II-2021; L. 127.061, "Moya", sent. de 22-XII-2022; L. 128.705, "Beltran", sent. de 27-VI-2023; e.o.), y no es dable que sea propiciada por las partes (conf. causas L. 120.300, "Antognoli", sent. de 13-X-2020; L. 127.234, "Raimo", resol. de 7-III-2022; e.o.).
II.2. Las restantes objeciones dirigidas a refutar la exégesis efectuada por el órgano de la instancia de grado respecto de los alcances que, a juicio del recurrente, posee el planteo del sindicato actor, en el marco de la norma convencional antes referenciada -es decir, el art. 8 inc. "a" del acta-acuerdo 3/1994- lucen estériles.
Ello así, toda vez que, a partir de su propia apreciación de las circunstancias de autos y evaluación de cuanto fue motivo de controversia, no logra evidenciar las anomalías interpretativas que denuncia en el recurso.
Pues, se limita a exteriorizar un razonamiento paralelo al plasmado en el pronunciamiento impugnado, sin lograr rebatir eficazmente las consideraciones que brindó el tribunal de grado al ponderar las aristas debatidas en el caso, bajo el explícito influjo -entre otros fundamentos- de lo resuelto por este Tribunal en la causa L. 99.945, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón" (sent. de 4-VII-2012), cuya violación o errónea aplicación ni siquiera es motivo de denuncia.
En ese precedente, esta Corte concluyó -tal como señaló el a quo - que no resultaba aceptable que la gestión de la denominada "Bolsa de Trabajo Sindical" prevista en el art. 8 inc. "a" del acta-acuerdo 3/1994 (ESEBA-FATLyF) corresponda exclusivamente a la organización sindical con personería gremial, toda vez que dicha definición importaría despojar a la entidades sindicales simplemente inscriptas -con idéntico ámbito de representatividad- del derecho que también les asiste en ese mismo orden, ello, con fundamento en la vigencia del principio de libertad sindical reconocido y garantizado por la Constitución nacional (art. 14 bis), las normas internacionales de esa misma jerarquía (art. 75 inc. 22), y los Convenios de la Organización Internacional del Trabajo, de jerarquía superior a las leyes (causa L. 99.945, cit., voto de la doctora Kogan al que presté adhesión).
Las directrices emanadas de ese antecedente, en el que se suscitó un debate sobre los alcances de la norma aquí en disputa, guiaron al juzgador para dirimir la controversia, estableciendo que la demandada debía seguir el procedimiento de contratación mediante la bolsa de trabajo de ambas entidades gremiales, en igual proporción; solución que tuvo como cometido despejar cualquier tipo de acto discriminatorio a la luz del aseguramiento del derecho a la libre sindicación, enmarcado en el reconocimiento constitucional a la libertad sindical, lo que -insisto- no ha sido controvertido por la aquí impugnante.
II.3. Todo lo dicho, a mi modo de ver, abastece la respuesta a los embates traídos, dada la insuficiente fundamentación del remedio ensayado, sin que corresponda ingresar en consideraciones de otro orden (art. 279, CPCC).
III. Por lo expuesto, debe rechazarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Torres, por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron la segunda cuestión también por la negativa.
A la tercera cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, la parte demandada Centrales de la Costa Atlántica S.A. denuncia violación de los diversos incisos del art. 8 del acta-acuerdo 3/1994; de los arts. 64 y 65 de la Ley de Contrato de Trabajo; 16 de la Constitución nacional y de la doctrina legal que cita (v. fs. 378/389 vta.).
I.1. Sostiene que la sentencia vulnera los párrafos segundo y tercero del art. 8 del acta-acuerdo 3/1994 celebrada entre ESEBA y la Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza FATLyF . Aduce, en este sentido, que no obstante haberse declarado en el fallo que la norma citada dispone el procedimiento a seguir para la incorporación de trabajadores a la empresa en caso de producirse vacantes, luego -en la parte resolutiva- soslaya tal extremo, ordenando a la accionada a contratar empleados de las bolsas de trabajo del Sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, y del Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón, en partes iguales, sin reparar en el trámite que a ese fin recepta la disposición colectiva referenciada.
En este sentido, expone que el dispositivo en cuestión establece que los postulantes que envíen las bolsas de trabajo sindicales, deben aprobar satisfactoriamente los exámenes de competencia y las evaluaciones médicas, psicofísicas y de aptitudes que correspondan a las áreas respecto de las cuales hayan sido convocados; y que al resolver del modo en que lo hizo, la sentencia de grado obliga a la empleadora a contratar dependientes pasando por alto tal escrutinio (v. rec., fs. 385).
I.2. Señala que el fallo es, además, de "sesgado cumplimiento", desde que la pauta de la proporcionalidad que establece para los ingresos, obligaría a la empresa a contratar personal en cantidades pares, dejando de lado la pauta convencional relativa a la aprobación satisfactoria de las evaluaciones antes referidas.
I.3. Sostiene que el absurdo legal en que incurre el fallo vulnera, también, las facultades de organización y dirección de la empresa (arts. 64 y 65, ley 20.744), a quien -mediante la decisión de mérito- se la obliga a inobservar el procedimiento de ingresos previsto en la mentada acta-acuerdo, con el consiguiente riesgo de contratar personas no capacitadas para los puestos de trabajo a cubrir (v. fs. 386).
I.4. Aduce que la sentencia aplicó erróneamente la doctrina legal que emerge de la causa L. 99.945, "Sindicato de Luz y Fuerza de General Pueyrredón", sentencia de 4-VII-2012. Manifiesta que allí se dispuso que la empleadora no debía hacer distinciones al momento de solicitar postulantes de las bolsas de trabajo, entre las asociaciones sindicales con o sin personería gremial. Puntualiza que el espíritu de la doctrina citada consiste en establecer la paridad de derechos entre asociaciones sindicales meramente inscriptas, respecto de aquellas que gozan de personería gremial en lo referente a la bolsa de trabajo, pero de ninguna forma habilita a vulnerar la facultad empresaria de efectuar el examen de competencia e idoneidad conforme el procedimiento establecido en la norma colectiva.
II. El recurso no prospera.
II.1. Los cuestionamientos que porta la impugnación en estudio no merecen respuesta favorable.
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