Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129154
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.154, "Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. contra Simonetti, Andrea Natalia y otro/a. Consignación", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Genoud.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez acogió la demanda de pago por consignación efectuada por Reconquista Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. de las prestaciones dinerarias previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "c" y 18 de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773 y ordenó que sean percibidas en partes iguales por los hijos del causante Diego Luis López. Asimismo, declaró la falta de legitimación de las codemandadas Andrea Natalia Simonetti y Noelia Yanina Sosa para percibir las mencionadas prestaciones, e impuso las costas del modo que especificó (v. vered. de 9-II-2022 y sent. de 10-II-2022).
La coaccionada Noelia Yanina Sosa dedujo recursos extraordinarios de inconstitucionalidad e inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-III-2022), siendo concedido únicamente el segundo (v. resol. de 19-IV-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. En lo que resulta de interés -por ser materia de agravio-, el tribunal interviniente declaró la falta de legitimación de la codemandada Noelia Yanina Sosa para percibir las prestaciones dinerarias derivadas del fallecimiento del señor López y previstas en los arts. 11 apartado 4 inc. "c" y 18 de la ley 24.557 y 3 de la ley 26.773.
Para así decidir, resaltó -en primer lugar- que, encontrándose controvertida la vinculación de la mencionada coaccionada con el causante al momento de su muerte, recaía sobre ella la carga de la prueba que justificara la legitimidad de su reclamo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial.
En dicho marco, destacó que la aquí recurrente había sido declarada rebelde en las actuaciones, decisión que había quedado firme en virtud del rechazo del planteo de nulidad de la notificación que en su momento articuló.
Así, ingresó en el análisis de las constancias de la causa y observó que el certificado de defunción del señor López no indicaba su estado civil, surgiendo del mismo que la autorización para inhumación de sus restos había sido dada por la señora Luciana Fernanda López.
Luego, evocó el contenido de las declaraciones testimoniales recibidas en la audiencia de vista de la causa y concluyó que aquellas daban cuenta de la existencia de una relación sentimental entre la recurrente y el fallecido, aunque sin poder precisar su duración; bien que resaltó que los testigos fueron coincidentes en que en el último tiempo el señor López vivía en el domicilio sito en Independencia 522 de General Rodríguez y en que, desde un tiempo antes del momento del accidente que le produjo su muerte, la pareja que había formado con la ahora impugnante ya se encontraba separada.
Por lo demás, señaló que la información sumaria referida en la demanda, tramitada ante el Juzgado Civil y Comercial n° 3 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez en fecha 23 de agosto de 2017, indicaba una convivencia de cuatro años entre el señor López y la impugnante, no habiendo la interesada producido prueba que acreditara un tiempo mayor.
Concluyó entonces que con las constancias de autos y apreciando en conciencia las probanzas rendidas, si bien se había logrado demostrar la existencia de un "noviazgo/convivencia" entre el señor López y la impugnante, no se acreditó el tiempo de duración de dicha relación, ni tampoco que esta se mantuviera vigente al momento del deceso (v. vered., segunda cuestión tratada).
II. Contra el pronunciamiento de grado, se alza la codemandada Noelia Yanina Sosa mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 1-III-2022), en el que denuncia la transgresión de los arts. 5, 14, 17, 18, 28, 121, 123 y 125 de la Constitución nacional; 14, 23 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 15, 31 y 171 de la Constitución provincial; e invoca violación de doctrina legal y absurdo en la apreciación de los hechos (v. rec., págs. 3 y 11).
En lo sustancial, afirma que -en su visión- de las constancias obrantes en la causa surge que, al momento del fallecimiento del trabajador, la recurrente se encontraba conviviendo con él.
En dicha línea, argumenta que al resolver el rechazo del incidente de nulidad de la notificación del traslado de la demanda por ella incoado (v. resol. de 9-XII-2020), el órgano de grado la tuvo por notificada en fecha 3 de diciembre de 2019 en el mismo domicilio que fue consignado en la partida de defunción del señor López de fecha 22 de febrero de 2018 (v. fs. 59). En razón de ello, alega que la sentencia resulta contradictoria y de inaceptable arbitrariedad al concluir que la convivencia al momento de la muerte del causante no fue acreditada (v. rec., pág. 12).
Asimismo, sostiene que el juzgador omitió considerar la declaración sumaria agregada en la causa, de donde surge que, al día 23 de agosto de 2017, el señor López y la agraviada vivían en concubinato desde hacía cuatro años (v. documental adunada a la presentación electrónica de fecha 7-VIII-2020).
Objeta que, para decidir, el tribunal de origen haya ponderado las declaraciones de testigos comprendidos por las generales de la ley, así como el testimonio de un amigo del causante, por sobre las constancias documentales del expediente (v. rec., pág. 13).
Finalmente, aduce que se evidencia absurdo también en lo resuelto por el órgano de grado en el incidente planteado en torno a la notificación del traslado de la acción, y que -por ello- debería declararse tal nulidad y permitir a su parte contestar la demanda y ofrecer prueba (v. rec., pág. 14).
III. El recurso no puede prosperar.
III.1. Es doctrina de esta Suprema Corte que la evaluación del material probatorio, como la determinación de las circunstancias fácticas que en cada caso se invocan, constituyen el ejercicio de una atribución privativa del tribunal de trabajo, no susceptible de revisión por ante la Suprema Corte, salvo absurdo, que debe ser demostrado por quien lo invoca (causas L. 122.015, "Rossi", sent. de 21-X-2020; L. 121.68, "Olivares", sent. de 21-X-2020 y L. 122.610, "Castronovo", sent. de 21-IX-2021; e.o.).
En estos casos, el vicio de absurdo supone la comprobación de circunstancias extremas en el decisorio, esto es, un error grave, un desvío notorio, patente o palmario de las leyes de la lógica o una grosera desinterpretación material de la prueba producida que conduzcan a conclusiones claramente insostenibles o inconciliables con las constancias de la causa (conf. causas L. 106.493, "Florentín", sent. de 22-VIII-2012; L. 118.700, "Leyes", sent. de 15-VI-2016; L. 120.171, "Morales", sent. de 3-V-2018 y L. 125.370, "Salazar", sent. de 31-V-2023; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, observo que el medio de impugnación deducido no logra poner en evidencia dicho vicio denunciado (art. 279, CPCC).
III.2.a. En primer lugar, la recurrente invoca un documento para considerar acreditado el domicilio del señor López al momento de su muerte (certificado de defunción del causante obrante a fs. 59), pero omite mencionar otros, también agregados en la causa, en los cuales se consigna uno diferente (v. denuncia de accidente de trabajo adunada en la demanda a fs. 34/35).
Asimismo, a partir de la mencionada prueba documental también considera probado que -al coincidir con el domicilio donde el tribunal de grado le tuvo por notificado el traslado de la demanda- ella y el causante convivían al momento del fallecimiento de este último, afirmando que la sentencia incurre en absurdo cuando pondera las declaraciones testimoniales que ilustraron al órgano sobre la situación contraria (v. vered., segunda cuestión tratada en relación con las declaraciones de Acosta, Gómez y Velardez), descalificándolas por provenir de testigos comprendidos por las generales de la ley (v. rec., págs. 12/13).
De lo reseñado surge que las críticas traídas no resultan susceptibles de conmover lo resuelto, toda vez que la interesada parte de su subjetiva opinión en torno a la eficacia que correspondería asignarle al referido certificado de defunción para acreditar el efectivo domicilio real del difunto, con preminencia sobre el resto de los elementos de prueba que fueron conjuntamente merituados por el órgano de origen para fundamentar su decisión.
El embate expuesto, entonces, se limita a exteriorizar la pretensión de disputarle al juzgador de mérito el ejercicio de las facultades que -por regla- le resultan privativas, y trasunta -en definitiva- el propósito de llevar a cabo un nuevo análisis de los hechos y constancias probatorias a partir de su personal criterio valorativo, sistema que -reiteradamente se ha señalado- configura una técnica carente de idoneidad para demostrar el error grave, grosero y manifiesto que caracteriza al absurdo (causas L. 122.771, "Pécora", sent. de 11-V-2021; L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
Para más, respecto del absurdo atribuido al fallo de grado por considerar que pondera un medio de prueba por sobre otro, ha de recordarse que los jueces del trabajo no están obligados a referirse necesariamente a todos los elementos de juicio que le propongan a su consideración, sino únicamente a los que a su criterio fueren decisivos para dictar el fallo, pues al prevalecer la apreciación en conciencia, los magistrados están autorizados a seleccionar y jerarquizar las fuentes y medios probatorios, pudiendo preferir unos elementos de tal naturaleza a otros, sin que su opinión pueda revisarse en la instancia extraordinaria, salvo absurdo (causas L. 121.154, "Sosa", sent. de 6-VII-2020; L. 120.468, "Ferreyro", sent. de 18-VIII-2020; L. 119.860, "Rodríguez", sent. de 30-XI-2020; L. 124.828, "Rodríguez", sent. de 6-XII-2021 y L. 125.955, "Claramunt", sent. de 3-XI-2022), vicio cuya existencia -como se adelantó- no se logra evidenciar.
III.2.b. Asimismo, yerra la recurrente cuando reprocha que el tribunal de grado que no evaluó la información sumaria tramitada ante el Juzgado Civil y Comercial n° 3 de General Rodríguez (v. rec., pág. 12), toda vez que la documental aludida fue expresamente mencionada en el veredicto (v. vered., segunda cuestión tratada).
Al respecto, cabe agregar que no se percibe contradicción alguna entre el contenido de dicha prueba -sobre la efectiva existencia de la relación de "noviazgo/convivencia" invocada entre el señor López y la señora Sosa- y la conclusión del tribunal con arreglo a la cual juzgó no demostrado el tiempo de duración de la misma, ni que esta se mantuviera vigente al momento de la muerte del trabajador, ocurrida tiempo después; aspectos estos que no resultan susceptibles de ser suficientemente acreditados con las constancias obrantes en esa actuación sumarial.
Resulta de aplicación el criterio de esta Corte que tacha de insuficiente al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 121.958, "Lamuraglia", sent. de 7-IX-2023; L. 126.850, "Torales Cardozo", sent. de 25-X-2023 y L. 128.642, "Municipalidad de San Cayetano", sent. de 27-II-2024; e.o.).
III.2.c. Por otro lado, la personal apreciación de la impugnante acerca del valor e idoneidad que habría que asignar a las declaraciones testimoniales ponderadas en el fallo tampoco alcanza para descalificar el razonamiento que condujo al tribunal a concluir no acreditada la convivencia de la recurrente con el trabajador al momento de su fallecimiento.
Si bien el órgano de mérito recalcó que la testigo Acosta se encontraba comprendida por las generales de la ley -por ser madre del trabajador-, consideró corroborados sus dichos con las otras dos restantes declaraciones (de Velardez y de Gómez, tío de la recurrente), las cuales -afirmó- fueron coincidentes (v. vered., segunda cuestión tratada).
En este orden, no es ocioso recordar que la valoración de la prueba testimonial queda reservada a los jueces de grado, quienes gozan de amplias atribuciones en razón del sistema de "apreciación en conciencia", tanto en lo que concierne al mérito como a la habilidad de las exposiciones (causas L. 124.198, "Diaz", sent. de 19-IX-2022; L. 125.509, "Cuello", sent. de 22-XI-2022 y L. 125.848, "Fernández", sent. de 22-XII-2022; e.o.).
III.2.d. Cabe señalar que la deficiencia del medio impugnatorio tampoco puede considerarse salvada por la sola mención de la afectación de las garantías constitucionales presuntamente infringidas -a las que únicamente se cita en un lacónico párrafo del recurso-, ya que, como tantas veces lo ha expresado esta Corte, ello no sería más que la eventual consecuencia de la transgresión de preceptos legales cuya alegación omitió formular el recurrente (causas L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; L. 121.275, "Morcira", sent. de 17-II-2021 y L. 125.911, "Aime", sent. de 27-X-2022; e.o.).
III.2.e. La crítica tampoco resulta eficaz en la medida en que, si bien se invoca la violación de doctrina legal (v. rec., pág. 3), luego no se efectúa mención alguna de causas relacionadas con los agravios traídos (art. 279, CPCC).
III.2.f. Finalmente, igual suerte adversa debe correr la denuncia de absurdo dirigida a atacar la resolución del incidente de nulidad de la notificación del traslado de la demanda que llega firme a esta instancia de casación.
Al respecto, me permito precisar que las cuestiones procesales anteriores al dictado del veredicto y la sentencia resultan temas ajenos al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuyo ámbito está circunscripto -en rigor- al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 123.271, "Arguello", sent. de 6-XII-2021; L. 123.759, "Araya", sent. de 7-III-2022 y L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
Por tal razón, debe desestimarse el planteo formulado por la impugnante en el último tramo de su réplica (conf. art. 279 cit.).
III.3. Ante la ausencia de idoneidad de la crítica analizada para desbaratar las motivaciones esenciales del fallo objetado, este ha de permanecer incólume.
IV. Por dichos motivos, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (conf. art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan y los señores Jueces doctores Soria y Genoud , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 26/04/2024 11:51:50 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/05/2024 21:27:27 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/05/2024 09:49:59 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 23:34:16 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/06/2024 08:39:32 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 03/06/2024 14:02:59 hs. bajo el número RS-44-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia