Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa A 75093
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa A. 75.093, "Fisco de la Provincia de Buenos Aires contra Dirección General de Asistencia y Previsión Social para Ferroviarios sobre expropiación directa. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Genoud, Soria, Kogan, Torres.
La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en la ciudad de La Plata hizo lugar a los recursos de apelación interpuestos por el letrado de la parte demandada y el sucesor del perito martillero público, elevando el monto de la regulación de honorarios (de ambos) que había efectuado la señora jueza de primera instancia (el día 4 de octubre de 2021), en razón de la sentencia previa dictada por esta Suprema Corte de Justicia con fecha 12 de mayo de 2021.
Disconforme con dicho pronunciamiento, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito de 29-IV-2022), el que fue concedido por la Cámara interviniente el día 4 de agosto de 2022.
Dictada la providencia de autos para resolver (fecha 14 de febrero de 2023) y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
I. Conforme surge de las constancias de la causa, el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo n° 1 del Departamento Judicial de La Plata, en el marco de una expropiación directa contra la Dirección General de Asistencia y Previsión Social para Ferroviarios y/o quien resultara propietario del inmueble ubicado en el partido de La Plata y designado catastralmente como Circunscripción I, Sección M, Manzana 967, Parcelas 1 (pte.), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 32 (pte.) y 33 (pte.), inscripto su dominio en la matrícula n° 209.007 (055), consideró que habiéndose dictado la ley 14.502 (que declaraba de utilidad pública y sujeto a expropiación el bien inmueble de los demandados, para ser transferido al Ministerio de Salud de la Provincia destinado a los Consultorios Externos del Hospital Descentralizado Interzonal de Agudos Especializado en Pediatría "Sor María Ludovica" de La Plata) y, de acuerdo a los términos en que quedara trabada la relación jurídica procesal, la controversia giraba únicamente en torno a la determinación y alcance de la indemnización.
En tal contexto, la señora jueza fijó el monto de la condena, debiendo la parte actora abonar la indemnización respectiva que se fijaba en la suma de dieciséis millones de pesos ($16.000.000), con más los intereses, y los honorarios de abogado y perito intervinientes (sent. de 29-IX-2016).
Con posterioridad, y ante la apelación de la demandada por considerar exigua la indemnización de acuerdo a los valores reales de mercado de los bienes inmuebles bajo escrutinio judicial, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata procedió a modificar el monto indemnizatorio, elevándolo considerablemente en base a una referencia constante en dólares, según lo oportunamente solicitado en la causa, ordenando consecuentemente, readecuar los honorarios profesionales pertinentemente (sent. de 14-VII-2017).
Ante ello, la Fiscalía de Estado interpuso un recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley ante esta Suprema Corte denunciando la violación de diversos artículos de la ley 5.708 y del Código Procesal Civil y Comercial, entre otros, particularmente en relación con lo que consideraba una indemnización exagerada y desproporcionada. Tal recurso fue rechazado por sentencia del día 12 de mayo de 2021, donde este Tribunal declaró su insuficiencia, dejando firme, pues, lo decidido por el Tribunal de Alzada en cuanto al fondo del asunto.
Practicada entonces la nueva liquidación de los honorarios regulados por la señora jueza de primera instancia (resol. de 4-X-2021), esta fue apelada por la Fiscalía de Estado (13-X-2021), a raíz de lo cual la Cámara de La Plata dictó la resolución que aquí se impugna, con fecha 7 de abril de 2022.
II. En su sentencia, el Tribunal de Alzada explicitó que la regulación de honorarios del doctor Oscar Horacio Ramos fue, en la decisión de primera instancia, fijada en la suma de pesos equivalente a novecientos diez (910) unidades arancelarias Jus decreto ley 8.904/77. Ello, con sustento en los arts. 1, 10, 16 y 44 inc. "b" segundo párrafo del decreto ley 8.904/77, con más los aportes de ley (conf. ley 6.716 y sus modif.).
En tal contexto, y ante la apelación de la regulación de honorarios por parte del señor Oscar Horacio Ramos (por considerarlos bajos) con fecha 7 de octubre de 2021, y del señor Matías Francisco Vinelli (en su carácter de sucesor del perito martillero Ricardo Hernán Vinelli) con fecha 13 de octubre de 2021, la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo del Departamento Judicial de La Plata entendió que dichos montos no se ajustaban a las pautas arancelarias establecidas por los arts. 16 y 21 del decreto ley 8.904/77 teniéndose en cuenta para ello los porcentuales de mínima y máxima, de acuerdo al modo en que se resolvió el proceso y los trabajos realizados, en el primer caso, por el letrado beneficiario. Consecuentemente, se pronunció en el sentido de que correspondía revocar el auto regulatorio apelado, fijando los honorarios del doctor Oscar Horacio Ramos, en la suma de pesos equivalente a tres mil setecientos ochenta y cinco (3.785) unidades arancelarias Jus decreto ley 8.904/77. Ello, con más el 10% y el Impuesto al Valor Agregado en caso de corresponder (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 y modif. y 1, 10, 15, 16, 31, 51, 54 y concs., dec. ley 8.904/77; SCBA Ac. 3.923/19).
Por otra parte, la regulación de honorarios del perito interviniente en autos -martillero público Ricardo Hernán Vinelli-, fue fijada -en el pronunciamiento de primera instancia de fecha 4 de octubre de 2021- en la suma de pesos equivalente a nueve (9) unidades arancelarias Jus decreto ley 8.904/77. Por las mismas razones expresadas previamente, entonces, el Tribunal de Alzada procedió asimismo a revocar dicha regulación de honorarios, por considerar que "...no resulta[ba] ajustada a las pautas arancelarias vigentes ni guarda[ba] una equitativa proporcionalidad con los honorarios regulados al letrado que ha intervenido en todo el trámite del juicio, teniéndose en cuenta para ello el modo en que se resolvió el proceso, la naturaleza y mérito de las labores periciales desarrolladas, los porcentuales de mínima y máxima y el monto comprometido en la pericia (doctr. SCBA, B. 49.297 I 10-XII-1992, in re : 'Ingenieros Costamagna y S.P.S. Soc. en Com. por Acc. c/ Provincia de Buenos Aires s/ D.C.A.'; arts. 242, 244, 246 y ccs., CPCC; 57, decreto-ley 8904/77; 1º -apartado 7-, Decreto Nº 6732/87; Ac. 3500, SCBA y la Resoluciones Arancelarias del Colegio Profesional que enrola al perito vigente a la fecha de la regulación; Ac. SCBA 1870 y modif.)" (sic, pto. I.3.2.). Por lo que correspondía, de igual modo, fijar los honorarios del mencionado perito en la suma de pesos equivalente a ochocientos diez (810) unidades arancelarias Jus decreto ley 8.904/77 (arts. 242, 244, 246 y concs., CPCC; 57, dec. ley 8.904/77; 1 apdo. 7, dec. 6.732/87; Ac. 3.500, SCBA y la resolución arancelaria del Colegio Profesional que enrola al perito vigente a la fecha de la regulación; Ac. SCBA 1.870 y modif.).
Por último, la Cámara interviniente procedió a regular los honorarios del letrado Oscar Horacio Ramos por la actividad desplegada con fecha 7 de octubre de 2016, 17 de octubre de 2016 y 29 de marzo de 2017 y el resultado del presente proceso, por su actuación profesional en segunda instancia, en la suma de pesos equivalente a un mil ciento treinta y seis (1.136) unidades arancelarias Jus decreto ley 8.904/77; cantidad a la que se deberá adicionar el 10% y el Impuesto al Valor Agregado en caso de corresponder (arts. 12 inc. "a" y 16, ley 6.716 y modif. y 1, 10, 15, 16, 31, 51, 54 y concs., dec. ley 8.904/77).
III. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fecha 29 de abril de 2022, la Fiscalía de Estado impugna el decisorio dictado por la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata de fecha 7 de abril de 2022, por entender que resulta violatorio de lo normado en los arts. 730 del Código Civil y Comercial; 37 de la ley 5.708; 1, 10, 16, 21, 44 inc. "b", 51 y 54 del decreto ley 8.904/77; 1 apartado 7 del decreto 6.732/87; "Ac. 3500 SCBA y las resoluciones arancelarias del Colegio Profesional que enrola al perito vigente a la fecha de la regulación; Ac. 1870 y sus modificaciones" (sic, pto. IV).
Asimismo, denuncia la conculcación de los arts. 16, 17 y 18 de la Constitución nacional, en lo referente a las garantías de igualdad, propiedad en sentido amplio y debido proceso legal en relación directa con la intervención del juez natural.
Con base en ello, explica que la resolución en crisis viola lo prescripto por el art. 37 de la ley 5.708 en cuanto dispone que "...al efecto de las regulaciones de honorarios, se tomará como monto del juicio la diferencia que resulte entre la oferta y la indemnización definitiva". Según advierte, pues, el Tribunal de Alzada se ha aparatado de tal norma específica, "...utilizando el sistema general, sin esbozar argumentación alguna para el apartamiento" (pto. VII, párr. tercero).
Como consecuencia de lo referido, tilda a la sentencia atacada de absurda y arbitraria, por conculcar las leyes de la lógica que vienen impuestas con carácter general para todo juzgador por las reglas de la sana crítica y, como resultado, afectar la garantía constitucional del debido proceso.
Expresa que, por lo demás, la resolución de Cámara se ha apartado de la doctrina legal fijada por esta Suprema Corte en autos Ac. 84.028, "Rojas, Alberto", según la cual "...si la aplicación de las normas arancelarias conduce a concluir que a la parte demandada le hubiera convenido perder el juicio antes que ganarlo, es innegable que el órgano de aplicación, en el caso el tribunal de trabajo actuante, no debe permanecer impasible, convirtiéndose en mero testigo de una situación descabellada..." (cfr. voto del doctor Negri).
De su lado, cita precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación con relación a que los intereses no integran el monto del juicio a los fines regulatorios, pues ellos son el resultado de una contingencia esencialmente variable y ajena a la actividad profesional (citado como "Fallos: 322:2961 y causa CSJ 1133/2003 39-S/CS1, 'Shell, Compañía Argentina de Petróleo S.A. c/ Neuquén, Provincia de s/ acción declarativa de certeza', sentencia del 10 de agosto de 2010").
Por último, en lo tocante al invocado art. 730 del Código Civil y Comercial, aduce que el pronunciamiento en crisis supera "de manera palmariamente irrazonable el tope del 25 % establecido".
IV. El recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley debe prosperar (art. 279, CPCC).
En autos, la Fiscalía de Estado interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley contra la regulación de honorarios que practicó el Tribunal de Alzada con fecha 7 de abril de 2022, por entender que resulta violatoria de lo normado en los arts. 730 del Código Civil y Comercial; 37 de la ley 5.708 y 1, 10, 16, 21, 44 inc. "b", 51 y 54 del decreto ley 8.904/77.
Tal como se dijera en los precedentes A. 73.465, "Sacian S.A.", sentencia de 15-VIII-2018 y C. 87.866, "Carballo", sentencia de 18-III-2009, a los cuales presté oportunamente mi adhesión, tratándose de un juicio de expropiación, la base regulatoria está determinada por el art. 37 de la ley 5.708, en su último párrafo, donde se expresa: "Al efecto de las regulaciones de honorarios, se tomará como monto del juicio la diferencia que resulte entre la oferta y la indemnización definitiva".
En autos hay que tener en cuenta entonces, el monto que arroja la indemnización fijada por la sentencia de primera instancia (liquidación aprobada por resolución de 4-X-2021, fallo que se encuentra firme) y la oferta del Fisco (a fecha de diciembre de 2014) de acuerdo con el detalle presentado por el demandado en su contestación de demanda (v. fs. 49/52 vta.).
De la comparación entre la diferencia resultante entre ambos -monto del juicio a los fines regulatorios, según el art. 37 in fine - con el total de las regulaciones realizadas por la resolución del día 7 de abril de 2022 -en calidad de honorarios por trabajos en primera instancia- resulta patentizada la inaplicación de la norma específica que se denuncia (conf. doctr. causas C. 87.866 y A. 73.465 citadas).
Si lo que dejo expuesto es compartido corresponderá hacer lugar al recurso extraordinario interpuesto por el demandado obligado al pago, dejar sin efecto las regulaciones de honorarios impugnadas contenidas en el auto de fecha 7 de abril de 2022 y remitir las actuaciones al Tribunal de Alzada para que, integrado como corresponda, efectúe una nueva regulación conforme lo dispuesto en el art. 37 de la ley 5.708.
Voto por la afirmativa.
Las costas se imponen a la vencida (arts. 60 inc. 1, ley 12.008, texto según ley 13.101; 68 y 289, CPCC).
El señor Juez doctor Soria, la señora Jueza doctora Kogan y el señor Juez doctor Torres , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Genoud, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario interpuesto (art. 289, CPCC).
Las costas se imponen al vencido (arts. 60 inc. 1, ley 12.008 -texto según ley 13.101-; 68 y 289, CPCC).
Regístrese y notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 28/05/2024 22:47:51 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/05/2024 11:35:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 29/05/2024 15:40:40 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 09:43:33 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/05/2024 10:29:59 - MARTIARENA Juan Jose - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 30/05/2024 10:40:14 hs. bajo el número RS-58-2024 por DO\jmartiarena.
Fin de la sentencia