Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 125676
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaDenegar el recurso federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
C. 125.676 "LEGAJO REGISTRO NOTARIAL N°8 DEL PARTIDO DE AYACUCHO"
I. El escribano Martín Eseverri interpone recurso extraordinario federal contra el pronunciamiento de esta Corte que, con remisión al dictamen del señor Procurador General, rechazó el de inaplicabilidad de ley, en virtud de su insuficiente fundamentación (arts. 31 bis ley 5.827, texto según ley 13.812; 279 y 289, CPCC; v. Sist. Augusta, trámites: "Resolución registrable", de fecha 29-IX-2023 y "Recurso Federal-Deduce", de fecha 12-X-2023 y PDF "Interpone" adj.).
En el caso, en lo que interesa destacar, la Cámara interviniente confirmó la decisión que, a su turno, había rechazado el planteo de prescripción de la acción sancionatoria formulado por el mencionado notario, al no encontrar reunidos y acreditados los extremos necesarios para su progreso (v. trámites: "Proveído" de fecha 11-XI-2021 y "Sentencia definitiva", de fecha 8-II-2022).
II.1. En la vía ahora intentada, el impugnante funda la cuestión federal en la doctrina de la arbitrariedad de sentencia, así como en la violación de garantías constitucionales de defensa en juicio, derecho a ser oído, debido proceso y plazo razonable (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 8.1, CADH; págs. 2, 4/8, 10 y 12/17, PDF cit.).
II.2. Sostiene que la decisión en crisis resulta arbitraria y debe ser dejada sin efecto. Ello por cuanto, esta Corte, apartándose de las circunstancias objetivas de la causa y de la normativa que rige al caso, rechazó el remedio local al ponderar -con exceso ritual- que había sido insuficientemente fundado. Afirma que, en tanto se vulneran -de esta manera- las garantías constitucionales mencionadas, el presente configura una cuestión federal suficiente para habilitar esta vía. Y cita, en sustento de su postura, precedentes de la Corte Suprema nacional que estima atinentes al caso, en particular las causas "Strada"; "Di Mascio"; "Christou"; "Mattei"; "Goye", entre otros (Fallos: 308:490; 311:2478; 310:324; 272:188 y 340:2001; págs. 5 y 12/13, PDF cit.).
II.3. Arguye, por otro lado, que el fallo atacado devela una crítica infundada a la impugnación realizada, desmereciendo los concretos y puntuales cuestionamientos efectuados frente a lo decidido por el Tribunal de Alzada. Y asegura que, contrariamente a lo expuesto, los agravios no son una mera repetición de lo planteado con anterioridad, sino que se han rebatido todos y cada uno de los argumentos dados por el citado tribunal para denegar el pedido de prescripción de la acción, descartar la declaración de inconstitucionalidad del art. 72 del decreto ley 9.020/78 y desestimar la alegada duración irrazonable del proceso sancionatorio (v. págs. 12/15, adjunto cit.).
III.1. En relación al remedio intentado, corresponde recordar que para la procedencia del recurso extraordinario es requisito esencial la existencia de cuestión federal, es decir, que esté en juego la inteligencia de una cláusula constitucional, en la que lo medular de la disputa verse sobre el sentido y alcance de uno o más preceptos de la Constitución de la Nación, y que la decisión adoptada sea contraria a su validez (art. 14, ley 48).
De ahí que las cuestiones de hecho y prueba y las relacionadas con la interpretación y aplicación del derecho común y público y procesal local (en el caso, se controvierte la valoración efectuada por el Tribunal de Alzada para descartar: los planteos de inconstitucionalidad, prescripción de la acción y la vulneración del derecho a ser oído en un tiempo razonable, así como la suficiencia del remedio de inaplicabilidad local para atacar la decisión), son ajenas por regla y naturaleza al recurso federal. En estos casos, resulta particularmente exigible que la apelación cuente, en torno a los agravios que la originan, con argumentos bastantes para dar basamento a la invocación de un supuesto de inequívoco carácter especial (arts. 14 y 15, ley 48; conf. CSJN, Fallos: 316:2787; 321:2086; 3209, 326:1977; entre otros).
En el presente, no se advierte que en la pieza recursiva se satisfagan dichos extremos, desde que las razones expuestas por el impugnante no constituyen más que meras discrepancias con el criterio fijado por esta Corte, ineficaces -como tales- para habilitar la vía intentada (doctr. arts. 14 y 15, cits.).
III.2. En lo atinente a la arbitrariedad, basada en las causales de exceso ritual, falta de fundamentación suficiente, apartamiento de la normativa aplicable y de las constancias de la causa, tampoco se observan argumentos que -en principio- sean suficientes para dar sustento a la presencia de una hipótesis especial (doctr. art. 15, cit.).
En ese sentido, corresponde tener en cuenta que según lo tiene dicho el propio Superior Tribunal de la Nación, la doctrina de la arbitrariedad no tiene por objeto corregir pronunciamientos supuestamente equivocados o que se consideren tales, en orden a temas no federales, pues para su procedencia se requiere un apartamiento inequívoco de la solución normativa o una absoluta carencia de fundamentación que descalifique la sentencia apelada como acto jurisdiccional válido (conf. CSJN, F. 1792. XL; RHE, sent. de 28-VIII-2007; Fallos: 329:2206; 329:3761 y 330:133; entre otros). Asimismo, que dicha doctrina es particularmente restringida en relación a pronunciamientos de Superiores Tribunales provinciales cuando deciden recursos extraordinarios de orden local (doctr. CSJN, Fallos: 308:641; 311:100 y 313:493).
Dentro de ese marco, la parte debe esgrimir acabados y suficientes argumentos que permitan analizar circunstanciadamente el alcance de la apelación federal por vía de la arbitrariedad, carga que -como se anticipara- no se encuentra satisfecha en la especie. Ello, toda vez que el interesado se limita -en rigor- a denunciar dicho vicio respecto del fallo en crisis -y de la instancia anterior en grado- y a disentir con el criterio tomado por este Tribunal para descartar el recurso de inaplicabilidad de ley intentado. En efecto, reitera -en sustento de su postura- los cuestionamientos expuestos en el referido remedio local, relacionados con la irrazonable duración del proceso sancionatorio y la inconstitucionalidad del plazo prescriptivo fijado por el decreto ley 9020/78, agravios que ya han sido ponderados por esta Corte para dar oportuna respuesta en la decisión atacada (v. págs. 6/16 del trámite "RECURSO EXTRAORDINARIO-INTERPONE" de fecha 18-II-2022, págs. 10/17 del PDF cit. y resol. en crisis cit.).
III.3. Por otro lado, cabe apuntar que la mera invocación de la supuesta vulneración de normas constitucionales y convencionales (arts. 18 y 75 inc. 22, Const. nac. y 8.1, CADH, PDF cit.), así como la mención de los fallos del Tribunal federal que cita, no abastecen el remedio intentado, ya que dichas referencias no constituyen una razón facilitadora del acceso a la jurisdicción extraordinaria de la Corte Suprema de la Nación (SCBA, causas "Banco del Acuerdo SA", resol. de 3-V-2018; C. 121.331, "Gouveia Mendes", resol. de 22-V-2019; C. 123.343, "Legajo Registro Notarial n°311 del Partido de la Plata", resol. de 11-V-2020; C. 123.330, "Luis Blanco Sa", resol. de 11-VI-2020; C. 123.632, "Aveldaño", resol. de 23-X-2020; C. 124.060, "Fisco Nacional", resol. de 31-III-2021; C. 124.640, "Cataffo", resol. de 10-IX-2021; C. 124.505, "Aquino", resol. de 15-III-2022; C. 123.866, "Toncovich Rodriguez", resol. de 20-IV-2022; C. 125.785, "Suárez", resol. de 1-VIII-2023), entre otros.
Por ello, la Suprema Corte de Justicia
Denegar el recurso federal deducido. Las costas se imponen por su orden dada la ausencia de contradicción (arts. 68, segundo párrafo, 256 y 257, CPCCN).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t. o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por el Actuario interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 03/05/2024 13:54:01 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 05/05/2024 18:46:17 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 06/05/2024 11:24:14 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 31/05/2024 10:53:17 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 05/06/2024 12:24:52 - LASCANO Maria Cecilia Zulema - SUBSECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE RESOLUCIONES DE SUPREMA CORTE el 05/06/2024 13:07:54 hs. bajo el número RR-336-2024 por LASCANO MARIA CECILIA.
Fin de la sentencia