Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa Rc 124278
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo de $187.000 (v. comprobante de 25-VIII-2020) queda perdido (art. 294, segundo párrafo, CPCC), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3135/2013).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 124.278, "B., E. S. contra B., M. Acción compensatoria", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Genoud.
La Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Junín confirmó la sentencia de primera instancia que desestimó el planteo de caducidad de instancia y del derecho a reclamar la compensación económica derivada de la unión convivencial, pedido por el señor B. (v. sent. de 23-VI-2020).
Se interpuso, por el demandado, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación de 15-VII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El 26 de junio de 2019 el señor M. Á. B. solicitó caducidad de instancia en los términos de los arts. 310 y 315 del Código Procesal Civil y Comercial y planteó también la caducidad de la acción por compensación económica interpuesta por la actora, argumentando que había transcurrido el plazo de seis meses contemplado por el art. 525 del Código Civil y Comercial de la Nación.
Sostuvo que la convivencia terminó el 3 de agosto del año 2017, cuando su ex pareja se retiró del domicilio alegando violencia familiar, proceso que comenzó el 8 de febrero del año 2018, circunstancia por la que, afirma, por entonces la acción ya estaba caduca.
II. Arribado dicho planteo al Juzgado de Familia n° 1 de Junín, este desestimó tanto el planteo de caducidad de instancia como el de caducidad del derecho a reclamar la compensación económica derivada de la unión convivencial (v. sent. de 23-X-2019).
Apelada esa decisión por el señor B., la Cámara confirmó la sentencia y expresó: "...encuentro determinante para el rechazo de la caducidad de derecho planteada, el obrar del propio demandado en el proceso de Protección contra la Violencia Familiar (Expte. n°5893-2017 que obra atraillado a las presentes), quien en la presentación de fs. 20/1, reconociera no solo la convivencia con la aquí accionante, sino también la existencia de derechos derivados de la misma, para la cual solicitara la fijación de una audiencia conciliatoria, con el objetivo de 'no judicializar controversias' (sic fs. 21 y vta.)" (pág. 4, sent. cit.).
A su vez, señaló que el señor B. en la presentación de fs. 23/27 "...detalló los bienes e ingresos de cada uno de los integrantes de la pareja, ofreciendo la prueba que estimaba pertinente a tal fin, reafirmando su intención de resolver en el mismo proceso, los derechos derivados de la unión convivencial". Así, concluyó la Cámara: "...dicho obrar, no sólo pudo retardar justificadamente el inicio del presente reclamo, ante la fundada expectativa de llegar a un acuerdo conciliatorio en dicho proceso; sino que a mi entender, también configura un claro reconocimiento del derecho en los términos previstos por el inciso b del artículo 2.569 del C.C.C." (pág. cit.).
III. Frente a ello, el demandado interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley por el cual denuncia la violación de los arts. 724, 727, 733, 734, 735, 2.566, 2.567 y 2.171 del Código Civil y Comercial de la Nación; 34 inc. 4, 163 inc. 4, 266, 278, 279 y concordantes del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires; 171 de la Constitución provincial; 16 de su par nacional y 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (v. presentación de 15-VII-2020).
Alega que "Las normas fondales a las que acude el Juez del voto preopinante para concluir la inexistencia de la pretendida caducidad del derecho a la pretensión de la compensación económica por el desequilibrio manifiesto con causa en el cese de la unión convivencial por ésta parte demandada, son el artículo 733 y 2569 del CCCN, al interpretar que habiendo expresado esta parte en el proceso de familia acollarado al presente 'B. E. S. c/ B. M. A. s/ Protección contra la violencia familiar (Ley 12569)', expte. Nº 5893/2017, en trámite por ante este Juzgado de Familia, mediante un escrito presentado espontáneamente el día 04 de agosto de 2017 en el que se admite la existencia de una unión convivencial y dispuesto a fin de no judicializar controversias, a aceptar audiencia por ante el Consejero de Familia del propio Juzgado" (pág. 7, escrito de 15-VII-2020).
Siguiendo esa línea, expresa que "Interpretar como lo hizo el Juez preopinante de la Cámara de Apelación, es decir con los efectos del reconocimiento pleno de una obligación en los términos del art. 724 del CCCN, y en cuanto sus alcances y extensión de aquella, como contenedora de la obligación del derecho a la compensación económica, con causa adecuada en el cese de la unión convivencial, es un absurdo, que contradice el propio artículo 735 del mismo digesto fondal, que amerita su casación y reproche" (pág. 12, escrito cit.).
Finalmente, esgrime que "...la conclusión derivada de la interpretación de las piezas procesales que acude el magistrado -en una selección propia y dogmática-, fue en orden a su propio interés magistral, sin que ninguna de las partes lo alegara en pos o defensa de su interés y consecuencia de tal, resultara la correcta apreciación de tal interpretación, acorde al derecho aplicable" (pág. 13, escrito cit.).
IV. El recurso debe ser rechazado pues, como ya ha sido establecido por esta Corte, quien sostiene que el fallo transgrede determinados preceptos del derecho vigente o denuncia absurdo anticipa una afirmación que debe demostrar, ya que el incumplimiento de esa exigencia provoca la insuficiencia del intento revisor (conf. causas C. 96.918, "Dalul", sent. de 25-II-2009; C. 108.600, "Aliaga", resol. de 7-X-2009 y C. 121.343, "L., A.", sent. de 3-V-2018).
Esta circunstancia se da en el presente caso en tanto la Cámara, al abordar los planteos de caducidad de instancia y caducidad del derecho a reclamar la compensación económica derivada de la unión convivencial, determinó, a partir de las constancias de la causa, que el demandado expresamente reconoció su existencia, por lo que mal podría ahora invocar su caducidad (v. pág. 4, sent. de 23-VI-2020) y dichos argumentos no fueron rebatidos por el demandado.
A su vez, también debe ser rechazada la denuncia de infracción al principio de congruencia (v. presentación de 15-VII-2020), en virtud de que se omite brindar argumentos que demuestren ese apartamiento por parte del Tribunal de Alzada.
Esta Corte ha sostenido que los agravios relativos a la violación del principio de congruencia, por estar vinculados a la interpretación de escritos judiciales, deben ser acompañados de la denuncia y demostración de absurdo en la tarea del juzgador, vicio que en el caso el recurrente no logró demostrar (conf. causas C. 101.790, "Alegre", sent. de 29-IV-2009 y C. 93.166, "Mondi", sent. de 7-X-2009; e.o.).
Lo expuesto lleva a desestimar las impugnaciones formuladas y a descartar las infracciones normativas esgrimidas (arts. 279 y 289, CPCC).
V. A su vez, y en virtud de que en la presente causa se pone a consideración una compensación en los términos del art. 525 del Código Civil y Comercial que tiene como trasfondo una denuncia por violencia familiar, es preciso que se la aborde con perspectiva de género.
En este sentido, cabe poner de resalto que las mujeres dedican más horas al trabajo doméstico, aun cuando la comparación se realice entre un varón desempleado y una mujer que trabaja fuera del hogar con paga de una jornada completa (v. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/las_brechas_de_genero_en_la_argentina_0.pdf).
Los datos expuestos son relevantes para mostrar la desigualdad existente en el plano laboral entre hombres y mujeres que genera que esas desigualdades se reproduzcan y amplíen. Por ello, es preciso que, en causas en las que se discutan situaciones económicas, como lo es la de una compensación en los términos del art. 525 del Código Civil y Comercial, se tenga en cuenta que resolver con perspectiva de género implica no limitarse a la aplicación neutral de las normas internas vigentes sino hacerlo a la luz de la Constitución y de las convenciones, observándose la realidad en concreto y situándola en el contexto en que se desarrolla, para generar una tutela efectiva (conf. mi voto en causa C. 124.589, "M. L. F." , sent. de 21-III-2022).
Así, en el caso, cabe remarcar que desde una mirada constitucional-convencional existe la obligación reforzada de garantizar el acceso a la justicia a la señora B., pues de lo contrario se incumpliría con dichas mandas y se atentaría contra los derechos allí consagrados.
Es dable, a su vez, destacar el papel fundamental de la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en los que desarrollen sus relaciones interpersonales, pues este instrumento robustece el principio de igualdad y no discriminación y es de aplicación obligatoria para los jueces, por ser transversal a todo el ordenamiento jurídico interno (arts. 1, 2, 3, 4, 5, 7 y 16, ley 26.485).
VI. En virtud de la falta de demostración de absurdo y de infracción al principio de congruencia, el recurso interpuesto debe ser desestimado (art. 279 y su doctr., CPCC). Las costas se imponen al demandado en su condición de vencido (arts. 68 y 289, CPCC).
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
Adhiero al voto de la doctora Kogan, con exclusión de los desarrollos que formula en el capítulo V, por considerar que las restantes consideraciones abastecen suficientemente la propuesta decisoria que formula.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
Comparto la solución que propone la doctora Kogan en tanto considero que luce armónica con el régimen de la compensación económica -en este caso respecto al planteo por parte del recurrente del plazo de la caducidad de instancia y de caducidad del derecho para reclamarlo judicialmente- y con la normativa internacional que refiere a la protección de las mujeres en situaciones de violencia y la garantía de su derecho a la tutela judicial efectiva, comprensiva del derecho de defensa en juicio.
Voto por la negativa.
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Genoud dijo:
En la causa de referencia adhiero al voto de la doctora Kogan, con el alcance dado por el doctor Soria. En consecuencia, voto por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley; con costas (arts. 68 y 289, CPCC).
El depósito previo de $187.000 (v. comprobante de 25-VIII-2020) queda perdido (art. 294, segundo párrafo, CPCC), debiendo el tribunal dar cumplimiento a lo dispuesto por los arts. 6 y 7 de la resolución 425/02 (texto resol. 3135/2013).
Regístrese y notifíquese por medios electrónicos (conf. resol. SC 921/21 y Ac. 4013/21 y sus modif. -t.o. por Ac. 4039/21-) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto y registrado por el Actuario firmante, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 14/02/2024 09:53:45 - GENOUD Luis Esteban - JUEZ
Funcionario Firmante: 14/02/2024 22:34:57 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/02/2024 12:47:22 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/02/2024 12:12:36 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 22/02/2024 10:55:09 - CAMPS Carlos Enrique - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 22/02/2024 11:05:28 hs. bajo el número RS-7-2024 por CAMPS CARLOS ENRIQUE.
Fin de la sentencia