Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129911
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.911, "Bravo, Carlos Alberto contra Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Apelación de resolución administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Torres, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de Morón, hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas a la demandada en su condición de vencida (v. vered. y sent. de fecha 11-VII-2022 y aclaratoria de fecha 31-VIII-2022).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 16-IX-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1.a. El tribunal de grado declaró parcialmente procedente la demanda promovida por el señor Carlos Alberto Bravo y condenó a Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. a abonarle al actor en un único pago la prestación dineraria establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557, con más la suma adicional que estableció con fundamento en el art. 11 inc. 4 apartado "a" del mismo cuerpo legal; ello como derivación de las secuelas incapacitantes que padece por el accidente in itinere que protagonizó el día 22 de abril de 2018. Desestimó, en cambio, el reclamo formulado en concepto de gastos futuros para tratamientos psicológicos.
Para así resolver, juzgó acreditado que como consecuencia de dicho evento dañoso -por el que padeció politraumatismos con pérdida de conocimiento, las fracturas de pierna izquierda y de hombro derecho, que requirieron cirugía-, el actor era portador de una reacción vivencial anormal neurótica fóbica de grado III que le provoca un daño psíquico del 20% de la total obrera, causalmente imputable al infortunio denunciado. Además, estimó que presentaba secuelas dolorosas de fractura de húmero y fémur con colocación de material de osteosíntesis, que lo incapacitan en un 25% de aquel índice; todo lo cual -conforme el decreto 659/96 y considerando los factores de ponderación del 12%- lo invalidaba psicofísicamente de modo parcial y permanente en un 50,4% de la total obrera.
En la etapa de sentencia, tras descartar las inconstitucionalidades planteadas por el accionante respecto de la ley 14.997 y arts. 8, 21 y 22 de la ley 24.557 y determinar el ingreso base mensual, procedió a calcular el importe de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la Ley de Riesgos, efectuando la siguiente ecuación: $109.140,72 x 50,4%= $55.006,92. Luego, una vez verificado que el piso aplicable, según la normativa que refirió, ascendía -en el caso- a la cuantía de $791.211,96, aplicó este último, por resultar la primera suma establecida inferior a él. Por otro lado, calculó la compensación adicional de pago único del art. 11 inc. 4 apartado "a" de la ley citada, en la suma de $697.718, arribando a un monto total, entre ambos guarismos, de $1.488.929,96.
Sentado lo anterior, situado en la premisa de que lo obtenido debía abonarse mediante renta periódica, declaró -de oficio- la inconstitucionalidad del art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557, y ordenó que dicho monto se otorgase en un único pago. Para así decidir, se basó en la causa L. 95.744, "Toscano" (sent. de 14-VII-2010), emanada de esta Suprema Corte, con argumentos similares -dijo- a los utilizados por la Corte federal en la causa "Milone" (sent. de 26-X-2004), los cuales transcribió. Luego, en cuanto al modo de cálculo de la indemnización debida al actor, señaló que este Tribunal recordó en los autos L. 122.166, "Ochoa" (sent. de 26-II-2020) la doctrina legal referida al monto de la prestación prevista en el mentado art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557. Indicó que en la causa L. 104.576, "Manrique Obregón" (sent. de 7-III-2012), y en las que la siguieron, se estableció que, declarada la inconstitucionalidad del régimen de la renta periódica previsto en la citada norma de la Ley de Riesgos del Trabajo, el importe total de las prestaciones por incapacidad allí previstas debe cuantificarse conforme estrictas pautas de cálculo que proporciona el sistema legal, y luego abonarse en un único pago (v. sent., pág. 10).
I.1.b. La sentencia de mérito de fecha 11 de julio de 2022 fue notificada a las partes el día 15 de julio de 2022 (v. despacho y libramiento de cédula del 12-VII-2022).
Contra esa decisión de grado, la parte actora solicitó una aclaratoria -y, de modo subsidiario, dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (en fecha 29-VII-2022)- con análogos agravios a los planteados en el remedio ordinario incoado.
Mediante la primera, alegó -en lo sustancial- que el sentenciante incurrió en un error material al efectuar el cálculo de la liquidación de la prestación prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557, en tanto omitió multiplicar la ecuación allí establecida ($109.140,72 -IBM actualizado más intereses- x 50,4% -porcentaje de incapacidad-) por 408 (cantidad de meses que le faltaban al actor para acceder al beneficio jubilatorio).
I.2. Posteriormente, en la resolución de fecha 31 de agosto de 2022, el juzgador de origen resolvió la aclaratoria articulada por el accionante con relación a la sentencia dictada, determinando la existencia del error material denunciado respecto del cálculo efectuado. De esta manera, aclaró que el cálculo correcto de acuerdo al mentado apartado "b" del art. 14 inc. 2, que juzgó aplicable en el resolutorio de fecha 11 de julio de 2022, resultaba ser: $55.006,92 x 408= $22.442.823,36; de modo tal que no era aplicable el piso fijado por el art. 3 del decreto 1.694/09 y la nota n° 6.026/18 de la Subgerencia de Control de Entidades de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo. Asimismo, dispuso que a dicho monto debía adicionarse la compensación adicional de pago único ya establecida en la sentencia definitiva ($697.718; conf. art. 11 inc. 4 apdo. "a", ley 24.557); totalizando ambos guarismos la suma de $23.140.541,36.
Esta última decisión fue notificada a las partes el día 2 de septiembre de 2022; y, con posterioridad, la actora desistió del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido (v. escrito de 5-IX-2022).
II. Luego, la demandada Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia la violación de las normas y de la doctrina legal que individualiza (v. presentación electrónica de fecha 16-IX-2022).
Al referirse a la admisibilidad de la vía articulada, sostiene que la resolución del tribunal de grado de fecha 31 de agosto de 2022 resulta definitiva, haciendo procedente el recurso deducido. Textualmente dice que "...si bien la sentencia definitiva es de fecha 12/07/2022 y fue notificada a esta parte el 15/07/2022, recién con la sentencia interlocutoria de fecha 31/08/2022 notificada en fecha 05/09/2022 por la cual se rectifica el importe de la condena y se lo eleva de $1.488.929,96 a $23.140.541,36 (o sea se lo eleva en 16 veces) es recién en dicho momento cuando se abre la posibilidad de interponer Recurso de Inaplicabilidad de la Ley por el monto, conforme los términos del art. 278 del CPCC..." (rec., pág. 2). Alega que fue a partir del dictado de esta última resolución aclaratoria que nació el agravio "por ser el monto de condena exageradamente superior al que correspondería conforme la ley y normas aplicables al caso, no antes" (rec., pág. 3). De allí que entendió cumplido el plazo de diez días siguientes a la notificación de la sentencia para interponer el mentado recurso.
Plantea los siguientes agravios.
II.1.a. En primer término, sostiene que el tribunal de grado se apartó indebidamente de los preceptos que -según entiende- resultaban aplicables al caso, esto es, las leyes 26.773 y 27.348 y el decreto 472/14.
En esencia, controvierte que en la sentencia recurrida se utilizara la fórmula establecida en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557 para determinar el capital de condena, siendo que -estima- no resulta la norma aplicable.
En ese orden, controvierte la declaración de invalidez constitucional de la forma de pago en renta, establecida en el último dispositivo citado, efectuada por el juzgador de origen por cuanto afirma que fue derogada por el art. 2 de la ley 26.773. Indica que esta última norma sienta como principio general indemnizatorio que el pago debe ser único. A su vez, postula que mediante el dictado del art. 17 inc. 1 fueron derogados los arts. 19, 24 y 39 incs. 1, 2 y 3 de la ley 24.557 y sus modificatorias; a la par que determinó que "...las prestaciones indemnizatorias dinerarias de renta periódica, previstas en la citada norma, quedan transformadas en prestaciones indemnizatorias dinerarias de pago único, con excepción de las prestaciones en ejecución..." (rec., pág. 9).
Expone que, a partir de la reglamentación del decreto 472/14 se dispuso que las incapacidades integrales superiores al 50% e inferiores al 66%, percibirían una prestación de pago único calculada según la fórmula del art. 14 inc. 2 apartado "a" de la ley 24.557; dejando a un lado -explica- lo estipulado anteriormente en el apartado "b" de dicha norma.
Argumenta que el mencionado decreto únicamente reglamenta lo estipulado en la ley 26.773, y que en modo alguno reduce las prestaciones dinerarias para los supuestos de incapacidad laboral, a la par que sostiene su constitucionalidad, en virtud de haber sido dictado por el Poder Ejecutivo, en uso de las facultades conferidas por el art. 99 incs. 1 y 2 de la Constitución nacional, sin que -a su juicio- haya resultado alterado el espíritu de la Ley de Riesgos del Trabajo, y sin que ello provoque lesión alguna a los derechos del accionante. Agrega que la constitucionalidad de dicho decreto fue ratificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en la causa que identifica como "Páez".
Entiende que según el sistema legal vigente y aplicable, el cálculo del capital de condena debió efectuarse de acuerdo a la fórmula establecida en el citado art. 14 inc. 2 apartado "a", en base a las pautas establecidas en el art. 11 de la ley 27.348, de modo tal que aquel debió ascender a la suma de $7.014.346,31.
II.1.b. En esa línea de razonamiento, manifiesta que la doctrina legal en que sustenta la decisión que impugna ha sido erróneamente aplicada, en tanto resulta anterior a la entrada en vigencia del mencionado decreto 472/14. Puntualmente refiere los precedentes L. 104.576, "Manrique de Obregón" (sent. de 7-III-2012) y L. 122.116, "Ochoa" (sent. de 26-II-2020).
II.1.c. De igual manera, enfatiza que el fallo objetado se apartó del criterio del precedente "Espósito", emanado de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y de la causa registrada como L. 118.695, "Staroni" (sent. de 24-V-2016), fallada por esta Suprema Corte.
Argumenta que el hecho dañoso ocurrió con fecha 22 de abril de 2018, lo que deja en evidencia -reitera- que lo fue durante la vigencia de las leyes 24.557 y 26.773. De modo tal que -aduce- ésta resultaba la normativa vigente y aplicable. Sostiene -además- que el supuesto de autos fue iniciado como recurso de apelación respecto de la resolución administrativa, en los términos de la ley 27.348, deviniendo la mentada normativa de actuación en los presentes autos.
Alega que la aseguradora desarrolla una actividad reglada, que -según dice- debe contar con la posibilidad de calcular la siniestralidad en base a pautas objetivas y cierta, puesto que lo contrario provoca la alteración de la ecuación económica del sistema instituido por la Ley de Riesgos del Trabajo, causándole un agravio a sus derechos constitucionales de propiedad y libertad de ejercicio de una industria lícita.
III. El recurso no prospera.
III.1.a. Ante todo, debo señalar que esta Suprema Corte tiene dicho que la resolución que acoge la aclaratoria interpuesta respecto de la sentencia, integra la misma y forma con ella un todo orgánico y lógico que debe computarse como una pieza única y, por ende, el plazo para recurrir debe contarse desde su notificación (causas Ac. 57.584, "Concha", resol. de 21-II-1995; Ac. 73.170, "Escalante de Zapata", resol. de 22-XII-1998; Ac. 84.199, "Cuevas", resol. de 2-X-2002 y Ac. 88.068, "Girotto", resol. de 29-X-2003).
Ahora bien, dicha doctrina legal no puede leerse sin considerar aquella otra que establece que el plazo perentorio acordado por la ley para deducir los recursos extraordinarios contra la sentencia definitiva no puede considerarse extendido por la interposición y posterior resolución de un pedido de aclaratoria, si las decisiones que se impugnan no fueron motivo de aclaración (causas Ac. 63.676, "Ruiz", resol. de 10-VII-1996 y Ac. 89.483, "Arrigoni", resol. de 29-XII-2003).
III.1.b. Desde esta perspectiva, anticipo que los agravios que porta la impugnación bajo análisis resultan tardíos.
III.1.b.i. Como fue reseñado, y en lo que aquí reviste interés, en el fallo de grado se estableció que la aseguradora demandada resultaba deudora de la prestación dineraria prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la Ley de Riesgos del Trabajo, cuyo pago se ordenó en una única vez, además del adicional contemplado en el art. 11 inc. 4 apartado "a" de la referida ley.
Como también se detalló, la vía de aclaratoria que contra la sentencia de origen interpuso la actora, basada esencialmente en la imputación de un error en la fórmula de cálculo utilizada para estimar la prestación dineraria amparada en la primera de las normas citadas, mereció acogida favorable.
III.1.b.ii. Así las cosas, no es difícil colegir que los agravios traídos por el recurrente en el medio impugnativo bajo tratamiento, deducido recién el 16 de septiembre de 2022, no se encuentran dirigidos a objetar la subsanación efectuada en la aclaratoria, con arreglo a la cual se modificó el cálculo de la fórmula prevista en el art. 14 inc. 2 apartado "b" de la ley 24.557, sino -concretamente- la utilización por el tribunal de grado de dicha normativa. A juicio del quejoso, no es el dispositivo que resultaría de aplicación al caso, desde que -a tenor de la reseña de agravios efectuada precedentemente y de los fundamentos allí expuestos- afirma que es aquella prevista en el apartado "a" inc. 2 del mentado art. 14, con arreglo a la normativa vigente al momento del evento dañoso.
De allí que, contrariamente a lo alegado por el impugnante, el gravamen cuya reparación procura nació con el dictado de la sentencia de mérito, que omitió atacar en tiempo oportuno, habiendo operado a su respecto la preclusión.
En este sentido, conviene recordar que la preclusión procesal es un instituto que garantiza uno de los principios que debe primar en toda causa judicial, esto es, la seguridad, y consiste en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para su ejercicio (causa L. 130.135, "Barrientos", sent. de 20-IX-2023).
III.1.b.iii. Tan es así que en la hipótesis de que la aclaratoria articulada por la parte actora hubiera sido desestimada, el pronunciamiento definitivo dictado hubiera adquirido firmeza con relación a la aquí impugnante, más allá de la suerte que -en su caso- hubiese seguido el remedio extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido por la accionante, que -al cabo- fue desistido a la vista de la suerte favorable corrida por el carril fundado en el art. 166 inc. 2 del Código Civil y Comercial.
III.2. Antes de finalizar, enfatizo que, desde la lectura de la réplica ninguna crítica advierto que se dirija a controvertir el contenido de la resolución de grado que acogió la aclaratoria, la que -en razón de ello y sin abrir juicio respecto de su grado de acierto- no ha de modificarse.
IV. En consecuencia, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
Los señores Jueces doctores Soria, Torres y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la negativa.
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 05/07/2024 09:29:58 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 08/07/2024 11:08:35 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 10/07/2024 11:48:47 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:18:37 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:42:35 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 13:01:03 hs. bajo el número RS-64-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia