Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 130203
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 130.203, "M., R. G. contra Experta ART S.A. Daños y perjuicios", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Soria, Torres, Kogan, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 1 del Departamento Judicial de San Nicolás admitió la demanda promovida y condenó a Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de la suma que fijó en concepto de indemnización por daños y perjuicios, con costas (v. sent. de 29-IX-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de 18-X-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Soria dijo:
I. El tribunal de grado hizo lugar a la acción que inició R. G. M. contra Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. -antes denominada La Caja Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A.-, y condenó a esta última al pago de una indemnización en concepto de los daños y perjuicios fundada en el Código Civil de Vélez Sarsfield (v. sent. de 29-IX-2022).
Para así decidir -en lo que resulta de interés- juzgó demostrado que el actor, quien prestaba servicios como chofer para la empresa Distribuciones Ario S.R.L., sufrió un accidente de trabajo el día 21 de febrero de 2011. En el punto, sostuvo que aquel, en ocasión de encontrarse realizando sus tareas habituales de reparto de mercaderías, bajando del camión, al abrir la puerta, esta impactó sobre su boca quebrándole los dientes incisivos centrales, "con el diagnóstico presuntivo de pérdida dentaria traumática" (vered., primera y tercera cuestión).
Estimó, con apoyo en el dictamen médico producido, que el señor M., a causa del infortunio, "...padece secuela de traumatismo dental, compromiso odontológico múltiple sin reparación definitiva, con secuelas de fonación y masticatoria (prótesis removible)...", lo que le ocasiona una incapacidad del 24% del índice de la total obrera.
Asimismo, valorando el intercambio telegráfico habido entre las partes, detalló los procedimientos médicos llevados a cabo, así como las intimaciones que -dijo- en numerosas oportunidades tuvo que cursar el accionante a la aseguradora requiriendo el otorgamiento de un adecuado tratamiento (v. vered., cuarta y quinta cuestión).
En este marco de análisis, sostuvo el a quo que la demandada no dispuso lo necesario para que la atención que requería el estado del actor fuera adecuada, y así, que el trabajador no sufriera daños evitables. Consideró determinante para calificar la conducta de la aseguradora, lo informado por el perito médico designado en autos, quien precisó que el tratamiento brindado al accionante fracasó, habida cuenta de que a la fecha de la pericia al accionante le faltaban todas las piezas dentarias de la arcada superior, menos el primer molar superior izquierdo, y usaba una prótesis dental removible, afectando ello su vida de relación social y las esferas estéticas, de fonación y masticatoria. Asimismo, también memoró los dichos de algunos de los testigos que declararon en la audiencia de vista de la causa que dieron cuenta -indicó- de las limitaciones que las consecuencias del reprochable obrar de la aseguradora importaron en la vida del demandante.
Concluyó que los hechos evaluados en el contexto del litigio y el obrar negligente de la demandada, conducen a reputar demostrada la existencia de una conexión causal entre la deficiente e inadecuada atención odontológica recibida por el actor -producido el infortunio reconocido- y la incapacidad portada (v. vered., séptima cuestión). Declaró que hubo de parte de la demandada por sí y a través de quienes tuvieron a su cargo la atención del trabajador, una actitud displicente y negligente en los términos del art. 1.109 del Código Civil, otorgando un tratamiento a todas luces inadecuado.
Refirió que las aseguradoras de riesgos del trabajo tienen obligaciones legales, entre ellas, las de otorgar y gestionar una cobertura médica adecuada, brindando las prestaciones correspondientes. Precisó que, del juego armónico de los arts. 3.3., 20, 26.7. y 27.1. de la ley 24.557; de las resoluciones de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo 2/96, 66/96, 75/96, 216/03, 1.300/04 y 1.240/04; de la resolución del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social 52/03; y del art. 7 del decreto 1.694/09, surgen obligaciones para las aseguradoras en materia de otorgamiento de las prestaciones médicas. Estableció así que Experta Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. debía responder por el propio obrar negligente y el proveniente de los terceros de los que se valiera para el cumplimiento de las obligaciones asistenciales, toda vez que al damnificado le resulta indiferente tal circunstancia.
Finalmente, cuantificó las sumas que determinó en concepto de daño material y daño moral, este último -según señaló- comprensivo del daño al proyecto de vida requerido en la demanda.
II. La aseguradora de riesgos del trabajo condenada interpone recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia arbitraria valoración de la prueba y la violación de los arts. 16, 17, 18 y 19 de la Constitución nacional; 10 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; y de la doctrina legal que cita.
II.1. Objeta la decisión del órgano de grado que tuvo por probada la conducta negligente de la accionada en los términos del art. 1.109 del Código Civil, así como la apreciación de la prueba pericial producida.
II.1.a. Alega que la parte actora no probó los incumplimientos en los que habría incurrido la accionada y el nexo de causalidad entre el accidente padecido por el trabajador y aquel obrar culposo que se le atribuye.
Señala que en el pronunciamiento de grado no describe cuál es el hecho que conforme a una norma legal debió realizar la accionada para evitar el daño.
Agrega que el juzgador de origen entendió equivocadamente que la aseguradora no efectuó el control adecuado del cumplimiento de la normativa en materia de seguridad e higiene del trabajo por parte del empleador, incurriendo en el supuesto de responsabilidad previsto en el art. 1.074 del Código Civil.
II.1.b. Sostiene que el perito médico interviniente, justificó el nexo causal laboral de las patologías sin fundamentación específica, basándose en estudios médicos aportados por el actor, sin control de parte, lo que torna al dictamen arbitrario, parcial y ajeno a los verdaderos hechos.
II.2. Se agravia del monto indemnizatorio al que arribó el juzgador por resultar -en su criterio- excesivo, arbitrario y violatorio del derecho de propiedad.
Enfatiza que solo debió ser eventualmente condenada en los términos de la ley 24.557 y dentro de los límites del contrato de afiliación celebrado con la empleadora, en la medida de la cobertura contratada.
Luego, afirma que el sentenciante no explicó los lineamientos que llevaron a la determinación del quantum indemnizatorio, indicando vagamente que tuvo en cuenta las condiciones específicas de la parte actora.
Finalmente, para el caso en que se confirme la condena civil, solicita se la reduzca "a sus justos límites", teniendo en cuenta la real incapacidad del accionante.
II.3. Cuestiona que no se haya descontado de la indemnización fijada el resarcimiento abonado al actor en la instancia administrativa, lo que indica, configura un enriquecimiento indebido o incausado del reclamante.
II.4. Sostiene que, siendo que la accionada jamás estuvo en mora, el monto de intereses impuesto en la sentencia deviene arbitrario, confiscatorio y afecta al derecho de propiedad de la recurrente.
Alega que el tribunal de origen ya cuantificó a valores actuales los daños fijados, por lo que la forma en que ordenó calcular los intereses resultantes, conduce a una superposición de valores que altera el significado económico del capital incrementándolo indebidamente y comprometiendo los principios que vedan el enriquecimiento sin causa.
II.5. Por último, se agravia de la imposición de costas, toda vez que -según refiere- debieron recaer exclusivamente en el actor.
Asimismo, impugna las regulaciones de honorarios a efectuarse en autos para el caso de que no contemplen la limitación introducida por la ley 24.432.
III. En razón de su insuficiencia, el recurso no puede prosperar (art. 279, CPCC).
III.1. No es atendible el agravio en el que el impugnante cuestiona la valoración de la prueba efectuada por el juzgador de grado y aquella decisiva conclusión que juzgó verificados en el caso los presupuestos previstos en la ley civil para responsabilizar a la firma aseguradora.
III.1.a. Tiene dicho esta Corte que tanto el análisis del material probatorio aportado por las partes al proceso, como la determinación relativa a si se configuran -o no- los presupuestos que tornan viable la procedencia de la acción de daños y perjuicios conforme el derecho civil, son facultades privativas de los jueces de mérito, cuya revisión solo procede ante la existencia de absurdo (conf. causas L. 120.043, "Idalgo", sent. de 4-VIII-2020; L. 123.291, "Longo", sent. de 30-VIII-2021 y L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; e.o.).
Sin embargo, no se observa denunciada en el recurso en estudio la supuesta configuración del mencionado vicio, deficiencia que marca la inhabilidad de la impugnación, pues es sabido que esta Suprema Corte no puede suplir de oficio, por inferencias o interpretación, las omisiones en que incurre la parte interesada para sustentar la impugnación (causas L. 127.967, "Paguegui", sent. de 18-IX-2023; L. 128.196, "Suárez", sent. de 6-XII-2023 y L. 127.843, "Azpeitia", sent. de 14-XII-2023).
III.1.b. En una hipótesis más favorable para el interesado, ocupa señalar que este tramo del recurso está signado por expresiones genéricas que carecen de un adecuado análisis centrado en las concretas circunstancias del caso.
Muestra de ello es la afirmación relativa a que el actor no habría acreditado los presupuestos necesarios para atribuirle responsabilidad civil a la aseguradora demandada. Evidentemente la aseveración se agota en su propia formulación, dado su marcado dogmatismo, al punto tal, que parece no reparar el recurrente en la valoración que desplegó el juzgador sobre las distintas pruebas, así, el intercambio postal que aconteció entre las partes, los testimonios recibidos en la audiencia de vista de la causa y lo informado por el experto médico actuante.
III.1.c. En el contexto delineado, ha de agregarse que las referencias a fallos de otros tribunales y a la doctrina de autores que contiene el medio de impugnación, en nada mejora su suerte adversa, solo constituyen transcripciones parciales que no contienen reflexiones anidadas al particular escenario de la causa.
III.1.d. Para más, resta indicar que lucen patentemente extraviadas del contexto en que fue resuelto el caso, aquellas alegaciones esparcidas por el recurso que aluden al supuesto de responsabilidad previsto en el art. 1.074 del Código Civil de Vélez Sarsfield, pues luce nítido que dicha norma no formó parte de la fundamentación que rodeó a la condena que es motivo de agravio.
III.2. Tampoco prospera el cuestionamiento tocante a los alcances de la condena, como a la cuantificación del resarcimiento y al descuento reclamado de la suma abonada en la instancia administrativa.
III.2.a. En primer lugar, se advierte que al afirmar que la aseguradora solo podía ser condenada en los límites de la cobertura, soslaya el impugnante efectuar un ataque eficaz, directo y frontal contra aquella parcela del pronunciamiento en la que el tribunal de la instancia fundó en diversas normas -incluso- del universo de los riesgos del trabajo los términos de la responsabilidad endilgada a la demandada.
III.2.b. Ya en lo vinculado con la determinación del quantum indemnizatorio en los supuestos en los que se reclama con fundamento en el derecho común, la jurisprudencia de este Tribunal enseña que ello constituye una cuestión privativa de los jueces de la instancia ordinaria no susceptible de revisión en casación, salvo que se demuestre la existencia de absurdo o, en su caso, violación de las normas que rigen la reparación integral (causas L. 120.120, "Ojeda", sent. de 12-IX-2018; L. 120.236, "C., D. G.", sent. de 4-IX-2019 y L. 126.519, "Acuña Cam", sent. de 29-XI-2022).
Nuevamente la impugnación se encuentra desprovista de la invocación de la eventual existencia de aquel extremo y excepcional vicio; eventualmente, tampoco cuenta con una argumentación orientada a evidenciar la supuesta violación de norma o doctrina legal alguna. Y dicha deficiencia no puede considerarse salvada por la invocada violación de principios y normas constitucionales pues, como tantas veces lo ha expresado esta Corte, ello no sería más que la eventual consecuencia de la transgresión de preceptos legales cuya alegación también omitió formular la recurrente (causas L. 102.294, "Peroni", sent. de 17-X-2012; L. 120.914, "Avolio", sent. de 14-IX-2018; L. 121.275, "Moreira", sent. de 17-II-2021; e.o.).
Sin perjuicio de que lo dicho basta para desestimar el embate traído, no se constata que al establecer los montos objetados el tribunal de grado no haya brindado ningún fundamento; tampoco que haya omitido ponderar la suma que abonó la firma aseguradora en los términos de la ley especial de infortunios laborales. Veamos.
Puede verificarse en el fallo, que a los fines de determinar el monto respectivo en concepto de reparación por daño material, el a quo refirió que hubo de contemplar los perjuicios sufridos por el demandante "...la incapacidad y las lesiones a su integridad física y los efectos que éstos pueden tener en la vida laboral y en su vida de relación, las repercusiones en el ámbito doméstico, social, deportivo, etc., como las circunstancias personales del damnificado, su edad, su capacitación, su condición social, la incidencia del tiempo transcurrido entre la fecha del accidente hasta la actualidad...".
Además, explicó que para cuantificar la suma referida tuvo en consideración la prestación abonada por la aseguradora según los parámetros de la ley 24.557, con más los intereses devengados a la tasa que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días en la variante "digital", desde la fecha de pago, hasta la sentencia, con el fin de evitar la consagración de un enriquecimiento sin causa en favor del actor.
Y en cuanto al resarcimiento en virtud del daño moral, señaló que eran innegables las aflicciones íntimas sufridas por el actor como consecuencia del tratamiento odontológico impropio y negligente otorgado por la accionada y que, "...la sola lectura del penoso camino recorrido son demostrativas de los malestares soportados por la víctima y las angustias propias de la incertidumbre sobre su futuro por la frustración de las expectativas de su proyecto de vida nacidas de su actual incapacidad y de las dificultades que acarrea". Al respecto, es dable recordar que tanto el reconocimiento como la fijación de la indemnización por daño moral dependen del arbitrio judicial, y la suma que, en uso de facultades privativas, determine el tribunal laboral no puede conmoverse solo con la discrepante apreciación del recurrente, toda vez que es a los jueces de grado a quienes corresponde evaluar, en principio, la existencia de una lesión de sentimientos, de afecciones o de tranquilidad anímica configurativa de aquel (causas L. 121.787, "Schroeder", sent. de 8-III-2021; L. 120.086, " M., A. V.", sent. de 7-III-2022 y L. 126.076, "Benítez", sent. de 27-VI-2023).
III.3. No es de recibo el agravio dirigido a cuestionar la aplicación de intereses, toda vez que no cuenta con un desarrollo idóneo, cuando fundamentalmente se omite en él denunciar las normas o doctrina legal que se considerarían infringidas en el tópico.
III.4. El embate direccionado a revertir el modo en que se impusieron las costas tampoco merece recepción.
III.4.a. La imposición de costas constituye el ejercicio de una facultad privativa de los jueces de grado que no es susceptible de revisión en la instancia extraordinaria, salvo absurdo, que se verifica cuando se ha alterado burdamente el carácter de vencido o existe iniquidad manifiesta en el criterio de distribución (causas L. 122.057, "Calvo", sent. de 30-VIII-2021; L. 123.922, "Fernández", sent. de 7-III-2022; L. 128.051, "Escobar", sent. de 22-XII-2022 y L. 127.198, "Nitsch", sent. de 23-XI-2023; e.o.), supuesto que no se presenta en el caso, desde que ni siquiera se ha denunciado la existencia del aludido vicio en esta parcela de la pieza recursiva.
Y en rigor, teniendo en cuenta que el fundamento de la condena en costas -conforme el art. 19 de la ley procesal del fuero-, radica en el hecho objetivo de la derrota, no puede la parte que resultó incuestionablemente vencida, agraviarse sobre su imposición (causas L. 123.937, "Giangrande", sent. de 14-XII-2020; L. 120.742, "Giribuela", sent. de 21-XII-2020 y L. 125.054, "Hiur", sent. de 3-XI-2022).
III.4.b. Por otro lado, respecto a lo afirmado por el recurrente con fundamento en la ley 24.432, no ha de soslayarse que si bien al momento de la interposición del recurso no se encontraba efectuada la regulación de los honorarios de los profesionales -pues el a quo la postergó para el momento en que quedase firme la liquidación del capital y los intereses-, con posterioridad el tribunal de trabajo efectuó dicha labor, en un pronunciamiento que ha permanecido inobjetado (v. resolución electrónica de 7-XI-2022), con lo cual, no cabe pronunciarse sobre el punto.
IV. Por lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido; con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa .
El señor Juez doctor Torres y las señoras Juezas doctoras Kogan y Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Soria, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 02/07/2024 13:28:45 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 03/07/2024 10:41:35 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 03/07/2024 10:46:11 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 15/07/2024 10:16:02 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 29/07/2024 09:39:15 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 29/07/2024 12:59:23 hs. bajo el número RS-63-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia