Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 128835
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 128.835, "López, Estela del Valle contra Asociart ART S.A y otros. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez hizo lugar parcialmente a la acción deducida, imponiendo las costas del modo que especificó (v. vered. y sent. de fecha 26-VIII-2021).
Se interpuso, por la parte actora, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 17-IX-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente hizo lugar parcialmente a la demanda promovida por Estela Del Valle López, y condenó a Belclean Servicios Especiales S.A. y a Asociart Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. al pago de una reparación integral por daños y perjuicios, con fundamento en las normas del derecho civil, derivada de la enfermedad profesional que alegó padecer. Rechazó, en cambio, la acción iniciada contra Hoyts General Cinema de Argentina S.A., por carecer de causa obligacional.
Para así decidir, en el fallo de los hechos, juzgó no controvertido que la actora ingresó a trabajar el día 27 de junio de 2009 hasta la fecha de su renuncia (el día 22 de febrero de 2013), bajo las órdenes de la empresa Belclean Servicios Especiales S.A., prestando labores de limpieza en el ámbito del cine "Hoyts" del Centro Comercial Nine Shopping, cumpliendo media jornada de labor (de lunes a viernes, desde las 6:00 hs. hasta las 10:00 hs.).
Con sustento en la prueba documental adjunta al escrito de demanda, tuvo por probado que dichas tareas fueron cumplidas de forma efectiva por aquella desde su ingreso hasta el momento en que presentó un episodio de lumbalgia (en el mes de septiembre del año 2010), por el cual se le otorgó una licencia por enfermedad -con reserva de su puesto de trabajo- y no volvió a prestar funciones. A su vez, juzgó que -en agosto del año 2011-, la Comisión Médica n° 10 concluyó en su dictamen que la accionante resultaba portadora de una limitación funcional de la columna dorso lumbar en el orden de un 8% de incapacidad. Añadió que -a principios del año 2012-, la trabajadora fue atendida por su obra social por el síndrome de túnel carpiano de su mano derecha, razón por la cual fue intervenida quirúrgicamente el día 2 de julio de 2012.
Luego, con especial atención en lo dictaminado por el galeno interviniente en los autos -así como también las impugnaciones y aclaraciones efectuadas por las partes y la respuesta a la medida para mejor proveer dictada por el tribunal-, puntualizó que el experto señaló que, en el caso de acreditarse la realización de tareas de esfuerzo, la vinculación de la incapacidad con las tareas prestadas para la empresa empleadora sería del 3,90% por la dolencia lumbar; 2,10% por el síndrome de túnel carpiano de la mano derecha y del 10% por la incapacidad psicológica (reacción vivencial anormal neurótica, grado II), totalizando una invalidez total del 16% de la total obrera, relacionada con las labores.
Destacó -además- la inexistencia de exámenes preocupacionales realizados a la accionante que determinaran la presencia de patologías previas al momento de su ingreso.
Seguidamente -ponderando las declaraciones testimoniales arrojadas en la audiencia de vista de la causa y la pericia técnica efectuada-, tuvo por acreditado que las labores realizadas por la actora para su empleadora la expusieron a riesgos -principalmente- ergonómicos, derivados de la necesidad de realización de movimientos repetitivos y constantes de la columna y de los brazos y manos, las que -de acuerdo a la pericia médica- pudieron haber incidido en la aparición, exteriorización o agravamiento de las dolencias que padece. Aclaró que, si bien se acreditó que al momento de ingresar a trabajar a la empresa accionada la trabajadora se encontraba realizando labores desde hacía diez años para otro empleador, en una casa de familia, no se había producido prueba alguna que demostrara el tipo de tareas prestadas para éste y la extensión de la jornada.
A su vez, meritó que la prueba pericial contable informó que, a la fecha del dictamen emitido por la comisión médica respecto de la patología columnaria, la accionante contaba con 54 años de edad y al momento del diagnóstico e intervención quirúrgica del túnel carpiano, un año más. Añadió, en relación al ingreso base mensual, que los salarios informados por la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) en tales fechas fueron de $1.220,89 y $1.134,78 (en agosto de 2011 y julio de 2012, respectivamente).
Para más, juzgó no acreditado que la aseguradora demandada (contratada por la empresa mencionada), hubiera realizado relevamientos de riesgos del trabajo o asesorado al empleador a los fines de prevenir los mismos, efectuando controles periódicos en cuanto a las condiciones de trabajo y a la salud del personal en el establecimiento donde desarrollaba sus labores la accionante o realizado denuncias a la Superintendencia de Riesgos del Trabajo respecto del mismo. De igual modo, destacó que, al momento del ingreso, Belclean Servicios Especiales S.A. tampoco le brindó capacitación alguna en relación a los riesgos y medidas de prevención a los fines de la realización de sus tareas, ni efectuó exámenes preocupaciones para determinar el tipo de labores que se encontraba en condiciones de prestar la actora o realizando controles médicos en el tiempo de trabajo efectivo, rotación o cambio de tareas.
Por otro lado, comprobó que los trabajadores fueron provistos de guantes, faja y zapatos, a la vez que contaban con un carro porta elementos para mover los objetos pesados.
Ya en la etapa de sentencia, consideró que un porcentaje de la incapacidad de las dolencias que la trabajadora tiene en su columna y en su mano derecha -un 16% de la total obrera-, al igual que la psicológica derivada de las anteriores, guardaba vinculación con las tareas realizadas para la empresa empleadora y que, por tal razón, constituían enfermedades profesionales que debían ser resarcidas.
En ese entendimiento, ante el incumplimiento de las demandadas con las obligaciones legales a su cargo, halló configurados los presupuestos de atribución de responsabilidad subjetiva y objetiva de ambas coaccionadas en los términos de los arts. 1.074, 1.109 y 1.113 del Código Civil (ley 340; vigente a la fecha en la que sucedieron los hechos ventilados en la causa), por la minusvalía que aqueja a la accionada.
Seguidamente, el juzgador abordó la temática vinculada a la validez constitucional del art. 39 de la ley 24.557.
En esa tarea, calculó la prestación establecida en el art. 14, inc. 2, apartado "a" de Ley de Riesgos del Trabajo (conforme las modif. del dec. 1.694/09), teniendo en cuenta las distintitas fechas de toma de conocimiento de las dolencias. En cuanto a la lumbar, estimó dicha reparación en la suma de $3.078,76 (53 x $1.220,89 x 3,90% x -65/54-), importe que resultaba inferior al mínimo previsto por la normativa vigente ($180.000 x 3,90%), correspondiendo aplicar -entonces- el monto de $7.020. En relación a la incapacidad por el síndrome del túnel carpiano y la psicológica derivada, la calculó inicialmente en $8.857,26 (53 x $1.134 x 12,10% x -65/55-), resultando también necesario aplicar en este caso el mínimo legal previsto en el mentado decreto, de $21.780; obteniendo un total de $28.800 entre ambas.
En cuanto al resarcimiento que le correspondería percibir en el marco del régimen común de responsabilidad, consideró que, a fin de evitar dilaciones, en principio cabía utilizar pautas lógicas y racionales a fin de cuantificar el daño material. De este modo, señaló que utilizando los parámetros de las fórmulas "Vuotto" y "Méndez", la suma obtenida era de $27.796,80 y $54.241,09, respectivamente, a las cuales debían adicionarse un veinticinco por ciento en concepto de daño moral. Así, al verificar la insuficiencia e irrazonabilidad de la reparación acordada de conformidad con las pautas de la ley especial, descalificó la validez constitucional del mentado art. 39, por trasgredir diversas normas constitucionales que citó.
Con base en los parámetros antedichos, respecto del monto de indemnización a fijar en los autos, estableció que la Suprema Corte dispuso que la determinación de la cuantía resarcitoria en estos casos constituye una cuestión privativa de los jueces de grado, debiendo determinarse sin sujeción a rígidos moldes o fórmulas matemáticas, valorando los distintos factores que deben analizarse en particular; individualizando y ponderando los elementos de juicio que sirven de base a la decisión, a fin de garantizar un eventual control de legalidad, certeza y responsabilidad de lo resuelto.
De este modo, sostuvo que debía respetarse el principio de "reparación plena", a fin de evitar una lesión a los derechos constitucionales de la trabajadora. Mencionó que en las causas L. 119.914, "Aguiar" (sent. de 22-VI-2020) y L. 122.532, "Papalia" (sent. de 29-VI-2020), se establecieron las reglas para justipreciar -como en el caso- las deudas de valor, teniendo en cuenta el realismo económico al momento de la evaluación de la deuda.
Agregó que, en los siniestros laborales la reparación debe ser justa y comprender todos los daños, en tanto consideró que la integridad psicofísica en sí misma tiene un valor indemnizable (SCJN, causa "Ontiveros"), razón por la cual sostuvo: "tanto el derecho a una reparación integral...como el derecho a la integridad de la persona en su aspecto físico, psíquico y moral y el derecho a la vida que enlaza a los dos primeros, se encuentran reconocidos por el plexo convencional incorporado al art. 75, inc. 22 de la Constitución nacional..." (v. sent., pág. 23).
Siguiendo esos parámetros, tuvo en cuenta la edad de la actora al momento de su ingreso a la empresa, así como también el tiempo faltante a los fines jubilatorios, la incapacidad determinada por la pericia médica derivada exclusivamente de las tareas prestadas para ésta y el lapso de tiempo trabajado (un año y tres meses), la extensión de la jornada que realizaba y que -además- efectuaba labores al mismo tiempo para otro empleado, a la par que estimó la remuneración convencional que podría percibir en la actualidad por su categoría y jornada; ello, con la finalidad de que el resarcimiento comprenda las consecuencias inmediatas y mediatas, a fin de lograr una reparación plena integral, comprensiva de los rubros que integraban la demanda. Tales elementos condujeron a establecer la reparación en la suma de $220.000 en concepto de daño material -dentro del cual comprendió el daño físico, psicológico, para tratamiento psicológico, lucro cesante y pérdida de chance-, con más $50.000 como indemnización por daño moral; totalizando un importe de $270.000, monto que estimó actual a la época de la sentencia.
En ese marco, y con fundamento en distintos precedentes de esta Suprema Corte (C. 120.536, "Vera", sent. de 18-IV-2018 y C. 121.134, "Nidera", sent. de 3-V-2018), concluyó que, habiéndose fijado el monto de la indemnización a valores actuales, el importe de condena debía ser incrementado con intereses moratorios a una tasa "pura" del 6% anual hasta la fecha de la sentencia y, de allí en adelante, en caso de mora en el cumplimiento de la presente, conforme la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires, en sus depósitos a treinta días.
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia violación de los arts. 16, 17, 18, 19 y 75, inc. 22 de la Constitución nacional; 2 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 2 y 7 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; 2.1 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 2 y 3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC); 20 de la ley 20.744; 504, 622, 623, 768, 770, 776, 777 del Código Civil; 26, 27 y 47 de la ley 11.653 y 34, inc. 5, apartado "b" del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires y de la doctrina legal que cita.
II.1. En primer término, bajo la denuncia de absurdo, objeta el porcentaje de incapacidad determinado en el fallo de grado.
En tal sentido, argumenta que, inicialmente, el galeno interviniente efectuó la pericia médica correspondiente determinando que la actora resultaba portadora de una invalidez del 28% de la total obrera. Refiere que, posteriormente -como medida para mejor proveer-, el juzgador le solicitó al experto la indicación concreta de la vinculación de la incapacidad determinada con las tareas realizadas para la empleadora, lo que motivó que aquél redujera dicho porcentaje hasta un 16% de la total obrera.
Indica que sólo puede considerarse que el trabajador porta patologías preexistentes, si éstas constan en el examen preocupacional (art. 6, inc. 3, apdo. "b", ley 24.557), de modo tal que -según alega- ante la inexistencia de documentación o estudio científico alguno que demuestre supuestas predisposiciones físicas de la trabajadora, el sentenciante vulneró la teoría de la indiferencia de la concausa, al disminuir el porcentual citado.
En ese entendimiento, manifiesta que el perito médico no es el encargado de decidir la existencia de vinculación causal -o no- entre la incapacidad que puede portar el trabajador y el hecho generador del daño, siendo que la misma constituye una tarea de los jueces.
Aclara que, no obstante que lo expuesto en relación al citado art. 6 refiere a la indemnización sistémica, el fallo se sustentó en las normas del derecho común, el cual -señala- impone un criterio amplio de interpretación de la responsabilidad civil, consagrado en el art. 1.113 del Código Civil (ley 340).
Por otra parte, alega que, aunque no se hubiera acreditado en el caso el incumplimiento a las normas de seguridad e higiene por parte del empleador (art. 75, LCT), la circunstancia de haberse producido igualmente un daño en la salud de la trabajadora, como consecuencia de la actividad laboral habitual, genera responsabilidad objetiva que pesa sobre el beneficiario de los servicios prestados por el accidentado. En ese orden, cita vulnerada jurisprudencia del máximo Tribunal nacional que individualiza.
II.2. Desde otroángulo, cuestiona que la cuantía indemnizatoria no haya sido fijada en la sentencia "a valores actuales".
En ese orden, controvierte que al momento de efectuar su cálculo tuviera en consideración el salario percibido por la trabajadora en el período correspondiente a los años 2012-2013 ($1.303,04) y no, el correspondiente a la fecha del fallo.
Denuncia que dicho modo de resolver vulnera la doctrina citada por el propio juzgador en su pronunciamiento. De este modo, menciona que de acuerdo a lo establecido por la Corte nacional en el fallo "Ontiveros", el monto de la reparación plena de daño laboral fundada en la legislación civil, jamás podría ser inferior al que le correspondería percibir con fundamento en las leyes 24.557, 26.773, y sus modificatorias.
Asevera que resulta inconcebible que, tal como -alega- sucedió en el caso, una indemnización civil, que debe ser integral, no alcance siquiera las prestaciones mínimas que prevé el sistema especial de reparación; que -entiende- debió fijarse en la suma de $766.329,60 (con más sus intereses moratorios) y no, en la "irrisoria" suma de $270.000.
A su vez, considera vulnerada la doctrina legal establecida por esta Corte en las causas L. 119.914, "Aguiar" y L. 122.532, "Papalia" -citada en el pronunciamiento de grado-, por cuanto -indica- en ellas se estableció la doctrina legal "del realismo económico".
Expone que la sentencia pondera de modo insuficiente los daños psicofísicos padecidos por la actora y su repercusión en todas las manifestaciones de la vida, disponiendo un monto indemnizatorio que no atañe a la totalidad del daño padecido, resultando que -según manifiesta- no establece puntualmente cuál es la "variable económica" tomada como pauta indemnizatoria.
Explica que si bien el ingreso base tomado por el juzgador fue el determinado en la pericia contable ($1.035), el cálculo debió efectuarse tomando en consideración el valor actual del salario de la actora ($40.000), ello, teniendo en cuenta la edad de ésta al momento del siniestro y utilizando la aplicación de la "fórmula Méndez", la que -a su juicio- determinaba un monto indemnizatorio lógico de condena de $1.361.131,47.
Por lo expuesto, solicita la revocación del fallo atacado en su aspecto cuantitativo y el dictado de uno nuevo, respetando el principio de legalidad y el art. 772 del Código Civil y Comercial de la Nación.
II.3. Por último, objeta la alícuota del 6% anual dispuesta al capital de condena.
En tal sentido, y toda vez que -tal como fue expresado precedentemente- la indemnización no fue calculada -según entiende- a "valores actuales", los intereses calculados a la tasa pura devienen absurdos.
De igual modo, postula que, en el contexto inflacionario actual, su aplicación tampoco logra satisfacer el daño moratorio sufrido por la accionante. Así, solicita que se dispongan los intereses desde que cada suma es debida, a la tasa pasiva más alta que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta días, tal cual lo establece la doctrina legal de esta Corte en las causas que individualiza.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. No es de recibo el agravio relativo a la determinación del grado de minusvalía laborativa.
III.1.a. Como fuera anticipado, el sentenciante valoró las conclusiones arribadas por la perito médica en su informe y -especialmente-, las explicaciones brindadas por ésta ante el requerimiento formulado por el tribunal -como medida para mejor proveer-, con la finalidad de lograr esclarecer la temática vinculada puntualmente con el grado de afección de las minusvalías y su relación directa con las tareas desarrolladas para Belclean Servicios Especiales S.A.
A fin de desentrañar dicho tópico, en el fallo de los hechos, analizó que en la pericia realizada por la experta (basada en los antecedentes de la causa y en la entrevista efectuada a la actora, estudios psicológicos y demás constancias), ésta determinó que la trabajadora presenta una afección artrósica en la columna vertebral con origen en la afección espondiloartrósica a nivel lumbar con etiopatogenia múltiple, que -considerando cuestiones como la edad y el sobrepeso de la trabajadora- la incapacita en un 13%, siendo que -según estimó- las tareas realizadas por la dependiente pudieron agravar un estado preexistente. Con relación a la afección del túnel carpiano de la mano derecha, indicó que la misma fue estimada en un 5% de invalidez, a la par que mencionó que las tareas repetitivas pudieron incidir en su exteriorización. En la esfera psíquica, aseveró que la experta señaló la existencia de una afección depresiva vinculada con las secuelas físicas, asimilable a una reacción vivencial anormal neurótica, grado II, con un 10% de incapacidad.
Relató que, frente a la impugnación de la pericia y las solicitadas aclaraciones, el galeno manifestó que, al resultar afectada la mano dominante, la incapacidad debía elevarse al 5,25%, siendo el total resultante de todas las afecciones 26,80%. Respecto a la etiopatogenia, aclaró que los factores que influyeron fueron diversos, de modo tal que no resultaba posible aseverar que sólo las tareas hubieran dado origen a las dolencias,
El texto que publicó el tribunal llega hasta acá.