Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 127779
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 127.779, "Almirón, José Luis contra Omint Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A. Accidente de trabajo-acción especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 4 del Departamento Judicial de Morón desestimó la acción deducida e impuso las costas a la accionante vencida (v. pronunciamiento de fecha 11-XII-2020).
Se interpuso, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 29-XII-2020).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I. El tribunal de trabajo interviniente rechazó la demanda entablada por el señor José Luis Almirón, por la que pretendía el pago de las prestaciones dinerarias previstas en el régimen especial de infortunios laborales, con motivo del accidente de trabajo que denunció padecer.
Para así decidir -con sustento en el diseño trazado por la legislación que estimó aplicable-, consideró que la vía de acción intentada por el actor, no resultaba ser la adecuada para revisar el dictamen emitido por la comisión médica central -en el expediente administrativo 79.498/18-. Entendió que la pretensión no se ajustaba al procedimiento previsto en el art. 46 de la ley 24.557 (texto según ley 27.348), esto es, el agotamiento de la vía mediante la interposición de un recurso directo ante los tribunales de trabajo, dentro del término de cinco días desde la notificación de la decisión emitida por aquella (conf. art. 30, dec. 717/96).
II. Contra dicho pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo, arbitrariedad y la violación de los arts. 14 bis, 16, 17 y 18 de la Constitución nacional; 4, 5, 8, 9, 10, 11 y 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 10, 11, 15, 18 y 39 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires; 256, 257, 258 y 259 de la Ley de Contrato de Trabajo; 179 incs. 1 y 2 del Código Procesal Civil y Comercial; y de la doctrina legal que cita.
En su presentación, alega vulneradas las garantías constitucionales de igualdad, debido proceso, juez natural, tutela judicial continua y efectiva y acceso irrestricto a la justicia, a la par que -según aduce- el fallo dictado contradice los principios de progresividad e in dubio pro operario.
II.1.a. Refiere que, de acuerdo a la interpretación efectuada por el juzgador de origen de la normativa aplicable, la vía adecuada para articular la instancia judicial era la interposición de un recurso.
Entiende que tal interpretación desactiva la posibilidad de que el trabajador inste una acción ordinaria ante la justicia laboral, con respeto del debido proceso y la defensa en juicio, en la medida la judicatura quedaría limitada únicamente a "revisar" en carácter de alzada lo dictaminado por una comisión médica, siendo esta -según dice- "un ente administrativo de carácter federal, sin vinculación directa ni jerárquica con el tribunal", de modo tal que "sólo se podrán debatir los extremos que fueron motivo de análisis en el trámite administrativo, cercenando la amplitud del debate y prueba propia de toda acción judicial" (rec., pág. 8).
Manifiesta que la nueva redacción del art. 46 de la ley 24.557 y el art. 2 de la ley 27.348 no distinguen entre aquellas resoluciones emitidas por la comisión médica jurisdiccional o las efectuadas por la comisión médica central, y ninguna de ellas deja expedita la acción ordinaria plena ante la justicia del trabajo. Ello así, puesto que -según entiende- si se opta por finalizar el trámite administrativo con la resolución de la primera comisión mencionada, debe impetrarse un recurso ante los tribunales de trabajo; mientras que, si se elige recurrir aquella dictada por la comisión médica central, solo es viable su "revisión".
En este sentido, alega que el art. 46 de la ley 24.557, modificado por el art. 14 de la ley 27.348, vulnera los derechos constitucionales del afectado al vedarle el libre acceso a la justicia, con la posibilidad de un juicio pleno, en el cual el juez competente, natural e imparcial, resguarde el cumplimiento del debido proceso para la obtención de una sentencia justa. En ese orden de ideas, sostiene que pese a que el decreto 717/96 (modif. por dec. 1.475/15) establece que los órganos administrativos del sistema de riesgos del trabajo tendrán "secretarios técnicos letrados", se encuentran a cargo de profesionales de la medicina, quienes deben resolver cuestiones jurídicas complejas que exceden sus conocimientos.
Concluye que el dispositivo legal que restringe la competencia laboral a una mera revisión -tal como, dice, plantea el juzgador de origen al aplicar la ley 27.348- resulta a todas luces inconstitucional. De igual manera -entiende- lo es la ley provincial 14.997, de adhesión a aquella.
II.1.b. A su vez, denuncia que el procedimiento de la ley 27.348 que aplica el judicante infracciona el derecho de igualdad ante la ley, consagrado en los arts. 11 de la Constitución provincial y 16 de la carta nacional.
Argumenta que la propia legislación afecta la igualdad de los trabajadores registrados que sufren un infortunio laboral, toda vez que los somete -de modo obligatorio- al procedimiento administrativo previo, puesto que lo resuelto en esa instancia solo puede ser revisado por la justicia laboral a modo de alzada. Mientras asegura que, ante idénticas circunstancias siniestrales, aquellos que no fueron registrados por sus empleadores tienen la vía judicial expedita para impetrar la acción ordinaria.
II.2. Desde otroángulo, cuestiona el plazo que -denomina- de caducidad de cinco días que consideró aplicable el tribunal de grado, con sustento en el decreto 717/96. Sin perjuicio de remitirse a los planteos de inconstitucionalidad referidos en el libelo inicial, alega que tal consideración no tiene en cuenta lo establecido en la Ley de Contrato de Trabajo.
Entiende que la solución arribada al respecto infracciona los principios in dubio pro operario, el de orden público laboral y la seguridad jurídica, y -en este marco- lo dispuesto por los arts. 256, 257, 258 y 259 de la citada ley de fondo.
Manifiesta que, si bien el juzgador se basa en la ley 27.348, lo cierto es que dicha normativa -al igual que la resolución 298/17- no establecen plazos para acceder a la justicia.
Explica que en el ámbito provincial se dictó la ley 15.057 (B.O. de 27-XI-2018), en la que -sostiene- el legislador incorporó el art. 2 inc. "j". Plantea que dicho precepto establece un plazo de caducidad de noventa días desde la resolución de la comisión médica jurisdiccional, en cuya notificación debe transcribirse íntegramente el inciso aludido bajo pena de nulidad. Entiende que, de todos modos, esa norma no le resulta aplicable, puesto que, en el caso, el trabajador recibió el dictamen de la primera comisión administrativa por la que transitó, seis meses antes de la promulgación de la ley de referencia.
Asimismo, postula que, luego del trámite administrativo que culmina con el dictamen, el afectado debe instar otro proceso judicial dentro de los dos años, conforme lo estipulado en el art. 258 de la Ley de Contrato de Trabajo. De este modo, alega que el plazo de caducidad que se impone entre ambos procesos no es de tipo adjetivo, sino sustantivo, y que colisiona con lo establecido en el art. 259 de la mentada ley.
II.3. De igual manera, reitera que la ley 15.057 no resulta aplicable al caso de autos. En este sentido, manifiesta que el sentenciante de grado efectuó una interpretación errónea al asignarle un efecto retroactivo a dicha norma, cuando la misma no se hallaba vigente al momento de la notificación del dictamen médico.
Por otro lado, objeta que el tribunal de origen haya empleado la doctrina de los actos propios para arribar a la solución objetada, suprimiendo -con ello- derechos y garantías del trabajador y desplazando el principio constitucional de irrenunciabilidad, establecido en el art. 39 inc. 3 de la carta local.
Aduce que mal pudo el juzgador de la instancia ordinaria interpretar que el paso por ante la sede administrativa previa obligatoria impedía al trabajador reclamar -luego- ante el juez natural mediante una acción ordinaria.
Agrega que dicho razonamiento deviene absurdo y arbitrario, dado que -tal como surge de las constancias de la causa- al presentar el escrito de apelación del dictamen ante la comisión médica central, el trabajador -con patrocinio letrado- hizo expresa reserva de su derecho, manifestando que someterse al proceso administrativo no implicaba el consentimiento de su legalidad.
Para finalizar, concluye que el excesivo rigorismo formal y el apego a la literalidad de la ley que se desprende de la sentencia cuestionada, la tornan arbitraria, en tanto exige, a la luz de la revisión prevista en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, un comportamiento contrario a ella, aunque no se encontrara vigente para regir el caso en tratamiento.
III. El recurso no prospera.
III.1. Tal como se adelantó, el órgano de grado desestimó la acción promovida por el accionante, en el entendimiento de que la vía intentada no resultaba ser la adecuada para cuestionar el acto administrativo emitido por la comisión médica central en el marco del procedimiento administrativo previo y obligatorio transitado por el trabajador siniestrado.
En sustento de su razonamiento, señaló que el caso se encontraba alcanzado por las leyes 27.348 y 14.997, cuya validez constitucional fue cuestionada en el escrito de inicio.
Señaló que la adhesión que la Provincia efectuó al título I de la ley nacional 27.348 -complementaria de la Ley de Riesgos del Trabajo- importa, según lo dispuesto en el art. 4 de la citada normativa nacional, la delegación expresa a la jurisdicción administrativa nacional de la totalidad de las competencias necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los arts. 1, 2 y 3 de la ley 27.348 y en el apartado 1 del art. 46 de la ley 24.557; importando esto último la remisión a la aplicación en el ámbito provincial de la resolución 298/17 de la Superintendencia de Riesgos de Trabajo (SRT), salvo norma ulterior que dispusiere un régimen de procedimiento especial para el ámbito de nuestro territorio provincial.
En ese entendimiento, juzgó que no habiendo el legislador provincial modificado en el ámbito de su territorio (hasta el momento del dictado de la sentencia), el procedimiento trazado por la citada ley 27.348 y la resolución 298/17, en lo referente a la vía recursiva diseñada contra los actos emanados de la comisión médica central -siendo que, según indicó, solo se hallaba vigente a ese momento el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 previsto para la revisión de las resoluciones dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales-, resultaba aplicable al caso de autos (trámite por divergencia en la determinación de incapacidad), lo normado en los arts. 46 de la ley 24.557 (t.o. según ley 24.348) y 30 del decreto 717/96 (t.o. según dec. 1.475/15).
En dicho marco, sostuvo que, habiendo optado el trabajador -debidamente patrocinado- por apelar ante la comisión médica central, el dictamen de la comisión médica jurisdiccional, el mismo debió ajustarse a la vía de revisión diseñada por el legislador para cuestionar el nuevo acto administrativo emanado de aquella, agotando el procedimiento previsto en el art. 46 de la ley 24.557 (t.o. según ley 27.348), mediante la interposición de un recurso directo ante los tribunales de trabajo provinciales, dentro del término de cinco días, de acuerdo a lo indicado en el art. 30 del citado decreto 717/96 (t.o. dec. 1.475/15).
Apontocado en los reseñados argumentos, desestimó el planteo de inconstitucionalidad del mentado art. 46, articulado en el escrito de demanda, al entender que no resultaba admisible que el accionante se opusiera "...a la propia ley ritual a la cual decidió previamente acogerse al incoar el recurso de apelación ante la Comisión Médica Central, en lugar de solicitar la revisión por vía de acción ordinaria cfr. art. 2 inc. j) de la ley 15.057" (sent., pág. 4).
Seguidamente, juzgó que, si bien no correspondía efectuar una aplicación indiscriminada de la teoría de los actos propios, en el caso, el obrar del damnificado ante la Administración (optando por solicitar la revisión administrativa antedicha), demostraba que el trabajador se había sometido al ritual de revisión, cuya constitucionalidad -ahora- cuestionaba. A la luz de ello, estimó devenía "...inatendible la pretensión que importe ponerse en contradicción con los comportamientos anteriores jurídicamente relevantes y plenamente eficaces" (pág. cit.).
III.2.a. Cabe recordar que la competencia revisora de esta Suprema Corte está circunscripta al contenido de la sentencia y a la concreta impugnación contra ella formulada en el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley. En consecuencia, la suerte de la postulación recursiva depende de que se baste a sí misma, para que de su lectura pueda advertirse el error en la aplicación de la ley o de la doctrina legal, y ello exige una crítica concreta, directa y eficaz de los argumentos y conclusiones que dan fundamento al pronunciamiento de origen (causas L. 120.531, "Camiscia", sent. de 9-XI-2020; L. 123.858, "Bueno", sent. de 20-X-2021; L. 122.208, "León", sent. de 9-VIII-2022; e.o.).
A partir de tales lineamientos, advierto que, en el caso, más allá de lo que pudiera opinarse sobre el acierto sustancial de lo decidido, el embate intentado no satisface mínimamente los recaudos insoslayables establecidos por la doctrina legal citada, a influjo de las previsiones del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial.
Me afirmo en tal conclusión toda vez que las motivaciones del tribunal de grado que constituyeron factores esenciales de la decisión puesta en tela de juicio no han sido objeto de un ataque eficaz, erigiéndose tal circunstancia en un obstáculo insalvable para lograr revertir lo resuelto.
Al respecto, sabido es que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que desatiende las cargas que establece la ya citada norma adjetiva, al no hacer referencia al argumento medular del fallo, ni a las razones que le dieron sustento (causas L. 106.682, "Vilchez", sent. de 8-VIII-2012; L. 112.458, "Riella", sent. de 15-V-2013; L. 121.182, "Kalaityis", sent. de 26-V-2020; e.o.).
III.2.b. El razonamiento del juzgador se cimentó en la interpretación que efectuó de la ley 15.057, fundamentalmente en aquella parcela por la que sostuvo que al momento del dictado de la sentencia, fechada el 11 de diciembre de 2020, solo se encontraba vigente el art. 2 inc. "j" de dicha norma; y, que, dicho precepto solo preveía el supuesto de revisión ordinaria por parte de la justicia laboral en los casos en los que las resoluciones hubieran sido dictadas por las comisiones médicas jurisdiccionales, entendiendo de ese modo que la norma marginaba a las que -como aquí- derivaban de la comisión médica central.
De este modo, más allá de la consideración temporal, el órgano de origen definió el alcance de la aplicabilidad sustancial de tal disposición. Sobre tales bases, determinó el marco legal que consideró dirimente para atender el supuesto de autos, esto es, las disposiciones contenidas en los arts. 46 de la ley 24.557 y 30 del decreto 717/96.
En virtud de lo hasta aquí dicho, son aplicables las directrices de esta Corte que tachan de estéril al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley que omite rebatir concreta, adecuada y eficazmente las conclusiones medulares del pronunciamiento de grado (causas L. 121.439, "Escobar", sent. de 31-VIII-2021; L. 120.086, "M., A. V.", sent. de 7-III-2022; L. 127.042, "L., M. L.", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.2.c. Para más, debo recordar que la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 fue declarada -por mayoría- por esta Corte en la causa L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020), y en las posteriores causas L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), a cuyos fundamentos me remito por razones de brevedad.
III.3. No mejora la suerte de la impugnación el planteo vinculado al denominado plazo de caducidad.
Como se vio, el quejoso controvierte el plazo de cinco días determinado por el tribunal de origen -con fundamento en el art. 30 del decreto 717/16-, aseverando que en el caso resultan aplicables las disposiciones contenidas en la Ley de Contrato de Trabajo (arts. 256 a 259), y -con ello- intenta demostrar que el plazo con el que contaba para interponer la acción ordinaria era de dos años.
La postulación efectuada revela que la crítica efectuada sobre el punto transita por carriles diferentes al razonamiento seguido en el fallo, y -por ende- no consiguen obtener la modificación de lo decidido.
En este orden, esta Suprema Corte tiene dicho que resulta insuficiente el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si las apreciaciones que en él se vierten no van más allá de los disentimientos personales o de la exteriorización de un criterio meramente discrepante con el del juzgador, sin rebatir adecuadamente las esenciales motivaciones del fallo (causas L. 126.512, "Iribarne", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 125.486, "A., N. B.", sent. de 14-III-2023; L. 126.356, "Atencio", sent. de 27-III-2023; e.o.); dejando -en consecuencia- incólume la decisión por falta de cuestionamiento de los conceptos sobe los que la misma se asienta (causas L. 125.306, "Jacobo", sent. de 22-XI-2022; L. 126.767, "Avalos", sent. de 5-XII-2022; L. 124.847, "Mosconi", sent. de 6-II-2023; e.o.).
Es que, en un intento de justificar el plazo en el que inició la acción y, con ello, que se efectuó a término, el recurrente se desentiende de que el juzgador meritó aplicable al caso el procedimiento administrativo previo establecido en las normas ya mencionadas y, de suyo, la oportunidad y medios recursivos previstos en aquellas; de modo tal que la crítica ensayada se halla desencontrada del desarrollo efectuado en el fallo.
Cabe señalar que, si bien en el recurso se indicó que el actor había efectuado planteos de inconstitucionalidad, dichos reclamos se dirigieron -en rigor- a controvertir el plazo de noventa días establecido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, mas no el de cinco días fijado por el decreto 717/96, que fue -al cabo- la normativa aplicada, sin merecer crítica idónea.
Por lo demás, a propósito de los argumentos desplegados por el interesado respecto a la vigencia temporal del art. 2 inc. "j" de la ley 15.057, cabe señalar que en la citada causa L. 121.939, fue establecido que su operatividad es inmediata (art. 103, ley cit.).
III.4.a. En otro orden, tampoco logra demostrar el impugnante que, en el caso, se vean vulnerados los derechos del trabajador.
El juzgador de la instancia ordinaria desestimó el pedido de declaración de inconstitucionalidad del art. 46 de la ley 24.557 formulado por el accionante en el escrito postulatorio, bajo el esquema -como se dijo- del haz de posibilidades con que las que -a su juicio- contaba el reclamante al momento de iniciar la acción.
En ese orden, destacó que resultando que, frente al dictamen emitido por la comisión médica jurisdiccional, el trabajador pudo haber instado el procedimiento estatuido en el art. 2 inc. "j" de la ley 15.057 y no lo hizo, por lo que solo cabía iniciar la vía recursiva diseñada para los actos emanados por la comisión médica central, esto es, la prevista en el art. 46 de la le
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