Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129659
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.659, "M., M. M. contra Sabirey Internacional S.A. y otro/a. Accidente de Trabajo - Acción Especial", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Torres, Kogan, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo con asiento en la ciudad de Bragado, perteneciente al Departamento Judicial de Mercedes, rechazó la acción instaurada, imponiendo las costas a la parte actora (v. sent. de fecha 4-VII-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. presentación electrónica de fecha 1-VIII-2022).
Oído el señor Procurador General (v. dictamen de fecha 29-V-2023), dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, el señor Juez doctor Torres dijo:
I. El tribunal de origen rechazó la demanda promovida por M. M. M. -por su propio derecho y en representación de sus hijos menores de edad M. M. M. y A. J. M.- contra Sabirey Internacional S.A. y Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo S.A., en cuanto reclamaba una indemnización por daños y perjuicios con motivo del fallecimiento del señor E. M. C. -cónyuge y padre de los reclamantes-a raíz de un accidente laboral (v. fs. 48/65).
Para así decidir, en lo que aquí interesa destacar, si bien tuvo por reconocido el infortunio acaecido en fecha 7 de febrero de 2018, juzgó no probada la relación de causalidad entre ese evento y el posterior fallecimiento del trabajador con fecha 24 de febrero 2018 (v. vered., segunda cuestión).
Al respecto, explicó el juzgador de grado que, tanto en sede administrativa -en el expediente tramitado ante la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (v. fs. 229/233)-, como en sede penal -en el marco de la Investigación Penal Preparatoria (v. fs. 211 y sigs.)-, no se encontraron elementos médico-legales que permitieran establecer la relación de causalidad entre el antecedente traumático y el óbito, destacando que tampoco se aportaron ni produjeron en autos pruebas que contradigan las mencionadas conclusiones, hallándose la respectiva carga probatoria sobre la legitimada activa -conforme art. 375 del Código Procesal Civil y Comercial- (v. vered., segunda cuestión).
II. Contra dicha decisión, se alza la parte actora mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, en el que denuncia absurdo en la valoración de la prueba y arbitrariedad (v. presentación electrónica de fecha 1-VIII-2022).
II.1. Se agravia -esencialmente- porque considera que el tribunal de grado se pronunció sobre el fondo de la cuestión en forma prematura. Ello así, porque no aguardó el nuevo informe pericial de la autopsia del causante -o, en su caso, la ampliación del ya producido-, siendo que la parte interesada le había informado que ya había efectuado tal petición en sede penal, a los fines de precisar las causales de muerte del causante.
En este sentido, la impugnante indica que decidió solicitar esa medida probatoria en razón de las inconsistencias detectadas entre el informe de autopsia efectuado en las actuaciones penales y los antecedentes del causante, quien además de ser joven y sano hasta el momento en que padeciera el infortunio del 7 de febrero de 2018, con anterioridad a los hechos que se ventilan en el presente proceso, en el año 2013 había sufrido un accidente que le había provocado severas secuelas en su cráneo, las que no fueron reflejadas por el perito interviniente en su experticia (v. rec., págs. 4/5).
II.2. Agregó que el juzgador de origen, sin perjuicio de observar en el momento de la celebración de la audiencia de vista de la causa que la parte accionante no contaba con el debido patrocinio letrado en virtud de la renuncia de quien fuera su abogado apoderado, decidió no suspender dicho acto y celebrarlo, pese a que tampoco compareció el Asesor de Menores interviniente por la representación a ejercer por los menores de edad.
II.3. Por último, se agravia de que los jueces de grado no hayan aplicado el principio protectorio in dubio pro operario contenido en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, por imperio del cual -sostiene- en caso de duda debe apreciarse la prueba en el sentido más favorable al trabajador.
III. De conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, entiendo que el recurso no puede prosperar.
III.1. Liminarmente, no parece ocioso recordar, conforme reiteradamente ha sostenido esta Corte, que determinar la existencia de relación de causalidad entre el accidente protagonizado por el trabajador y su muerte, y -en general- el análisis de las cuestiones de hecho y la apreciación del material probatorio, constituyen todas atribuciones privativas de los tribunales de trabajo y ajenas a la casación, salvo que se demuestre absurdo en la labor axiológica de los magistrados (conf. arg. causas L. 106.998, "Fani de Berardo", sent. de 3-VII-2013; L. 111.264, "Rinaldi", sent. de 16-VII-2014; L. 117.269, "Fleyta", sent. de 14-X-2015; e.o.).
III.2. Bajo tales premisas, el medio de impugnación deducido no se ocupa de poner en evidencia dicho vicio.
III.2.a. En primer lugar, corresponde dar respuesta al reproche dirigido a cuestionar que el tribunal de grado se haya pronunciado sin haber aguardado el nuevo informe de autopsia requerido por la accionante en sede penal, aspecto que la impugnante califica de absurdo (v. rec., págs. 4/5).
De la compulsa del expediente surge que la parte actora solicitó una medida para mejor proveer con el fin de que se reciban las actuaciones judiciales que tramitaron con motivo del accidente acaecido en el año 2013 y se sortee un perito médico de lista que emita un dictamen acerca de las causales de la muerte del señor M. C., teniendo a la vista las constancias de esta causa y el informe efectuado en la Investigación Penal Preparatoria (v. presentación electrónica de fecha 27-X-2021). Dicha petición fue rechazada por el tribunal de grado, al igual que la revocatoria interpuesta por la interesada (v. resolución de fecha 22-XII-2021, reposición dictada el 30-XII-2021 y pronunciamiento emitido el 5-IV-2022).
Posteriormente, la recurrente informó al órgano de grado que había peticionado la ampliación del informe de autopsia en sede penal y solicitó que, en consecuencia, se suspendiera la audiencia de vista de la causa señalada en autos (v. escrito de fecha 2-VI-2022). Esta nueva petición también fue rechazada y -no es un dato menor- arriba firme a esta instancia casatoria (v. proveído de 8-VI-2022).
III.2.b. Se desprende -a la luz de lo reseñado previamente- que la pretensión de la recurrente, bajo la denuncia de absurdo, no se dirige a cuestionar la prueba merituada por el órgano de grado, ni sus conclusiones, sino a reeditar ante esta Corte planteos procesales que no han tenido éxito ante el tribunal de grado.
En esta línea de análisis, siendo que las cuestiones procesales anteriores al dictado del veredicto y la sentencia resultan temas ajenos al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley, cuyo ámbito está circunscripto -en rigor- al contenido del fallo y su concreta impugnación (causas L. 120.476, "Milone", sent. de 27-II-2019; L. 121.074, "Smit", sent. de 6-VII-2020; L. 123.271, "Argüello", sent. de 6-XII-2021 y L. 126.076 "Benitez", sent. de 27-VI-2023), considero que no corresponde ingresar a analizar los planteos formulados por la recurrente en este tramo de la réplica.
III.3. Igual suerte adversa ha de correr el cuestionamiento dirigido a poner el foco en que la audiencia de vista de la causa se celebró sin la comparecencia de la accionante y del Asesor de Menores interviniente, toda vez que, en verdad, las partes se encontraban debidamente notificadas de su celebración (v. notificaciones electrónicas de fecha 4-III-2022).
Por otro lado, tal manifestación -errónea, por cierto- no importa una crítica idónea, directa y eficaz del razonamiento desplegado por el tribunal de grado, recaudo insoslayable para transitar con éxito la casación (causas L. 119.059, "M., M. I.", sent. de 18-IV-2018; L. 119.735, "O., E. R.", sent. de 15-VIII-2018; L. 119.914, "A., D. A.", sent. de 22-VI-2020; L. 126.076, "Benitez", sent. de 27-VI-2023; e.o.).
III.4. Por último, tampoco es de recibo la crítica que se sustenta en el art. 9 de la Ley de Contrato de Trabajo (v. rec., pág. 6), ya que la pauta interpretativa contenida en dicho precepto no resulta aplicable si -como ocurrió en el caso- los jueces manifestaron su plena convicción, sin evidenciar ninguna duda en el pronunciamiento (causas L. 103.302, "Di Santo", sent. de 7-IX-2011; L. 116.602, "Ramos", sent. de 12-VII-2017; L. 123.427, "Argañaraz", sent. de 14-XII-2020; L. 125.306,"Jacobo", sent. de 22-XI-2022; e.o.).
III.5. Ante la ausencia de idoneidad de la crítica analizada para desbaratar las motivaciones esenciales del fallo objetado, éste ha de permanecer incólume (art. 279, CPCC).
IV. En virtud de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido, con costas (art. 289, CPCC).
Voto por la negativa.
La señora Jueza doctora Kogan , el señor Juez doctor Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos del señor Juez doctor Torres, votaron también por la negativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, de conformidad con lo dictaminado por el señor Procurador General, se rechaza el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 12/07/2024 13:23:18 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 30/07/2024 14:37:14 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 02/08/2024 11:45:00 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 08/08/2024 21:56:56 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 09:00:37 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 09/08/2024 11:30:52 hs. bajo el número RS-65-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia