Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa L. 129124
Lo que resolvió el tribunal
Ver en la sentenciaSe hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348 y de la ley provincial 14.997. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que -con renovada integración- dicte un nuevo pronunciamiento, con el alcance dispuesto en el apartado III.3. del presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada y el modo en que se resuelve (arts. 68, segundo párrafo y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. presentaciones electrónicas de fecha 4-IV-2022 y de fecha 1-IX-2023) deberá restituirse al interesado (arts. 293, CPCC y 63, ley 11.653).
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa L. 129.124, "Bastiani, Roxana Marcela contra Federación Patronal S.A. y otro/a. Enfermedad profesional", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Torres, Soria, Budiño.
El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial de La Plata, por mayoría, rechazó la excepción de incompetencia opuesta por la codemandada Federación Patronal de Seguros S.A., sin imposición de costas (v. pronunciamiento electrónico de fecha 2-III-2022).
Se dedujo, por esta última, recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (v. escrito electrónico de fecha 17-III-2022).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar la siguiente
C U E S T IÓ N
¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?
V O T A C IÓ N
A la cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1.a. La señora Roxana Marcela Bastiani promovió demanda contra Federación Patronal de Seguros S.A. y el Sindicato de Ceramistas, Sanitarios, Porcelana de Mesa, en procura del pago de una indemnización por la incapacidad derivada de las enfermedades profesionales que aduce padecer -con fundamento en la Ley de Riesgos del Trabajo- y, de una reparación en concepto de daños y perjuicios, con sustento en las leyes 23.592 y 26.485 (v. presentación electrónica de fecha 27-V-2021).
En lo que aquí interesa, indicó que ingresó a laborar para el sindicato demandado en octubre de 2005, realizando diversas tareas -de limpieza, cocina, y camarera de salón, entre otras-, las que encuadró en la categoría laboral n° 6 del Convenio Colectivo de Trabajo 389/04.
Destacó que el vínculo laboral se mantuvo siempre en la clandestinidad, habiendo acaecido el distracto en abril de 2021.
Con relación a la falta de registración, alegó que, conforme lo ordena el art. 1 -tercer párrafo- de la ley 27.348, "...no resulta necesario transitar la vía previa y obligatoria del trámite por ante las comisiones médicas", contando la actora con la vía judicial expedita para iniciar y tramitar la demanda incoada.
Fundó la legitimación pasiva de la aseguradora de riesgos del trabajo accionada en lo previsto en el art. 28 inc. 2 de la ley 24.557.
Afirmó que, producto de las tareas desarrolladas, padece diversas patologías que la incapacitan en el 45% sobre la total obrera.
Practicó liquidación, planteó la inconstitucionalidad del art. 12 de la ley 24.557 -entre otras normas- ofreció prueba y solicitó se haga lugar a la demanda.
I.1.b. A su turno, la aseguradora de riesgos del trabajo codemandada reconoció el contrato de afiliación que poseía con el Sindicato de Ceramistas, Sanitarios, Porcelana de Mesa, empero negó que la actora esté exenta de transitar la instancia administrativa previa en virtud de lo dispuesto por el art. 1 de la ley 27.348.
Refirió que la invocada norma remite al supuesto contemplado por el art. 28 inc. 1 de la ley 24.557, que alude al caso en que el empleador no incluido en el régimen del autoseguro omita afiliarse a una aseguradora de riesgos del trabajo, supuesto que no se configura en estos autos.
En ese orden, estimó que la señora Bastiani debe en primer lugar acreditar judicialmente la relación de dependencia denunciada, para, después, iniciar el trámite administrativo correspondiente instaurado por la ley 27.348.
Opuso, en este sentido, excepción de incompetencia (v. escrito electrónico de fecha 6-VI-2021, apdo. 3) y solicitó el archivo de la causa, atento no haber cumplido la accionante con la mencionada instancia administrativa previa.
Fundó la constitucionalidad de la referida ley 27.348 así como de la ley 14.997, y citó doctrina emanada de esta Suprema Corte de Justicia.
I.1.c. Conferido el traslado previsto en el art. 29 de la ley 11.653, la legitimada activa replicó la excepción opuesta, solicitando su rechazo con costas, remitiéndose a lo expuesto en el escrito de inicio, en relación con la excepción prevista en el art. 1 de la ley 27.348 (v. presentación electrónica de fecha 23-VIII-2021).
I.1.d. En virtud de que la codemandada Sindicato de Ceramistas, Sanitarios, Porcelana de Mesa, no contestó el traslado de la acción, el órgano de grado dictó su rebeldía (v. proveído de fecha 25-X-2021).
Como consecuencia de ello, se presentó la mencionada coaccionada y solicitó la nulidad de la notificación del traslado de demanda efectuado (v. presentación electrónica de fecha 25-XI-2021).
I.2. Así las cosas, el órgano jurisdiccional interviniente, declaró -por mayoría- la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348 y de la ley provincial 14.997 y rechazó, por un lado, la excepción de incompetencia opuesta por la aseguradora coaccionada y, por el otro, el planteo de nulidad de la notificación del traslado de demanda formulado por el sindicato demandado (v. pronunciamiento electrónico de fecha 2-III-2022).
II. Frente a lo así resuelto, la aseguradora de riesgos del trabajo dedujo recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que se agravia por las mencionadas inconstitucionalidades (v. presentación electrónica de fecha 17-III-2022).
Denuncia las normas legales que considera violadas en el fallo, así como la doctrina legal de esta Suprema Corte de Justicia de las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), que -según manifiesta- han zanjado el debate acerca de la constitucionalidad de las normas cuya aplicación al caso resultan objeto de debate.
III. El recurso prospera.
III.1. De modo preliminar, se impone memorar que -reiteradamente- ha declarado esta Suprema Corte que las decisiones dictadas en materia de competencia no resultan definitivas en la medida que no atribuyan el conocimiento de la causa a una jurisdicción extraprovincial o se pronuncien sobre la naturaleza de la relación jurídica que vincula a las partes o sobre la suerte o existencia del derecho de fondo (causas L. 124.442, "Iriarte", sent. de 14-III-2022; L. 125.249, "Torrez", sent. de 25-XI-2021 y L. 127.488, "Cabrera", sent. de 30-V-2023).
También ha dicho, en el marco de decisiones de esa naturaleza dictadas dentro del régimen de riesgos del trabajo, que revisten la nota de definitividad a fin de ser equiparadas a las sentencias definitivas, aquellas en las cuales los tribunales de trabajo se pronuncian sobre la validez constitucional o no aplicabilidad de disposiciones de dicho sistema especial (causas L. 121.952, "Mourglia", resol. de 2-V-2019; L. 123.193, "Galeano", resol. de 19-IV-2021 y L. 125.135, "Romero", sent. de 15-IV-2024).
Sentado ello, dado el contexto reseñado, considero que -en el caso- la decisión de grado que decretó la inconstitucionalidad de diversas normas del régimen de riesgos del trabajo, debe ser equiparada a definitiva, en los términos del art. 278 del Código Procesal Civil y Comercial (arts. 55 y 63, ley 11.653).
III.2. Establecido lo que antecede, adelanto que le asiste razón al recurrente.
III.2.a. Esta Suprema Corte ya ha sentado criterio con relación a la validez constitucional y aplicabilidad de las leyes 14.997 y 27.348 (arts. 1 a 4, en lo pertinente), al decidir -entre muchas otras- las causas L. 121.939, "Marchetti" (sent. de 13-V-2020); L. 123.792, "Szakacs" y L. 124.309, "Delgadillo" (sents. de 28-V-2020), a cuyas conclusiones y fundamentos corresponde remitir por razones de economía y sencillez (art. 31 bis, tercer párrafo, ley 5.827 y modif.).
III.2.b. En consecuencia, corresponde casar la sentencia de grado en cuanto decretó la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348, como de la ley provincial 14.997.
III.3. Sin perjuicio de lo hasta aquí dispuesto, de lo antes reseñado se desprende que el actor, tanto en el escrito de inicio como al contestar la defensa opuesta por la aseguradora accionada, enmarcó el presente caso en el supuesto excepcional que prevé el art. 1 tercer párrafo de la ley 27.348, en atención a la falta de registración de la relación laboral.
En ese contexto, corresponde remitir las actuaciones al tribunal de origen, para que, al dictar nuevo pronunciamiento, analice dicho planteo.
III.4. En atención al contenido del fallo del Tribunal de Trabajo n° 3 de La Plata, cabe recordar a los señores magistrados votantes que conformaron la mayoría, que el acatamiento de la doctrina legal por parte de los jueces responde a la necesidad de mantener -conforme una de las facetas de la télesis de la casación- la uniformidad de la jurisprudencia, viéndose frustrada tal finalidad frente a decisiones que -como la presente- se apartan del criterio sentado por esta Suprema Corte, con el consecuente dispendio de actividad jurisdiccional y tiempo para las partes litigantes que reclaman justicia (arts. 34 inc. 5 apdo. "e", CPCC; 63, ley 11.653 y 15, Const. prov.). Ello no importa menoscabar su función, pues les basta -en todo caso- con dejar a salvo sus opiniones personales.
IV. En consecuencia, si mi opinión es compartida, corresponde hacer lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y revocar la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348 y de la ley provincial 14.997; y remitir los autos al tribunal de origen para que -con renovada integración- dicte nuevo pronunciamiento, con el alcance dispuesto en el apartado III.3. del presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada y el modo en que se resuelve (arts. 68, segundo párrafo y 289, CPCC).
Con el alcance indicado, voto por la afirmativa.
Los señores Jueces doctores Torres y Soria y la señora Jueza doctora Budiño , por los mismos fundamentos de la señora Jueza doctora Kogan, votaron también por la afirmativa .
Con lo que terminó el acuerdo, dictándose la siguiente
Por lo expuesto en el acuerdo que antecede, se hace lugar al recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído y se revoca la decisión impugnada con arreglo a la cual el tribunal declaró la inconstitucionalidad de los arts. 1, 2 y 4 de la ley 27.348 y de la ley provincial 14.997. En consecuencia, se remiten los autos al tribunal de origen a fin de que -con renovada integración- dicte un nuevo pronunciamiento, con el alcance dispuesto en el apartado III.3. del presente.
Las costas de esta instancia se imponen por su orden, en atención a la naturaleza de la cuestión planteada y el modo en que se resuelve (arts. 68, segundo párrafo y 289, CPCC).
El depósito previo efectuado (v. presentaciones electrónicas de fecha 4-IV-2022 y de fecha 1-IX-2023) deberá restituirse al interesado (arts. 293, CPCC y 63, ley 11.653).
Regístrese, notifíquese de oficio y por medios electrónicos (conf. resol. Presidencia 10/20, art. 1 acápite 3 "c"; resol. SCBA 921/21) y devuélvase por la vía que corresponda.
Suscripto por la Actuaria interviniente, en la ciudad de La Plata, en la fecha indicada en la constancia de la firma digital (Ac. SCBA 3971/20).
Firmas
Funcionario Firmante: 08/08/2024 16:51:54 - BUDIÑO María Florencia - JUEZ
Funcionario Firmante: 09/08/2024 12:58:16 - KOGAN Hilda - JUEZA
Funcionario Firmante: 14/08/2024 18:21:50 - TORRES Sergio Gabriel - JUEZ
Funcionario Firmante: 19/08/2024 15:30:31 - SORIA Daniel Fernando - JUEZ
Funcionario Firmante: 20/08/2024 08:31:57 - DI TOMMASO Analia Silvia - SECRETARIO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
Registrado en REGISTRO DE SENTENCIAS DE SUPREMA CORTE el 20/08/2024 10:08:25 hs. bajo el número RS-69-2024 por DI TOMMASO ANALIA.
Fin de la sentencia