Abriendo la norma
Suprema Corte de Buenos Aires · Causa c 125337
La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa C. 125.337, "G., M. S. contra Organización Médica Atlántica S.A. y Otros. Daños y Perjuicios (Resp. Profesional)", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctores Kogan, Soria, Genoud, Torres.
La Sala I de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de Mar del Plata revocó parcialmente la sentencia de primera instancia que, a su turno, había hecho lugar a la demanda promovida contra el anestesista Jorge José Sansi y, en forma parcial, a la promovida contra el traumatólogo Agustín Arregui. Asimismo, había condenado a la clínica Organización Médica Atlántica S.A. y extendido la condena a la aseguradora citada por todos los demandados, Seguros Médicos S.A., y a la citada por la clínica, TPC Compañía de Seguros S.A. En consecuencia, liberó de responsabilidad al traumatólogo y disminuyó la indemnización fijada por gastos médicos, farmacéuticos y por transporte, confirmando lo demás decidido (v. sent. de 2-IX-2021 y aclaratoria de 23-IX-2021).
Se interpusieron, por Organización Médica Atlántica S.A., Jorge José Sansi y Seguros Médicos S.A. recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley (v. escritos electrónicos de fechas 20-IX-2021 y 22-IX-2021).
Dictada la providencia de autos y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes
1ª) ¿Es fundado el recurso de inaplicabilidad de ley interpuesto por la clínica Organización Médica Atlántica S.A.?
En su caso:
2ª) ¿Lo es el del médico anestesista Jorge José Sansi?
En su caso:
3ª) ¿Lo es el de la citada en garantía Seguros Médicos S.A.?
V O T A C IÓ N
A la primera cuestión planteada, la señora Jueza doctora Kogan dijo:
I.1. M. S. G. promovió demanda por daños y perjuicios derivados de responsabilidad profesional médica contra la Clínica "25 de Mayo" de Mar del Plata -Organización Médica Atlántica S.A.-, los médicos Agustín Arregui -traumatólogo- y Jorge José Sansi -anestesista- (v. fs. 266/283 y ampliación de fs. 307/327).
Relató que sufría de una artrosis de la articulación del primer dedo del pie derecho, afección que le provocaba dolor, por lo que el traumatólogo Agustín Arregui le recomendó realizarse una intervención quirúrgica.
Expuso que la cirugía se programó para el día 11 de marzo de 2009 y que, previo a la intervención, el anestesista Jorge José Sansi le aplicó anestesia raquídea. Afirmó que cuando se le realizó la punción en la zona lumbar sintió un movimiento de sacudida en sus piernas y que -a pesar de ello- se continuó con el procedimiento de aplicación de anestesia y se realizó la operación.
Detalló los padecimientos que tuvo a partir de la intervención y expresó que esta le provocó daños neurológicos que le generaban afecciones en ambas piernas -especialmente en la pierna derecha- y disfunción urinaria, endilgando responsabilidad a ambos médicos, anestesista y traumatólogo. Aclaró que firmó un formulario de consentimiento informado pero que no se le advirtió sobre eventuales daños neurológicos.
La demanda fue contestada por la clínica (v. fs. 405/443), por los profesionales demandados (v. fs. 446/476) y por las citadas en garantía Seguros Médicos S.A. -referida por todos los demandados (v. fs. 566/579 y 622/635)- y TPC Compañía de Seguros S.A. -invocada por Organización Médica Atlántica S.A.- (v. fs. 754/766).
La primera instancia hizo lugar a la demanda contra Jorge José Sansi y, en forma parcial, contra Agustín Arregui, a quien solamente se le atribuyó responsabilidad por deficiencias en la historia clínica y en el consentimiento informado. A su vez, se estimó la demanda contra Organización Médica Atlántica S.A. y se extendió la condena a Seguros Médicos S.A. en igual medida en que a los accionados y a TPC Compañía de Seguros S.A. -en la medida del seguro- conforme a una cobertura idéntica o similar a valores vigentes a la fecha de la sentencia.
La sentencia cuantificó los daños por incapacidad sobreviniente, daño moral y gastos médicos, farmacéuticos y por transporte, fijando un monto de condena a pagar por el anestesista y otro a abonar por el traumatólogo exclusivamente por daño extrapatrimonial. Estableció que debían calcularse intereses a la tasa del seis por ciento (6%) anual desde la fecha del hecho y hasta la cuantificación de los daños y, de allí en adelante, a la tasa de interés pasiva más alta fijada por el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus depósitos a treinta (30) días, vigente al inicio de cada uno de los períodos comprendidos, hasta el día de su efectivo pago.
Apelaron la sentencia y presentaron sus agravios tanto la parte actora como los demandados y las citadas en garantía (v. escritos electrónicos de fechas 6-IV-2021, 7-IV-2021, 26-IV-2021 y 28-IV-2021).
I.2. La Cámara revocó la decisión que había condenado al médico traumatólogo y disminuyó el rubro fijado por gastos médicos, farmacéuticos y por transporte. Además, confirmó la responsabilidad del anestesista y la de Organización Médica Atlántica y lo relativo a los intereses moratorios. Aclaró que los responsables respecto de los cuales procedía la demanda debían abonar la suma en definitiva dispuesta, incluyendo el monto del daño moral por el que se había condenado al traumatólogo.
Ratificó también lo decidido con respecto al alcance de la cobertura de TPC Compañía de Seguros. Luego, haciendo lugar a la aclaratoria interpuesta por Organización Médica Atlántica S.A., reafirmó la extensión de cobertura a la aseguradora Seguros Médicos S.A. dejando sentado que debía responder en igual medida que sus asegurados.
Para así resolver, en la medida de los recursos interpuestos, comenzó por analizar la responsabilidad del anestesista. Como primera consideración expresó que la decisión de la instancia de origen se encontraba debidamente fundada, descartando que se tratara de una solución preconcebida y sin argumentos.
Luego, entendió que el resultado dañoso no había obedecido a una iatrogenia o caso fortuito, pues había quedado demostrado que la lesión neurológica experimentada por la actora había sido consecuencia de la punción lumbar realizada al aplicar la anestesia; añadió que el caso fortuito no había sido demostrado.
Así, valorando las pruebas producidas -especialmente el dictamen pericial del médico neurólogo, la historia clínica y la confesional del anestesista-, concluyó que los daños debieron ser producto del pinchazo que obligó al médico especialista en anestesia a redireccionar la aguja cuando a la actora se le produjo una reacción de sacudida.
Analizando el dictamen de la experta en anestesia, la ficha preanestésica y la declaración testimonial del médico de cabecera de la actora, el Tribunal de Alzada descartó que las lesiones hubieran tenido su origen en una predisposición de la paciente, pues ello no había sido suficientemente evaluado en la etapa previa a la anestesia.
De todas formas, se refirió a la hipótesis planteada por los demandados sobre que los daños podían relacionarse con un efecto tóxico de la droga inyectada (duracaína al 0,5%). Dijo que, de haber ocurrido así, tornaba también reprochable el actuar médico, porque si se había utilizado una aguja que impedía el efecto neurotóxico no encontraba explicación sobre cómo se había producido el resultado.
En definitiva, sostuvo la Cámara que la dosis no había sido la correcta o la paciente no había sido suficientemente evaluada o los daños habían sido el correlato de la fallida punción; que si la técnica anestésica aplicada no era riesgosa debía inferirse que la complicación se debió a la mala praxis médica y, si efectivamente lo era, el anestesista debió informar previamente a la actora sobre el particular y obtener su consentimiento informado. Concluyó que el médico debía responder.
El Tribunal de Alzada explicó que no se había apartado del dictamen de la experta en anestesia en todo su contexto sino en cuanto consideraba que la técnica empleada y la actuación del anestesista había sido correcta. Justificó su proceder en que el referido dictamen no se condecía con la pericia neurológica, la que estimó de incumbencia en función de la complicación padecida por la actora.
Agregó que la ilegibilidad, falta de claridad, falencias e inconsistencias de la historia clínica redundaban en una presunción en contra del galeno.
Por último, expuso que el consentimiento informado lucía incompleto y deficitario, lo que permitía también atribuir responsabilidad al anestesista dado que ello se encontraba en relación causal adecuada con el daño ocasionado a la actora. Consideró inadmisible que no se hubiera informado nada a la accionante respecto de los daños que podía conllevar la anestesia (entre los que se encontraban los que había sufrido), aun cuando no se produjeran con asiduidad. Y agregó que no era posible escudarse en la profesión de bióloga de la actora.
En lo relativo a la extensión de cobertura a Seguros Médicos S.A. la Cámara coincidió con lo resuelto en la instancia de origen sobre que la aseguradora debía responder en igual medida que sus asegurados. Ello, pues había sido desconocida la autenticidad de la póliza por la actora y la citada en garantía había sido declarada negligente en la producción de la prueba pericial ofrecida para el caso de desconocimiento.
Posteriormente, trató los agravios sobre los daños y únicamente disminuyó el monto fijado por gastos médicos, farmacéuticos y de traslado.
Puntualizó que el cálculo de los rubros a la fecha de la sentencia era el que mejor expresaba la adecuación del monto a la realidad económica y que no debía confundirse la actividad de estimar los rubros indemnizatorios a fin de reflejar los valores actuales de los bienes con la utilización de mecanismos de actualización o reajuste de montos históricos.
Luego, con relación al daño moral, propuso mantener el monto otorgado por considerarlo justo, teniendo en cuenta la prueba producida, especialmente los dictámenes del neurólogo y de la psicóloga, que daban cuenta de las graves afecciones de la actora. Recordó el rol compensatorio del rubro y explicó que la suma fijada equivalía a la compra de viajes al exterior y a la de un auto adecuado a la discapacidad de la actora.
En lo atinente al rubro incapacidad sobreviniente entendió que los fundamentos de los distintos apelantes no lograban conmover lo decido en primera instancia.
La Cámara tuvo en cuenta que la actora se desempeñaba en relación de dependencia y que había percibido igualmente el sueldo, pero consideró que las secuelas iban a afectar su labor, que no era solamente académica sino que se vinculaba a trabajos de campo que requerían desplazamiento o esfuerzo físico. A su vez, apuntó que las fórmulas matemáticas como método de cuantificación de los daños constituían un parámetro orientativo pero que no excluían la apreciación de otros y que, en el caso, las variables consideradas para realizar el cálculo y los ajustes establecidos en primera instancia surgían de datos acreditados en autos. Añadió que, si bien se había cuestionado la aplicación de la fórmula, no se había propuesto otra metodología u otras variables.
En cuanto a los intereses, confirmó las tasas establecidas en primera instancia para su cálculo por tratarse de la doctrina legal de esta Corte.
Finalmente, aclaró que los responsables respecto de los cuales procedía la demanda debían abonar la suma en definitiva dispuesta, incluyendo aquella que en la sentencia de primera instancia se había ordenado pagar al médico traumatólogo.
II. Se agravia la recurrente Organización Médica Atlántica S.A. alegando absurdo y arbitrariedad.
Como primer agravio, sostiene que la sentencia impugnada efectuó un análisis erróneo y arbitrario de la prueba médica conducente. Afirma que la Cámara arribó a un resultado condenatorio que parece resuelto de modo anticipado para luego validarlo con argumentos parcializados y tendenciosos.
Aduce que el fallo descalificó y segmentó las conclusiones del informe de la perito anestesióloga y resalta la relevancia de esa pericia para este caso en que la atribución de responsabilidad se centra exclusivamente en la anestesia.
Explica que, si al momento de la punción se produce una reacción, la técnica adecuada es el redireccionamiento de la aguja para cesar en el roce con la raíz nerviosa y que no existe ninguna recomendación científica de suspender el procedimiento.
Sostiene que la actora presenta actualmente mínimas secuelas del evento y que la Cámara se aparta del dictamen de la experta en anestesia otorgando preminencia al presentado por el neurólogo, sin fundamentos suficientes. Afirma que la pericia de la anestesista valida las argumentaciones sustentadas por su parte, concluyendo la experta que el acto médico fue realizado por ambos profesionales de acuerdo al buen accionar médico y con bases sólidas desde lo científico y que no encuentra relación causal con un mal desempeño profesional.
Como segundo agravio, entiende que se ha acreditado la ruptura del nexo causal y que no ha mediado culpa del profesional, que fue correcta la indicación médica y la técnica aplicada, así como la posterior actuación terapéutica ante la complicación habida, lo que surge del dictamen de la experta en anestesia.
Sostiene que las menciones al consentimiento informado no se ajustan a criterios razonables y de realidad y pone de resalto que deben advertirse los riesgos frecuentes y no las complicaciones anormales y excepcionales, como resultó ser la ocurrida en el caso de autos.
Entiende que quien define la extensión de la información necesaria para tomar la decisión de someterse al procedimiento es el paciente y que el médico debe adaptarse a él, que la información debe ser adecuada pero no debe ser absoluta.
Considera que debe tenerse en cuenta la profesión de bióloga de la actora para analizar el deber de información, señalando que en el campo de la anestesiología existen tantos factores de riesgos que es dificultoso decidir cuáles son los que deben ser explicados, debiendo el profesional informar las complicaciones más comunes o severas.
Puntualiza que en este caso existió una complicación ajena a toda culpa médica, pues la evolución que presentó la actora permite relacionar lo sucedido con un efecto tóxico de la droga anestésica (duracaína al 0,5%) y afirma que esto es un evento imprevisible e inevitable.
Explica que la medicación resulta neurotóxica si se produce una mala distribución y se concentra en determinadas áreas al inyectarse y que la única recomendación para la prevención de esta complicación es la utilización de agujas finas y no biseladas, que fueron las utilizadas. Insiste en que existió iatrogenia -o sea toda alteración o enfermedad imprevista e inevitable que nace de un acto médico correcto en su ejecución-, lo que descarta la culpa médica.
En el tercer agravio resalta consideraciones ya expuestas y afirma que la sentencia, al referirse a un insuficiente obrar preanestésico, incurre en otro error.
Seguidamente, como defensa eventual, impugna los rubros que resultaron procedentes y sus montos por considerarlos exorbitantes, solicitando que se dejen sin efecto o bien que se disminuyan de acuerdo a parámetros justos y equitativos.
Sostiene que se ha fallado más allá de lo estimado por la actora en su pretensión inicial, violándose el principio de congruencia, y considera que las sumas fijadas no se encuentran fundadas ni respaldadas por elementos de prueba y que son excesivas, arbitrarias y llevan a un enriquecimiento sin causa.
Cuestiona puntualmente la procedencia y la valuación del daño moral. Especialmente considera irrazonable y absurda la inclusión en el monto de condena de la suma por la que había sido condenado el médico traumatólogo en primera instancia. Destaca que del informe pericial surge la buena condición psíquica de la actora y un pronóstico de evolución favorable, a la vez que discute la ponderación de la prueba.
Impugna el rubro lesiones físicas e incapacidad, negando la incapacidad de la actora, y afirma que ella posee una vida normal, con la limitación que le impone su condición, y considera exorbitante la suma otorgada pues no se tuvo en cuenta que la actora percibió igualmente su salario y que sus labores no se vieron afectadas, criticando además el uso de fórmulas matemáticas, las que entiende no están exentas de discrecionalidad.
Afirma que el rubro gastos médicos, farmacéuticos y de transporte debe rechazarse porque la ley 24.901 impone la cobertura de todas las prestaciones a través del seguro de salud, siendo contradictorio el fundamento de la sentencia de que existen gastos no siempre cubiertos cuando previamente había reconocido que la obra social admitió cumplir con la ley citada.
Por último, se agravia por la tasa de interés aplicada sobre montos fijados a valores actuales, considerando que no corresponde aplicar intereses sobre sumas actualizadas, los que pretende comiencen a correr a partir de la sentencia y que no se calculen a la tasa pasiva más alta sino a la tasa pasiva que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de plazo fijo a treinta días.
III. El recurso prospera parcialmente.
III.1. Como primera consideración, no puedo dejar de observar una deficiente técnica recursiva pues, al exponer sus agravios ante esta Corte, la recurrente copia, en la mayor parte de su escrito, los argumentos vertidos contra la sentencia de primera instancia, sin respetar con tal proceder la manda del último párrafo del art. 279 del Código Procesal Civil y Comercial (conf. doctr. causas C. 101.545, "Ramírez", sent. de 6-X-2010 y C. 116.459, "Morales", sent. de 5-VI-2013).
En tal sentido, cabe puntualizar que esta Corte tiene dicho que resulta manifiestamente insuficiente el recurso extraordinario en el que el recurrente reitera sus planteos originarios desentendiéndose por completo de los fundamentos en que reposa la decisión de la Cámara (conf. doctr. art. 279, CPCC y causas C. 118.730, "Antonio D’Antonio Pesquera S.A.", sent. de 8-IV-2015 y C. 119.460, "Eytec S.A.", sent. de 30-III-2016).
En el caso la comparación de los documentos, el escrito de expresión de agravios y el que sustenta este recurso (v. escritos electrónicos de fechas 6-IV-2021 -expresión de agravios- y 20-IX-2021 -recurso extraordinario-), permite advertir que los títulos en la mayoría de los pasajes, argumentos y citas son idénticos. En efecto, se observa que en los agravios vertidos en el recurso extraordinario dirigidos a cuestionar la responsabilidad del anestesista (agravios primero a tercero) no se exponen críticas precisas tendientes a rebatir los fundamentos dados por el Tribunal de Alzada, sino que se reeditan las planteadas en la apelación y que fueron suficientemente respondidas en la sentencia impugnada.
Lo mismo acontece al ensayar la recurrente su ataque contra la procedencia y cuantía de las indemnizaciones, donde nuevamente reproduce cuestionamientos que han sido debidamente considerados por el Tribunal de Alzada y omite atacar de modo directo y eficiente las afirmaciones y conclusiones vertidas. Con tal proceder, la impugnante ha desinterpretado el contenido de lo resuelto sin realizar un ataque hábil sobre los pilares jurídicos que lo fundamentan (v. escrito electrónico de fecha 26-IV-2022; conf. art. 279, cit. y doctr. causas C. 118.323, "Gaetan", resol. de 4-III-2015; C. 120.474, "Botta", resol. de 24-II-2016; C. 121.700, "Galli", resol. de 20-IX-2017; e.o.).
En consecuencia, dichos agravios devienen insuficientes (doctr. art. 279, CPCC).
Ello con excepción de la crítica que formula referida concretamente a la indemnización por daño moral, que en primera instancia se había atribuido al médico traumatólogo en setecientos cincuenta mil pesos ($750.000) pero que la
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